Desarrollo Sostenible
PESCADORES ARTESANALES DE ANCUD INICIAN PROGRAMA PILOTO PARA LA CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD
Junto al Sindicato de Pescadores Mar Adentro, de Chepu, en la Isla Grande de Chiloé, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, junto a autoridades de la Subpesca, Sernapesca y el PNUD, dieron inicio al proyecto del GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad (ICB).
En la localidad de Chepu, una escondida caleta en la Comuna de Ancud, en la Isla Grande de Chiloé, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, junto a autoridades de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, del Servicio Nacional de Pesca y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dio inicio al proyecto del Fondo Mundial Para Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad (ICB), una iniciativa que promueve la protección de ecosistemas clave a través de herramientas innovadoras y la colaboración comunitaria.
El lanzamiento se realizó en el Sindicato de Pescadores Artesanales Mar Adentro, organización dedicada a la extracción de peces y bentónicos (como el loco) y que gracias a distintas iniciativas han desarrollado un modelo económico sustentable, que les permite contar con recursos marinos de alta calidad. Allí, ellos asumieron el compromiso de conservar el ecosistema marino-costero a través de la creación de un refugio marino voluntario en el área de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) que ellos administran y promover certificaciones de buenas prácticas de manejo de recursos y turismo de intereses especiales, cuidando el territorio y propiciando una mejor calidad de vida para las familias de este rincón del sur de Chile.
Como parte del proyecto GEF Incentivos para Conservación de la Biodiversidad, la comunidad local ha comenzado a explorar nuevas herramientas para la protección del medioambiente, como refugios marinos voluntarios, certificaciones de sustentabilidad que reconocen buenas prácticas de manejo local y retribución por conservación de servicios ecosistémicos marinos y costeros.
El Subsecretario Proaño se mostró gratamente sorprendido al conocer esta iniciativa, asegurando que “esta es una experiencia maravillosa de cómo actividades productivas locales pueden compatibilizarse de manera virtuosa con la protección de la naturaleza. El sindicato de pescadores artesanales Mar Adentro está trabajando mancomunadamente con nuestro ministerio, con el PNUD, y con otros organismos técnicos, demostrando que el área de manejo de recursos bentónicos ha sido capaz de avanzar en sustentabilidad, asegurar el recurso, no sólo presente sino también para las futuras generaciones”.
Además, la autoridad ambiental reconoció que esta iniciativa va en la línea con las figuras de conservación que establecerá el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). “Esta es una experiencia pionera en la implementación del SBAP, que justamente considera estos instrumentos económicos de conservación para la biodiversidad”.
El proyecto GEF apoya la iniciativa con subvenciones de bajo valor que permiten consolidar el refugio, fortalecer la gobernanza territorial y establecer estrategias de financiamiento relacionadas a la conservación y desarrollo de turismo local de largo plazo. Además, se están fortaleciendo capacidades locales en monitoreo y gestión ambiental, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del esfuerzo en el tiempo.
Amerindia Jaramillo, coordinadora nacional del Proyecto GEF ICB, destacó que “a través de esta iniciativa buscamos que el refugio marino de Chepu se consolide como una iniciativa sostenible, con mecanismos que aseguren su financiamiento y permitan que la comunidad siga liderando su conservación. Esperamos fortalecer el monitoreo comunitario y explorar nuevas oportunidades de movilización de recursos vinculadas al uso sustentable de la biodiversidad marina, asegurando beneficios a largo plazo para las familias de la zona”.
A su vez José Miguel Villarroel, presidente del Sindicato Mar Adentro, de Río Chepú, explicó el cambio de mirada que ha tenido esta organización durante los últimos años. “Los cambios de mentalidades que han ocurrido, yo creo, en todo el sindicato, viene p por nuestros hijos. Acá en la zona hay una escuela que se llama Alla Mapu, y que tiene un sello bien conservador. Tiene su sello verde, y que han trabajado mucho en el tema de conservación acá en la zona. Nuestros hijos nos han venido cambiando la mentalidad. Ha sido súper bueno, súper sano para todos nosotros, porque nos ha dado un plus, y nos ha dado otra manera de mirar nuestro trabajo y también el lugar en el cual vivimos, es un entorno maravilloso.
Herramientas innovadoras para la conservación
Chile tiene una biodiversidad única, pero sus ecosistemas enfrentan amenazas crecientes debido al cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de recursos y los efectos del cambio climático. A pesar de contar con fuertes regulaciones y políticas de conservación, se requiere promover nuevas formas de conservar la naturaleza y detener la pérdida de biodiversidad.
En este contexto, el proyecto ICB busca incorporar herramientas innovadoras que generen incentivos para la conservación y fortalezcan la gestión de los territorios. Trabaja con dos tipos de instrumentos que ayudan a movilizar recursos y compromisos. Por un lado, los normativos, que establecen reglas claras para compensar los impactos ambientales de proyecto o actividades, y garantizar la protección de la biodiversidad a largo plazo con apoyo de propietarios locales.
Esto incluye las compensaciones de biodiversidad, que se exigen a proyectos o actividades susceptibles de generar impactos ambientales a realizar acciones de conservación equivalentes o superiores al impacto generado, y los Derechos Reales de Conservación (DRC), un mecanismo legal que permite a propietarios de tierras destinar sus predios a la conservación, asegurando su protección en el tiempo.
En segundo lugar, están los instrumentos económicos, que generan incentivos y oportunidades de financiamiento para la conservación. Entre ellos, las retribuciones por servicios ecosistémicos (RSE), que permiten que quienes se benefician de la naturaleza, como consumidores de agua o sectores productivos, aporten recursos para su protección y restauración.
Además, las certificaciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos reconocen a actividades, prácticas o sitios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, aumentando su valor en el mercado y promoviendo la adopción de buenas prácticas ambientales.
Estos nuevos instrumentos, establecidos en la Ley para la Naturaleza, vienen a complementar la política ambiental del país, y buscan recompensar a quienes están aportando a la conservación del patrimonio natural, ya sea desde la creación de área de conservación promovidas por la sociedad civil, proyectos de conservación y restauración de ecosistemas y actividades económicas que usan de manera sustentable la biodiversidad.
Situado en la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé, la localidad de Chepu está a orillas del río del mismo nombre, que es navegable, y desemboca en el Pacífico. La localidad pertenece a la comuna de Ancud, ciudad desde la que se llega en vehículo tras en un trayecto de 41 kilómetros, la mayor parte a través de la Ruta 5. Sus ríos y esteros forman parte del Santuario de la Naturaleza Humedales de la Cuenca de Chepu, ecosistemas que tienen una enorme importancia por ser hábitat de diferentes especies de mamíferos, aves, y anfibios nativos, y conforma el Paisaje de Conservación de Chiloé, iniciativa impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente que busca apoyar actividades productivas que promueven el cuidado del entorno natural y se desarrollan de manera sustentable.
El proyecto Incentivos para Conservación de la Biodiversidad (ICB) es implementado por el Ministerio del Medio Ambiente y el PNUD para un periodo de ejecución de cinco años, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y aportes de diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas.
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Desarrollo Sostenible
Corfo abre 254 becas para formar profesionales en bioeconomía y fortalecer el desarrollo productivo
La convocatoria busca desarrollar capacidades para incorporar innovación, sostenibilidad y mayor valor agregado en actividades productivas, con una formación especializada disponible para profesionales y técnicos de todo el país.
Corfo abrió las postulaciones al diplomado “Formación en Bioeconomía para la Competitividad y Sostenibilidad de Sectores Productivos”, que contempla 254 becas para profesionales y técnicos de todo el país. La iniciativa busca fortalecer capacidades para incorporar innovación y nuevas formas de aprovechamiento de los recursos biológicos en los procesos productivos.
El programa está dirigido a personas vinculadas a áreas como procesos productivos, gestión de recursos, manufactura, diseño de productos, sostenibilidad y eficiencia productiva, entre otras disciplinas. La formación será online, permitiendo la participación desde las distintas regiones del país.
La bioeconomía plantea el desarrollo de productos, procesos y soluciones a partir del uso sostenible de recursos de origen biológico, buscando generar mayor valor y eficiencia en las actividades productivas. Este enfoque puede tener aplicaciones en sectores como la agricultura, la acuicultura y la industria alimentaria, entre otros.
Para el director regional de Corfo Aysén, Francisco Saldivia, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante para regiones cuya actividad económica mantiene una estrecha relación con sus recursos naturales. “Para Aysén, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante. Nuestra región tiene actividades productivas estrechamente vinculadas a sus recursos naturales, por lo que avanzar hacia nuevas formas de aprovechamiento, incorporando innovación y mayor valor agregado, es parte de los desafíos que tenemos para seguir diversificando nuestro desarrollo productivo. Desde Corfo queremos acompañar ese proceso, generando condiciones para que el conocimiento y la innovación se traduzcan en nuevas oportunidades para nuestras actividades productivas”.
La formación permitirá a los participantes identificar oportunidades de aplicación de la bioeconomía y desarrollar herramientas que puedan ser incorporadas en sus respectivos ámbitos de trabajo, contribuyendo a procesos productivos más eficientes y sostenibles.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre, a las 15:00 horas, a través de www.becascapitalhumano.cl, donde se encuentran disponibles las bases, requisitos y antecedentes del programa.
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Desarrollo Sostenible
Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones
La instancia revisó las reclamaciones de los proyectos Aguas Marítimas en la región de Antofagasta y la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera. Con esto, antes de cumplir de seis meses de Gobierno, el órgano ha sesionado en 10 oportunidades, en los que se han revisado 26 proyectos que involucran más de US$17.746 millones de dólares de inversión.
Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.
Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.
También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.
Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.
En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.
Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.
Sobre el Comité de Ministros
El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.
Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.
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La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía
Las 197 Partes consiguen financiación y avances para restaurar tierras y pastizales, pero trasladan a la COP18 el acuerdo destinado a cambiar el paradigma mundial: anticiparse a las sequías en lugar de reaccionar cuando el daño ya está hecho.
La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), celebrada en Mongolia, cerró este viernes sin acuerdos contra la sequía, pero con 1.300 millones en financiación.
Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.
Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.
Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.
La COP17 contra la desertificación
La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.
Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.
En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».
Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».
Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.
«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.
Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.
Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.
Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».
Fuente/Ecoticias
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Desarrollo Sostenible
Teck y Comunidad Quechua de Ollagüe dan inicio al Proyecto de Conservación de 6 Mil Hectáreas en el Salar de Alconcha
A más de 4.000 metros de altitud, la iniciativa consolida un acuerdo pionero en la industria donde Teck renuncia al uso extractivo de sus derechos mineros y de agua, mientras la comunidad resguarda su patrimonio mediante el Derecho Real de Conservación.
En una ceremonia realizada en la comuna de Ollagüe, se certificó a los primeros guardaparques locales encargados de ejecutar el Plan de Manejo Adaptativo que abarca monitoreo hídrico, investigación de biodiversidad y turismo sustentable.
En una ceremonia realizada en la sede social de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), autoridades, representantes de Teck y la comunidad local formalizaron el inicio del Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha. La iniciativa abarca más de 6.000 hectáreas entre el salar y la Quebrada de Coasa, combinando la protección ambiental con la preservación del patrimonio cultural indígena a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El evento marcó el hito de certificación de los primeros guardaparques pertenecientes a la propia comunidad, quienes tendrán la labor directa de resguardar el territorio. El proyecto, originado como medida de compensación ambiental para la expansión de la operación Quebrada Blanca y co-diseñado durante seis años, se respalda en la figura legal del Derecho Real de Conservación constituido por la CIQO sobre sus tierras. Por su parte, la compañía minera renunció de forma definitiva al uso extractivo, minero o comercial de sus derechos de agua y concesiones mineras en el sector, destinándolos exclusivamente a la conservación.
Sobre el alcance operacional y el diálogo comunitario tras el hito, el vicepresidente Senior de Operaciones Latinoamérica de Teck, Dale Webb, señaló: «Este proyecto refleja una forma renovada de entender nuestra presencia en el territorio. La viabilidad y el éxito de nuestras operaciones dependen directamente del respeto por el entorno y del valor que le damos al conocimiento ancestral de las comunidades. Este hito es el resultado de un proceso de diálogo transparente que nos demuestra que la excelencia operacional solo es posible si caminamos de la mano con el desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes.
Por su parte, Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de Teck, destacó el impacto de este modelo de gestión participativa. “El Salar de Alconcha es la prueba tangible de que no nos conformamos con mitigar impactos, sino que buscamos generar un valor ambiental indiscutiblemente positivo y construido en alianza genuina con sus comunidades”, indicó.
La presidenta de la comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, Lidia Mendoza declaró que «el inicio del proyecto de conservación del Salar de Alconcha es el fruto de más de seis años de trabajo conjunto con Teck, impulsado por nuestro deseo de seguir protegiendo y resguardando nuestro territorio y patrimonio. Para nuestra comunidad es fundamental conservar un espacio que se mantiene libre de impactos y explotación, lo que nos permite dar continuidad a nuestras costumbres, ritos ancestrales y las actividades que desarrollamos”.
Reconocimiento internacional a la sostenibilidad
El modelo de gobernanza y co-creación alcanzado entre la comunidad y la empresa obtuvo este año un importante respaldo internacional al ser galardonado con el TSM Community Engagement Excellence Award, otorgado por la Asociación Minera de Canadá (MAC). El premio reconoce globalmente a las iniciativas que sobresalen por su aporte al relacionamiento transparente con las comunidades y la gestión responsable de los recursos naturales.

Tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, la iniciativa pone en marcha un Plan de Manejo Adaptativo enfocado en cuatro ejes: investigación y protección de biodiversidad (estudios en bofedales, vizcachas, aves en conservación y protección de la llareta), monitoreo hídrico continuo, educación ambiental mediante senderos interpretativos y el fomento del turismo sustentable con identidad local.
Con la gobernanza y la evaluación de alternativas de financiamiento a largo plazo, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe y Teck inician las operaciones en terreno para la protección de la biodiversidad y el desarrollo del territorio en la Región de Antofagasta.
La ceremonia contó con la participación de Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental e Ignacio Malig, director nacional de Conadi.
“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha tiene su origen en una medida de compensación ambiental que incorporó la participación y el conocimiento territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, incluyendo un proceso de consulta indígena que permitió recoger su visión respecto de un territorio que posee un profundo valor ambiental, cultural y ancestral. La evaluación ambiental tiene por propósito identificar adecuadamente los impactos ambientales de los proyectos, establecer las medidas necesarias para hacerse cargo de ellos y generar espacios efectivos de participación para las comunidades y los distintos actores del territorio”, indicó Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha, desarrollado conjuntamente por la empresa Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, transforma una medida de compensación ambiental en una iniciativa de conservación de más de 6.000 hectáreas de ecosistemas altoandinos de alto valor ecológico y cultural. La ceremonia marcó el inicio oficial del proyecto tras la obtención de su RCA y certificará a los guardaparques de la comunidad que liderarán su implementación y protección, generando una conexión virtuosa entre los habitantes del lugar y la empresa. Este proyecto representa un ejemplo concreto de colaboración entre el sector privado y una comunidad indígena en favor de la conservación ambiental, combinando protección del patrimonio natural, resguardo cultural y participación comunitaria para la preservación de un ecosistema de alto valor para Chile”, señaló Ignacio Malig, director nacional de Conadi.
Foto Portada/Jhean Camilo Ramírez, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ollague; Mario Ortiz, gte. gral. Teck Quebrada Blanca; Dale Webb, vicepresidente Senior Operaciones Latinoamérica Teck; Lidia Mendoza, presidenta Comunidad Indígena Quechua de Ollague; Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer Teck; Arturo Farias, director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental; Ignacio Malig, director nacional Conadi y Cristián Ramíerz, delegado Presidencial Provincial de El Loa
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Desarrollo Sostenible
Una línea única en Latinoamérica busca abrir camino al reciclaje industrial de madera en Chile
La Planta de Paneles de ARAUCO en Teno incorpora pallets, embalajes y otros residuos de madera en la fabricación de nuevos tableros melamínicos.
En Chile existen sistemas para recuperar vidrio, cartón, plástico o metales. Sin embargo, con la madera ocurre algo distinto, ya que pallets, embalajes y otros productos que ya cumplieron su función todavía suelen quedar fuera de una cadena organizada de reciclaje, aun cuando pueden volver a utilizarse como materia prima.
En ese escenario, la empresa ARAUCO implementó en su Planta de Paneles ubicada en Teno, región del Maule, una línea de características únicas en Latinoamérica, capaz de recibir madera recuperada y prepararla para su incorporación en la fabricación de nuevos tableros.
El proyecto representa una aplicación concreta de economía circular. Madera que podía terminar en un vertedero o simplemente quemada es recuperada, triturada, clasificada y reincorporada a un proceso industrial.
“El objetivo que buscábamos era darle una segunda vida a la madera ya utilizada, favoreciendo la economía circular. Junto con ello, su incorporación aporta eficiencia y contribuye a la competitividad de nuestros tableros”, explica Jean Claude Lucas, gerente de Planta Paneles Teno.
Reincorporar madera ya usada permite controlar la humedad y dar mayor competitividad, agrega el ejecutivo.
De residuo a materia prima
La madera recuperada proviene principalmente de pallets, embalajes y otros elementos utilizados por puertos, centros logísticos, empresas agrícolas y frutícolas, viñas, faenas mineras, constructoras y empresas del retail, entre otros sectores.
Después de cumplir su primera función, estos materiales pueden ser separados del resto de los residuos, triturados y enviados a Teno como astillas recicladas.

“Este proyecto es economía circular en su sentido más concreto: estamos capturando un material que podía terminar como residuo o ser quemado, lo valorizamos y lo reincorporamos a un proceso productivo. Esa madera vuelve a tener una nueva vida como materia prima para fabricar nuevos productos, en este caso tableros melamínicos Vesto de ARAUCO”, señala Arturo Jorquera, subgerente de ARAUCO Trading.
Vesto es la línea de tableros melamínicos de ARAUCO utilizada principalmente en la fabricación de muebles, cocinas, clósets y otros equipamientos interiores, destacada por su resistencia al desgaste y su tecnología de protección antimicrobiana con cobre, teniendo fuerte presencia en espacios que requieren mayores estándares de higiene, como colegios y hospitales.
Una cadena en construcción
Para que la línea pueda operar y aumentar progresivamente el volumen de madera recuperada, además de la tecnología de punta, también es necesario construir una red capaz de separar, recolectar y procesar estos residuos.
ARAUCO Trading es responsable de gestionar ese abastecimiento. Su trabajo considera identificar generadores de madera usada, desarrollar proveedores y evaluar modelos de negocio que permitan hacer viable su recuperación.
“En Chile todavía no existe una industria desarrollada de reciclaje de madera, como sí ocurre con el vidrio, el cartón o el acero. Por eso, nuestro rol parte por generar la cultura y los incentivos necesarios para que quienes producen estos residuos puedan segregarlos y disponerlos de manera diferenciada”, explica Jorquera.
El desafío incluye conseguir que los materiales lleguen separados de otros residuos y que, una vez procesados, cumplan las características técnicas necesarias para incorporarse a la operación industrial.
Actualmente, la planta trabaja con distintos proveedores y realiza análisis de granulometría, densidad y composición para ampliar las fuentes de abastecimiento. La madera reciclada representa hoy alrededor de un 12% del material utilizado y se proyecta aumentar gradualmente su participación hasta un 25%.
Tecnología
La madera recuperada puede contener clavos, piedras, plásticos, polvo y otros elementos propios de su uso anterior. Antes de entrar a la fabricación de tableros, debe pasar por una línea especialmente diseñada para su limpieza, clasificación y dosificación.
El sistema cuenta con separadores magnéticos, equipos de clasificación por tamaño, cámaras y sensores inductivos. Entre ellos se encuentra el denominado Cíclope, que identifica y retira metales, plásticos y otros materiales que no corresponden a madera.
“Una vez que la madera ha sido limpiada y clasificada por granulometría mediante distintos equipos y videocámaras, puede continuar hacia el proceso productivo”, explica Eliezer Céspedes, operador de sala de control de Planta Teno.
Abastecimiento
La puesta en marcha del proyecto consideró una etapa de transferencia tecnológica y optimización industrial, orientada a adaptar la línea a las condiciones de Planta Teno.

“Esta es una línea de características únicas en Latinoamérica. Al comienzo tuvimos que aprender a conocerla, operarla y ajustarla. Esa barrera ya fue superada y hoy el principal desafío está en ampliar el abanico de proveedores y aumentar la disponibilidad de madera reciclada”, señala Gonzalo Montecinos, jefe de Operaciones del Área de Tableros de Planta Teno.
Con la tecnología ya instalada y operando, ahora el desafío para ARAUCO es escalar el modelo, ampliando el abastecimiento e incorporando progresivamente más madera reciclada al proceso productivo.
Fuente/Ambientum
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