La construcción de la central de pasada Mediterráneo, de 210 MW, tiene revueltas las aguas en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. Los veraneantes y empresarios turísticos de la zona del Puelo no quieren torres de alta tensión en su prístino entorno. Ni tampoco turbinas subterráneas que, temen, afectarían a los salmones. Mientras, el proyecto de 400 millones de dólares, que cuenta entre sus socios a José Cox, Ignacio Guerrero y Ricardo Bachelet, espera la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Es una de las joyitas del sur de Chile. Un paraíso de la pesca deportiva. Un lugar donde no hay caminos, sino senderos en medio de los bosques nativos. Una postal que eclipsó a Leonardo Gaggero, arquitecto y fanático de la pesca con mosca. Tanto que decidió hacer el switch y se instaló con un lodge en las orillas del río Puelo, 164 kilómetros al oriente de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos. Hoy, está construyendo el tercero.

El sector del Puelo y del valle Cochamó se ha transformado en un lugar de moda. Es aquí donde veranean Anita Briones (hija del fallecido empresario Hernán Briones), el ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y la familia Zegers, entre otros. Es también el paraíso para los amantes del trekking y la escalada en roca, con circuitos de la calidad del parque Yosemite, en Estados Unidos. Y el lugar escogido para asentar la central de pasada Mediterráneo, de 210 MW de capacidad instalada, la más grande dentro de los proyectos de este tipo en el país. Una operación que se ubicará en la confluencia de los ríos Torrentoso y Manso, en el lugar denominado La Junta y que tiene más que preocupados a sus vecinos, sobre todo a los operadores turísticos, que al igual que Gaggero se han instalado con sus lodges y cabañas.

“Es una de las zonas más bonitas de Chile”, dice el empresario Roberto Hagemann, ingeniero comercial y ex compañero de universidad de Carlos Alberto Délano, René Cortázar y del presidente Sebastián Piñera. El 2006, su cuñado Ignacio Muñoz lo llevó a conocer la Hacienda Puchegüin, una extensión de más de 100 mil hectáreas y 80 kilómetros de frontera con Argentina, a tan sólo 50 kilómetros de Puerto Montt. ¿Por qué no la compramos?, le sugirió Muñoz. Hagemann, amante de los grandes desafíos, se entusiasmó, mientras recorría la zona durante semanas a caballo. La única forma de conocer el enorme predio (ver recuadro).

¿Quién da más?

El río Manso, afluente del Puelo –la cuenca hidrográfica binacional del sur de Chile más importante después del Baker– literalmente divide la Hacienda Puchegüin en dos. Lo que Hagemann desconocía entonces, era que su caudal tenía un potencial hidroeléctrico de 146,3 metros cúbicos por segundo –con una capacidad de generación eléctrica superior a los 120 megawatts– y que su derecho de agua iba a ser rematado. Tampoco sabía que estaba a sólo 50 kilómetros del Sistema Interconectado Central (SIC), a través de la central Canutillar, de Colbún. Un Ferrari estacionado en el jardín de su casa.

Nunca antes se habían subastado los derechos de agua de un río en Chile. Según la nueva ley, que debutó en esa época, si había más de un interesado en alguno de ellos, debía hacerse un remate abierto. En este caso, Endesa y Colbún pusieron sus ojos en el caudaloso Manso, pero el torrente no era suficiente para satisfacer la demanda de ambos actores.

Hagemann –representado por el abogado Arturo Costabal, de Aninat Schwencke & Cía.– decidió concurrir al remate de los derechos de agua del río Manso, que se realizó el martes 24 de junio del 2008. A las 10 de la mañana, los principales representantes de Endesa, Colbún, Gener, hidroeléctrica Trayenko, Electro Austral Generación e Hidroaustral, entre otros, estaban sentados en oficinas de Obras Públicas, en Puerto Montt, listos para hacer sus ofertas.

El primero en levantar la mano fue Endesa, al ofrecer 1.450 millones de pesos. Luego siguió Colbún con 2.010 millones. Inversiones y asesorías Santa Verónica (ligado al fondo Southern Cross) siguió con 3.500 millones… Y así los montos fueron subiendo y el nerviosismo también. Incluso, algunos pidieron un receso para poder gestionar telefónicamente con sus casas matrices las autorizaciones necesarias para seguir compitiendo con más dinero.

A la recta final llegó Inversiones Santa Verónica y Hagemann, quien, después de cuatro horas de puja, se adjudicó el preciado trofeo en 22.700 millones de pesos, unos 45 millones de dólares, que se pagarían en 10 cuotas. Fue el primer y más alto remate de aguas en la historia del país. Según una autoridad de la época, la subasta superó todas las expectativas. El gobierno de Bachelet nunca imaginó que las ofertas pudieran sobrepasar los 10 millones de dólares.

Se viene la central

Con casi el 90% de la Hacienda Puchegüin en su poder y la propiedad de los derechos de agua del Manso, Hagemann empezó a desarrollar el master plan. El potencial del fundo era enorme: desde capacidad para desarrollar proyectos inmobiliarios y forestales, hasta una central de pasada. Sin experiencia previa en el mercado eléctrico, Hagemann se asoció con Carl Weber, ex ejecutivo de Colbún, para ver la factibilidad de instalar un proyecto hidroeléctrico. Partieron por organizar un data room para buscar inversionistas. Y muchos de los que acudieron al remate de aguas en 2008 –como Southern Cross– mostraron interés.
El 2011 se asociaron con José Cox, Ignacio Guerrero y Ricardo Bachelet, históricos socios del presidente Piñera, quienes se quedaron con el 35% de la propiedad de Mediterráneo S.A., como bautizaron al proyecto. El otro 35% quedó en manos de la constructora Belfi, de los hermanos Fernando y Enrique Elgueta. Y el restante 30% se lo repartieron Hagemann, Muñoz y Weber. Próximos a pagar la sexta cuota de los derechos de agua, la central de pasada Mediterráneo avanzaba a paso firme.

Hagemann no quería “contaminar” su hacienda con una central, por lo que la instrucción fue clara: que fuera 100% subterránea. En las oficinas de Mediterráneo S.A. –ubicadas en el Hotel Marriott– Carl Weber, socio y gerente general, despliega una serie de mapas y planos para explicar los detalles del proyecto. Al ser una central de pasada, no considera ningún tipo de embalses y al ser desarrollada en gran parte en forma subterránea, la intervención superficial del terreno –dice– es mínima.

“El caudal del río no está amenazado. Vamos a sacar el agua en 5,5 kilómetros y luego la vamos a devolver. En invierno, el torrente trae 400 metros cúbicos por segundo y sacaremos un máximo de 200. En el verano, la época más seca, hay en promedio 70 m3, pero aseguraremos el caudal mínimo ecológico de 13 m3 y, con ellos, las especies existentes”, explica Weber.

Los trabajos también contemplan la construcción de una línea de transmisión eléctrica de una extensión aproximada de unos 63 kilómetros, que nacerá a un costado de la central y se conectará al SIC en el sector donde está emplazada la central Canutillar, ubicada a 50 kilómetros al oriente de Puerto Montt, entre el lago Chapo y el estuario de Reloncaví.

El 7 de diciembre de 2011, la central Mediterráneo presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), prendiendo las ampolletas entre los vecinos de la comuna de Cochamó, que no quieren ver intervenida su prístina escenografía.

Puelo sin torres

A la fecha, la central ha recibido casi 200 observaciones por parte de la comunidad y de las autoridades. Una de ellas la realizó el abogado Jorge Correa Sutil, el 12 de marzo de 2012, junto a un grupo de vecinos de Cochamó, en la que solicita medidas de mitigación, reparación y compensación por la eventual alteración del valor paisajístico o turístico. Entre otras cosas, solicitan un estudio de impacto vial, estudiar la factibilidad técnica para que la línea de transmisión se realice de modo subterráneo y submarino, que el titular dé a conocer el estudio de ingeniería referido a la metodología y los costos, y la identificación de las colonias de aves que habitan en la desembocadura del río Cochamó, incluyendo los cisnes de cuello negro.

Pero Correa Sutil va por más. Está preparando la artillería judicial contra Mediterráneo y, de ser necesario, decidido a impugnar las aprobaciones técnicas una vez que se otorguen, según cuentan cercanos. Los detalles de la estrategia y la fecha en que se realizará permanece en el más estricto secreto. Un tema delicado, considerando que Correa Sutil es consuegro de José Cox, uno de los socios de la central.

Otro de los que se opone al proyecto es el empresario Ricardo Girardi, nieto del dueño de los famosos sombreros Girardi, quien pasa gran parte del año en su casa ubicada en el sector de Puelo Alto. Apenas se enteró de la construcción de la central, formó junto a otros vecinos la Corporación Puelo Patagonia, una de las agrupaciones sin fines de lucro que congrega a comuneros mapuches, empresarios turísticos y asociaciones de pesca, entre otros, y que aboga por fortalecer el turismo sustentable en las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó. “Puelo sin torres” se llama la campaña que han desplegado en Facebook, donde ya cuentan con más de 13 mil seguidores.

Girardi sospecha que detrás del proyecto puede haber otros intereses, aunque más allá de eso, estima que la principal objeción al proyecto es el trazado del tendido eléctrico a orillas del Puelo, lago Tagua Tagua y que cruza el estuario de Reloncaví con “torres de 150 metros de altura”. Una postura que comparte el acalde de Cochamó, Carlos Hernán Soto.

La Corporación que dirige Girardi está asesorada por la Fiscalía del Medioambiente, un estudio jurídico ambiental sin fines de lucro que preside Fernando Dougnac, quien ha litigado en los principales juicios ambientales y de derechos de aguas en Chile. Uno de ellos es el caso Celco.

Para Gaggero, otro de los contrarios al proyecto, además del impacto del tendido eléctrico, la central amenaza uno de los atractivos clave de la zona: la pesca con mosca. “Los salmones no van a poder subir a desovar por las turbinas subterráneas. En Estados Unidos y Europa, cuando construyen este tipo de proyectos, hacen un canal especial para que suban los peces río arriba, cuestión que no creo hagan aquí”, sostiene.

La defensa de Mediterráneo

“Intervención va a haber. Para hacer una tortilla hay que quebrar huevos”, dice Weber, a la espera de que se apruebe el EIA que presentaron hace casi dos años. Y aunque ya ha pasado su tiempo, al parecer tendrán que seguir dilatando las obras un poco, ya que se abrió una nueva etapa de participación ciudadana, donde Mediterráneo será invitado a exponer las modificaciones al proyecto. Sólo el 2012 hubo más de 6 participaciones ciudadanas.

Weber asegura que han estudiado 8 alternativas de trazados y que el más adecuado es el que cruza el estuario del Reloncaví. Otra de las posibilidades contemplaba instalar el tendido eléctrico por la ribera del río Puelo y ante la manifestación de grupos opositores, decidieron cambiarlo. “También podríamos haber atravesado la Hacienda Puchegüin por la cordillera, pero hay alerces y la ley prohíbe su tala en cualquier forma. En el estuario, en cambio, ya no existen”, dice Weber.

Y agrega: “Al tema del estuario se le da mucha importancia. La línea cruza a 8 kilómetros de la plaza de Cochamó y a 500 metros ¡ya no ves los cables! Además, en Puelo hay 4 torres de comunicación, tanto o más grandes que las de alta tensión. La contaminación visual ya existe, no es un lugar prístino”, asegura.

La alternativa de hundir los cables, además de encarecer el proyecto –significarían más de 10 millones de dólares– presenta además complicaciones técnicas. En ambos bordes costeros hay concesiones marinas y, además, es una zona con mucha corriente. “Si alguien me pudiera garantizar que, si nosotros cambiáramos el proyecto  a cables submarinos, no van a aparecer 200 ecologistas pidiéndome arqueología submarina, encantado, pero la realidad es otra”, plantea Weber, quien insiste en que “no es bonito tener torres, pero diseñamos un trazado que no se ve”.

Como medidas de mitigación, Mediterráneo propuso un fondo de 1.250 millones de pesos para la comuna y crear una fundación que decida en qué gastar los recursos. Además, planean sembrar peces para no afectar el turismo de la pesca con mosca.

La polémica del camino

Se estima que las obras de construcción tendrían una duración total de 42 meses, las cuales comenzarán una vez que el proyecto haya sido aprobado ambientalmente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos. Lo que sí comenzó es la construcción de un camino, al interior de la Hacienda Puchegüin, que conecta con Argentina y que permitirá solucionar en parte el problema de conectividad del fundo.

“Mientras construyen el camino, el río se pone café como el Mapocho y no puedes pescar”, se queja Gaggero, mientras exhibe fotos del río Puelo que ilustran su inquietud.

“Dijeron que el camino era con fines forestales, pero en la práctica por ahí van a pasar los camiones para construir la central”, explica Girardi, quien comenta que “se presentó una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, que emitió un oficio para investigar”.

“Para hacer un camino no necesitas autorización, salvo un plan de manejo con la CONAF por el tema de la tala de árboles. Es 100% legal”, se defiende Hagemann.

“En una primera parte, efectivamente estamos usando ese camino que están construyendo en la hacienda, y antes usamos el que realizó el Cuerpo Militar del Trabajo, que tampoco hizo estudio de impacto ambiental para ello, y nadie reclamó nada. También vamos a usar otros caminos. ¿Tengo que meter en el EIA todo eso?”, se pregunta Weber, quien cuenta que ya le hicieron una modificación a la obra vial para permitir la conectividad de un poblado aislado en el sector de El León.

La construcción del camino, a juicio de los ecologistas, es sólo la punta del iceberg. “Nunca han presentado un EIA por la construcción”, dicen, aludiendo al eventual fraccionamiento del proyecto, prohibido según la Ley 19.300, artículo 11 bis, que establece que “los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Luego, vendrán los movimientos de tierra y áridos por la construcción de la central. ¿Qué pasará en los más de 4 años que dure su puesta en marcha?, se preguntan los dueños de lodges. “Nadie va a venir a veranear acá”, se quejan.

Otra de sus inquietudes es qué pasará con la fauna. De hecho, el alcalde de Cochamó presentó una observación al Sistema de Evaluación Ambiental para pedir una evaluación del impacto que generarán las ondas de choque de las tronaduras sobre la fauna en estado de protección, presente en el área de intervención, como son los cóndores y pumas, especies protegidas por la legislación ambiental. También habitan en la zona jabalíes, coipos, liebres, pumas, caiquenes y zorros.

¿Y ahora qué?

Otra que posee derechos de agua en el sector es Endesa. Fue en 2009, que Endesa Chile inició los estudios para redefinir los proyectos asociados a los derechos de agua en la cuenca del río Puelo, de modo de compatibilizar los puntos de vista de sustentabilidad ambiental, social, técnico y económico.

Actualmente, la central Puelo figura dentro de la cartera de proyectos en desarrollo de la gigante eléctrica. Por lo menos, así lo dejó ver Enersis el año pasado, durante el road show realizado a los inversionistas para el aumento de capital. Según la presentación, la capacidad de este proyecto alcanzaría los 849 MW, pero se trata de una central que aún está en verde. La generadora ha aclarado que, por ahora, se está optimizando el proyecto, disminuyendo la superficie de inundación original y compatibilizándolo con la realidad socioambiental de Chile.

“Todavía no presentan el Estudio de Impacto Ambiental”, comentan en el rubro. Un proyecto que implicaría la inundación de un gran sector, a diferencia de Mediterráneo que no requiere la construcción de una represa.

Girardi está preocupado: “Si aprueban Mediterráneo, ¿quién nos asegura que no van a construir otra central más? Ello implicaría un nuevo tendido, un nuevo camino y miles de metros cúbicos de áridos en una de las zonas más lindas de Chile”.

Misión Puchegüin

Antes de Hagemann, muchos inversionistas trataron de comprar este fundo de más de 100 mil hectáreas, sin éxito. Y no por un tema de precio. Desde el punto de vista legal, adquirir el paño era una odisea por el enredo de sucesiones. Desde 1923, año en que la gigantesca extensión fue comprada por 6 amigos, que el campo no tenía transferencia de dominios. Cuando Hagemann empezó a negociar la compra, se dio cuenta de que había más de 100 propietarios. Pero igual se aventuró. “No lo vi como un riesgo, sino algo que requería mucho trabajo”, cuenta.

Ya lo había hecho años antes con Eike Batista, el millonario brasilero a quien conoció en los 80 esquiando en La Parva y que le propuso asociarse en La Coipa, un proyecto minero de oro y plata en la Región de Atacama (hoy Mantos de Oro). Para ello tuvo que conformar una gran pertenencia minera, que logró negociando con cada uno de los mineros. Años más tarde hicieron lo mismo con la Hacienda Castilla. ¿Cómo vas a comprar miles de hectáreas de desierto? Estás loco, solía escuchar Hagemann. El tiempo le dio la razón. Se dice que multiplicó varias veces su inversión al vender su parte a Batista, años más tarde, en cifras cercanas a los 10 millones de dólares.

La misión Puchegüin fue encargada a Luis Alberto Aninat, de Aninat Schwencke & Cía., quien, desde 2007, lidera un equipo encargado de estructurar y efectuar la compra de los derechos sobre la propiedad de los muchos comuneros actuales, incluyendo tramitar posesiones efectivas, regularizar títulos, otorgar promesas, cesiones y compraventas de derechos sobre la propiedad de la hacienda o en sucesiones que también son titulares de la comunidad. Incluso, hubo que sacarle carnet a uno de los propietarios para poder concretar la venta. Un trabajo de chinos, pues los herederos estaban repartidos por todo el mundo. El propio Hagemann fue a Francia a negociar parte de los derechos. En total, ya han adquirido un 90% y falta poco, dicen, para concretar el total.

Todavía no está claro qué otros proyectos, aparte de la central Mediterráneo, se realizarán en el fundo. Porque Puchegüin debe ser autosustentable. Lo primero es terminar con la compra de terrenos –en un plazo de 6 meses, según tienen estipulado– y luego viene la construcción de los caminos, algunos de los cuales ya están en marcha.

La idea, dicen, es operar como los parques privados de Europa. Firmaron un convenio marco con la Universidad Austral para estudiar distintas alternativas. Lo que sí tienen decidido, es que una parte importante del fundo será para conservar el bosque nativo. El master plan contempla diseñar circuitos de trekking, senderos y también desarrollar proyectos turísticos. “Un buen ejemplo es la ruta de los siete lagos en Argentina”, comentan. Otra parte será destinada al negocio forestal, que podría incluir generar biomasa y la venta de bonos de carbono.

 Por Carla Sánchez y Fernando Vega.

Fuente:Capital.cl