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INFORME DICE QUE 10% DE ÁREAS PROTEGIDAS EN CHILE ESTÁ EN MANOS DE PRIVADOS

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Se trata de 308 sitios, pero no existe una ley que las reconozca, incentive o proteja.

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Las 298 mil ha que hoy conforman el parque privado Karukinka, en Tierra del Fuego, pertenecieron hasta 2004 al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs. Dos años antes, las había adquirido como parte de un paquete de deuda tras la quiebra de la forestal Trillium, pero decidió no explotarlas y donarlas a la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) para convertirla en un área de protección privada (APP). Hoy es la más grande del país.

No es la única. Hay otras 307 iniciativas de protección privadas en Chile, según un catastro de 2013 incluido en el informe “Áreas Bajo Protección Privada: Mirando al Futuro”, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hecho en 17 países.

Según el informe, el 77% de las iniciativas en Chile son de pequeños y medianos propietarios, el 53% de ellos, personas privadas (herencias familiares y propietarios indígenas, por ejemplo). Juntos cubren 1,6 millones de ha, que adicionan un 10% de territorio protegido a las 14,5 millones de ha a cargo del Estado (19% del territorio nacional).

A pesar de su alta presencia en Chile  (en el mundo las APP son sólo el 0,3% del terreno protegido) no existe una ley que las contemple. Hubo un intento en un proyecto ley de 1994, que no se aprobó y hoy el tema está en discusión en el marco de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

“Chile está en deuda con ese tema. Como no existe ley, tampoco existe regulación asociada a la gestión privada para la conservación, por eso hoy las iniciativas que existen son producto de la voluntad de personas naturales y organizaciones, pero no están estructuradas desde el Estado, no tienen reconocimiento formal, ni reciben apoyo estatal”, dice Bárbara Saavedra, directora de WCS-Chile.

Mariela Núñez, directora en la Fundación Senda Darwin y presidenta de ASI Conserva Chile (una asociación de iniciativas de conservación de privados y pueblos originarios), agrega que las APP han crecido exponencialmente desde los 90, pero “el Estado no les ha dado un reconocimiento, protección ni incentivos adecuados para fomentar su creación y permanencia”. Importante, pues al estar gestionadas por sus dueños, no tienen mecanismos para perpetuarlos, así, aunque un propietario tenga la voluntad de conservar, basta que sus herederos no quieran para que deje de existir. “Peor aún, estos ecosistemas podrían corren el riesgo de ser degradados”, agrega Nuñez.

En ese sentido, los parques de Douglas Tompkins van más lejos y están contemplados como algo temporal hasta su donación al Estado, “de tal forma de garantizar su conservación en el largo plazo”, dice Hernán Mladinic, director ejecutivo de Pumalín. Están concientes, eso sí, de que la falta de ley afecta a los propietarios pequeños.

Parques de papel

Según el Catastro de Iniciativas de Conservación Privada (ICPs), realizado para el informe UICN, de los 242 casos que informaron superficie, el 60% tiene menos de 200 ha (el 77% menos de 1.000 ha). La mayor parte de las APP está en manos de cinco proyectos que abarcan una superficie de 1.044.655 ha (Huilo-Huilo, Tantauco, Los Huascoaltinos, Pumalin y Karukinka).

Algunas empresas, por mandato en muchos casos, también han sumado hectáreas a la conservación, como la minera Los Pelambres con Laguna Conchalí o el terreno de la viña Concha y Toro, ambos en la zona centro norte, donde el Estado tiene pocas áreas protegidas.

Los encargados de áreas privadas son críticos a la situación no sólo propia, sino también de los sitios públicos.  “Ambas carecen de un real reconocimiento del Estado, no tienen la adecuada protección, ni el financiamiento para gestionarlas adecuadamente”, dice Núñez. “La mayor parte de las áreas protegidas públicas son parques de papel, no tienen planes de manejo, investigación, no llega gente y no tienen ni siquiera guardaparques”, indica Saavedra. El desafío es que se incorporen a las economías locales, no sólo en turismo.

Fuente:La Tercera
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Business

SIGNIFY PUBLICA COMPROMISO PARA REDUCIR CONSUMO MUNDIAL DE ELECTRICIDAD.

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Actualmente, la iluminación representa el 12% del consumo de electricidad y el 5% de las emisiones mundiales de CO2. 


La compañía global de iluminación Signify (Euronext:LIGHT) anunció su compromiso por compartir el impacto medioambiental de toda su gama de productos. La marca -que opera en Chile- ha puesto a disposición más de 2.000 Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs por sus siglas en inglés), las cuales cubren más de 70.000 variaciones de productos en todo el mundo. Debido a la demanda de los clientes, el sistema de etiquetado Declare se utiliza actualmente en América y a medida que el programa EPD avance, todos los productos acabarán recibiendo EPD.

Desde la multinacional explican que las EPD cuantifican el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, permitiendo compararlos con productos equivalentes; “también impulsan la innovación sostenible basada en pruebas dentro de Signify, proporcionando una huella cuantificada que actúa como línea de base para nuevas mejoras en las iteraciones de productos de próxima generación”, añaden.

Actualmente, la iluminación representa el 12% del consumo de electricidad y el 5% de las emisiones mundiales de CO2; lo que ha permitido la transición a la iluminación LED energéticamente eficiente, ya que reduce significativamente el consumo mundial de electricidad.

«Signify se ha comprometido a hacer realidad un futuro con bajas emisiones de carbono, ofreciendo a las empresas, las ciudades y los consumidores productos, sistemas y servicios energéticamente eficientes que pueden reducir el consumo mundial de electricidad para iluminación en más de un tercio. Ser transparentes sobre el impacto medioambiental de nuestros productos proporciona a los clientes la información que necesitan para tomar decisiones informadas, tanto si iluminan ciudades, oficinas o sus propios hogares, además de ayudarnos a cumplir nuestros propios objetivos de sostenibilidad», dice en un comunicado oficial desde Países Bajos, Maurice Loosschilder, director de Sostenibilidad de la compañía.

La empresa, presente en más de 70 países, lidera el mercado mundial de la iluminación para profesionales, consumidores y el Internet de las Cosas; la marca ofrece productos Philips, sistemas Interact  y servicios habilitados para datos para el sector público y privado. En 2023, la compañía obtuvo ventas de 6,7 billones de euros.


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Desarrollo Sostenible

DESALINIZACIÓN, UNA SOLUCIÓN VITAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL DESARROLLO GLOBAL

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La desalinización, proceso mediante el cual se convierte el agua de mar en agua dulce apta para el consumo humano y agrícola, emerge como una respuesta crucial a los desafíos hídricos que enfrenta nuestro planeta.


En un mundo donde el acceso al agua dulce se ha convertido en una preocupación creciente, la desalinización emerge como una solución prometedora para satisfacer la creciente demanda de agua potable. Con aproximadamente el 71% de la superficie terrestre cubierta por agua, pero solo el 2.5% de esta siendo agua dulce, la desalinización ofrece una oportunidad crucial para aprovechar el vasto recurso de agua salada que es el océano.

Antecedentes y Tecnologías Actuales:

El proceso de desalinización ha existido durante décadas, pero ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, lo que lo hace más eficiente y económico. Las tecnologías principales incluyen la ósmosis inversa, donde el agua se fuerza a través de una membrana semipermeable para eliminar las sales y otros contaminantes, y la destilación térmica, donde el agua se evapora y luego se condensa para eliminar las sales.

Importancia de la Desalinización:

La importancia de la desalinización radica en su capacidad para proporcionar un suministro de agua seguro y confiable en regiones afectadas por la escasez hídrica. Regiones áridas y semiáridas, como el Medio Oriente, Australia y partes de California, han recurrido cada vez más a la desalinización para abordar su déficit de agua dulce. Además, la desalinización puede proporcionar una fuente alternativa de agua en áreas propensas a la contaminación del agua subterránea, como en islas pequeñas y regiones costeras altamente urbanizadas.

Sostenibilidad de la Desalinización:

Si bien la desalinización ofrece una solución a la escasez de agua, no está exenta de impactos ambientales. Los procesos de desalinización consumen grandes cantidades de energía y pueden generar residuos salinos concentrados que deben ser gestionados adecuadamente para evitar impactos negativos en los ecosistemas marinos. Sin embargo, avances en tecnología y prácticas sostenibles están ayudando a mitigar estos impactos. Por ejemplo, la implementación de energía renovable, como la solar y la eólica, puede reducir la huella de carbono de los sistemas de desalinización, mientras que la reutilización de los residuos salinos puede tener aplicaciones industriales y agrícolas.

Proyecciones y Beneficios:

Las proyecciones indican un aumento significativo en la demanda de agua dulce en las próximas décadas, lo que convierte a la desalinización en una solución cada vez más necesaria. Sus beneficios se extienden más allá de la seguridad hídrica, impactando positivamente en múltiples aspectos:

  1. Medio Ambiente: La desalinización reduce la presión sobre fuentes de agua dulce limitadas, como ríos y acuíferos, preservando así los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.
  2. Desarrollo Sostenible: Al proporcionar acceso a agua potable, la desalinización impulsa el desarrollo socioeconómico de comunidades que de otra manera se verían limitadas por la escasez de recursos hídricos.
  3. Cambio Climático: La desalinización puede mitigar los efectos del cambio climático al proporcionar una fuente alternativa de agua que no depende de factores climáticos impredecibles, como la lluvia.
  4. Planeta: Al reducir la extracción de agua de fuentes naturales y aliviar la presión sobre ecosistemas frágiles, la desalinización contribuye a la conservación del medio ambiente a escala global.

En conclusión, la desalinización representa una herramienta invaluable en la búsqueda de una gestión más eficiente y sostenible del agua en todo el mundo. Si bien enfrenta desafíos tecnológicos, ambientales y económicos, su potencial para proporcionar un suministro seguro y confiable de agua potable la convierte en una pieza fundamental en la lucha contra la escasez de agua. Es esencial continuar invirtiendo en investigación y desarrollo para hacer que la desalinización sea aún más eficiente, económica y respetuosa con el medio ambiente, asegurando así un acceso equitativo al agua potable para las generaciones presentes y futuras.


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Desarrollo Sostenible

Subsecretario de Medio Ambiente presenta: PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LA COP3

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Durante la segunda jornada de la conferencia de las partes del acuerdo, Maximiliano Proaño presentó el instrumento que guiará la puesta en marcha de Escazú en Chile.


En el salón Raúl Prebisch de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), frente a los 16 Estados parte, los nueve estados observadores y los miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó en la COP3 de Escazú el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), considerada la hoja de ruta para avanzar en la puesta en marcha del acuerdo en Chile.

En su presentación, Proaño explicó los principales detalles que contiene este instrumento, destacando que fue creado de forma participativa, recogiendo para su materialización las voces de la sociedad civil de todas las regiones del país. “Con este Plan buscamos implementar progresivamente los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, señaló.

Con un aplauso al unísono, los presentes en la sesión valoraron el proceso de implementación que Chile está realizando, especialmente porque, pese a que es Estado parte desde el 11 de septiembre de 2022, ya es el cuarto país que presenta un plan de implementación, siento antecedido solo por Ecuador y Argentina. A esto se suma también el nuevo plan de Santa Lucía, presentado en la conferencia.

“Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 34 instituciones públicas, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú, que fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia”, señaló el Subsecretario del Medio Ambiente.

Además, detalló que “en este plan se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 236 medidas específicas que las concretizan, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030. Esto es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.

Sobre el PIPE

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Puntos que coinciden con los principales pilares del propio Acuerdo de Escazú.

El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.

En tanto, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.

Sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Finalmente, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.


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