La iniciativa promueve la protección de los ecosistemas mediante herramientas económicas innovadoras y la colaboración comunitaria. Este programa –que llevan adelante pescadores artesanales y líderes locales- es impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); a través del GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad (ICB).

En Ventanas, comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso se desarrolló el hito de lanzamiento de una experiencia demostrativa del proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad (ICB), iniciativa que promueve la protección de los ecosistemas y releva la importancia de la conservación marina como una oportunidad para la pesca y el turismo.

El lanzamiento, que fue liderado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a la representante residente de PNUD, Georgiana Braga-Orillard, pescadores locales y autoridades regionales, marcó el inicio oficial de dos experiencias demostrativas para el diseño y aplicación de instrumentos económicos destinados a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina y costera en la región de Valparaíso, en las caletas de Maitencillo y Ventanas.

En la ocasión la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó la relevancia del proyecto. “Hoy necesitamos crear condiciones para que las comunidades puedan proteger y vivir de sus ecosistemas y esta iniciativa es un paso concreto hacia un modelo de conservación con enfoque territorial, donde herramientas económicas permiten movilizar alianzas, recursos y reconocimiento a quienes cuidan el mar día a día. Ventanas y Maitencillo son ejemplos de cómo podemos avanzar hacia una transición socioecológica justa y con sentido local”, dijo la autoridad ambiental.

Por su parte, Georgiana Braga-Orillard aseguró que “desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo creemos firmemente que la sostenibilidad ambiental solo es posible cuando va de la mano con la justicia social y la participación activa de las comunidades. Este proyecto —que impulsamos junto al Gobierno de Chile con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial— representa un paso concreto hacia un nuevo paradigma: uno que reconoce y valora los servicios ecosistémicos que brindan nuestros territorios. Las experiencias demostrativas que se desarrollarán en la comuna de Puchuncaví nos invitan a imaginar un futuro donde la conservación no sea una excepción, sino una práctica cotidiana”.

El proyecto busca promover la creación de zonas voluntarias de conservación (refugios marinos) dentro de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)-en este caso de especies claves como locos, las lapas y algas-, además de reconocer a quienes proveen servicios ecosistémicos y certificar buenas prácticas ambientales desarrolladas por sindicatos de pescadores artesanales.

En específico, esta iniciativa apunta a brindar apoyo a iniciativas locales, permitiendo consolidar los refugios marinos, donde además de proveer alimentos, se han impulsado actividades de buceo recreativo, educación ambiental y turismo responsable. En esa línea, durante el lanzamiento los pescadores del sector firmaron el compromiso de conservar y monitorear el ecosistema marino-costero.

“Desde el proyecto hemos asumido el desafío de integrar el enfoque de conservación con herramientas que dialoguen y se adaptar a los territorios y sus realidades. Este proyecto busca precisamente eso: reconocer el rol de las comunidades costeras en la conservación y ofrecer soluciones concretas para su sostenibilidad. Estamos muy orgullosas de acompañar a los sindicatos de pescadores de Ventanas y Maitencillo en este camino, y confiamos en que este modelo pueda inspirar a muchas otras iniciativas en Chile”, señaló Amerindia Jaramillo, coordinadora nacional del Proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad.

En la misma línea, desde el Sindicato de Pescadores de Ventanas, Eugenio Silva, destacó que: “Lo que ha hecho este trabajo, es llevar adelante la visión que tuvimos hace tantos años, el área de manejo tiene aproximadamente ya 30 años, y coincide plenamente con lo que nosotros buscábamos como objetivo de la conservación. Así que esto, este refugio, permite la conservación y además que la producción misma pueda aumentar.

Desde todo punto de vista, a nosotros nos va a ayudar este proyecto, creemos que estamos seguros de que nos va a ayudar bastante, especialmente con la vigilancia, queremos mejorar lo que ya existe a nivel de país. Y esto perfectamente se puede replicar a nivel de país, y en eso confiamos”.

Por su parte, el presidente del sindicato de pescadores de la caleta de Maitencillo, Ricardo Silva destacó que: «Este proyecto reafirma lo que estamos haciendo hace más de 10 años con Capital Azul que es conservar una parte del área de manejo prístina, o sea que no se toque. Esto ha dado bastante buenos resultados según todo lo que hemos podido ir haciendo a través del tiempo, las estadísticas. Todo lo que ha crecido y vuelto a crecer -porque habíamos depredado ese lugar- volvió a nacer, como los piure».

Relevancia de los instrumentos para la conservación

Chile tiene una biodiversidad única, pero sus ecosistemas enfrentan amenazas crecientes debido al cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de recursos y los efectos del cambio climático. A pesar de contar con fuertes regulaciones y políticas de conservación se requiere promover nuevas formas de conservar la naturaleza y detener la pérdida de biodiversidad.

En este contexto, el proyecto ICB busca incorporar herramientas innovadoras que generen incentivos para la conservación y fortalezcan la gestión de los territorios. Para esto, trabaja con dos tipos de instrumentos que ayudan a movilizar recursos y compromisos. Por un lado, los normativos, que establecen reglas claras para compensar los impactos ambientales y garantizar la protección de la biodiversidad a largo plazo, y-en segundo lugar- están los instrumentos económicos, que generan incentivos y oportunidades de financiamiento para la conservación.

Entre ellos, las retribuciones por servicios ecosistémicos (RSE), que permiten que quienes se benefician de la naturaleza, como consumidores de agua o sectores productivos, aporten recursos para su protección y restauración y las certificaciones ambientales.

Se trata de un ecosistema acuático que tiene una superficie de 468,4 hectáreas, lo que lo posiciona entre los 10 humedales urbanos más grandes nivel nacional.  

El Ministerio del Medio Ambiente anunció la declaración del Humedal Urbano Quilicura, una noticia muy esperada por los vecinos y vecinas de esa comuna.  

Se trata de un ecosistema acuático que tiene una superficie de 468,4 hectáreas, lo que lo posiciona entre los 10 humedales urbanos más grandes declarados a nivel nacional. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que se trata de “un humedal urbano clave para proteger la biodiversidad en la Región Metropolitana”.  

La autoridad ambiental explicó que “proteger los ecosistemas de Chile es una prioridad para nuestro gobierno y este es un gran hito para la región y también para el país. Hoy necesitamos ciudades que puedan adaptarse mejor al cambio climático y los humedales urbanos son un ejemplo excelente de cómo podemos, con la ayuda de la naturaleza, estar mejor preparados y preparadas para enfrentar los eventos climáticos extremos –como inundaciones y sequía-, conservar nuestra flora y fauna y resguardar sitios de alto valor ambiental para las comunidades locales”. 

“Recordemos que enfrentamos una crisis de biodiversidad muy compleja y con esta declaración estamos avanzando en esa línea al proteger de manera concreta a las especies que habitan allí como, por ejemplo, el piuquén (Chloephaga melanoptera), ave que está catalogada como ‘En Peligro’”, agregó la ministra Rojas.   

La noticia de la declaración de este humedal urbano fue dada a conocer la tarde del viernes por la alcaldesa Paulina Bobadilla durante la Cuenta Pública de la Municipalidad de Quilicura, instancia en la que la autoridad destacó que «este reconocimiento no es solo una victoria legal, sino también un triunfo de nuestra comunidad organizada y comprometida con el medioambiente. Recuperar la declaración del humedal reafirma el compromiso con nuestro entorno. Seguiremos trabajando para que este ecosistema siga siendo un espacio vivo, protegido y valorado por todas y todos”.  

Cabe destacar que actualmente existen 130 humedales urbanos declarados en el país y 13 en la Región Metropolitana. 

Un anuncio esperado por la comunidad  

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó el rol de las comunidades en este proceso. “La declaración de este humedal es una noticia muy importante para la comunidad local. Quiero destacar especialmente el rol de los vecinos y vecinas, y de las organizaciones ambientalistas que cumplieron un papel clave en su protección promoviendo el monitoreo participativo de la flora y fauna, y ejecutando jornadas de limpieza y de educación ambiental, entre otras acciones”.   

En tanto, la seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sonia Reyes, sostuvo que «esta nueva declaratoria del humedal urbano de Quilicura requirió un acucioso trabajo técnico y jurídico, que revisó todos los aspectos ecológicos y geográficos, la flora y la fauna del humedal, la hidrología y los suelos, entre muchos antecedentes, tanto en terreno como a través de imágenes satelitales. Los equipos técnicos de la Seremi y del Ministerio trabajaron arduamente para cumplir con todas las exigencias del reglamento de Humedales Urbanos. Estamos muy felices porque sabemos que esta declaratoria era muy esperada por la toda la comunidad».   

Características del Humedal Urbano Quilicura  

El Humedal Urbano de Quilicura es un ecosistema continental palustre que se emplaza en el sector norte de la comuna de Quilicura, dentro de la cuenca del río Maipo, específicamente en la subcuenca del Estero Lampa, entre el Estero Colina y el Río Mapocho.  

Este ecosistema alberga especies vegetales características de ambientes salinos y humedales, tales como, grama salada (Distichlis spicata), hierba del salitre (Frankenia salina), cola de zorro (Polypogon monspeliensis), así como totora (Typha angustifolia y Schoenoplectus californicus).  

Además, es hogar de otras especies como el pequén (Athene cunicularia), sapito  de cuatro ojos (Pleurodema thaul), coipo (Myocastor coypus), queltehue (Vanellus chilensis), siete colores (Tachuris rubrigastra), garza cuca (Ardea cocoi), pato jerón grande (Anas georgica), tiuque (Milvago chimango) y mirlo (Turdus merula).  

Este lugar provee también servicios ecosistémicos, como control de inundaciones y regulación de temperatura ante olas de calor e incendios; agua para riego en zonas de preservación y cultivo; sitio espiritual y de recreación para pueblos originarios y es una zona educativa rica en biodiversidad y de totoras para preservar la artesanía local.  

Los instrumentos regularán la elaboración de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Planes RECOGE) y el funcionamiento del Comité Científico Asesor del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

La implementación de la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas continúa avanzando firmemente. Esta mañana, el Consejo de Ministras y Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó dos reglamentos clave para la operatividad de la ley. 

«Este es un nuevo paso en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el principal legado ambiental de esta administración. Este servicio permitirá hacernos cargo directamente de las crisis de biodiversidad y climática, ya que será una institución encargada de cuidar nuestro patrimonio natural y gestionar de manera integrada las áreas protegidas”, comentó la ministra Maisa Rojas.

Los instrumentos aprobados regularán, por un lado, la elaboración de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Planes RECOGE) y, por otro, el funcionamiento del Comité Científico Asesor. Ambos reglamentos son fundamentales para apoyar la labor del SBAP y enfrentar la creciente amenaza de pérdida de biodiversidad en el país, que alberga una gran cantidad de especies endémicas, hoy amenazadas por la actividad humana y el cambio climático.

El reglamento sobre los Planes RECOGE establece un procedimiento detallado, técnico y transparente para diseñar instrumentos de manejo destinados a mejorar el estado de conservación de especies clasificadas como “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerables” o “Casi Amenazadas”, que comenzarán a ser elaborados por el SBAP, apoyado por comités operativos formados por organismos públicos, y con instancias de participación ciudadana. 

Por primera vez, además, se incorporará la priorización estratégica de especies, la obligatoriedad de indicadores de seguimiento, un análisis de amenazas detallado, y se introducen criterios adaptativos frente a impactos del cambio climático. 

El segundo reglamento aprobado, en tanto, regulará la implementación del Comité Científico Asesor como un organismo asesor y de consulta en las materias científicas y técnicas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Servicio. El reglamento se refiere a la integración, estableciendo los requisitos para formar parte del Comité, a los criterios de selección y al funcionamiento del mismo para ejercer sus funciones. 

Esta aprobación ocurre tras un amplio proceso participativo, que incluyó consultas públicas y revisión de observaciones por parte de múltiples ministerios y organizaciones de la sociedad civil.