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Crisis energética:

El tema de la energía ha vuelto a las primeras páginas del debate nacional. Resulta curioso que en nuestro país asuntos de esta importancia caigan en períodos de letargo. Los debates se suspenden, el foco se orienta a otras materias y, en lo principal, se pierde el ímpetu para avanzar en decisiones y acciones que lleven a la solución de los problemas. Los costos terminan pagándose caro.

Ejemplos en relación a lo expuesto abundan y sólo citaré algunos. Recientemente, hemos conocido de una nueva postergación en proyectos mineros en la Región de Atacama. Capstone Mining anunció que debido a los altos costos de la energía había que reformular lo previsto para llevar adelante el proyecto Santo Domingo, con una producción por ejercicio de 65.000 toneladas de cobre fino y 2,6 millones de toneladas de hierro. Su construcción estaba contemplada a partir de 2014 con una inversión de US$ 1.242 millones.

En estas mismas páginas en febrero de este año compartí una columna titulada “Atacama Super Star”. Allí enunciaba la potencialidad de la región y al mismo tiempo advertía del peligro de lo efímero que pueden ser los proyectos al existir temas que los hacen inviables. Lamentablemente ello se produjo. Atacama ha visto caerse no solamente a Santo Domingo. El inventario de proyectos detenidos incluye también la inversión en Inca de Oro; la postergación hasta 2017 de la expansión del mineral de Salvador y sin agotar la planilla hay que incluir la prórroga en la inversión de US$ 1.000 millones en San Antonio Óxidos. El freno común a estos y otros proyectos ha sido el costo de la energía donde ha tenido gravitación la también la suspendida inversión en la central Castilla con una generación estimada de 2.100 MW.

Para quienes buscamos entregar antecedentes que permitan delinear estrategias y definir escenarios nada de esto ha sido sorpresivo. De poco sirvieron las señales de alerta y numerosos aportes que podrían haber contribuido a desentrampar el tema de la energía. Chile sigue sin contar con energía suficiente para sus proyectos de desarrollo. El objetivo de generar, trasmitir y distribuir energía en forma segura, eficiente, en tiempo adecuado y a un precio que permita competitividad está cada día más lejos de lograrse.

Pasar del diagnóstico a la acción parece que nos cuesta mucho. A mi juicio, ello se debe entre otros aspectos a que se enuncian grandes objetivos sin asumir la complejidad de lograrlo. A vía de ejemplo, uno de ellos es la integración energética donde en la actualidad existen una serie de interconexiones en el Cono Sur representando sólo un 5% de la capacidad instalada en Sudamérica.

Lograr la integración energética sudamericana de una manera eficiente y sostenible exigiría superar varios temas condicionantes y que son trascendentales para su implementación. Entre ellos destacan la seguridad jurídica regulatoria; consensos en sustentabilidad; autoridad supranacional con decisión vinculante; contratos de largo plazo y estructura de acuerdos regionales que brinden estabilidad a los compromisos de integración asumidos. A ello se suma una voluntad política de los gobiernos la que hasta ahora ha sido débil. De allí que la integración constituye un objetivo que, sin embargo, tiene complejidades y requerirá tiempo, lo que exige establecer prioridades donde la primera es hacer aquello que puede hacerse a nivel país.

En tal sentido se necesita un Estado, que sin perder su rol de regulador, asuma la tarea de gran coordinador de un acuerdo nacional en una crisis que requiere brindar seguridad a la inversión y facilitarla -cumpliendo las normas-, pero asumiendo un “fast track” que permita evitar la burocracia paralizante, incompatible con las necesidades y urgencias del país. Tal vez un gobierno que entra a su última etapa es el llamado a dar los pasos para de una vez salir de una situación que ya ha entrado a una etapa peligrosa.
por Juan Emilio Cheyre


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