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Derechos de Agua: ROYALTY Y CADUCIDAD, LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO

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En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará al Congreso las indicaciones al Código de Aguas. Además, trabaja en cinco proyectos de ley adicionales, que limitarán a 30 años los otorgamientos futuros, fijarán el pago de un royalty por uso y las causales de caducidad.

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La austeridad de la oficina de calle Amunátegui que ocupa Reinaldo Ruiz, no revela la trascendencia de la labor que el delegado presidencial para los recursos hídricos viene realizando desde hace varios meses. En el tercer piso de un antiguo edificio céntrico -en cuya puerta un papel escrito a máquina da cuenta de la oficina de la autoridad- Ruiz lidera un equipo técnico que está diseñando la que será la mayor reforma al Código de Aguas que está vigente desde 1981.

Se trata de uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual del 21 de mayo y que toca de manera directa a los sectores agrícola, minero y energético.

Si bien en 2005 el Código de Aguas fue modificado, lo que está impulsando la administración Bachelet está lejos de ser una reformulación cosmética; se trata, más bien, de un cambio profundo, estructural y sustantivo a la gestión del agua. Entre otros aspectos, la propuesta que trabaja el gobierno considera el establecimiento de un royalty por el uso del agua, la limitación a 30 años para los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen y la determinación de causales para caducar los derechos otorgados que no se utilicen.

“No estamos planteando medidas de expropiación. Nunca hemos hablado de estatizar. Sí es una reforma profunda, que no sólo va a modificar el otorgamiento de los derechos futuros de agua, también va a tener un efecto retroactivo respecto de causales de extinción, limitaciones y de restricción de los derechos”, explica Ruiz.

Según el economista, lo que busca el Ejecutivo es promover el uso efectivo de los derechos de agua. “Hoy, el Código de Aguas favorece y fomenta la concentración y la especulación. Está inspirado en que el mercado es un buen asignador del recurso. Eso significa que quien pone las lucas se lo lleva y nos parece que respecto de este factor, eso no puede seguir”, puntualiza.

También -agrega- se dará prioridad al consumo humano por sobre el derecho de propiedad del recurso que tienen personas naturales y el sector privado. Para ello, se requiere asegurar la prevalencia del agua como un bien nacional de uso público, por lo que se deberá recurrir a un cambio constitucional.

Aunque no hay cifras oficiales, Ruiz menciona que se calcula que, actualmente, existen en Chile “50 mil derechos otorgados en aguas superficiales, otros 50 mil derechos concedidos en aguas subterráneas, entre 200 mil y 400 mil derechos que se han otorgado por resoluciones judiciales y distintas vías, y unas 800 mil transacciones”. Y lo que resta por entregar, dice, algunas estimaciones lo cifran en torno al 10%, aunque, aclara, “yo creo que debe ser un poco más que eso”.

Los próximos días serán claves para avanzar en las transformaciones que se planean poner en marcha. En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará las indicaciones a la moción parlamentaria que desde hace más de dos años está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.

Esta será una de las vías que usará la actual administración para perfeccionar el sistema de otorgamiento de los permisos hídricos. En paralelo a la discusión de las indicaciones, el gobierno trabaja en cinco proyectos de ley adicionales relacionados con fiscalización y sanciones, el régimen concesional, una ley especial de glaciares, el régimen económico tarifario y la gestión integrada de cuencas.

* Royalty al agua

El Ejecutivo quiere introducir tres principios fundamentales en el marco jurídico: que el propietario de un derecho de agua pague por su uso, que la autoridad tenga la facultad de caducar el derecho de aprovechamiento otorgado en caso de no se usado y que los nuevos derechos otorgados tengan un plazo determinado.

“La gente va a tener que pagar por usar este recurso del cual obtiene un beneficio productivo, recurso que el Estado se lo otorga gratuitamente, pero que le pertenece a toda la nación. Es como un royalty, lo mismo que se hizo con la minería”, precisa Ruiz. Hoy, al contrario, el titular de un derecho de agua paga una patente únicamente en caso de no uso, indica.

¿Cómo se calculará el pago? Es un tema aún por definir. “Hemos pensado que debería cobrarse por el volumen utilizado. Y naturalmente que no todos deberían pagarlo, entre ellos, los programas de agua potable rural y los pequeños productores o agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua superficiales de unos 10 litros por segundo”, detalla.

Los recursos recaudados irán a mejorar el sistema de información. “Hay que tener un sistema de información completo y lo más actualizado posible, donde sepamos quién usa el agua, dónde la está usando, cuánta agua se está transando, quién no la está usando, qué personas tienen derechos de aprovechamientos y cómo se están transando estos derechos. Hoy no tenemos claridad respecto de eso”, sostiene.

* Derechos por 30 años

La duración de los futuros derechos de agua que se otorguen también forma parte de la propuesta del gobierno. Hoy, los derechos se entregan a perpetuidad. “Se está estableciendo un plazo máximo de 30 años para los derechos consuntivos y no consuntivos, que serán renovables, pero sujetos a una evaluación y a una auditoría de la misma institución que los otorga, que podrá ser la Dirección General de Aguas (DGA) o la entidad que surja de este reordenamiento institucional”, adelanta Ruiz y menciona ejemplos de países vecinos. “En Brasil se otorgan por un plazo de entre tres y 35 años, y en México, entre cinco y 30 años”.

Los derechos otorgados previo a la entrada en vigencia de la norma no serán modificados y quedarán a perpetuidad, aunque sí estarán sujetos a causales de extinción. “El código actual protege mucho el derecho de propiedad del titular y si no lo usa, no podemos hacer nada, aparte de que pague una patente”, indica la autoridad. El diseño del Ejecutivo apunta a establecer un plazo para caducar el derecho en caso de no uso. “Para los derechos nuevos, el plazo será de cuatro años y para los antiguos, entre 12 y 14 años”, señala.

Con los cambios que se quieren implementar, para el gobierno no tendría sentido mantener el pago de patente por no uso. “Si se establece un pago por uso y sanciones a los que no lo usan, no tiene ningún sentido seguir con el pago de patentes”, subraya. Y agrega que también se trabaja en una propuesta para eliminar los remates que hace la DGA, subastas que se producen cuando hay más de un interesado en solicitar un derecho de agua.

El cronograma para introducir los cambios no está del todo definido, aunque en el gobierno aseguran que será un proceso gradual. “No creo que vayan a entrar todos los proyectos de ley juntos, primero nos vamos a concentrar en la reforma al código, con las indicaciones que se van a presentar referidas a los usos de los derechos, el orden de prelación del uso, las limitaciones al derecho de aprovechamiento, causales de extinción, en qué consisten los derechos provisionales, cuando se extinguen, cuando pasan a ser derechos permanentes”, etc. No obstante, la aspiración es que, a mediados de 2015, todas las iniciativas estén ingresadas al Parlamento y la reforma al código aprobada. “Me gustaría que esto avanzara mucho más rápido, pero hay que compatibilizarlo con la agenda del propio Parlamento. Es más realista pensar los cambios al código deberán estar aprobados el próximo año”, señala Ruiz.

De más largo aliento, cree, es darle forma a una nueva institucionalidad que esté sólo abocada al tema del agua, que podría ser una subsecretaria o un comité interministerial. “Es necesaria, pero también se podría avanzar en un período de transición. No estoy convencido de que se tenga que crear una institución inmediatamente”, afirma.

* Las dudas de los privados

En el sector privado no esconden su preocupación por la reforma que prepara el gobierno. “Esperamos que más allá de las modificaciones necesarias de hacer, no se genere incertidumbre en la titularidad de los derechos de agua y se afecte el desarrollo de proyectos futuros”, sostiene René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras.

Y explica. “Los proyectos hidroeléctricos requieren años de maduración y planificación hasta ejecutarse, es difícil asignarle un período estándar al derecho de agua”.

En el gobierno, por su parte, entregan un mensaje de tranquilidad. “No debería producir ningún tipo de incertidumbre ni incerteza jurídica. Va a ocurrir todo lo contrario, lo que queremos es promover la certeza de la disponibilidad del recurso. El que usa bien el agua no tiene nada que temer”, señala Ruiz.

En el sector privado existe una crítica transversal respecto del funcionamiento de la regulación vigente. En la industria agrícola indican que no es necesario realizar cambios tan profundos, sino que focalizar el esfuerzo del Ejecutivo en hacer que la legislación vigente opere mejor. “Hay que comenzar a administrar los recursos con la legislación vigente, que no ha sido utilizada. Hay mucho más acuerdo en que se haga operar la ley que hoy existe”, plantea el presidente de la SNA, Patricio Crespo.

Esta visión es compartida por el ex director de la Odepa y académico de la Universidad Católica, Gustavo Rojas. “El Estado no ha tomado su rol para proteger el recurso con la institucionalidad vigente, entonces hagamos eso primero”, dice.

Para Crespo, lo que más inquieta al rubro agrícola es la modificación al estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento, al quitarle la protección jurídica que le brinda el ser propietario titular. “Se abre la puerta para todas las demás restricciones al ejercicio del derecho”, critica. A su juicio, lo que quiere el gobierno es “extinguir derechos sin tener que pagar la correspondiente indemnización -que es el pago del valor comercial del bien si es expropiado- y para ello se requiere dar el rango constitucional al agua como un bien nacional de uso público, luego cambiar el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento de agua, quitándole la protección que le brinda la Constitución, al considerarlo un derecho de propiedad del titular”.

* Prioridades

En opinión de Gustavo Rojas, con los cambios que quiere impulsar la autoridad, el sector agrícola, que consume el 84% del agua, podría frenar su crecimiento. “No deberíamos tener modificaciones en los procesos de producción y exportación con los cambios que se están conociendo; en lo que sí podríamos tener un impacto es en las futuras inversiones. ¿Quién se atreverá a poner un parrón que le sale entre US$ 25 a US$ 35 mil por hectárea, si no tiene la seguridad de agua para los próximos 20 años?”, advierte y agrega que si se concreta la medida propuesta de especificar el uso que tiene el derecho de agua, todo el proceso será más engorroso. “Hoy, si se pide un derecho, éste se da por predio y dentro de él, el dueño del derecho hace lo que quiere con el agua, pero con los cambios, si tengo un derecho para regar un parrón y quiero ser eficiente y regar también cerezas, tendré que informarlo al gobierno y también pagarlo, y si no lo informo, eso puede ser una causal de caducidad, ya que no lo uso para el fin que lo solicité”, apunta.

Para la industria minera, que ocupa el 5% del agua fresca del país, el impacto de la reforma podría ser más acotado, ya que el sector está promoviendo el uso de agua de mar en las operaciones mineras, sostienen en la Sonami.

En el Consejo Minero comparten la intención del gobierno de priorizar el consumo humano, pero tienen dudas respecto de “si junto con ese “primer lugar” se está pensando en “segundas y terceras” prioridades de uso, en cuyo caso habría un serio riesgo de caer en discriminaciones entre sectores productivos”, sostiene el presidente ejecutivo Joaquín Villarino.

En el gremio también ven con inquietud si esa priorización no sólo se aplicara en situaciones o momentos calificados de escasez, “sino como un criterio permanente para la asignación o reasignación de derechos de aprovechamiento, porque se abriría un espacio de arbitrariedad que debemos evitar”.

Fuente: latercera.com
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En Ministerio de Medio Ambiente: SE PRESENTA DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL, FONDO NATURALEZA CHILE.

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La institución público privada tiene por objetivo movilizar recursos que permitan complementar el financiamiento necesario para la conservación efectiva y restauración de la naturaleza de Chile.


La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, recibió este 26 de marzo al Directorio del Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, el que está presidido por Carolina Schmidt e integrado por Dominiqué Hervé, Kathleen Barclay, Andrés Antivil, Antonio Lara, Hema’ny Molina y Leo Prieto. 

El Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, es una institución público privada que tiene como misión movilizar recursos que permitan complementar los requerimientos financieros necesarios para la conservación efectiva y restauración de la naturaleza y áreas protegidas de Chile, de acuerdo a los compromisos establecidos por el Estado de Chile, con una mirada de largo plazo.

Chile se encuentra entre los diez países que menos invierte recursos para la conservación de la biodiversidad, lo que impacta directamente en la naturaleza, su flora y fauna. Precisamente ahí, es donde pretende poner hincapié este proyecto.

“Como Gobierno la protección de nuestro patrimonio natural, de nuestra biodiversidad, es una prioridad. Por eso estamos muy contentos de tener ya promulgado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP) y seguir avanzando en nuestros compromisos de protección de nuevas áreas, pero tenemos una brecha importante de financiamiento, una brecha que no puede suplir el Estado por sí solo y es por eso que el Fondo Naturaleza Chile es muy relevante para ayudarnos a cerrar esa brecha ”, dijo la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. “Estamos muy contentos que hoy nos hayan presentado el directorio nuevo y su nueva Presidenta, Carolina Schmidt, para trabajar juntos en la protección efectiva de nuestra biodiversidad”.

La Presidencia del Directorio del Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, la asumió Carolina Schmidt Zaldivar, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Ministra de Medio Ambiente de Chile y directora de WWF en Estados Unidos; directora y consejera en materias de sustentabilidad, medioambiente ESG en Chile y Latinoamérica. También es directora de CAP SA y del Grupo Imagina, y presidió la COP 25 de cambio climático.

“El Fondo Nacional Ambiental, Naturaleza Chile, lo que hace es articular los esfuerzos del Estado con los privados para movilizar recursos hacia la conservación y restauración del patrimonio natural que tenemos en Chile. Existe una íntima relación entre la capacidad que tenemos de desarrollarnos sustentablemente y la conservación de nuestro patrimonio natural”, explicó la Presidenta del Directorio de Fondo Naturaleza Chile, Carolina Schmidt.

“Hoy día Chile tiene una de las tasas más altas de desfinanciamiento de las áreas protegidas y las áreas ecológicas de alto valor que requerimos para tener una naturaleza sana y es por eso que necesitamos movilizar recursos nacionales, internacionales, públicos y privados, que permitan generar conservación efectiva y restauración de los territorios para que podamos tener una buena provisión de agua, para que podamos tener servicios ecosistémicos de polinización a nuestras siembras, para que podamos tener áreas protegidas que no sean de papel sino áreas que sean efectivamente protegidas, en los territorios, nuestras aguas marinas, que tengamos los planes de manejo financiados para su implementación y hacerse cargo de las amenazas”, agregó. 

Sylvia Eyzaguirre, investigadora de CEP Chile, participó del encuentro y señaló: “Desde el CEP hemos desarrollado una hoja de ruta para poder cumplir con los compromisos internacionales en materia de conservación de la biodiversidad. Chile es un país riquísimo en biodiversidad y tenemos un trayecto bastante avanzado, tenemos casi el 24% de nuestro territorio terrestre protegido, sin embargo, esta protección es muy desigual  a lo largo de Chile, la gran mayoría de nuestras áreas protegidas se concentran en las dos regiones más extremas al sur de Chile, mientras que las áreas mediterráneas del centro y el norte de Chile se encuentran subprotegidas. Además de eso tenemos el desafío de conservar de forma efectiva, que no sean parques nacionales en papel, sino que  efectivamente tengan planes de manejo y se encuentren financiados. Chile pertenece al grupo de países que menos invierte en conservación, invertimos menos que Perú, menos que Argentina, para que decir menos que Costa Rica”.

Sylvia Eyzaguirre agregó que el financiamiento para la conservación es convocante para diversos sectores: “El desafío es enorme, el Estado tiene un tremendo rol que jugar pero no lo puede hacer solo, ahí el sector privado tiene mucho que colaborar y Fondo Naturaleza Chile tiene un rol clave articulador”.

 Desde el Ministerio de Hacienda y en particular desde la Secretaría del Comité de Capital Natural, Carola Moreno, se refirió sobre el Fondo Naturaleza Chile. “Sabiendo que llevan menos de dos años y que han logrado tantas cosas formando alianzas público privadas, con organismos internacionales, con multilaterales, decirles que cuenten con nosotros y que desde el Comité de Capital Natural podamos hacer un trabajo conjunto”, indicó. 

Junto a la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su equipo, en el encuentro participaron integrantes del directorio de Fondo Naturaleza Chile, Carolina Schmidt, Kathleen Barclay, Hema’ny Molina, Andrés Antivil y Dominique Hervé; Sylvia Eyzaguirre y Eduardo Katz, investigadores del Centro de Estudios Públicos, CEP Chile; David Silva, Coordinador del Consejo Fondo Naturaleza Chile; Bárbara Saavedra, Consejera, Fundadora de Fondo Naturaleza Chile y Directora de WCS Chile; y Sofia Aroca, del Ministerio de Hacienda.

Fondo Naturaleza Chile forma parte de la red internacional RedLAC, la que reúne a 28 fondos ambientales de 19 países de América Latina y el Caribe y que ha logrado canalizar estratégica y eficientemente más de USD$2 mil millones hacia actividades y proyectos de conservación en los últimos 30 años.

El Directorio del Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, queda compuesto por:

Carolina Schmidt. Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Ministra de Medio Ambiente de Chile y directora de WWF en Estados Unidos. Es directora y consejera en materias de sustentabilidad, medioambiente ESG en Chile y Latinoamérica. También es directora de CAP SA y del Grupo Imagina, y presidió la COP 25 de cambio climático.

Dominique Hervé, Secretaria del Directorio. Abogada, Doctora en Derecho, Profesora Asociada de la Universidad Diego Portales. Coordinadora de Investigación, Directora del Programa de Derecho y Política Ambiental, Profesora Departamento de Derecho Público. Desde 2014 a 2018 se desempeñó como Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Andrés Antivil, Tesorero del Directorio. Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Forestal y magister en desarrollo sostenible Presidente de la Fundación Empresas ‘i’ y primer director de la Corporación Mapuche Lonko Kilapang cuya misión es crear riqueza donde hoy hay extrema pobreza. Consejero presidencial para la COP25 e integrante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e innovación para el desarrollo CTCI.

Kathleen Barclay. Principal de Asesorías KCB, firma de asesorías estratégicas y miembro de los Directorios de Metlife Seguros de Vida S.A., Austral Capital y Geomar S.A. además de BanBif y San Fernando en Perú. Es Presidente de Endeavor Chile y miembro del Directorio de la Fundación Adolfo Ibáñez y de la Universidad Adolfo Ibáñez, Consejera del Centro de Estudios Públicos. Fundadora y miembro de Women Corporate Directors en Chile, y miembro del directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (AmCham). Licenciada en Bachelor of Science – Foreign Service (especialidad en Economía Internacional) de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. Desarrolló su carrera por 23 años en Chase Manhattan Bank (hoy J.P. Morgan Chase & Co).

Antonio Lara. Ingeniero Forestal, PhD en Geografía, Profesor de la Universidad Austral de Chile. Experto en ecología y conservación de bosques nativos, silvicultura, dendrocronología, cambio climático, regímenes de alteración, evaluación e inventario de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos de los bosques nativos a través de un enfoque transdisciplinario y multiescala.

Hema´ny Molina. Escritora y artesana selk’nam. Presidenta de la Corporación Selk’nam Chile, y fundadora de la Fundación Hach Saye. Trabaja para el reconocimiento de su pueblo, y su restauración cultural luego de que el mundo académico lo declara extinto.

Leo Prieto. Emprendedor y pionero en la industria de internet en América Latina Fundador de ImageMaker y FayerWayer, el blog en español más influyente del mundo y la punta de lanza de Betazeta, la red de comunidades que co-fundó en 2008. Es socio y presidente de Stgo Makerspace, espacio de colaboración y experimentación con proyectos de impacto global. Es fundador y CEO de LeMU, primer atlas de la biósfera para la conservación.


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Desarrollo Sostenible

ONU: LA BASURA ELECTRÓNICA AUMENTA CINCO VECES MÁS RÁPIDO QUE SU RECICLAJE

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Un informe de la Organización de Naciones Unidas indica que en 2022 se produjeron un total de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo que supone un 82 % más que en 2010. Según el documento, esta cifra va camino de aumentar un 32 % en 2030 si no se toman medidas.


La generación mundial de residuos electrónicos aumenta cinco veces más deprisa que el reciclaje documentado de los mismos, según revela el cuarto Monitor Mundial de Residuos Electrónicos (GEM) de la ONU.

El informe de la UIT y UNITAR destaca que los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados en 2022 llenarían 1,55 millones de camiones de 40 toneladas, los suficientes para formar una línea continua alrededor del ecuador.

 Entretanto, menos de una cuarta parte (22, 3%) de la masa anual de desechos electrónicos estaba documentada como recogida y reciclada adecuadamente en 2022, lo que deja sin contabilizar recursos naturales recuperables por valor de 62.000 millones de dólares y aumenta los riesgos de contaminación en todo el mundo.

La generaciónde residuos electrónicos mundial está aumentando en 2,6 millones de toneladas anuales, camino de alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030, lo que supone una nueva subida del 33 % respecto a la cifra de 2022.

Peligro para la salud y el medio ambiente

Los residuos electrónicos, cualquier producto desechado con un enchufe o una pila, son un peligro para la salud y el medio ambiente, ya que contienen aditivos tóxicos o sustancias peligrosas como el mercurio, que puede dañar el cerebro humano y el sistema de coordinación, advierte el documento.

“Desde televisores hasta móviles, se genera una enorme cantidad de desechos electrónicos en todo el mundo. Las últimas investigaciones muestran que el desafío global que supone esta basura no va a hacer más que crecer. El hecho de que menos de la mitad del mundo aplique y haga cumplir enfoques para gestionar el problema hace sonar la alarma en favor de una normativa sólida que aumente la recogida y el reciclaje”, señala Cosmas Luckyson Zavazava, director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT

 Según este responsable, “el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos es la principal fuente mundial de datos sobre este tipo de desechos, lo que permite hacer un seguimiento y tomar decisiones críticas en lo que respecta a la transición hacia una economía circular de la electrónica”.

El informe prevé un descenso de la tasa documentada de recogida y reciclado del 22,3 % en 2022 al 20 % en 2030, debido a la creciente diferencia entre los esfuerzos de reciclado y el asombroso crecimiento de la generación de residuos electrónicos en todo el mundo.

Ciclos de vida cortos y ‘electronificación’ 

Entre los retos que contribuyen al aumento de la diferencia figuran el progreso tecnológico, el mayor consumo, las limitadas opciones de reparación, los ciclos de vida más cortos de los productos, la creciente electronificación de la sociedad, las deficiencias de diseño y la inadecuada infraestructura de gestión de los residuos electrónicos.

El documento indica que, si los países consiguieran que los índices de recogida y reciclado de estos desechos alcanzaran el 60 % para 2030, los beneficios –incluida la minimización de los riesgos para la salud humana– superarían los costes en más de 38.000 millones de dólares.

Dependencia en tierras raras

Además, afirma que el mundo “sigue siendo asombrosamente dependiente” de unos pocos países en lo que respecta a los elementos de tierras raras, a pesar de sus propiedades únicas, cruciales para las tecnologías del futuro, como la generación de energías renovables y la e-movilidad.

En este sentido, Kees Baldé, investigador de UNITAR y autor principal del informe, no más del 1 % de la demanda de elementos esenciales de tierras raras se satisface mediante el reciclaje de basura electrónicas. Este nuevo estudio representa un llamamiento inmediato a una mayor inversión en el desarrollo de infraestructuras, una mayor promoción de la reparación y la reutilización, la creación de capacidades y medidas para detener los envíos ilegales de residuos electrónicos. Y la inversión se amortizaría con creces”, concluye.


Fuente/Sinc /
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Desarrollo Sostenible

La Hora del Planeta: UN GESTÓ DE CONCIENCIA GLOBAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

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En medio del vertiginoso ritmo de la vida moderna, una pausa esencial emerge cada año, marcando un momento crucial para la reflexión y la acción en defensa de nuestro planeta. La Hora del Planeta, una iniciativa global, se alza como un faro de esperanza en un mundo afectado por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es lo que hace que este evento sea tan significativo? ¿Cuáles son sus proyecciones y cómo impacta positivamente en el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático? Vamos a sumergirnos en este fenómeno de solidaridad planetaria.


El Porqué de la Hora del Planeta:

La Hora del Planeta, nacida en 2007 de la mano del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), es mucho más que apagar luces durante una hora. Es un acto simbólico que busca despertar conciencias, promover cambios de comportamiento y exigir acciones concretas para combatir las amenazas ambientales que enfrentamos. Se celebra el último sábado de marzo de cada año, y durante sesenta minutos, millones de personas, ciudades, empresas e instituciones alrededor del mundo se unen en un gesto colectivo de solidaridad con nuestro planeta.

Importancia y Proyecciones:

La importancia de la Hora del Planeta radica en su capacidad para generar conciencia a escala global sobre la urgencia de proteger nuestro hogar común. Más allá de un simple gesto, este evento es una llamada de atención para líderes políticos, empresariales y ciudadanos de todos los rincones del mundo. Su impacto trasciende las fronteras, inspirando cambios positivos en políticas públicas, en la adopción de energías renovables, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la conservación de la biodiversidad.

Las proyecciones de la Hora del Planeta son esperanzadoras. A medida que la conciencia ambiental crece, se espera que este evento continúe expandiéndose, involucrando a más personas y comunidades en la acción climática. Además, se prevé que sus efectos se prolonguen más allá de la hora simbólica, impulsando cambios duraderos en estilos de vida, consumo responsable y políticas medioambientales.

Beneficios para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible:

La Hora del Planeta promueve una serie de beneficios tangibles para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Al reducir el consumo energético durante una hora, se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a frenar el calentamiento global. Además, este evento fomenta el uso de energías limpias y renovables, incentivando la transición hacia una economía baja en carbono.

En términos de desarrollo sostenible, la Hora del Planeta impulsa la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, promoviendo la acción climática, la vida submarina, la energía asequible y no contaminante, entre otros. Asimismo, sensibiliza a la población sobre la importancia de conservar los recursos naturales y proteger la biodiversidad, fundamentales para garantizar un futuro próspero y equitativo para las generaciones venideras.

Combatir el Cambio Climático y Proteger el Planeta:

En la lucha contra el cambio climático, cada gesto cuenta. La Hora del Planeta, aunque sea un acto simbólico, desencadena una poderosa cadena de acciones que pueden marcar la diferencia. Al unirnos en este gesto global, demostramos nuestro compromiso con un futuro sostenible y resiliente para todos.

En resumen, la Hora del Planeta va más allá de apagar luces; es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida hacia el planeta que llamamos hogar. Su importancia radica en su capacidad para inspirar cambios significativos y promover una cultura de cuidado ambiental a escala mundial. Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el entorno y a trabajar juntos para construir un futuro más verde y próspero para las generaciones venideras.


Chile Desarrollo Sustentable / www.chiledesarrollossustentable.cl

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