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CUÁL DEBE SER LA META DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CHILE?

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En mayo, el país entregará a la ONU su propuesta de rebaja de gases de efecto invernadero a partir de 2020. Hoy está abierta una consulta pública para definir la meta. Gobierno propone reducir hasta 45%, un exceso según algunos sectores, por el bajo aporte de CO2 del país y el costo económico que podría tener.

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París será escenario en diciembre de la 21ª Conferencia de la Partes (o COP 21), instancia convocada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Será la última chance para que el planeta acuerde cómo enfrentar el cambio climático en la próxima década. En ella se deben buscar mecanismos para adaptarse a los impactos que provocará (escasez de lluvia, alza de temperatura, inundaciones, sequías) y fórmulas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que están calentando el planeta. Para ello, los países deberán decidir un pacto de reducción de emisiones, que aún no está claro si será vinculante o voluntario (ver recuadro).

En la última COP 20, en Lima, tras varios días de discusión, las naciones acordaron que este año cada una analizará su situación interna y enviará una propuesta para reducir emisiones. El gobierno chileno pretende enviarla en mayo a la ONU, donde será compilada con las de otros países. Antes de eso, hasta marzo, estará abierta una consulta pública para definir cuánta será la reducción, proceso que se abrió en diciembre y que pretende recibir opiniones de todos los interesados.

La consulta (a la que se puede acceder a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente) propone dos planes de reducción. El primero (Opción A) sugiere reducir las emisiones de CO2 por unidad de PIB (ver recuadro) entre un 40% y 45% bajo los niveles de 2007, para el año 2030, incluyendo una reducción entre 30% y 35% hacia 2025. La segunda opción (B), implica bajar entre 35% y 40% para 2030, y entre 25% y 30% hacia 2025.

Lograr cualquiera de las opciones requiere, sobre todo, limpiar la matriz energética, con planes de eficiencia y energías renovables no convencionales (ERNC), como eólica y solar, porque ese sector es el más contaminante.

Fernando Farías, jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), dice que ambas metas son alcanzables y en línea con lo que el país ya está haciendo y lo que el actual programa de gobierno plantea con la agenda energética y el impuesto al carbono.

“El programa de la presidenta Bachelet es muy ambicioso en términos de iniciativas que tienen impacto directo en la reducción de GEI. Además, no se estimaba, por ejemplo, que las ERNC iban a entrar tan fuerte en 2014”, dice.

La propuesta sometida a consulta incluye también una estrategia de reforestación (100 mil ha en 20 años), transferencia tecnológica y financiamiento para la adaptación, y será presentada en varias ciudades. Cuando en marzo estén los resultados, se preparará un proyecto definitivo que será analizado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, de donde saldrá la propuesta final que presentará Chile.

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Desafío Alcanzable

El plan nacional se realizó sobre la base de estudios realizados por el proyecto Maps (Escenarios y Planes de Acción de Mitigación, siglas en inglés), que reunió a expertos del sector público, privado, la academia y ONG, quienes crearon varios escenarios de crecimiento económico y mitigación. La propuesta está abierta a modificaciones, dependiendo de las observaciones hechas en el proceso de consulta.

El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó esta semana una minuta criticando la propuesta, señalando que es “excesiva”, considerando el bajo aporte de Chile a la generación de emisiones mundial (0,24%, ver infografía) y que el país se autodesafía con un compromiso que puede afectar el desarrollo económico (ver entrevista). “Estas exigencias coinciden con el escenario más ambicioso evaluado en Maps y suponen, entre otros, la construcción de Hidroaysén, lo que revela la dificultad que enfrentaría el país para cumplir estas metas. Si además el compromiso se convierte en vinculante, el país podría quedar sujeto a sanciones por incumplimiento”, dice el documento.

Farías responde que las críticas  siempre se han enfocado en el poco aporte de Chile y el impacto en el desarrollo, que dice, son factores que han cambiado. “A nivel per capita el aporte no es tan poco (4,47 t/hab, en 2012) y las emisiones en Chile, a diferencia de países desarrollados, están aumentando. A nuestros mercados comerciales, además, cada vez les importa más la huella de carbono”, sostiene.

Pilar Moraga, experta del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) agrega que, de hecho, el país está perdiendo la oportunidad de hacer más. “Chile ha demostrado que en muchas oportunidades ha dado un salto más lejos, creo que no se está dando eso con la contribución nacional. Es una mirada más conservadora”. Agrega que a nivel internacional, este compromiso es visto no sólo para bajar emisiones, sino como vía a un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono.

Dieter Linneberg, director del Centro de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático (CLG), alojado en la U. de Chile, dice que es indudable que bajar las emisiones tendrá impacto en la economía, pero asegura que será positivo para el desarrollo “y no negativo como muchos piensan”.

Sostiene que es una oportunidad para nuevas inversiones, tecnologías y creación de empleos. “Es muy positivo para el desarrollo económico nacional. Pero hablamos de un desarrollo económico sustentable y seguro, que no depende del uso de combustibles fósiles, que en algunos casos provienen de países políticamente inestables y, por otro lado, tarde o temprano se van a agotar”, dice.

emisiones-15El Costo de la Economía Verde

René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras Eléctricas, señala que la contribución es una meta alcanzable, pero hay que analizarla más para saber qué impacto tendrá en los sectores involucrados. “Se hace necesario un debate técnico muy profundo y un plan de acción detallado que identifique cómo vamos a cumplir con las metas que Chile se autoimpondría y cuál es el costo en empleo, crecimiento y competitividad”, dice.

Según Muga, la experiencia internacional muestra que una economía más verde puede tener efectos positivos en el país, pero depende de su diseño. “Si las medidas son establecidas sin la suficiente información, análisis y discusión transversal, los efectos, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como de los impactos económicos, pueden ser aún peores”, sostiene.

Gianni López, director del centro de investigación Mario Molina, dice que “hay que romper paradigmas obsoletos de que tener menos emisiones implica menor desarrollo”. Asegura que si somos capaces de avanzar hacia una industria de menor emisión, no sólo seremos más competitivos, sino que también mejoran otros indicadores como la salud de la población, por la reducción de emisiones de GEI.

Andrés Pica, experto del Centro Cambio Global de la U. Católica, explica que hoy ya estamos en la senda de cumplir, al menos, con la Opción B. La Opción A, 5% más alta, “implica echar mano a todas las alternativas de reducción de emisiones de CO2 que se pensaron, si queremos estar seguros de estar en ese nivel, incluyendo algunos no muy populares, como hidroelectricidad en Aysén”.

El experto agrega que hacia 2020 casi todos los escenarios tienen un costo para la economía, pero al 2030 se revierte y tanto crecimiento como empleo mejoran. En todo caso, asegura, “el desarrollo no pasa por el PIB, se necesitan otros atributos; el cuidado del medio ambiente, la distribución de ingresos. Las metas pueden parecer ambiciosas, pero van a llevarnos a una economía más desarrollada, independiente de que nos cueste algunos puntos del PIB”.

Fuente:La Tercera
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Desarrollo Sostenible

PRESIDENTE BORIC DESTACA COMPROMISO DE ENGIE CON LA DESCARBONIZACIÓN EN INAUGURACIÓN DE BESS COYA

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En la instancia -en la que participaron la CEO del Grupo ENGIE, Catherine MacGregor; y la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien- el Mandatario destacó el compromiso de la empresa con la descarbonización y la importancia de este tipo de tecnología para la transición energética del país. 

BESS Coya, propiedad de ENGIE Chile, cuenta con una capacidad instalada de 139 MW/638 MWh y se encuentra ubicado en la comuna de María Elena, región de Antofagasta. 


El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó esta tarde la ceremonia de inauguración del Parque de Baterías de Almacenamiento BESS Coya, ubicado en la comuna de María Elena y propiedad de la empresa ENGIE.

En la oportunidad, el Mandatario destacó que: “El camino en particular hacia un Chile libre de carbón es nuestro compromiso con el planeta. Y es una tarea que como gobierno hemos asumido con muchísima convicción. Pero esta meta va a ser solo posible si logramos trabajar en conjunto sector público y sector privado. Y en esa lógica agradezco mucho a un grupo como ENGIE que es aliado en este esfuerzo”, 

La instancia fue liderada por la CEO de ENGIE Group, Catherine MacGregor; y la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien; y contó con la presencia de los ministros de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos; la delegada presidencial, Karen Behrens; la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza; Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla; autoridades regionales y locales, representantes de los gremios y colaboradores de la compañía. 

“Chile es un país prioritario para el Grupo ENGIE. Chile tiene la ambición de ser un actor clave en la industria de la energía verde en los próximos años, y ENGIE está decidido a apoyar al país en su viaje de descarbonización mediante una gran inversión en la generación de energía renovable y flexible, como la que estamos inaugurando hoy”, expresó la líder mundial de ENGIE, Catherine MacGregor.

Por su parte, la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien, comentó que: “BESS Coya viene a reforzar nuestro compromiso con la región de Antofagasta, donde junto con salir del carbón, hemos desarrollado un contundente portafolio de proyectos renovables. Un ejemplo de esto es que a BESS Coya también se sumarán otros dos proyectos de baterías en Parques Solares, ambos ubicados en la región de Antofagasta y actualmente en construcción”.

Características de BESS Coya

BESS Coya, ubicado en la comuna de María Elena, región de Antofagasta; tiene una capacidad de almacenamiento de 638 MWh, con 139 MW de capacidad instalada. Su tecnología es en base a Battery Energy Storage System (BESS) y utiliza baterías de litio para almacenar la energía renovable generada por el Parque Fotovoltaico PV Coya (180 MWac), también propiedad de ENGIE Chile. 

A través de 232 contenedores que se reparten uniformemente en los 58 inversores de la planta solar, permite suministrar energía durante 5 horas, lo que equivale en una entrega de 200 GWh en promedio al año. Además, cumple un rol fundamental en el medio ambiente, dado que permite suministrar a alrededor de 100 mil hogares de energía verde, evitando emitir 65.642 toneladas de CO2 al año. 

BESS: Los avances de ENGIE en Chile

Actualmente, la compañía cuenta con dos sistemas de almacenamiento en operación: BESS Coya (139 MW/638 MWh), la iniciativa con mayor capacidad de América Latina; y BESS Arica, que sirvió como proyecto piloto. A esto se suman BESS Tamaya (68 MW/418 MWh) y BESS Capricornio (48 MW/264 MWh), ambos ubicados en la región de Antofagasta y actualmente en construcción.  

Además, la semana pasada anunció su quinto proyecto con esta tecnología. La compañía reconvertirá el antiguo Complejo Térmico de Tocopilla, donde operaban las unidades a carbón, en una planta de almacenamiento. La iniciativa denominada BESS Tocopilla tendrá una capacidad instalada de 116 MW/660 MWh y va en línea con uno los compromisos de ENGIE en su proceso de descarbonización: mantener su presencia en la comuna y darle una nueva vida al sitio. 


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Desarrollo Sostenible

Desalinización: UNA SOLUCIÓN VITAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL DESARROLLO GLOBAL

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En un mundo donde el acceso al agua dulce se ha convertido en una preocupación creciente, la desalinización emerge como una solución prometedora para satisfacer la creciente demanda de agua potable. Con aproximadamente el 71% de la superficie terrestre cubierta por agua, pero solo el 2.5% de esta siendo agua dulce, la desalinización ofrece una oportunidad crucial para aprovechar el vasto recurso de agua salada que es el océano.


Antecedentes y Tecnologías Actuales:

El proceso de desalinización ha existido durante décadas, pero ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, lo que lo hace más eficiente y económico. Las tecnologías principales incluyen la ósmosis inversa, donde el agua se fuerza a través de una membrana semipermeable para eliminar las sales y otros contaminantes, y la destilación térmica, donde el agua se evapora y luego se condensa para eliminar las sales.

Impacto Ambiental y Sostenibilidad:

Si bien la desalinización ofrece una solución a la escasez de agua, no está exenta de impactos ambientales. Los procesos de desalinización consumen grandes cantidades de energía y pueden generar residuos salinos concentrados que deben ser gestionados adecuadamente para evitar impactos negativos en los ecosistemas marinos. Sin embargo, avances en tecnología y prácticas sostenibles están ayudando a mitigar estos impactos. Por ejemplo, la implementación de energía renovable, como la solar y la eólica, puede reducir la huella de carbono de los sistemas de desalinización, mientras que la reutilización de los residuos salinos puede tener aplicaciones industriales y agrícolas.

Importancia de la Desalinización:

La importancia de la desalinización radica en su capacidad para proporcionar un suministro de agua seguro y confiable en regiones donde la escasez hídrica es una preocupación constante. Con el crecimiento poblacional y el cambio climático exacerbando este problema, la desalinización emerge como una herramienta fundamental para asegurar la disponibilidad de agua potable.

Sostenibilidad de la Desalinización:

Si bien la desalinización plantea desafíos ambientales, como el consumo energético y la generación de residuos salinos, avances tecnológicos están haciendo que este proceso sea cada vez más sostenible. La implementación de sistemas de energía renovable, como la energía solar y eólica, junto con mejoras en la eficiencia de los procesos de desalinización, están reduciendo su huella ambiental y haciéndola más viable desde el punto de vista sostenible.

Proyecciones y Beneficios:

Las proyecciones indican que la demanda de agua dulce continuará aumentando debido al crecimiento poblacional, la urbanización y el cambio climático. En este contexto, la desalinización se perfila como una parte integral de la cartera de soluciones para abordar la crisis mundial del agua.

Sus beneficios se extienden más allá de la seguridad hídrica, impactando positivamente en múltiples aspectos:

  1. Medio Ambiente: La desalinización reduce la presión sobre fuentes de agua dulce limitadas, como ríos y acuíferos, preservando así los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.
  2. Desarrollo Sostenible: Al proporcionar acceso a agua potable, la desalinización impulsa el desarrollo socioeconómico de comunidades que de otra manera se verían limitadas por la escasez de recursos hídricos.
  3. Cambio Climático: La desalinización puede mitigar los efectos del cambio climático al proporcionar una fuente alternativa de agua que no depende de factores climáticos impredecibles, como la lluvia.
  4. Planeta: Al reducir la extracción de agua de fuentes naturales y aliviar la presión sobre ecosistemas frágiles, la desalinización contribuye a la conservación del medio ambiente a escala global.

En conclusión, la desalinización emerge como una solución vital en la lucha contra la escasez de agua, ofreciendo un suministro seguro y sostenible de agua dulce. Si bien persisten desafíos tecnológicos y ambientales, su papel en la promoción del desarrollo sostenible y la mitigación de los impactos del cambio climático es innegable. Es imperativo que se invierta en investigación y desarrollo para hacer que la desalinización sea aún más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, asegurando así un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.


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Desarrollo Sostenible

A 30 años de institucionalidad ambiental: “TENEMOS UN FUTURO MUY DESAFIANTE POR DELANTE”

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Este mes se cumplieron tres décadas desde que se publicara la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, que sentó las bases regulatorias para garantizar el derecho de las personas de vivir en un medioambiente libre de contaminación.


El salón de honor de la Universidad de Chile fue el lugar en el que hoy el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente se reunieron para conmemorar los 30 años de la institucionalidad ambiental y abordar los principales avances y desafíos para el futuro. Esto, en el marco de los 30 años de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente, la que fue publicada en marzo de 1994.

Se trató de un espacio de evaluación y reflexión de los hitos que han marcado los últimos 30 años, con el objetivo de definir hacia dónde debe avanzar el país para hacer frente a la triple crisis ambiental: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y contaminación.

La actividad, que se inició con un video de saludo del Presidente de la República, Gabriel Boric, contó con una gran cantidad de asistentes, entre ellos, autoridades, parlamentarios, representantes de gremios empresariales, sociedad civil, académicos y funcionarias y funcionarios que han sido parte de la institucionalidad ambiental desde sus inicios, cuando fue creada la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en 1994, bajo el mandato del exPresidente Patricio Aylwin.

En este contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que “es emocionante ser testigo directo de cómo nuestra institucionalidad se ha robustecido y se ha adecuado a las exigencias ambientales de nuestro país y del planeta. Eso ha requerido el esfuerzo y dedicación de muchos funcionarios y funcionarias, a quienes agradecemos su enorme labor durante todos estos años”.

La secretaria de Estado agregó que “seguimos apuntando alto: la triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación se ha profundizado durante los últimos años y es tarea de la institucionalidad ambiental adaptarse y saber responder a esas nuevas amenazas y fortalecerse. Tenemos un futuro muy desafiante por delante”.

Durante la jornada se realizaron, además, dos paneles de conversación: el primero de ellos acerca de los avances alcanzados con la Ley 19.300, y, el segundo, respecto de los desafíos y temas pendientes. Ambos espacios contaron con la participación de la ministra Rojas; el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena; el ex subsecretario de Medio Ambiente, Energía y ex director del SEA, Ricardo Irarrázabal; la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín; el gerente general de Generadoras de Chile, Camilo Charme; y la abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Ximena Insunza.

En la instancia se abordaron los principales aspectos que fueron implementados con la publicación de la ley, tales como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la participación ciudadana, la fiscalización ambiental, la creación de planes de descontaminación y normas de emisión y calidad, entre otros.

En este sentido, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó que “la Ley 19.300 fue pionera en establecer la participación ciudadana como un elemento necesario a la hora de definir políticas públicas y hacer gestión ambiental”. Así, agregó que “se estableció que los proyectos deben someterse al SEIA previo a su construcción, evaluando sus impactos en todas sus fases, desde la construcción y operación, hasta el cierre, con la premisa de que los costos ambientales no deben transferirse a la sociedad, sino que deben ser asumidos por los titulares de los proyectos”.

“Esta perspectiva preventiva en aplicación del principio ‘contaminador pagador’ ha sido clave para mitigar impactos ambientales negativos. Sin duda, aún existen grandes desafíos a partir de esta primera ley ambiental que hoy cumple 30 años, pero sólo a través de un compromiso continuo y acciones concertadas de todos los actores involucrados, Chile podrá avanzar hacia un futuro más sostenible», sostuvo.

Por su parte, la superintendenta Marie Claude Plumer indicó que “no se puede discutir que hay un antes y un después en la historia ambiental de Chile, con la publicación de la Ley 19.300. Se trata de la ley más relevante en el país en esta materia, ya que sentó las bases para garantizar el derecho de las personas a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

En esa línea, añadió que “a 30 años de ese hito, el país enfrenta nuevos desafíos que hacen urgente la necesidad de contar con instituciones más robustecidas y con todas las herramientas para hacerse cargo. Lo que es claro es que tenemos que seguir contribuyendo a la protección ambiental, siendo el cumplimiento ambiental un eje fundamental para ello. Aún hay mucho por hacer”.

Principales hitos Ley 19.300

  • El año 1990 se crea la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales. Su primer director ejecutivo fue Rafael Asenjo. Esta instancia tuvo como tarea fundamental preparar las bases de la nueva institucionalidad ambiental.
  • En 1992, luego de la Cumbre de Medio Ambiente de Río, se elaboró un texto dando cuenta de la realidad ambiental de Chile y sus proyecciones para el futuro. En ese espacio, 165 países del mundo se comprometieron a realizar gestiones y disponer recursos para subsanar el daño ambiental, entre ellos Chile.
  • En 1993, el exPresidente Patricio Aylwin envió al Congreso el proyecto de ley de Bases Generales del Medio Ambiente que, además, creaba la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama).
  • En enero de 1994, el Congreso aprueba el proyecto y lo despacha a ley.
  • El 1 de marzo de 1994 fue promulgado el proyecto.
  • En marzo de 1994, la Conama –dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- inició su trabajo, teniendo como primer director ejecutivo al investigador José Goñi. Durante los primeros años comenzó a funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental, se promulgaron los primeros planes de descontaminación atmosféricos y se dictaron las primeras normas ambientales, además de impulsar los procesos de participación ciudadana.
  • En enero de 2010, la exPresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.417 -que reformaba la Ley 19.300- que creaba el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La primera ministra del Medio Ambiente fue la abogada Ana Lya Uriarte, quien asumió en el cargo en 2006 con el objetivo de presentar una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.
  • En 2012 se promulga la Ley 20.600 que creó los tres tribunales ambientales del país.
  • En 2023, luego de 13 años de tramitación, se promulgó la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que, con su instalación, completará la institucionalidad ambiental chilena.

Chile Desarrollo Sustentable / www.chiledesarrollossustentable.cl
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