El proyecto desarrollado por Enel X permitirá una producción anual de energía de 2.398 MWh en cuatro faenas productivas de Parral y San Nicolás, ubicadas en las regiones del Maule y Ñuble respectivamente, que alcanzan las 980 hectáreas en su totalidad.

La implementación de un sofisticado proyecto fotovoltaico, compuesto por 4 plantas solares, que suministran energía 100 % renovable a cuatro faenas productivas en la zona centro sur del país, y que contempló la instalación de 2.228 paneles de alta eficiencia, inauguraron esta mañana Empresas Iansa y Enel X. Proyecto que se complementa con el acuerdo de Cliente Libre con el que Enel Generación provee de energía a la compañía agroalimentaria.

La iniciativa se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de ambas empresas, que buscan contribuir en la transición hacia una matriz energética más sustentable, que, a través del uso de tecnologías de vanguardia, obtendrán importantes eficiencias en la operación de los predios agrícolas.

El proyecto desarrollado por Enel X abarcó una planta solar en la comuna de Parral (San Luis), en la Región del Maule; y otras tres en la comuna de San Nicolás (Miraflores, San Juan y Loncopán), en la Región de Ñuble.

La sumatoria de la capacidad instalada alcanza a 1,5 MWp, estimándose una producción anual de 2.398 MWh, lo que permitirá abastecer el 100 % de la demanda energética de las operaciones agrícolas de Empresas Iansa en ambas regiones, mediante energía limpia y renovable que se obtiene de la radiación solar y las placas de alto estándar y eficiencia. Adicionalmente a la ejecución del proyecto, Empresas Iansa mantiene un contrato de suministro de energía como Cliente Libre con Enel Generación.

Karla Zapata, gerente general de Enel X aseguró que, “estamos muy contentos de compartir con Empresas Iansa la misma visión, de abordar la transición energética en la industria, privilegiando las energías renovables, cuyos atributos no solo contribuyen a la sostenibilidad de sus operaciones, sino que también a la autogeneración de sus consumos a través de las nuevas plantas solares, aportando a la competitividad y eficiencia de sus procesos”.

“Este proyecto nos permite avanzar en nuestro compromiso con una agricultura más eficiente y responsable, al integrar tecnología de punta que nos ayuda a reducir las emisiones y optimizar nuestros recursos. La energía solar no solo cubre el 100 % de la demanda energética de nuestras operaciones agrícolas en estos predios, sino que también nos acerca a nuestra meta de reducir un 19 % nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Por lo tanto, esta alianza refleja nuestra visión de largo plazo para enfrentar el cambio climático con soluciones concretas y sostenibles”, manifestó Ramón Cardemil, gerente de Producción agrícola de Empresas Iansa.

El impacto de esta iniciativa se verá reflejado en 980 hectáreas de cultivos que cuentan con riego tecnificado, promoviendo un modelo productivo sustentable y responsable con el medioambiente.

Como parte del servicio integral del proyecto, éste considera la ingeniería, implementación, puesta en marcha y mantenimiento. Dentro de las ventajas de la operación de este tipo de soluciones, que son cada vez más demandadas en la industria agrícola, se encuentran la reducción de los costos de la energía, que significará un ahorro de 20 %, evitando así la emisión de 485 toneladas anuales de CO2e, equivalente a lo que capturan 26.929 árboles al año.

Esta consulta busca recopilar evidencia clave sobre cómo se manejan los alimentos en los hogares chilenos, para diseñar una estrategia que se ajuste a la realidad del país.

El Ministerio del Medio Ambiente lanzó una Encuesta Nacional sobre hábitos de compra, consumo y desperdicio de alimentos en los hogares, con el objetivo de construir una estrategia que permita reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) en Chile. La invitación está abierta a toda la ciudadanía y se puede responder pinchando aquí

Esta consulta busca recopilar evidencia clave sobre cómo se manejan los alimentos en los hogares chilenos, para diseñar una estrategia que se ajuste a la realidad del país. Según un reciente estudio de la SUBDERE, alrededor del 26% de los residuos domiciliarios corresponde a alimentos que podrían haberse consumido, como frutas, verduras y carnes.
Este desperdicio resulta especialmente preocupante considerando que un 16% de la población vive con inseguridad alimentaria, y que más del 40% de los hogares reporta consumir poca variedad de alimentos saludables por razones económicas.

El jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, Tomás Saieg, explicó que “el desperdicio de alimentos también contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente metano, generado en rellenos sanitarios y vertederos. Además, acorta la vida útil de esta infraestructura crítica, lo que agrava los desafíos de la gestión de residuos en el país”.

La estrategia en desarrollo forma parte del proceso de transición hacia una economía más circular, y se enmarca en iniciativas como la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO). Sin embargo, esta nueva política se enfocará exclusivamente en la PDA, buscando articular esfuerzos públicos, privados y ciudadanos.

El proceso comenzó en diciembre de 2024 y ya ha contado con talleres técnicos y reuniones con actores clave. Esta encuesta marca el inicio de una etapa participativa más amplia, que incluirá también una consulta ciudadana durante el segundo semestre. La voz de cada persona será fundamental para avanzar hacia un sistema alimentario más justo y sostenible.

El documento considera un total de 271 medidas suscritas por 29 instituciones, 77% de las cuales ya se encuentran ejecutadas o en desarrollo. 

Al respecto, el Subsecretario Maximiliano Proaño agradeció la proactividad de los distintos servicios involucrados, asegurando que “contar con este reporte es parte de los compromisos que hemos asumido con la ciudadanía para contribuir a elevar los estándares de acceso a la información y promoción de la participación pública, pues, en este documento, se puede conocer en detalle el estado de avances de las medidas establecidas en el Plan”.Inicialmente el Plan contemplaba 236 medidas específicas, suscritas por 26 instituciones de la Administración del Estado y entidades colaboradoras. Sin embargo, durante la puesta en marcha del mecanismo de ejecución y control del Plan, se incorporaron 35 nuevas medidas específicas, comprometidas por siete instituciones públicas.

Un aspecto positivo es la incorporación de tres nuevas instituciones durante 2024: el Segundo y Tercer Tribunal Ambiental y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. De este modo, en la actualidad el Plan cuenta con un total de 271 medidas, comprometidas por 29 instituciones.

Todas estas acciones y medidas están orientadas a reducir brechas, atender necesidades identificadas y avanzar gradualmente en la implementación del Acuerdo de Escazú.

Entre las medidas que contempla el Plan y que ya se encuentra en funcionamiento, destaca la puesta en marcha de un Protocolo sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos que fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Justicia. Se trata de un instrumento de coordinación interinstitucional que busca mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y se aplica en los casos en que estas personas estén expuestas a sufrir lesión o amenaza a sus derechos fundamentales, a causa de su actividad de defensa del medio ambiente.

Entre las instituciones que comprometieron un mayor número de medidas, resalta el Ministerio del Medio Ambiente, con 65 acciones (24% del total). Le siguen el Servicio de Evaluación Ambiental, con 38 (14%), y el Ministerio de Educación, con 23 (8,5%).

De acuerdo a lo reportado por las instituciones, para 2024, de las 271 medidas comprometidas, 84 se encuentran ejecutadas (31%), 125 en desarrollo (46%), 59 por ejecutar (22%) y 3 con información pendiente (1%).
Quienes estén interesados en conocer el Reporte y efectuar un seguimiento en detalle de las medidas que contempla este Plan: Reporte Anual 2024 

En PDF reporte PIPE 2024 : https://escazu.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/05/Reporte_PIPE-2024_26-05-25_final.pdf

La ampliación del Parque Nacional Glaciares de Santiago y la creación del Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Olivares-Colorado permitirán proteger los recursos hídricos, mejorar el acceso al área protegida para los habitantes de la Región Metropolitana y poner en valor la cultura arriera.  

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó esta mañana la ampliación del Parque Nacional Glaciares de Santiago y la creación del Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Olivares-Colorado. Estas áreas protegidas se ubican en la cuenca alta del río Maipo y en conjunto permitirán que la Región Metropolitana alcance un 22% de su superficie bajo alguna categoría de protección oficial.

Hace cuatro años el porcentaje de protección en la RM era de sólo un 6%. En 2023, la creación del Parque Glaciares de Santiago y del Santuario de la Naturaleza de iniciativa privada Cruz de Piedra permitió avanzar al 17%. Ahora, con esta aprobación de la instancia interministerial, nuestro país da un paso trascendental en su estrategia de conservación cordillerana y en su adaptación al cambio climático, resguardando las fuentes de agua que abastecen a millones de personas.

“Es un tremendo avance para los habitantes de la RM, que tendrán acceso a un hermoso parque sin tener que desplazarse a otras regiones del país. Con esta decisión estamos protegiendo el corazón ecológico de la capital, que son nuestros glaciares, valles y montaña, y estamos cuidando el agua del futuro, nuestra biodiversidad y el derecho de las próximas generaciones a vivir en un país más justo”, afirmó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La ampliación del Parque Nacional sumará 21.373 hectáreas e integrará ecosistemas como vegas altoandinas, vegetación esclerófila y corredores de fauna como el puma, gato andino, cóndor y piuquén. Por su parte, el nuevo ACMU Olivares-Colorado, que incorporará 43.640 hectáreas, será el primero en su tipo en tierra firme del país, con un modelo innovador de conservación y uso sustentable del territorio que reconoce la cultura arriera y la transhumancia para el desarrollo de la ganadería regenerativa, además de permitir la educación ambiental, el turismo de naturaleza, la investigación científica y la participación activa de las comunidades. Con esto, esta área protegida suma en total 140.128 hectáreas.

“La ampliación del área de protección es una gran noticia para el país y para la región. Desde el Ministerio de Agricultura hemos trabajado apoyando el desarrollo de este proyecto, asesorando técnicamente desde la CONAF y apoyando la transición a prácticas regenerativas a los crianceros de la zona desde el INDAP», señaló el ministro Esteban Valenzuela.

Esta aprobación da cumplimiento al programa del Presidente Gabriel Boric, al nuevo Marco Global de Biodiversidad adoptado en Kunming-Montreal en 2022, y a los mandatos de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Además, son fruto de un trabajo sostenido entre el Ministerio de Bienes Nacionales, la CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente y del trabajo conjunto con la Municipalidad de San José de Maipo, el Gobierno Regional de Santiago, actores públicos y privados, y del respaldo de una ciudadanía activa.

“Estamos muy felices de haber llegado a esta decisión, que nos permite materializar la convicción del gobierno del Presidente Gabriel Boric: es posible conciliar la protección del medioambiente con el crecimiento económico y las distintas actividades que realiza la comunidad aledaña. Eso es lo que entendemos como desarrollo sostenible», destacó el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

Cabe destacar que, de las 870 observaciones recibidas en la consulta pública de este año, el 95% fueron en apoyo a la propuesta. Asimismo, actores como CODELCO han cedido voluntariamente concesiones mineras en favor de la conservación, y campañas ciudadanas como #QueremosParque movilizaron a más de 200 mil personas para lograr esta protección.

«Celebramos la ampliación del Parque Nacional Glaciares de Santiago y la creación de una nueva área protegida para nuestra región, hito con el que superamos las 140.000 hectáreas de superficie bajo conservación”, dijo el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Y agregó: “Esta medida no solo permite proteger la biodiversidad, sino también resguardar nuestros glaciares y las fuentes de agua que abastecen a más de siete millones de personas. Además, abre nuevas oportunidades para el turismo sustentable y para reconocer la cordillera como un patrimonio de relevancia mundial”.

Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sonia Reyes, destacó el trabajo realizado en terreno. “El apoyo ciudadano ha sido clave para avanzar con esta iniciativa que mejora el acceso equitativo a estas áreas protegidas para siete millones de personas”.

Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente deberá coordinar la próxima etapa para esta ACMU, donde deberá crear junto a la ciudadanía y los distintos servicios involucrados su Plan de Manejo.