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Las definiciones sectoriales que enfrentará el nuevo gobierno de Michelle Bachelet
Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno, sobre todo en materias sensibles, como la energía o materias tributarias.
Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet, sobre todo en materias sensibles, como por ejemplo en energía o en materia tributaria, donde las críticas a las propuesta de reforma se han hecho sentir desde diversos sectores.
En este escenario el rol que desempeñen los ministerios será clave, y figuras como el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, serán determinantes para sacar adelante los cambios anunciados. Junto a él, el futuro titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, o el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y la nueva ministra del Trabajo, Javiera Blanco, deberán asumir la conducción de sus carteras con la claridad necesaria para satisfacer las demandas de cada sector en particular.
Definir agenda de Energía: el mayor desafío en los primeros 100 días
Establecer un plan de acción para consensuar a los actores involucrados, evaluar las alternativas para acelerar la puesta en marcha de proyectos generadores de energía, pero a su vez, implementar medidas que reduzcan los efectos medio ambientales negativos de los mismos proyectos, será el foco de la agenda que la cartera dará a conocer durante sus primeros tres meses en La Moneda.
Además de lograr la entrada de proyectos energéticos que sean sustentables, la administración que comienza hoy su gestión, buscará formas de «proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado (…) incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el objeto de reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018», según establece el programa.
Proyectos energéticos paralizados Punta Alcalde, Castilla e Hidroaysén son parte de los aproximadamente US$ 40 mil millones paralizados por proyectos energéticos y mineros en stand by. Las empresas que invierten en generadoras se han topado con la nueva institucionalidad ambiental que puesta en marcha en los últimos años, como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Así, muchos proyectos han quedado suspendidos en los nuevos tribunales.
Resistencia ciudadana
Por otra parte, los proyectos también se encuentran con una fuerte oposición ciudadana. Ante esto, la nueva administración interpreta que en la percepción ciudadana, el desarrollo eléctrico «ha sido crecientemente asociado con deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades». Como respuesta a la ciudadanía inquieta y empoderada por el cuidado medioambiental, Bachelet también especifica que promoverán un desarrollo energético «seguro, eficiente y con precios razonables, que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante».
En lo práctico, la cartera que liderará Máximo Pacheco pretende implementar, en el corto plazo, la Ley de Fomento de las ERNC, la de Fomento de la Energía Distribuida y la de Concesiones y Servidumbres Eléctricas.
Reforma tributaria: la principal batalla
Actuar con responsabilidad fiscal para generar estabilidad macroeconómica y mejorar de manera sustentable el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, es uno de los compromisos que el programa de gobierno de Michelle Bachelet le entrega al Ministerio de Hacienda.
De hecho esta cartera será la que deberá llevar adelante la anunciada reforma tributaria que la presidenta tiene en carpeta, como un mecanismo para ayudar a reducir la desigualdad entre los chilenos y asegurar ingresos para las reformas que contiene su programa.
En ese sentido, el ministro de la cartera, Alberto Arenas, ya confirmó que aunque exista un crecimiento más moderado de la economía la reforma tributaria se llevará a cabo de todas maneras dado que es un compromiso que asumió la presidenta.
Esta reforma contempla cuatro objetivos, el primero es aumentar la carga tributaria para financiar los futuros gastos permanentes de la reforma educacional, otras políticas de protección social y el actual déficit en las cuentas fiscales. Lo segundo apunta a mejorar la distribución de los ingresos avanzando en la equidad tributaria. Además, el programa apunta a introducir nuevos incentivos al ahorro y la inversión
El plan de gobierno define que la meta de recaudación se alcanzará «del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria que será de 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5% del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión».
Pero se estima que el escenario no será el más fácil, dado que las críticas han apuntado a que estas iniciativas pueden afectar la inversión. Es más, incluso el saliente ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha puesto algunas señales de alerta dado que la promesa de cambios impositivos podrían estar afectando las expectativas y, por consiguiente, las decisiones de inversión en el país.
A esto se suma que aún no hay claridad del grueso de la reforma, lo que aumenta la incertidumbre del sector privado que se vería perjudicado por la iniciativa.
Productividad, INE y fortalecer Sernac, los retos de Economía
La semana pasada se realizó la primera reunión del comité económico de ministros que busa generar herramientas para impulsar la economía, elevar la productividad y abordar temas clave como la energía. En esa ocasión, el futuro titular de Economía, Luis Felipe Céspedes fue nombrado secretario técnico de ese comité que, de acuerdo al programa de gobierno, buscará lanzar una Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Económico, que busca principalmente trabajar en las áreas de políticas de competencia, donde se pretende fortalecer la institucionalidad pública pro competencia y de protección a los consumidores, lo que daría mayor impulso al crecimiento económico.
En cuanto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la cartera buscará defender en el Congreso un proyecto de ley que busca fortalecer la entidad, a fin de ganar atribuciones «reales y efectivas» para defender los derechos de los consumidores. Además, pretende dotar a la institución de facultades para fiscalizar, multar, interpretar la ley y dictar normativas.
Uno de los temas más complejos que deberá enfrentar Céspedes en su gestión es la crisis de credibilidad que vivió el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) debido a los cuestionamientos del Censo. Se espera que el nuevo gobierno envíe con prontitud señales para reafirmar la autonomía de la entidad y que además clarifique si realizará un nuevo Censo, tras los polémicos resultados del último proceso. De acuerdo a lo señalado, el nuevo gobierno pretende repetir el proceso entre 2015 y 2016, pese a que el director del INE, Juan Eduardo Coeymans, ha afirmado que los datos recogidos sirven para la confección de políticas públicas.
Por otro lado, la cartera trabajará en la modernización del Estado para que sea capaz de responder con rapidez a los ciudadanos y así, integrar a los mejores profesionales y técnicos al servicio público, lo que además aseguraría según el programa, un uso eficiente de los recursos públicos y una atención de calidad para las personas. Por último, el desarrollo productivo y la innovación también son objetivos que destaca el programa como metas a trabajar durante los 100 primeros días de gobierno para que la economía sea «realmente» moderna y dinámica.
Seguridad e indígenas
Para el ministerio del Interior, Bachelet ha fijado la meta de plantear reformas que permitan reducir los delitos, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población, que se expresa en la mayoría de los sondeos de opinión pública. A eso se suman los escasos avances que logró la administración Piñera, pese a que fue una de sus banderas antes de llegar a La Moneda.
Para esto, Bachelet plantea el plan «Seguridad para todos» donde se fortalecerá el rol municipal en seguridad ciudadana y de cooperación con la policía y la Justicia. Por otra parte, se impulsará el programa «Juntos más seguros» para apoyar las comunas vulnerables y barrios críticos.
En otra arista, en cuanto a los pueblos originarios, se busca incluir «plenamente» a los pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos, para que tengan participación. Al inicio del gobierno se anunciaría la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, que incorporará, entre otras, las áreas de educación, salud, tierras y desarrollo productivo de los pueblos indígenas.
Integración con la región
Revertir el déficit de integración entre los países sudamericanos es uno de los principales desafíos que tendrá que asumir el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
La presidenta Bachelet ha hecho especial hincapié en poder mejorar las relaciones con los países de la región y buscar una integración más profunda. «La política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra participación en los distintos mecanismos de integración actualmente existentes en América Latina y, en especial en América del Sur, así como constituir a este bloque de países como una región», es el énfasis del programa.
Para esto deberán generar instancias de entendimiento «por sobre las barreras ideológicas», un ejemplo de ese trabajo podría ser «Unasur, que debe constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de integración de América del Sur, mientras Celac debe ser una instancia de coordinación política en la región.
AFP estatal y diálogo laboral
En materia de trabajo, el programa buscaría un equilibro en el ámbito laboral y mayor relación entre empleadores y trabajadores para así terminar los empleos precarios e informales.
Además, en los primeros 100 días de gobierno se enviará un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permitiría una mayor competencia de precios y la atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes.
Por otra parte, daría más importancia a los sindicatos, fortaleciendo su participación, la negociación colectiva y una «justa distribución de ganancias». Además, plantea elevar el monto del salario mínimo y abogar por el pago de gratificaciones y generar una mayor productividad. En otro ámbito, se busca el perfeccionamiento del Seguro de Cesantía, donde se evaluarían ajustes en el esquema de financiamiento del seguro para generar incentivos a los empleadores que registran menores niveles de rotación laboral de sus trabajadores.
Encuesta Casen y ficha de protección social
La entrega de datos de Casen 2011 levantó dudas y la credibilidad de la encuesta quedó en entredicho. Hoy se demanda información estadística representativa de la distribución socioeconómica de la población. Al respecto, la ministra designada María Fernanda Villegas deberá liderar la idea del programa respecto a aplicar la Casen intercalando medición nacional/regional, cada dos años, con otras de bienestar comunal, cada cuatro. A la Ficha de Protección Social (FPS) se le demanda más precisión y actualización, para una efectiva asignación de recursos estatales. La modificación de este instrumento quedó pendiente con Piñera, que alcanzó a cambiar el diseño pero no a implementarla.
En lo práctico, el programa de Bachelet busca ajustar los procesos operativos para identificar y ordenar por estrato a las familias del país, «implementando un nuevo modelo de cálculo del puntaje que recoja los recursos provenientes de los ingresos y el consumo familiar en función de las necesidades del hogar, corrigiendo así la fórmula de Capacidad Generadora de Ingresos». A esto se suma la «implementación en plenitud» el Convenio 169 y la creación del ministerio de Asuntos Indígenas.
Potenciar la competitividad del agro
Reimpulsar la competitividad del agro es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Furche. Así lo planteó el próximo secretario de Estado en entrevista con DF, algo en que coincidió la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) al momento de definir cuáles deben ser las prioridades del sector de cara a la nueva administración. Para esto definen tres áreas claves: Capital Humano, Inversión e Innovación, y Mercados más transparentes que aseguren una competencia justa. En ese sentido, el programa de la presidenta Bachelet recoge como uno de sus objetivos avanzar en un proyecto inclusivo, incorporando a los pequeños productores, jóvenes y mujeres indígenas, y poniendo especial énfasis en la agricultura familiar campesina. «Requerimos potenciar nuestros recursos humanos, romper con el crecimiento desigual y excluyente que se observa en algunos sectores, y atacar los problemas que presentan los pequeños productores», asegura el programa.
Fortalecer concesiones para avanzar en infraestructura
La pérdida de competitividad de la economía ha generado diversas críticas sobre todo respecto de la capacidad que tiene Chile para seguir creciendo. En este escenario resulta primordial el fortalecimiento del Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante la labor encomendada por la presidenta electa Michelle Bachelet al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. El programa plantea que, si bien se critica la fragmentación institucional en infraestructura de transporte, ya que reduce la rentabilidad y aumenta los costos logísticos y de contaminación, la nueva administración plantea una «visión multimodal, incorporando el transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo (…) un diseño de los mecanismos de reordenamiento institucional». El programa busca reafirmar la modalidad de concesiones de obras públicas para autopistas urbanas, con la participación privada que permiten aumentar la «eficacia en la provisión de los servicios de infraestructura de transporte». Sin embargo, este punto deberá ser abordado con urgencia, para hacer frente a las críticas que existen actualmente respecto del sistema operante.
Fuente:df.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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