La iniciativa, coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis se enmarca en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que busca promover y proteger los derechos de quienes velan por la preservación del medioambiente.

La segunda jornada de la COP3 del Acuerdo de Escazú cerró de la mejor forma. En una intensa sesión, en la que participaron miembros de las delegaciones de los Estados parte y tras las deliberaciones de miembros del público, finalmente se aprobó el Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

Esta iniciativa, coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis, se enmarca en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que busca promover y proteger los derechos de quienes velan por la preservación del medioambiente. Así, tras dos años de arduo trabajo, finalmente se consiguió aprobar el documento que marca un hito en la protección de las defensoras y los defensores ambientales en América Latina y el Caribe.

Sobre esta noticia, el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aseguró que “para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente, garantizar sus derechos y contar con medidas de respuesta. Por eso, nos involucramos directamente en el desarrollo de este plan, que es de alto interés para la sociedad civil, ya que busca fortalecer la protección de estas personas defensoras de derechos humanos.  Este es, sin dudas, el principal hito de esta COP”.

Sobre el Plan de Acción sobre Defensores en DDHH en Asuntos Ambientales

En la primera Conferencia de las Partes de Escazú, celebrada en Santiago en 2022, se estableció un grupo de trabajo conformado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, y abierto a quien quisiera participar, con el propósito de desarrollar este plan de acción. Tras dos años de arduo trabajo, y varias instancias de consulta pública, nos encontramos ante un documento que marca un hito en la protección de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal de este plan es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Con un plazo de ejecución de seis años, desde abril de 2024 hasta abril de 2030, se espera generar un cambio tangible en la protección y reconocimiento de quienes dedican sus vidas a defender nuestro planeta.

El plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación nacional, y evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción. Cada uno de estos ejes incluye un conjunto de acciones estratégicas que buscan abordar los desafíos específicos que enfrentan quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Bajo el primer eje, centrado en la generación de conocimiento, se elaborará un diagnóstico que incluye la situación de los defensores ambientales en la región, así como los instrumentos de prevención, protección y sanción existentes.

Por otro lado, el eje de reconocimiento busca destacar públicamente la labor de los defensores ambientales, contribuyendo así al desarrollo de una cultura en favor del medio ambiente y los derechos humanos. Esto se llevará a cabo a través de acciones tales como actividades de conmemoración y reconocimiento del trabajo realizado.

El tercer eje, de fortalecimiento de capacidades y cooperación, tiene como objetivo apoyar la elaboración e implementación de leyes, políticas y programas destinados al reconocimiento y protección de defensoras y defensores ambientales. Esto incluye la generación de lineamientos regionales, así como la capacitación de operadores de justicia y otros actores relevantes en la temática ambiental.

Finalmente, el eje de evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción se encargará de monitorear y evaluar el progreso de las acciones implementadas, asegurando la transparencia y rendición de cuentas en todo momento. Esto se llevará a cabo a través de la participación significativa del público y la presentación periódica de informes sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Constance Nalegach, Jefa de la Oficina de asuntos Internacionales y una de las coordinadoras del plan, valoró el trabajo realizado. “El contar con el primer y único plan regional para proteger a quienes defienden el medioambiente es un tremendo logro de la COP de Escazú y beneficiará a sus 16 Estados parte. Fue un proceso desafiante el lograr el consenso entre los representantes de países con realidades distintas y, a la vez, que alcanzar un instrumento que fuese valorado por la diversidad de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que ven en él una herramienta clave para desempeñar su labor sin amenazas, restricciones e inseguridades”.

Además, la abogada y una de los puntos focales ante el Acuerdo de Escazú, añadió que “nuevamente se demuestra que un proceso inclusivo y abierto beneficia la toma de decisiones”.

“El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo Escazú celebra la decisión de aprobar el Plan de Acción de Defensores y Defensoras Ambientales. En el marco del Acuerdo de Escazú, este plan contribuirá al desarrollo del cuarto pilar de este instrumento regional.  Los ejes y acciones estratégicas que se acordaron guiarán a los Estados parte por los próximos seis años. El fortalecimiento de capacidades y la cooperación es fundamental para poder garantizar el entorno seguro y propicio para que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales sigan desarrollando su trabajo que es vital para proteger el ambiente, todas las formas de vida y las personas”, aseguró, Patricia Madrigal, Presidenta del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Joara Marchezini, representante electa del público para el Acuerdo, reconoció que “el equipo de Representantes Electos del Público cree que hemos dado un paso importante para toda la región de América Latina y Caribe con la aprobación del Plan de Acción para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales. Dicho equipo reconoce la labor del Grupo de Trabajo y del público en elaborar e impulsar la propuesta. Estamos listos para apoyar la implementación plena del plan con la participación efectiva del público.

Felipe Pino, Coordinador de Proyectos de ONG FIMA, una de las organizaciones que participaron en la elaboración de este plan, recalcó la importancia de las acciones de los países para su correcta aplicación. “En Chile, será fundamental que tanto este plan, como el protocolo de defensores que acaba de aprobar el Ministerio de Justicia, dialoguen hacia un fin efectivo de las agresiones y criminalización de las comunidades locales e indígenas defensoras del medioambiente”, cerró el abogado.

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Durante la segunda jornada de la conferencia de las partes del acuerdo, Maximiliano Proaño presentó el instrumento que guiará la puesta en marcha de Escazú en Chile.

En el salón Raúl Prebisch de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), frente a los 16 Estados parte, los nueve estados observadores y los miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó en la COP3 de Escazú el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), considerada la hoja de ruta para avanzar en la puesta en marcha del acuerdo en Chile.

En su presentación, Proaño explicó los principales detalles que contiene este instrumento, destacando que fue creado de forma participativa, recogiendo para su materialización las voces de la sociedad civil de todas las regiones del país. “Con este Plan buscamos implementar progresivamente los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, señaló.

Con un aplauso al unísono, los presentes en la sesión valoraron el proceso de implementación que Chile está realizando, especialmente porque, pese a que es Estado parte desde el 11 de septiembre de 2022, ya es el cuarto país que presenta un plan de implementación, siento antecedido solo por Ecuador y Argentina. A esto se suma también el nuevo plan de Santa Lucía, presentado en la conferencia.

“Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 34 instituciones públicas, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú, que fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia”, señaló el Subsecretario del Medio Ambiente.

Además, detalló que “en este plan se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 236 medidas específicas que las concretizan, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030. Esto es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.

Sobre el PIPE

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Puntos que coinciden con los principales pilares del propio Acuerdo de Escazú.

El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.

En tanto, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.

Sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Finalmente, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.

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Se trata de la primera emisión de bonos verdes en el mercado internacional para financiar proyectos de energía renovable y almacenamiento.

ENGIE Chile anunció un importante paso para alcanzar su propósito de acelerar la transición energética. A través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía dio a conocer la colocación de bonos verdes en el mercado internacional por US$ 500 millones.

Los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa cupón de 6,375%. Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando el día 17 de octubre de 2024 y el capital se amortizará en una sola cuota final, el día 17 de abril de 2034.

“Esta colocación nos permite continuar financiando CAPEX de proyectos de energía renovable y nuevas tecnologías, como lo son los sistemas de almacenamiento, así como balancear nuestra estructura de financiamiento al extender el plazo promedio de nuestra deuda”, explicó Eduardo Milligan, CFO de ENGIE Chile.

Cabe señalar que la emisión se da conforme a las normas de la Regla “144-A” (Rule 144-A) y de la Regulación “S” (Regulation S) ambas de la ley de valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933).

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