Empresa & Sociedad
BERNARDO LARRAÍN MATTE: «ESTAMOS DISPONIBLES PARA DISCUTIR REFORMULACIONES AL PROYECTO»
Para el presidente de Colbún, socia en HidroAysén, era necesario defender en tribunales el trabajo realizado en el proyecto. Asegura, también, que son flexibles para adaptarlo e incorporar socios a su desarrollo.
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Solo de energía dice estar dispuesto a conversar el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Ma-tte. Nada de política, advierte de entrada. “Estoy focalizado en otra causa”, explica. ¿Cuál? HidroAysén y el debate que continúa en torno al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país. Esta semana, el megaproyecto volvió al centro del debate público, luego que el consorcio, que integran las generadoras Endesa y Colbún, anunciara su decisión de recurrir al Tribunal Ambiental de Santiago para apelar a la decisión del Comité de Ministros, órgano que en junio pasado rechazó el proyecto eléctrico. “Hay que desdramatizar esta apelación. Es parte del proceso y de cómo hoy funciona la institucionalidad”, comenta el empresario.
Lo verdaderamente relevante a nivel país, añade, debe ocurrir fuera de los tribunales.“El desafío energético de Chile es trascendente, de amplio consenso. Hidro-Aysén, por supuesto, es parte de ese desafío. Y Chile debe enfrentar esa discusión”, sostiene. Ese análisis, plantea, debe hacerse de cara a la sociedad y con todos los actores incorporados en el debate.
¿Por qué decidieron apelar al Tribunal Ambiental?
Nadie aspira a que la discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico de Chile transcurra en los tribunales, ni tampoco que el desarrollo de un proyecto de la magnitud y complejidad de HidroAysén se resuelva en tribunales. Lo hemos dicho siempre: el proyecto no se desarrollará si el país no hace suya la importancia estratégica de desarrollar el potencial hidroeléctrico de Chile y, en particular, de la Región de Aysén. Pero, con igual fuerza, creemos que hemos hecho un buen trabajo, que el trabajo técnico y ambiental ha sido apegado a estándares internacionales y que la tramitación ambiental con la obtención de la RCA, consagrada por la Corte Suprema, fue hecha en estricto apego a la legalidad del marco regulatorio. Desde ese punto de vista, consideramos completamente legítimo y razonable que HidroAysén haya decidido recurrir a las instancias institucionales disponibles. Es natural que una empresa que considera que hizo un buen trabajo, como lo creemos nosotros, lo defienda. Precisamente, al término del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se hizo una reformulación de la institucionalidad ambiental y se completó a través de los tribunales ambientales, para que empresas y organizaciones ciudadanas recurrieran a una instancia de alta competencia técnica y jurídica, en caso de diferir con resoluciones de las instancias administrativas. ¿Quién puede objetar una decisión como esta?
¿Con esta acción ustedes quieren revivir el proyecto?
A través de este recurso no pretendemos luchar contra viento y marea. Lo que creemos debe estar muy viva es la discusión a nivel país del desarrollo hidroeléctrico de Chile, incluido el gran potencial que tiene la Región de Aysén, lo que debe residir en los procesos que se han incluido en la agenda energética. Me imagino que ningún actor se restará de esta discusión, ahora que el debate será a través de procesos institucionales.
¿Cuáles son esos procesos de los cuáles podría depender el desarrollo de HidroAysén?
El país tiene que hacer una discusión respecto de cómo quiere desarrollar su potencial hidroeléctrico. Y esta discusión la tenemos que hacer, porque estamos quedando atrás respecto de los países vecinos en el triple desafío de bajar los costos energéticos, reducir nuestras emisiones y aumentar nuestra autonomía energética. En los próximos siete años, en Colombia habrán ingresado 3.500 MW de nueva capacidad hidroeléctrica, en Perú más de 2.500 hídricos, en Ecuador otros 4.000 MW hidráulicos y en Brasil, unos 28.000 MW. ¿Y en Chile? Sólo 800 MW hidroeléctricos.
Esa discusión se debe canalizar a través de procesos que tienen reglas del juego, que tienen plazos y cierta institucionalidad detrás. Como el proceso de ordenamiento territorial para el desarrollo de cuencas y el de política energética de largo plazo.
El gobierno ya rechazó el proyecto. ¿Cómo esos procesos podrían viabilizar HidroAysén?
El gobierno se pronunció a través del Comité de Ministros, que es una parte de la institucionalidad ambiental. Falta que se pronuncie otra etapa, como son los tribunales ambientales. En relación a los procesos, según cómo se han hecho en otros países, pueden surgir de ellos definiciones, como por ejemplo, priorizar ciertas cuencas para el desarrollo hidroeléctrico, de una forma tal, que equilibre el desarrollo energético, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y la convivencia con otras actividades, como el turismo. También podrá surgir que se conservarán otras cuencas. Esta es la discusión moderna, no una donde se reduce la complejidad a dicotomías inexistentes entre desarrollo, cuidado del medio ambiente y desarrollo social.
Podría determinarse, también, que se requieren proyectos más pequeños que HidroAysén. ¿Están disponibles para adaptarlo?
Si de estos procesos participativos surgen rearticulaciones o modificaciones en, por ejemplo, la forma de desarrollar el potencial hidroeléctrico de Aysén, y en particular de los ríos Baker y Pascua, estamos 100% disponibles a efectuarlos. Siempre hemos sido flexibles. Estamos completamente disponibles para tener una discusión constructiva, tanto en cuanto a modificaciones y reformulaciones del proyecto, como a incorporar a otros actores a su desarrollo.
¿Por qué esa señal no la dieron antes?
Porque precisamente no existían los procesos. Lo que se requiere son procesos institucionales participativos, con reglas del juego, que combinen tres cosas: participación, análisis técnico y capacidad resolutiva. Al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) se le pedían cosas para las cuales no estaba diseñado y, por eso, es un buen complemento para el SEA el concepto de ordenamiento territorial y la política energética como gran marco que guíe las acciones de todos los actores.
Pero igual podrían haber dado una señal pública.
Esas señales son relevantes cuando existe un proceso para canalizarlas. Somos muy conscientes de que este proyecto, por su complejidad, ha causado mucho debate público y oposición, fue así al inicio y hubo una reformulación del proyecto, cuando se redujo la superficie a inundar. Lo relevante es que ahora se produzca esta discusión en un marco institucional.
Pero ese debate tampoco puede ser eterno. ¿HidroAysén puede esperar otros 10 años para definir si se hace o no y/o cómo se hace?
Los procesos que se han anunciado en Chile tienen sus plazos, no hay que anticipar cuál va a ser el resultado de esos procesos. Lo más relevante respecto de HidroAysén es lo que hemos sostenido: más que forzar plazos, ser conscientes de que un proyecto de esa magnitud y complejidad sólo va a ser desarrollado si es que el país lo hace suyo, a través de procesos como los descritos.
Si les va mal en el Tribunal Ambiental, ¿habrá valido el esfuerzo?
No hay que especular. Volviendo a los posibles resultados del proceso de ordenamiento territorial de cuencas, como dije antes, podría implicar una definición de cómo se desarrolla el potencial hidroeléctrico de una determinada cuenca y, por lo tanto, la reformulación de un proyecto. Si fuera el caso de un desarrollo hidroeléctrico en las cuencas del Baker y Pascua reformulado, todo lo que se ha hecho en relación al desarrollo de HidroAysén, donde han participado la empresa, servicios públicos, tribunales de justicia, la ciudadanía e instituciones académicas, tiene valor y no tiene sentido partir de cero. Por eso es tan relevante defender en la institucionalidad que lo que hemos hecho está bien hecho y ajustado a la legalidad. Para eso existe en la institucionalidad ambiental la posibilidad de introducir modificaciones a los proyectos, precisamente, para que frente a una reformulación no se parta de cero.
Entonces, ¿todo lo hecho e invertido con HidroAysén lo ven como un antecedente previo de lo que podría venir?
Es lo mismo que una empresa minera que hace una exploración, porque considera que hay una reserva minera que es relevante. No sabe si será viable desde el punto de vista económico, técnico, ambiental o social, ni el plazo que tomará su desarrollo. Pero sigue siendo valioso invertir en esa opción y asumir los riesgos. En el mundo energético pasa lo mismo: hay que tener un portfolio de opciones. Algunas se desarrollan en el corto plazo, otras en el largo y habrá proyectos que no se desarrollen. HidroAysén es una de esas opciones en nuestro portfolio. Una de largo tiempo de desarrollo y de alta complejidad técnica, social y ambiental. Es de responsabilidad mínima de cualquier empresa privada mantener en valor esa opción, y para ello hay que asumir costos y riesgos. Y por eso es tan importante que la institucionalidad otorgue seguridad jurídica. Y por eso consideramos natural recurrir a las instancias institucionales disponibles.
¿Estuvieron de acuerdo con su socio de Endesa para recurrir al Tribunal Ambiental?
Respecto de los dos temas principales que he mencionado -que el proyecto no se desarrollará si el país no lo hace suyo a través de los procesos indicados y que es fundamental defender en la institucionalidad lo hecho y los permisos obtenidos, porque serán fundamentales para cualquier eventual desarrollo hidroeléctrico futuro en las cuencas de los ríos Baker y Pascua- había completo acuerdo. Cualquier empresa que estuviera en esta condición asumiría su responsabilidad de mantener vigente y en valor, elementos que serán esenciales para desarrollar un proyecto, en la forma y plazos que se determinen como parte de los procesos indicados.
Es evidente que Colbún y Endesa tienen estrategias distintas para referirse públicamente al proyecto. ¿Está definido que como socios tengan roles diferentes?
Cómo eso puede sorprender, si somos compañías totalmente distintas. Somos competidores con distintas estrategias y distintas formas de hacer las cosas. Hemos competido en el mercado. Cuando Colbún se privatizó, representaba menos del 10% del mercado, hoy representamos el 21% del mercado. Hemos crecido. Antes teníamos tres a cuatro centrales y hoy tenemos 23 centrales…
Mea culpa
Ustedes veían que el proyecto HidroAysén estaba teniendo resistencia ciudadana. ¿Ese movimiento social fue mal evaluado?
La sociedad chilena cambió y no hay ninguna institución privada ni pública que no se haya visto impactada por este cambio, y por supuesto que las instituciones tienen un período de adaptación gradual y eso no exime a las empresas. Cuando se inició este proceso, quizá lo que no anticipamos es que el desarrollo de un proyecto como HidroAysén podría transformarse en una temática nacional e internacional. Tenemos conciencia de que no previmos eso.
¿Es un mea culpa que hacen por cómo se abordó el proyecto en el inicio?
Todos tenemos que hacer un mea culpa, porque en una sociedad compleja con estas características, también tiene que haber un mea culpa, por ejemplo, del gobierno y del Estado. Hace mucho tiempo que se viene debatiendo sobre la importancia del ordenamiento territorial, de la participación temprana en un marco institucional y de mecanismos para descentralizar la tributación de los proyectos. Poco se avanzó.
Pero ustedes son los dueños del proyecto…
Las empresas en general hemos mejorado sustancialmente la gestión ambiental y social en los últimos años. En Colbún estamos orgullosos por la gestión ambiental y social en el desarrollo de nuestros proyectos Angostura y Santa María, ambos operando con plena normalidad e insertos en su entorno, nunca exento de complejidades, buscando ser un buen vecino. Nuestra gestión ambiental en Santa María, por ejemplo, fue validada por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que recientemente nos absolvió de los cargos que se habían levantado.
Pero por buena que sean esas gestiones de una compañía, hay ciertas materias que trascienden a las empresas. Los privados no pueden resolver todos los problemas que están en una determinada comunidad o región. También hay una autocrítica que debe hacerse de cómo ha funcionado el Estado y el gobierno, que tiene una labor relevante de articulación, más allá del otorgamiento de los permisos ambientales. No basta, para emprender un proyecto, tener la mejor gestión social y ambiental, son cosas esenciales, pero también hay demandas que trascienden el ámbito de las compañías. Y esas son responsabilidad del Estado. Hay múltiples actores que co-participan en el entorno de todos los proyectos y el Estado tiene un rol relevante de articulación de todos esos actores que no ha desempeñado suficientemente.
Además del rol de las instituciones, ¿ustedes qué podrían haber hecho mejor?
HidroAysén hizo una participación ciudadana temprana, ahora, siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede ser más proactivo. Una empresa que legítimamente quiere emprender un proyecto, siempre tiene un cierto límite en su capacidad de informar a una audiencia nacional e internacional. Hay un rol de información, de articulación, de política energética y de ordenamiento territorial que son déficit que ha tenido el Estado.
¿Ustedes consideran que HidroAysén realizó una buena gestión social y ambiental?
Yo creo que sí ha hecho una buena gestión ambiental y social. El desarrollo de los estudios de terreno, de la ingeniería, de la socialización local y la tramitación ambiental, que se concluye con la RCA positiva, que es confirmada por la Corte Suprema, dan cuenta de un buen trabajo, que tiene estándares ambientales y técnicos internacionales. No tengo ninguna duda que el equipo de HidroAysén hizo un buen trabajo. Se puede haber cometido errores, pero creemos humildemente que se hizo un trabajo consistente con estándares internacionales en temas ambientales, sociales, técnicos y económicos.
Fuente:latercera.com
Empresa & Sociedad
GHD impulsa campaña sobre resiliencia hídrica frente al cambio climático y su impacto a nivel global
La campaña “Resilient Water Futures: Adaptation and transformation in an uncertain world” pone el foco en el rol crítico del agua en la adaptación climática, proponiendo enfoques integrados para enfrentar sequías, inundaciones y presiones sobre la infraestructura en un entorno cada vez más incierto.
En un contexto en el que los efectos del cambio climático se intensifican en América Latina y el mundo, incluyendo fenómenos cada vez más frecuentes y severos de escasez de agua, lluvias extremas e inundaciones, GHD lanzó su nueva campaña “Resilient Water Futures”, orientada a promover soluciones concretas para fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia de los sistemas hídricos en ciudades, industrias y comunidades.
En América Latina, y particularmente en Chile, donde la disponibilidad hídrica ha sido históricamente un desafío y donde conviven fenómenos de sequía prolongada con eventos extremos, este tipo de enfoques adquiere especial relevancia. El reporte norteamericano enfatiza que la combinación de crecimiento poblacional, expansión urbana y variabilidad climática aumenta la exposición al riesgo hídrico, lo que exige respuestas integradas y coordinadas entre sectores públicos y privados.
“Hoy el agua es una de las principales expresiones de cómo el cambio climático está impactando nuestras economías y comunidades. Fortalecer la resiliencia hídrica no solo es un desafío ambiental, sino una prioridad estratégica para el desarrollo sostenible en Chile y en toda la región”, enfatizan desde GHD.
De acuerdo con el reporte Resilient Water Futures, el cambio climático está transformando la forma en que operan estos sistemas hídricos, dado que gran parte de sus impactos se manifiestan a través del agua. Fenómenos como sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y el deterioro de la calidad del agua ya afectan a comunidades, economías y ecosistemas a nivel global.
En este escenario, la gestión del agua deja de ser un desafío sectorial para convertirse en una prioridad estratégica transversal. El informe destaca que distintos sectores, incluyendo minería, energía, agricultura, infraestructura y ciudades, enfrentan riesgos crecientes asociados a la disponibilidad, calidad y gestión del recurso hídrico.
La urgencia también es económica. El análisis contenido en el reporte indica que los riesgos relacionados con el agua podrían generar impactos significativos en la economía global hacia 2050, afectando cadenas de suministro, activos críticos e infraestructura.
Frente a este panorama, GHD plantea la necesidad de avanzar desde la planificación hacia la implementación de soluciones concretas, integrando tecnología, infraestructura y el potencial de la naturaleza como parte de la solución. Algunas de las líneas de acción clave incluyen el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para reducir riesgos de inundación, el fortalecimiento de la infraestructura frente a eventos extremos, la diversificación de fuentes de abastecimiento mediante plantas de desalinización, la reutilización y gestión integrada del agua, y la incorporación de herramientas digitales y analítica avanzada para la toma de decisiones.
Asimismo, el enfoque de “adaptive pathways” propone una forma flexible de planificar inversiones, permitiendo a organizaciones y gobiernos tomar decisiones en contextos de alta incertidumbre, sin limitar su capacidad de adaptación en el futuro.
A través de esta campaña, GHD busca aportar con su experiencia global para ayudar a líderes y organizaciones a avanzar desde la estrategia hacia la implementación, promoviendo inversiones oportunas, soluciones innovadoras y modelos de gestión que permitan enfrentar un futuro climático cada vez más incierto.
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Desarrollo Sostenible
Scotiabank realizó premiación de ScotiaINSPIRA, apoyando proyectos de impacto social y medioambiental
En su versión 2026, los once proyectos seleccionados recibirán $488 millones para abordar desafíos clave en cuatro ámbitos prioritarios, Educación, Empleo, Necesidades Sociales e Inclusión y Medio AmbienteEn estos seis años, el programa ha apoyado más de 40 iniciativas sociales, beneficiando a más de 1,3 millones en el país
Scotiabank llevo a cabo la ceremonia de premiación de las once organizaciones ganadoras de la sexta edición de ScotiaINSPIRA, su programa de fondos concursables que este año destinará $488 millones a proyectos sociales en Chile.
Tras un proceso de postulación y evaluación realizado por un jurado de representantes del banco y de diferentes organizaciones vinculados con el emprendimiento y la innovación, ScotiaINSPIRA seleccionó iniciativas que destacan por su impacto, sostenibilidad y capacidad de generar cambios concretos en la comunidad. Entre los proyectos elegidos se encuentran tanto organizaciones que renuevan el apoyo recibido en 2025 para dar continuidad a su trabajo, como nuevas propuestas alineadas con los pilares estratégicos del programa.
En su versión 2026, los proyectos seleccionados abordan desafíos clave en cuatro ámbitos prioritarios como Educación, con iniciativas orientadas a mejorar el acceso, permanencia e innovación en el sistema educativo; Empleo, impulsando la empleabilidad inclusiva y la capacitación laboral; Necesidades Sociales e Inclusión, fortaleciendo el tejido comunitario y el acceso a recursos básicos; y Medio Ambiente, promoviendo soluciones vinculadas a la acción climática y el desarrollo sostenible con impacto medible en el tiempo.
Entre las iniciativas seleccionadas se incluyen programas de capacitación laboral para jóvenes y mujeres, proyectos de reinserción laboral para grupos en situación de vulnerabilidad, soluciones educativas que incorporan tecnología y habilidades digitales, así como iniciativas comunitarias orientadas a fortalecer redes locales y mejorar el acceso a servicios básicos.
Durante la ceremonia de premiación, Pablo Chiesa, VP & Chief Risk Officer de Scotiabank Chile y miembro del jurado de ScotiaINSPIRA 2026, entregó el reconocimiento a las organizaciones seleccionadas, destacando su compromiso y trabajo en el desarollo de iniciativas que fortalecen a las comunidades, generando un impacto p y contribuyen al desarrollo sostenible del país.
En detalle, entre los ganadores se encuentra la Corporación Red de Alimentos, que fue seleccionada con su programa “Despensas Sociales”, orientado a fortalecer el acceso a alimentación digna mediante redes de distribución comunitaria; mientras que Fundación Alcanzable impulsará “Comunidad Alcanzable”, iniciativa enfocada en promover la inclusión de personas con discapacidad a través del fortalecimiento de entornos accesibles.
En la misma línea, Fundación Trato Hecho Vecino desarrollará un modelo de mejoramiento vecinal e integración social, y ONG Corporación Incluye 360 implementará su programa #ActívatePorLaInclusión, centrado en la participación de personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida social.
En el ámbito educativo, medioambiental y de empleabilidad, los proyectos seleccionados abordan desafíos clave desde distintas miradas. Fundación Mapocho Vivo promoverá la educación ambiental a través del conocimiento de la biodiversidad local, mientras que Fundación Conecta Mayor trabajará en reducir brechas de inclusión digital en personas mayores y Fundación Trabün impulsará “Primeros Educadores”, que fortalece habilidades socioemocionales desde la primera infancia.
A ellos se suman iniciativas como el acompañamiento a personas mayores de la Fundación Juan Carlos Kantor, programas de formación y acceso a oportunidades impulsados por Fundación Pro-Bono y Fundación Entrepreneur, y proyectos comunitarios liderados por organizaciones como Corporación Jesús Niño, todos orientados a generar impacto sostenible y escalable en distintos territorios del país.
“Detrás de cada uno de estos proyectos hay comunidades, historias y desafíos reales. Apostamos por proyectos que no solo resuelven necesidades actuales, sino que también construyen capacidades y bienestar a largo plazo en las comunidades”, señaló Katia Berdichewsky, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank. Y añadió que “desde su inicio y en sus seis años, ScotiaINSPIRA, demuestra cómo el trabajo colaborativo entre organizaciones sociales y voluntariado corporativo puede generar cambios y aportar al desarrollo más resiliente del país.
ScotiaINSPIRA forma parte de una iniciativa global de Scotiabank presente en más de 30 países. En Chile, el programa ha destinado más de $1.600 millones desde 2021 para fortalecer la resiliencia económica, promover la inclusión y contribuir al desarrollo sostenible. A lo largo de sus seis años de trayectoria, ha financiado más de 40 iniciativas sociales, impactando positivamente a más de 1,3 millones de personas en todo el país.
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Desarrollo Sostenible
EMPRESAS CHILENAS AUMENTAN PRESENCIA EN ÍNDICES DOW JONES DE SOSTENIBILIDAD EN 2026
El ajuste anual de los índices Dow Jones Best-in-Class evidenció la resiliencia del mercado local, con un aumento en el número de compañías en los resultados de Chile, y una destacada participación en MILA (Chile, Colombia, México y Perú), donde las firmas locales pesan un 41%.
El reciente rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class (DJBIC), proceso anual en el que se ajustan sus componentes y ponderaciones para asegurar que siga reflejando con precisión al mercado o sector que representa, confirmó la solidez de las empresas chilenas en materia de sostenibilidad, manteniendo una presencia relevante a nivel regional y global, aunque con dinámicas mixtas según cada clasificación.
Estos indicadores seleccionan a las compañías líderes en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) bajo un enfoque “best-in-class”, es decir, comparando a las empresas con sus pares dentro de cada industria. Así, el índice DJBIC Chile agrupa a las compañías con mejor desempeño ESG del mercado local; el DJBIC MILA integra empresas de Chile, Colombia, Perú y México; mientras que DJBIC Emerging Markets y DJBIC World reúnen a líderes de mercados emergentes y desarrollados, respectivamente.
En este contexto, el índice local aumentó de 23 a 25 empresas. Entre los principales movimientos, están las incorporaciones de CAP, Parque Arauco, SAAM e Inversiones Aguas Metropolitanas (holding de Aguas Andinas), el reingreso de LATAM Airlines, y las salidas de SQM, Aguas Andinas, y Salmones Camanchaca.
Germán Sáenz,director de Advisory de SLR Consulting, firma global líder en consultoría en sostenibilidad y medio ambiente, señaló que “el rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class refleja un entorno cada vez más competitivo, donde la permanencia no está garantizada. Cada vez son más las empresas que están integrando la sostenibilidad en su estrategia de negocio, con métricas claras y una gestión consistente en el tiempo”.
Por su parte, el índice MILA consolidó una fuerte presencia chilena, con 24 empresas de un total de 58, lo que equivale a un 41% del índice, posicionando a Chile como el país con mayor representación, seguido por México (16 empresas), Perú (10) y Colombia (8).
A nivel global, el índice Emerging Markets redujo la presencia chilena a dos compañías: Banco Santander y CMPC, tras la salida de SQM. En tanto, en el índice DJBIC World se incorporó Banco Santander Chile, que se suma a Falabella y SQM, consolidándose como la única empresa chilena presente en cuatro indicadores simultáneamente. Esta cifra contrasta con años anteriores, ya que en 2021 Chile contaba con siete empresas en este índice, evidenciando una caída sostenida en su participación.
“Si bien Chile sigue mostrando una base sólida de compañías destacadas, los resultados también evidencian una mayor selectividad en los índices globales, lo que eleva el estándar y obliga a las organizaciones a fortalecer continuamente sus prácticas ESG”, comentó el ejecutivo.
SLR – Análisis índices DJBIC 2026
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EMISIÓN DE BONOS SOSTENIBLES EN CHILE CRECE 132% EN 2025 Y ALCANZA US$ 1,38 BILLONES
Solo en 2025, el total de este tipo de bonos representó más del 14% del total emitido, reflejando una renovada confianza de inversionistas y emisores en el mercado local.
El mercado de capitales chileno está mostrando señales claras de recuperación en la confianza de sus actores. Durante 2025, la emisión de bonos etiquetados (instrumentos asociados a proyectos sostenibles) creció 132% respecto de 2024, alcanzando $ 1,38 billones y representando 14,34% del total emitido en el mercado local.
Este dinamismo responde, en parte, a una alta confianza en el mercado local. Según datos de la Bolsa de Santiago, filial de nuam, en los últimos ocho años fueron 17 emisores los que realizaron colocaciones de bonos sostenibles, sociales, SLB -por sus siglas en inglés-, verdes y azules.
Dentro de las empresas están Aguas Andinas, Arauco, BancoEstado, Bci, Caja Los Andes, Caja Los Héroes, CMPC, Coopeuch, Copec, Enaex, Engie, Esval, Hortifrut, ILC, SONDA, Tanner y la Tesorería General de la República.
En ese periodo de tiempo, los emisores antes mencionados superaron los US$ 5.130 millones en bonos. Debido a lo trascendental de este hito para el mercado nacional, la Bolsa de Santiago decidió reconocer a las compañías que han apostado por colocaciones en renta fija.
Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago y vicepresidente de nuam, comentó que el rol de los mercados de capitales es movilizar el ahorro hacia inversión productiva que impulse el crecimiento económico. “Cuando el financiamiento se orienta a proyectos sostenibles, el impacto es aún mayor, porque fortalece tanto a las empresas como a la infraestructura financiera que sostiene el desarrollo de nuestras economías”, señaló Camus.
Cada emisión de bonos etiquetados representa, en este contexto, una doble señal de confianza: por un lado, inversionistas que están dispuestos a canalizar capital hacia proyectos con impacto desde el mercado chileno; y por otro, emisores que optan por estructurar su financiamiento bajo estándares sostenibles dentro del propio mercado local.
“El crecimiento de este tipo de instrumentos demuestra que el mercado chileno no solo está recuperando dinamismo, sino también evolucionando en calidad, estándares y propósito, alineándose cada vez más con las tendencias globales de financiamiento sostenible”, dijo Camus.
Este proceso se conecta con la evolución que impulsa nuam, orientada a construir mercados más profundos, líquidos y conectados con las necesidades de desarrollo de la región.
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RED DE ALIMENTOS CUMPLE 15 AÑOS RESCATANDO Y DISTRIBUYENDO PRODUCTOS DE ESENCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La organización, que agrupa a más de 200 empresas y cerca de 600 organizaciones sociales desde Arica a Magallanes, conmemorará su aniversario este 26 de marzo de 2026, destacando la importancia de seguir trabajando para mejorar la nutrición y calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.
Red de Alimentos conmemorará, junto a autoridades, representantes de empresas, organizaciones sociales, beneficiarios y su equipo de colaboradores, 15 años de trabajo del banco de alimentos de Chile. Desde el año 2010 a la fecha, la iniciativa ha rescatado más de 100 millones de kilos de alimentos y más de 40 millones de unidades de productos de primera necesidad, destinados en un 100% a personas en situación de vulnerabilidad, beneficiando a casi 250.000 personas.
“Esta es una instancia para agradecer a todos quienes han colaborado en este gran proyecto, que hoy se ha transformado en el banco de alimentos de Chile. Y también de recordar la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta el sector privado, el sector público y la sociedad civil; se necesita de esta gran red de colaboración para avanzar hacia nuestro propósito: Por un Chile sin hambre, y cumplir nuestro compromiso con las personas que viven en situación de vulnerabilidad”, señaló Alicia Hidalgo, gerenta general de Red de Alimentos.
Actualmente, más de 230 empresas contribuyen a esta cruzada a través del rescate y donación de alimentos, productos de aseo e higiene, así como también con recursos, mientras que cerca de 600 organizaciones sociales hacen posible su distribución en más de 1.800 centros de atención desde Arica a Magallanes, llegando a casi 250.000 personas. Además de lo anterior, la Red siempre está presente en las emergencias, como lo ha sido en este último incendio en la Región del Biobío, y también en Valparaíso, o incluso en Pandemia.
La ejecutiva recordó que actualmente 700.000 personas en Chile enfrentan un elevado grado de inseguridad alimentaria, y 1.300.000 personas viven en situación de extrema pobreza; y que la labor que realizan diariamente los colaboradores de Red de Alimentos es fundamental para mejorar el bienestar y calidad de vida de comunidades desfavorecidas.
“Estos 15 años son el reflejo del compromiso, la entrega y la convicción de un equipo que trabaja todos los días por un mismo propósito. Ese espíritu nos inspira y nos impulsa a seguir creciendo. La labor de la Red solo es posible gracias al apoyo de las empresas, las organizaciones y las personas que creen que es posible avanzar hacia un Chile sin hambre. Los invitamos a seguir construyendo juntos un país más solidario y sostenible”, expresó Hidalgo.
Entre los hitos del banco de alimentos de Chile también destacan la operación directa de 4 despensas sociales en las comunas de Renca, San Bernardo, Puente Alto, y recientemente en La Florida. Contribuimos así también a mejorar la calidad de vida de más de 7.000 personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Junto con lo anterior, nuestro trabajo ha permitido evitar la emisión del equivalente a 224.650 toneladas de CO₂ desde 2010, contribuyendo así también a la disminución de residuos, aportando a las metas medioambientales.
Mirada global
Cada año en Chile se desperdician 3.700 millones de kilos de alimentos al año, con una pérdida estimada de $200.000 por persona.
Para revertir esta realidad, Red de Alimentos basa toda su operación en una plataforma tecnológica, que aporta eficiencia y trazabilidad al manejo de todos los productos que recibe. Su labor se canaliza a través de tres vías:
Retiros desde su centro de distribución en San Bernardo,
Una red de centros de retiro entre Arica y Punta Arenas conectados a través de su aplicación, Despensas sociales, que benefician directamente a más de 7.000 personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Tras 15 años de trayectoria, Red de Alimentos busca consolidarse como el banco de alimentos de Chile con su cobertura nacional, visibilizando de manera clara la problemática del hambre. Su propósito es conectar esta causa con la ciudadanía de forma cercana, concreta y comprensible.
En este contexto, a través de la campaña “Esto sí es un combo”, la Red ha acercado esta causa a las personas, mostrando de manera tangible cómo el rescate de alimentos se transforma en apoyo real para quienes más lo necesitan.
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