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“AVANZAR EN LA PROTECCIÓN DE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS AMBIENTALES ES UN DEBER DE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO DE ESCAZÚ”, CONSTANCE NALEGACH
La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, Constance Nalegach, es una reconocida impulsora y negociadora del “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, cuya segunda conferencia de las partes se realizará esta semana en Buenos Aires. Antes de partir a la capital trasandina para participar del encuentro, la destacada abogada conversó con País Circular sobre los desafíos que impone este tratado y los esfuerzos para su implementación en Chile, entre otros temas.
Mañana se inicia en Buenos Aires, Argentina, la segunda Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, al que Chile adhiere de manera plena hace siete meses, en lo que ha sido destacado como demostración del compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el medioambiente y los derechos humanos.
La abogada chilena Constance Nalegach Romero fue una de las principales impulsoras y negociadoras de este acuerdo regional desde el inicio de su discusión (en 2012) y es reconocida internacionalmente por su aporte en la concreción del pacto, el único a nivel mundial con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Nalegach ocupa actualmente la jefatura de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde donde impulsa la puesta en funcionamiento del Acuerdo de Escazú. Entre los esfuerzos que van en ese dirección, este año destaca la realización de un proceso participativo para elaborar un plan de implementación.
Este pacto regional entró en vigor hace un año (22 de abril de 2021) y es conocido con el nombre de la ciudad costarricense donde fue adoptado en 2018, Escazú, pero su nombre oficial es “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Es un tratado que “tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones”, subraya Nalegach, quien formará parte de la delegación chilena en la COP 2 de Escazú, que estará encabezada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Durante la cita de los 15 Estados parte se revisarán diversos temas relacionados con la aplicación del pacto, y uno de los hitos será la elección de los primeros siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De las postulaciones recibidas para integrar dicho comité, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía- realizó una preselección de diez personas, entre las cuales se encuentra el abogado chileno-argentino Guillermo Eduardo Acuña, quien posee una amplia trayectoria en derecho ambiental a nivel nacional e internacional.
Sobre este y otros temas, como la necesidad de avanzar en la protección de las personas que defienden los derechos ambientales, conversa en esta entrevista con País Circular Constance Nalegach, quien es magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister © en Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, de Argentina.
-Una de las primeras medidas del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia medioambiental fue la firma del Acuerdo de Escazú ¿Qué señal se entregó con esa premura? ¿Por qué era tan importante esa firma y la posterior ratificación por el Congreso? ¿Cuál es su reflexión más personal como promotora y participante de la redacción del Acuerdo?
La primera medida del gobierno del presidente Boric ante el Congreso fue enviar el proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazú y así lograr ser Estado parte. Con ello se buscó contar con una herramienta internacional para enfrentar democráticamente desafíos ambientales, tanto nacionales como internacionales. Esto, porque Escazú busca la implementación plena y efectiva de los denominados “derechos de acceso”, esto es el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
De esta manera, el envío de este proyecto la primera semana de la actual administración demostró el compromiso con el medioambiente y los derechos humanos, con reforzar la democracia y una debida gobernanza. También es una apuesta al multilateralismo y la cooperación entre países ante los desafíos que impone la triple crisis planetaria, que no es solo de cambio climático, sino también de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. El amplio y transversal apoyo, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, permitió que desde el 11 de septiembre de 2022 Chile sea el decimotercer Estado parte.
Es importante saber que estos derechos de acceso son derechos humanos que los Estados deben promover, respetar y garantizar, y que además este Acuerdo tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones. Además, este es el único tratado del mundo con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Para vivir en sociedades seguras necesitamos que la democracia sea fuerte, y ello incluye el canalizar pacíficamente las legítimas diferencias. En particular fortalecer la democracia ambiental permite una mejor toma de decisiones y con ello se busca lograr una mayor protección al medioambiente y, en consecuencia, de todos los derechos humanos, ya que todos ellos requieren de un entorno sano para su realización.
Es cierto que al Estado le compete la principal responsabilidad y obligación de aplicar progresivamente el Acuerdo, pero personalmente confío en el impacto positivo que Escazú puede causar en otros actores y sectores, basta sólo observar cómo cada día más es un instrumento con vida propia que ha sido debatido de buena fe, comprendido y apropiado por tantos grupos y personas.
-¿Qué otras metas y desafíos tiene el gobierno en cuanto a asuntos internacionales relacionados con el medioambiente?
El Ministerio del Medio Ambiente es responsable de velar por el cumplimiento de convenciones internacionales y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile participa en alianzas internacionales para proteger el 30% de la tierra y el océano al 2030 y busca soluciones conjuntas a la triple crisis planetaria.
La Oficina de Asuntos Internacionales tiene tres ejes principales: negociaciones, implementación y relaciones internacionales, enmarcados en una política exterior feminista y turquesa. Estamos presidiendo el grupo de trabajo sobre género y medioambiente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, así como co-facilitando el grupo sobre personas defensoras de los derechos humanos junto a Ecuador y Saint Kitts and Nevis en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú. También se realizará una tercera revisión del desempeño ambiental por parte de la OCDE y se llevarán a cabo negociaciones bajo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París, y para un acuerdo mundial jurídicamente vinculante sobre plásticos.
-Está programado que en la COP 2 de Escazú se elija a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, ¿cuál es la relevancia de este comité?, ¿hay candidatos/as chilenos/as con opciones?
El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento es un órgano clave dentro del Acuerdo de Escazú, que se encarga de promover su aplicación y apoyar a las partes en su implementación.
Este comité es consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, y examina cómo se están cumpliendo las disposiciones del tratado, asegurando la participación del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales. Está compuesto por siete integrantes de gran integridad moral y reconocidas competencias, que deben ser nacionales o residentes de Latinoamérica y el Caribe, e independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de dichos países.
En la próxima COP 2 de Escazú se elegirán a los integrantes del Comité, entre los cuales hay un candidato chileno, Guillermo Eduardo Acuña. De las casi cincuenta postulaciones, la lista se redujo a diez candidatos, de los cuales tres son de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. Se espera una distribución geográfica equitativa y la paridad de género en la conformación del Comité.
-¿Qué otros hitos o avances se pueden esperar de esta COP 2?
La COP de Escazú se celebra al menos cada dos años y su primera versión fue en Chile en 2022. En la próxima reunión en Argentina, se elegirán los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se discutirán los avances en la implementación nacional del tratado. También se presentará una guía para orientar su aplicación. Chile estará representado por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, además de profesionales del MMA y Cancillería, y por miembros del Servicio de Evaluación Ambiental.
Otras sesiones relevantes incluyen el seguimiento de la decisión de la COP 1 [realizada en Santiago en abril de 2022] sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y el diálogo sobre arreglos financieros y contribuciones voluntarias. La transmisión en vivo estará disponible debido al gran interés público y la participación significativa del público se considera en las reglas de procedimiento de Escazú.
-En virtud de este acuerdo, ¿es posible avanzar en Chile -y en la región- hacia una protección de los defensores de los derechos ambientales (considerando las alarmantes cifras de ataques en su contra)?
El Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que garantiza la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es entonces un deber de los Estados parte avanzar en esta materia, un imperativo moral, y además por la importante labor que realizan para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales están entre los más expuestos a sufrir violaciones de sus derechos fundamentales. El Acuerdo de Escazú destaca el trabajo que desempeñan estas personas y exige a los Estados parte que salvaguarden sus derechos y eviten violaciones, a través de obligaciones estructurales o sistémicas y de medidas de prevención y respuesta ante ataques, amenazas e intimidaciones.
En Chile se está elaborando un “Protocolo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Medioambiente, Comunicadores y Operadores del sistema de justicia” liderado por el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para ello, el MMA realizó un focus group para reflexionar y dialogar sobre la situación en Chile.
Además, existe un “Circuito de Coordinación y Alerta para Personas Defensoras Ambientales” que se activará si se identifican o reciben casos de amenaza y/o vulneración. También esperamos recibir contribuciones de cómo avanzar en este tema en el proceso participativo que se realizará este año para elaborar un plan de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile.
-¿Qué cambios se requieren en el país (normativos, legales, culturales, educacionales, etc.) para mejorar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, por ejemplo, incluyendo a las comunidades en la gobernanza del agua y en general de los bienes naturales comunes?
Ningún país está exento de desafíos ambientales ni goza de una democracia perfecta, por lo que es importante trabajar en la identificación de brechas y desafíos para lograr una implementación progresiva del tratado de acuerdo con las posibilidades y prioridades nacionales.
En el caso de Chile, la evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE en 2016 destacó la insuficiente participación de los actores locales en la aplicación de planes de prevención y descontaminación del aire, y recomendó medidas para mejorar la participación en la evaluación de impacto ambiental y en la resolución de conflictos relacionados con el agua, entre otros aspectos.
Como Estado parte, Chile ha recibido asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el análisis de nuestra situación recomendándonos también aspectos para mejorar la participación pública
Chile ha trabajado en tres ejes principales desde su adhesión a Escazú: difusión y capacitación, identificación de medidas de gestión y la elaboración de un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). Este proceso participativo iniciará este año con el fin que contribuya a la evaluación de brechas y oportunidades y a definir las medidas prioritarias para la incorporación plena y efectiva de Escazú en Chile.
-En cuanto a acceso a la información y a acceso a la justica ambiental en Chile existen algunos avances -ley de transparencia, tribunales ambientales-, ¿cómo se pueden mejorar esos aspectos?
Aunque existen instituciones y regulaciones para el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, aún hay áreas de mejora. La evaluación de la OCDE en 2016 destacó problemas, por ejemplo, en la disponibilidad y completitud de información y en el costo de la asesoría jurídica para acceder a la justicia. Entre las recomendaciones del PNUMA figura la asistencia jurídica gratuita y atención a las necesidades de personas o grupos vulnerables. También el proceso participativo se enfocará en estos derechos esperando aporte con más ideas.
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Innovación
Anthropic elige a Chile para una nueva edición de su programa global Claude Impact Lab, con la longevidad como desafío país
El programa se despliega en Chile bajo la dirección de Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile, quien definió junto a la Caja La Araucana la longevidad, como el desafío más urgente del país y convocó a su red de partners como principales impulsores. Será el primer Claude Impact Lab del mundo dedicado a la longevidad y busca beneficiar a millones de chilenos que hoy esperan atención en salud.
Anthropic escogió a Chile como sede de una nueva edición de Claude Impact Lab, su programa global de laboratorios de impacto. La dirección del programa en el país está a cargo de Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile y fundador de Bendita IA, quien definió la longevidad como el desafío de esta edición convirtiéndolo en el primer Claude Impact Lab del mundo dedicado a la longevidad— y convocó a Caja La Araucana como partner y principal impulsora, junto a SURA, Mediclic, Sirak y Tu Mundo, para enfrentar un problema que hoy afecta a 2,4 millones de personas que esperan una atención de salud en Chile.
El Claude Impact Lab – Longevidad 2026 busca convocar a empresas, startups, desarrolladores, profesionales de la salud e investigadores a crear soluciones basadas en inteligencia artificial que ayuden a enfrentar uno de los grandes desafíos de nuestro país: las listas de espera en salud.
El desafío es potenciado, además, por SURA, Mediclic, Sirak y Mundo, organizaciones convocadas para promover la innovación y la colaboración en torno a la salud y la longevidad.
La iniciativa, que reunirá cerca de 200 participantes, se desarrolla en el marco del programa global Claude Impact Lab y se realizará los días 5 y 6 de agosto, entre las 09:00 y las 18:00 horas en el Parque Deportivo La Florida, de La Araucana y contempla mentorías, workshops especializados, sesiones de diseño, desarrollo de prototipos y una jornada final de presentación de soluciones ante un jurado.
IA para responder a desafíos reales en salud
Chile enfrenta importantes desafíos en esta materia. Actualmente, 2,4 millones de personas esperan una consulta con un especialista, un procedimiento o una cirugía, mientras el envejecimiento de la población incrementa la demanda por atención, prevención, rehabilitación y cuidados de largo plazo.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, para 2035 un 20% de la población tendrá más de 60 años. Esta transformación demográfica aumentará la presión sobre un sistema que, además, mantiene brechas en prevención, detección temprana de patologías crónicas, alfabetización en salud y acompañamiento preventivo.
Frente a este escenario, Claude Impact Lab – Longevidad 2026 y Caja La Araucana buscan demostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta concreta para ampliar capacidades, apoyar a los equipos clínicos y mejorar la calidad de vida de las personas.
“El propósito de esta iniciativa no es reemplazar a los profesionales de la salud, sino ampliar su alcance clínico. La inteligencia artificial puede contribuir a que médicos, matronas, kinesiólogos y otros especialistas atiendan, acompañen y orienten a más personas, manteniendo estándares de calidad y fortaleciendo la capacidad preventiva y resolutiva del sistema”, explica Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana.
“El programa Claude Impact Lab nos permitió elegir el desafío más urgente de Chile, y elegimos la longevidad. Necesitábamos un socio que no solo entendiera el problema, sino que lo viviera cada día junto a sus afiliados: por eso invitamos a Caja La Araucana a ser la principal impulsora de este desafío. Es el primer Impact Lab del mundo dedicado a la longevidad, y se hace en Chile”, señala Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile.
Los equipos desarrollarán propuestas en torno al desafío “Longevidad para todos en Chile”, con foco en reducir las listas de espera y optimizar la gestión de pacientes mediante soluciones de screening inteligente, detección temprana, alfabetización en salud, autocuidado y acompañamiento de enfermedades crónicas, entre otras soluciones.
Los participantes tendrán acceso a mentorías de especialistas nacionales e internacionales, workshops técnicos, herramientas de inteligencia artificial, créditos para utilizar la API de Claude y conjuntos de datos anonimizados y fuentes públicas preparados para facilitar el desarrollo de soluciones con potencial de implementación.
Las personas interesadas en participar pueden revisar el detalle en: https://longevidad.benditaia.cl/es
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Desarrollo Sostenible
Estudio «Impacto inversión en La Ruta de los Parques»: Por cada dólar invertido en los parques nacionales de la Patagonia, seis retornan a la economía local
Reporte elaborado por Fundación Rewilding Chile y la consultora McKinsey da cuenta del aporte económico de los parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia, proyectando que para el año 2030, cada dólar de inversión pública generará aproximadamente USD 8,6 en ingresos para las comunidades locales.
Un reciente estudio titulado «Impacto inversión en La Ruta de los Parques» da cuenta que la conservación de la naturaleza, a través de la visita a áreas protegidas, representa un importante motor para el desarrollo socioeconómico regional. Así lo demuestra el informe elaborado por Fundación Rewilding Chile y la consultora McKinsey, por cada dólar que el Estado invirtió en los parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia en 2024, ingresaron USD 6 directamente a las comunidades locales.
“Estos datos son de suma relevancia, porque confirman que los parques nacionales son una inversión para el país, y no un gasto”, comenta Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile. Y agregó que además de su enorme valor ecológico y belleza escénica, “la Ruta de los Parques de la Patagonia es una oportunidad real de desarrollo económico para la macrorregión de la Patagonia”.
El reporte también entrega una proyección para 2030, señalando que por cada dólar de inversión pública destinado a las áreas protegidas de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, el retorno en la inversión incremente a USD 8,6 en ingresos para las comunidades locales.

Jaime Szigethi, socio y director ejecutivo de McKinsey & Company Chile, explica que “este estudio entrega evidencia clave para tomar mejores decisiones de inversión, infraestructura y gestión en áreas protegidas. Además, muestra que la conservación de la biodiversidad no sólo tiene valor ambiental, sino también económico, al generar actividades locales vinculadas al turismo de naturaleza y convertirse en un motor de desarrollo para los territorios”.
El estudio cruza la visita, estadía y el gasto promedio diario de turistas nacionales e internacionales a los parques nacionales de la Ruta de los Parques, con el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) entre 2015 y 2024, en base a información oficial de Sernatur, el Banco Central y la Ley de Presupuestos, además de una encuesta elaborada específicamente para el análisis.
La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que “los parques nacionales son uno de los grandes activos estratégicos de Chile. Este estudio muestra con claridad que invertir en conservación, infraestructura y servicios turísticos de calidad genera retorno económico directo para las comunidades locales. El turismo es una forma muy efectiva para la conservación y el desarrollo de las comunidades locales. Como Gobierno, queremos que nuestras áreas protegidas sean motores de desarrollo regional, empleo e inversión, siempre resguardando su valor natural y cultural”.
Según cifras de Sernatur, durante 2024 los parques de la Ruta alcanzaron un récord histórico de aproximadamente 560 mil visitantes, lo que representa un aumento del 15,3% respecto a los niveles previos a la pandemia. Si bien los parques recibieron una proporción similar de turistas nacionales e internacionales, 53% y 47% respectivamente, los visitantes extranjeros aportaron el 72% de los USD 155 millones de ingresos generados.
Esto se explica porque el turista internacional tiene una estadía más prolongada y un mayor nivel de gasto: mientras el visitante extranjero gasta un promedio de $93.159 pesos chilenos diarios, el residente nacional destina alrededor de $39.133 pesos por día. Actualmente, el Parque Nacional Torres del Paine lidera este impulso económico, generando cerca del 90% de los ingresos totales de la Ruta gracias a su alta afluencia internacional.
El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, confirma que, “según los últimos datos disponibles en Data Turismo, el 59,1% de los visitantes que ingresa a Chile por vía aérea declara que la naturaleza es uno de los principales atributos que motivó la elección del país como destino de vacaciones”.
Para escalar este inmenso potencial y consolidar a Chile como un destino líder en conservación mundial, el estudio entrega recomendaciones, destacando la necesidad de convertir la conservación en un activo central de la marca país, diversificar las fuentes de financiamiento de las áreas protegidas y articular el potencial del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Asimismo, se enfatiza en la necesidad de contar con datos sólidos para futuros análisis, ya que actualmente estos se encuentran fragmentados en distintas instituciones, dificultando la disponibilidad y acceso a la información.
Leer el estudio acá.
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Medio Ambiente
Calculan en más de 30 mil nuevos empleos los que se generarán por proyectos aprobados durante primeros meses de gobierno.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, enfatizó que agilizar los procesos de evaluación ambiental no implica, en ningún caso, rebajar los estándares ambientales.
El Ministerio del Medio Ambiente informó que, entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 97 proyectos a través de comisiones de evaluación ambiental y Comité de Ministros. Estas iniciativas declaran una demanda de mano de obra superior a las 30.353 personas, considerando sus etapas de construcción y operación.
Del total de proyectos, 86 ingresaron por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 11 por Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sumando una inversión conjunta de US$16.984 millones. La fase de construcción concentra 16.467 empleos declarados, mientras que la de operación suma 13.886.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que uno de los pilares de su gestión es la agilización de los procesos de evaluación ambiental, lo que tiene un impacto directo en las personas. «Este esfuerzo se traduce en más y mejores oportunidades laborales para las familias chilenas. Los 97 proyectos aprobados entre marzo y junio representan más de 30 mil empleos en construcción y operación de estas iniciativas. Destrabar proyectos, con seriedad y respetando la normativa ambiental vigente, se traduce en generar empleo real para Chile», afirmó.
La secretaria de Estado enfatizó que agilizar los procesos de evaluación ambiental no implica, en ningún caso, rebajar los estándares ambientales. «Rigurosidad y rapidez no son objetivos contrapuestos. Los proyectos aprobados en estos cuatro meses de gobierno pasaron por el proceso de evaluación ambiental que exige la ley. Esa es la única forma de impulsar un desarrollo verdaderamente sostenible», sostuvo.
Al analizar los datos por sector productivo, el rubro Inmobiliario presenta la mayor demanda de mano de obra, con 7.507 personas, destacando el proyecto «Ampliación Mall Plaza El Trébol», en la región del Biobío. Le sigue el sector de Infraestructura Hidráulica, con 5.035 empleos declarados, donde sobresale la iniciativa «Aguas Marítimas», en la región de Antofagasta. En tercer lugar se ubica la categoría Otros, con 3.743 empleos, que incluye el proyecto «Instituto Nacional de Neurocirugía», en la Región Metropolitana.
A nivel regional, y sin considerar la Región Metropolitana —que lidera con 8.023 empleos declarados—, la región del Biobío concentra la segunda mayor demanda de mano de obra, con 6.244 personas, impulsada por la «Ampliación Mall Plaza El Trébol». La región de Antofagasta le sigue con 5.026 empleos, gracias en parte al «Sistema de Almacenamiento de Energía Águila Mora». En tercer lugar aparece Valparaíso, con 4.809 empleos declarados, entre los que destaca el «Puerto Exterior de San Antonio». La región de O’Higgins también registra cifras relevantes, con 2.156 empleos, asociados al proyecto «Planta Fotovoltaica Lolol».
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Desarrollo Sostenible
Turberas de Cabo Froward almacenan hasta 3 veces más carbono que los bosques del sector
Un estudio pionero de Rewilding Chile y la Universidad de Chile cuantifica el volumen de carbono almacenado en el poco estudiado ecosistema boscoso del último rincón del continente americano, dentro del cual las turberas milenarias son las que más contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.
Se sabe que las turberas -formadas por capas y capas de materia orgánica muerta comprimida a lo largo de los siglos en condiciones de frío, humedad y falta de oxígeno- son grandes almacenadoras de carbono, pero poco se conoce de lo que realmente almacenan en el último rincón del continente americano: Cabo Froward, en la Península de Brunswick, región de Magallanes.
Una investigación pionera realizada por el Programa de Restauración de Ecosistemas Subantárticos de Rewilding Chile, en colaboración con especialistas de la Universidad de Chile, cuantificó por primera vez el almacenamiento de carbono por las turberas de Cabo Froward. El resultado superó las expectativas: a partir de muestras recolectadas en terreno, se constató en laboratorio que guardan un promedio de 1.647 toneladas por hectárea, es decir, tres veces más que los bosques del mismo sector, que almacenan en promedio 536,2 toneladas por hectárea.
“No hay ninguna duda de que las turberas ocupan el primer lugar entre todos los reservorios de carbono del mundo. Lo que no sabíamos es que, dentro del grupo, las turberas patagónicas superan en contenido a las turberas de climas templados del norte del país y que incluso se asemejan más a las que están presentes en ecosistemas tropicales, ya que estas almacenan cerca de 1.600 toneladas de carbono por hectárea”, explica Jaime Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

Hernández había investigado reservorios de carbono en todo el país, excepto las de Cabo Froward, que lo sorprendieron por su buen estado. “Son ecosistemas completos, aún bastante salvajes. Están protegidas por la acumulación de agua y la misma microtopografía del sector, con poca intervención humana, a diferencia de otras zonas del país donde la explotación comercial del “pompón” ha estado permitida para la agricultura”, señala.
En paralelo, la investigación caracterizó por primera vez la morfología de la cobertura vegetacional del área entre San Nicolás y Bahía Cordés, lo que abarca el parche terrestre continuo de la Península de Brunswick donde está Cabo Froward. La superficie está formada por poco más de 52.000 hectáreas de bosque y unas 53.000 hectáreas de turberas, con capacidad para acumular entre ambas 115 millones de toneladas de carbono, aproximadamente.
“Estos hallazgos son relevantes porque nos confirman que los ecosistemas boscosos subantárticos son unos eficientes reservorios naturales de carbono y, por lo tanto, verdaderos tesoros para contrarrestar los efectos de la crisis climática. No solamente eso: albergan biodiversidad, contienen información sobre cómo era el ambiente hace miles de años y son fundamentales para mantener el equilibrio ambiental”, comenta Ingrid Espinoza, directora de Conservación de Rewilding Chile.
Respecto a la metodología, se combinó cartografía de alta definición con trabajo de campo, lo que permitió determinar con exactitud cuánto carbono por unidad de volumen hay en un punto determinado, dato que hasta ahora no se conocía.
El primer paso fue identificar y clasificar las coberturas vegetales presentes en el área mediante el análisis de imágenes satelitales. Tras ello, se realizaron dos expediciones para medir in situ la materia orgánica viva que está por encima del suelo y tomar muestras de suelo y turberas a distintas profundidades en más de 200 sitios definidos. Una vez reunido el material, se envió al Laboratorio Ventura Matte de la Universidad de Chile para establecer el porcentaje de carbono presente. Actualmente, el equipo de investigadores está finalizando una publicación científica sobre los resultados y la metodología utilizada.

Para resguardar estos territorios únicos, Rewilding Chile impulsa junto al Estado Chileno la creación de un parque nacional en Cabo Froward. “Mientras que en otras regiones se lucha por restaurar ecosistemas degradados, aquí se conserva un sistema intacto que podría desempeñar un rol crucial en la mitigación del cambio climático y que por lo tanto urge proteger”, agrega Ingrid Espinoza.
No es la primera vez que la fundación estudia el almacenamiento de carbono en la Patagonia. En 2019, en alianza con National Geographic Society, se calculó el almacenamiento de carbono de los 17 parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia, determinando su relevancia como uno de los sumideros de carbono más ricos de Sudamérica.
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Desarrollo Sostenible
Ministerio del Medio Ambiente inicia proceso de actualización de Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos
Entre el 18 de junio y el 10 de julio estará abierto el periodo de información pública en que personas naturales y jurídicas pueden participar de este proceso enviando sus antecedentes y observaciones.
El Diario Oficial publicó este jueves la resolución exenta N° 02720/2026 que da inicio al proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile.
Este instrumento, que entrega orientaciones técnicas para la delimitación y caracterización de humedales urbanos en base a los criterios de régimen hidrológico, vegetación hidrófita y suelos hídricos, fue elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Proyecto GEF Humedales Costeros en 2022, según lo mandatado en el Reglamento de la Ley de Humedales Urbanos de 2021.
Así, a cinco años de la entrada en vigencia de la Ley, este proceso busca actualizar los lineamientos metodológicos contenidos en esta guía con el objetivo de fortalecer el estándar técnico de los procesos de reconocimiento de dichos ecosistemas acuáticos. “El objetivo es que los humedales urbanos que se declaren cuenten con un respaldo técnico y jurídico que garantice su protección efectiva”, explicó Martín Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.
La actualización de este instrumento representa un fortalecimiento del rigor técnico y científico exigido para la delimitación de estos ecosistemas tras la experiencia adquirida estos últimos cinco años. “De esta manera, podremos avanzar en otorgar mayor claridad y certezas a los actores interesados y reducir los niveles de conflictividad en este tipo de procesos”, agregó Becker.
Detalles de la actualización
La actualización de la guía busca incorporar mayor claridad y precisión para la revisión de los parámetros de hidrología, vegetación hidrófita y suelos hídricos en la declaración de humedales urbanos.
Además, estandariza el uso de herramientas tecnológicas actuales, como sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección (imágenes satelitales), para que los procesos y sus respectivos expedientes, levantados tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por los Municipios a lo largo del país, sean más precisos y verificables.
Junto con lo anterior, se busca también estandarizar las metodologías y el uso de herramientas de medición en terreno para asegurar un levantamiento de datos más homogéneos y comparables a nivel nacional.
Apertura de periodo de Información Pública
El proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos inicia con un periodo de Información Pública que estará vigente desde el 18 de junio hasta el 10 de julio de 2026.
Durante este periodo, cualquier persona natural o jurídica, como los Municipios, pueden presentar los antecedentes que estimen pertinentes para la actualización de la guía. Dichas observaciones, junto a la respectiva respuesta por parte del Ministerio del Medio Ambiente, conformarán un expediente público que estará disponible para su exhibición electrónica.
La información puede ser presentada a través del siguiente correo electrónico: [email protected], o bien, por escrito, en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al domicilio del interesado.
Publicación en Diario Oficial
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/06/18/44478/01/2825079.pdf
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