Conversación
Blanlot y Punta Alcalde: «Estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país»
La ex secretaria ejecutiva de la CNE, Vivianne Blanlot, asegura que la decisión de la Corte de Apelaciones de invalidar la aprobación de la central a carbón de Endesa, deja en evidencia las falencias de la institucionalidad. Afirma que no hay aumento del bienestar sin energía a precios razonables.
La necesidad de tramitaciones ambientales más rigurosas, el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental y la necesidad de una actitud más presente del Estado en temas energéticos. Eso dejó en evidencia, según la ex secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el jueves invalidó el pronunciamiento con que el Comité de Ministros aprobó en diciembre el proyecto de carbón impulsado por Endesa Chile, Punta Alcalde. Ahora queda en la misma situación que otras iniciativas eléctricas, entre ellas Central Castilla, que han sido paralizadas judicialmente.
¿Qué le parece el fallo de la Corte de Apelaciones por Punta Alcalde?
Lo que pasó con Punta Alcalde tiene varias lecturas. El fallo plantea que la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama mostró que habían impactos ambientales y que se está amenazando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, y por lo tanto valida la relevancia de la evaluación realizada por la instancia regional. También arguye que el Comité de Ministros no se refirió a los aspectos que estaban en disputa en la reclamación, es decir, hace un llamado a sujetarse estrictamente a la normativa que rige el Comité de Ministros. Finalmente, dice que no se puede introducir una forma de compensación de emisiones en forma ajena a todo el procedimiento reglado anterior. Por lo tanto, por un lado está el serio problema que tenemos en el sector energético, pero también la necesidad de que se respete la institucionalidad. Ha habido una judicialización que ha trabado el desarrollo eléctrico, pero eso no se corrige con salidas de la institucionalidad que entorpecen y se constituyen en nuevas barreras. La intervención del Comité de Ministros no ayudó. Eso es un llamado de atención relevante. La Corte de Apelaciones cuestionó el método o funcionamiento más que el fondo. Dijo: no pueden introducir compensaciones que no se hayan visto en el procedimiento de evaluación.
¿Se desprestigió el procedimiento de la institucionalidad ambiental?
Dos errores no hacen una decisión correcta, incluso si uno piensa que la Corema se equivocó al rechazar Punta Alcalde. Aprobarlo de esa manera en el Comité de Ministros no ayuda. Desprestigia al modelo. Además, quienes están en contra tienen más argumentos para decir que las cosas se hacen por secretaría.
¿El proceso de evaluación ambiental debe mejorarse?
Absolutamente. Se requiere mirar en profundidad dónde están fallando las cosas. Este caso tuvo cinco adendas y recién en la tercera se introdujeron las objeciones que después dieron pie al rechazo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que después de cerca de casi dos años de procesamiento se ingresen exigencias no consideradas antes?
¿Qué se debe perfeccionar?
Deben aclararse los parámetros con los cuales se medirán los proyectos. Debe haber un trabajo previo desde el punto de vista de las instituciones técnicas que participan, en el que se definan los criterios de evaluación. El sistema se ha tornado impredecible, sin que desde el punto de vista medioambiental sea más riguroso.
¿Este tipo de actuación es de este gobierno o siempre ha sido así?
Ha sido cada vez peor. Los criterios de los servicios cambian de región a región, y de un proceso a otro. Y, además, con el sistema actual el agente privado hace lo que a él le parece que sería más atingente. Debe avanzarse hacia líneas de base elaboradas por el Estado, y a metodologías e incluso guías de evaluación por tipo de proyecto. Necesitamos procesos técnicamente definidos, con rigurosidad, en que efectivamente el tema ambiental sea lo relevante para las autoridades locales y no la prioridad económica del empleo en la región.
¿Qué fallas tienen las evaluaciones desde el punto de vista técnico?
Hay fallas cuando los servicios fluctúan en sus exigencias y cambian los criterios sobre la marcha en una evaluación, a veces sin explicación clara. El criterio técnico ambiental se puede pasar a llevar por prioridades económicas, pero también por agendas políticas regionales. Puede haber presión política para que un proyecto no se apruebe. Cada vez que priman las consideraciones políticas sobre la rigurosidad técnica se abona el camino a una mayor judicialización. Estos no son fenómenos asociados al gobierno de turno, han venido aumentando desde años atrás. Lo nuevo es cómo se manejó el Comité de Ministros.
¿En qué sentido?
El Comité de Ministros se ha venido manejando sin suficiente respeto por las normas y plazos legales. Se ven los proyectos según le parece al Ejecutivo, lo cual ya es un nivel de discrecionalidad que raya en la arbitrariedad y esto también desprestigia al sistema. Antes el énfasis estaba en contestar a las objeciones y reclamaciones estrictamente. Aquí (con Punta Alcalde), no se dio respuesta a los temas de fondo, sino que se introdujo una modificación a las compensaciones, no considerada antes en el proceso.
¿Esto se lo ha planteado al Presidente Sebastián Piñera?
Si bien en su momento tuve la oportunidad de conversar con el Presidente Piñera sobre el tema eléctrico, no hablamos sobre el tema ambiental, aunque sí en alguna reunión se comentó la judicialización. Diría que ha faltado en este gobierno una discusión centrada en cómo evitarla. Existe una falta de acción respecto a entender el fenómeno que lleva a la judicialización para evitarla. El 70% de la judicialización de proyectos no tiene que ver con medioambiente, sino con demandas sociales de las comunidades. Hay que hacer un trabajo en esta área.
¿Qué tipo de trabajo?
La forma en cómo se manejan las compensaciones no es adecuada. Muchas veces responde a prioridades de dirigentes, que en ocasiones no son suficientemente representativos. Por eso, pueden haber negociaciones inconducentes, y que no llevan a compensaciones eficaces.
¿Se está pagando a la vocería?
En cierta forma se paga de acuerdo con la vocería. Cómo se compensan social y ambientalmente los costos de un proyecto tiene que ser parte de un proceso más reglado. Podría existir un monto definido de los proyectos que van a mitigación, y a compensación social y ambiental. Se necesita alguna especie de unidad especializada, quizás con el Ministerio de Desarrollo Social, que analice en profundidad a las áreas dónde hay un impacto ambiental y social. No para compensar el daño, sino para mejorar el hábitat social y ambiental en la zona.
¿Así se puede ganar la confianza de las comunidades?
Existe una percepción de que los proyectos resultan sólo en beneficio para las empresas y no para beneficio de la sociedad. La sociedad tiene que recuperar la confianza en las instituciones en este sector. Se requiere el liderazgo del Estado como garante de que el desarrollo eléctrico es para beneficio de la sociedad.
¿Cómo se beneficia la ciudadanía con el desarrollo energético?
No hay crecimiento ni aumento del bienestar sin energía a precios razonables. En estos momentos las licitaciones de suministro para las distribuidoras que abastecen a los hogares consideran un precio techo de US$ 130 MWh y a esos precios seguramente no habrá ofertas suficientes. Para despejar las licitaciones, la única opción es que se indexen al costo marginal (precio spot).
Esta semana el gobierno se abrió a indexar al costo marginal…
No existe ninguna otra posibilidad económica y políticamente viable en el corto plazo, más que reflejar el costo marginal en la indexación, pero se requiere un procedimiento de aplicación como el de la Ley Corta II del 2005.
¿Qué pasa si los proyectos eléctricos siguen siendo trabados?
Si no se resuelve el problema del desarrollo eléctrico en forma eficiente, y a menores costos, la pérdida de competitividad es una grave amenaza. Países como Perú tienen costos de energía de US$ 60/MWh. Para la ciudadanía una economía no competitiva, con una energía cara, tiene un costo altísimo.
¿Afecta el crecimiento?
Por supuesto. De hecho, estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país. Esto del tema eléctrico no es un problema de tarifas un poco mayores o menores, que eran las discusiones del pasado, dentro de rangos aceptables. No, hoy nos estamos jugando el desarrollo industrial, minero y de las áreas donde queremos una economía con mayor valor agregado. Debemos encontrar estrategias para un desarrollo eléctrico que evolucione hacia menores costos. Es muy difícil, porque no tenemos recursos baratos. No tenemos hidroelectricidad a las puertas de Santiago y no tenemos carbón. No tenemos gas propio sin grandes costos de transporte. Todas nuestras opciones tienen un costo más alto.
¿Qué se puede hacer?
Además de un mejor manejo de la dimensión ambiental y social, es necesario asegurar que no se cometan errores regulatorios o en la planificación que agraven el problema. Por ejemplo, los atrasos que hoy existen en la transmisión troncal, que eran evitables. Son varios los frentes en que se debe actuar: mejorar el ordenamiento del uso del territorio para centrales térmicas, y estimular el aprovechamiento de economías de alcance en el desarrollo de infraestructura; eliminar trabas a un uso más intensivo de GNL en la medida en que sea competitivo; facilitar la conectividad de los proyectos de ERNC y pequeños proyectos al sistema troncal, entre muchas otras áreas de acción. Pero tal vez lo más importante es no cometer errores regulatorios, identificar tempranamente los conflictos ambientales y sociales asociados a diversos tipos de proyectos, e introducir un sistema de planificación potente de largo plazo.
¿Cómo ve la crítica del sector respecto a que ninguno de los candidatos a la presidencia ha expresado propuestas energéticas?
Ambas candidaturas (las con mayor opción) deberán tener un programa energético analizado muy cuidadosamente. El próximo gobierno enfrentará cuatro años difíciles. En términos concretos, y según lo que está en construcción en materia de generación, en el 2013 entrarán aproximadamente 1.000 MW, cerca de 300 MW el 2014, y prácticamente nada en 2015, ni 2016. Eso, frente una demanda que requiere cerca de 500MW anuales adicionales. Es decir serán cuatro años con sequía de desarrollo. En 2017 y 2018 la situación no cambiará si no se actúa desde ahora sobre los factores que han llevado a esta situación. En los próximos cuatro años se requerirá una gestión final para sobrellevar el período y permitir que a partir de 2017 y 2018, las perspectivas mejoren. La discusión de los temas energéticos está recién en pañales, no sólo en las candidaturas, sino también en la sociedad.
¿Cómo evalúa el “no” a HidroAysén y la propuesta 30/30 de Michelle Bachelet?
No le veo mayor problema a lo que dijo. Al 2030 sí podemos llegar a un 30% de Energías Renovables, dependiendo de lo que entendamos por renovables. Si bien no más del 20% puede ser de energías no firmes (eólica y solar), sí podemos llegar a mayores niveles con geotermia e hidroelectricidad.
Dada nuestra situación, no podemos negarnos a priori al desarrollar ningún tipo de energía. Tampoco a la energía de Aysén, ni nuclear. Sin embargo, si la oposición social a alguna energía es muy generalizada, se convierte en inviable.
Como sociedad debemos cambiar la mirada sobre el sector energético. Para que la energía hidroeléctrica de Aysén, y eventualmente la energía nuclear sean viables, se requiere demostrar que tienen beneficios para toda la sociedad y que sus costos ambientales y riesgos son manejables y menores a los beneficios. Mientras no se den esas condiciones, es decir garantía de rentabilidad social y distribución adecuada de los beneficios, es difícil que se viabilicen socialmente proyectos de gran envergadura.
Conversación
Autoridades lanzan Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2026 para enfrentar la mala calidad del aire en la Región Metropolitana
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, el Delegado Presidencial RM, Germán Codina, la Superintendenta del Medio Ambiente (s) Claudia Pastore, junto a los seremis metropolitanos y los servicios fiscalizadores de Transporte y CONAF, dieron inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos para la Región Metropolitana 2026, que se extiende hasta el 31 de agosto.
El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago establece que todos los años, en la época de mala ventilación atmosférica, se apliquen medidas para contrarrestar los episodios críticos de calidad del aire, como la restricción vehicular, la prohibición del uso de calefactores a leña o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones.
Desde el Cerro San Cristóbal, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, el Delegado Presidencial RM, Germán Codina, la Superintendenta (s) del Medio Ambiente Claudia Pastore, y los Seremis metropolitanos de Transportes, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Educación y Director de CONAF, anunciaron el comienzo de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) para la Región Metropolitana, que se extenderá entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.
La GEC -que forma parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la Región Metropolitana de Santiago, cuyo objetivo es dar cumplimiento a las Normas Primarias de Calidad Ambiental de Aire vigentes, asociadas a los contaminantes de Material Particulado Respirable MP10, Material Particulado Fino Respirable MP2,5, Ozono (O3) y Monóxido de Carbono (CO)- permite tomar medidas como la restricción vehicular, la prohibición de calefactores a leña en toda la región o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones, para reducir la contaminación atmosférica ante pronósticos de mala ventilación.
Al respecto, la Ministra Francisca Toledo indicó que “el plan de descontaminación es una política pública que sí ha dado resultados, disminuyendo en 75% el material particulado fino –que impacta a la salud de las personas- desde principios de los 90 a la fecha. Pero para reforzar las medidas de resguardo de la salud de la ciudadanía, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto se extenderá la Gestión de Episodios Críticos (GEC) que establece acciones para disminuir la exposición a niveles elevados de contaminación atmosférica en el periodo donde se registran condiciones meteorológicas más desafiantes”.
Por su parte, el Delegado Germán Codina, expresó: «Sabemos que, durante otoño e invierno, la Región Metropolitana enfrenta un desafío crítico con la acumulación de contaminantes que impactan la salud de la población, especialmente a niños y adultos mayores . La Delegación Presidencial Regional, también es parte del plan GEC, con el claro objetivo de colaborar con el cuidado de la salud de las personas«.
De acuerdo al último Inventario de Emisiones realizado el año 2022, las principales fuentes de emisiones de contaminantes en la RM, en un año normal, son el Transporte (33%), Maquinaria 20%, Leña (34%) e Industria y Fuentes Fijas (12%), por ello el PPDA considera medidas estructurales y de largo plazo para estas fuentes, además de acciones de corto plazo a través de la GEC para prevenir la exposición innecesaria de la población a altos niveles de Material Particulado Fino durante los 4 meses en que las condiciones de ventilación son las más adversas en la cuenca de Santiago.

Las Medidas permanentes en GEC
Durante el período GEC se establecen medidas permanentes para toda la RM. Se trata de la prohibición de circulación dentro de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, para vehículos con sello verde inscritos hasta el año 2011 y las motos inscritas hasta el año 2010. Además, existe la prohibición de entrada al anillo Américo Vespucio a todo vehículo sin sello verde.
Desde el Ministerio de Transportes se informó que el calendario 2026 de la Restricción Vehicular establece que la medida comenzará a aplicarse el lunes 4 de mayo con los dígitos 8 y 9, seguirá el martes con 0 y 1, miércoles 2 y 3, jueves 4 y 5 y viernes 6 y 7. El horario de prohibición es desde las 07:30 hasta las 9 de la noche.
La medida se extenderá entre los meses de mayo y agosto y prohíbe la circulación diaria de vehículos motorizados, dependiendo de su año de fabricación y tipo. En caso de decretarse episodios altos de contaminación ambiental -como Alerta Ambiental, Premergencia Ambiental y Emergencia Ambiental– se sumarán dígitos a la prohibición de circular.
“El llamado es a colaborar sobre esta medida medioambiental y dejar el vehículo en casa si le corresponde restricción. Nuestro sistema de transporte público es una alternativa eficiente y sustentable para moverse por la ciudad, evitar congestión y ayudar, a descontaminar el aire que todas y todos respiramos”, expresó el SEREMI de Transportes RM, Gonzalo Cuevas.
Otras medida permanente es la prohibición del uso de calefactores a leña en toda la Provincia de Santiago además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, exceptuando las que usan pellets. Durante el período GEC 2025, la SEREMI de Salud incrementó la fiscalización en 17 %., resultando un disminución de los sumarios sanitarios en un 87 % por el uso de calefactores en episodio ambiental.
Entre las medidas permanentes en periodo GEC está la prohibición de Quemas Agrícolas que se extiende entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año. La SEREMI de Agricultura RM -a través de los servicios CONAF y SAG RM- se encarga de gestionar las denuncias por este tema. También estos servicios -junto con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)- son los encargados de fiscalizar la calidad de la leña que se expende en las provincias rurales de la capital. Las multas por infringir la normativa oscilan entre las 1 a 70 UTM.
A contar del 26 de noviembre del año 2026 las Quemas Agrícolas estarán prohibidas durante todo el año (Del 1 de enero al 31 de diciembre) en toda la RM. En ese contexto, se reforzará las alternativas del uso del fuego ya conocidas (trozar y dispersar, silvopastoreo, lombricompostaje, reincorporación al suelo, cero labranza o siembra directa), y se buscarán acuerdos interinstitucionales para aumentar la llegada a los usuarios del fuego, con el fin de que en conjunto encontrar una solución rápida, efectiva y viable.
Medidas en Episodios Críticos de Contaminación
Cuando se decreta algún episodio crítico junto con intensificarse la fiscalización se hacen sugerencias a los establecimientos educacionales para modificar las clases de Educación Física por actividades con menos exigencia física, las que se pueden consultarse en la SEREMI de Educación RM.
En episodio de Alerta se extiende la prohibición del uso de calefactores a leña a toda la Región Metropolitana, excepto pellets. En Preemergencia, la prohibición de uso de calefactores a leña en toda la RM incluye los pellets, además aumentan los dígitos de Restricción Vehicular y paralizan las fuentes industriales correspondientes a Grandes Establecimientos que no cumplan con la reducción de sus metas anuales.
El universo de los Grandes Establecimientos Industriales corresponde a 55 empresas –equivalentes a más de 828 fuentes estacionarias que corresponden a calderas, hornos panaderos y procesos con y sin combustión–, y el listado está publicado en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente: https://mma.gob.cl/listado-de-grandes-establecimientos-en-la-rm/
La Fiscalización la realiza la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y para la GEC 2026 constataron que 50 grandes establecimientos han verificado la reducción de sus emisiones de MP, identificándose 5 grandes establecimientos que serían incorporados en el primer listado de paralización.
La Superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, explicó que la SMA es el organismo encargado de liderar y coordinar las actividades de fiscalización en el marco del plan de descontaminación de la RM, además de fiscalizar a las industrias que tienen calderas y procesos con y sin combustión. “Como Superintendencia tenemos un rol clave en la fiscalización y control de emisiones de los grandes establecimientos, en la línea de verificar el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones a las que están sujetos, entre ellas, material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. A ese trabajo se suma un fuerte trabajo preventivo que realiza la institución a fin de evitar incumplimientos por parte de los titulares”, señaló la autoridad.
Las multas por incumplimiento de paralización de grandes establecimientos oscilan entre 1 Unidad Tributaria Anual (UTA) y 10.000 UTA. El valor de 1 UTA al mes de mayo de 2026 es de $ 847.056.
Detalle Medidas GEC
Exenciones Restricción Vehicular
Quedan exceptuados vehículos de Carabineros, PDI, Bomberos, Gendarmería, ambulancias, fiscalización, municipales con funciones policiales, estatales (según D.L. 799), transporte público urbano, diplomáticos, escolares autorizados, funerarios, TV con equipos de transmisión, eléctricos o híbridos, a gas con revisión vigente, recolectores de basura, y servicios médicos o de emergencia.
También se excluyen vehículos de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o TEA, siempre que cuenten con credencial o certificado médico que acredite la condición, y en estos casos se requerirá autorización previa de la SEREMI de Transportes para circular.
Para el periodo 2026 se mantiene el trámite de exención digital a través de la plataforma, https://cerofilas.subtrans.gob.cl/ para personas naturales. En tanto, las personas jurídicas deberán realizar el trámite a través del correo [email protected], lo mismo los casos excepcionales.
Recomendaciones Actividades Físicas en Establecimientos Educacionales
Alerta Ambiental
En los días de Alerta Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, evitando esfuerzos de alta exigencia y abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo.
Preemergencia Ambiental
En los días de Preemergencia Ambiental, se recomienda que las clases de Educación Física no se suspendan, sino que restrinjan la intensidad de su ejecución, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que impliquen un menor esfuerzo físico y un menor desplazamiento, tales como actividades de equilibrio, estabilidad, ejercicios funcionales y de manipulación, entre otros.
Emergencia Ambiental
Los días de Emergencia Ambiental, se recomienda que las clases de Educación Física no se suspendan, sino que adapten su contenido e intensidad, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que impliquen un mínimo de esfuerzo físico y baja exigencia cardiovascular, tales como hábitos postulares, actividades de motricidad fina y coordinación, entre otros. Estas actividades deben realizarse bajo techo, en una sala de clases, u otro espacio cerrado similar.
Listado Grandes Establecimientos que deben paralizar (al 1 de mayo 2026)

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Cambio Climático
CONSEJO NACIONAL DE ESCAZÚ REALIZA SU PRIMERA SESIÓN ENCABEZADA POR LA MINISTRA FRANCISCA TOLEDO
La instancia abordó el seguimiento de acuerdos, el avance de sus comités temáticos y los preparativos de Chile ante la próxima COP del Acuerdo de Escazú.
Se desarrolló, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, una nueva sesión ordinaria del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, instancia que tuvo como hito ser la primera presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, desde el inicio de su gestión. Durante la jornada se revisó el estado de avance de acuerdos previos, el trabajo en desarrollo de los comités del Consejo y antecedentes vinculados a la próxima Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú.
La ministra Toledo destacó la importancia del Acuerdo de Escazú para Chile y su proyección en el ámbito continental (América Latina y El Caribe). En ese marco, señaló que este proceso “es una plataforma para hacer un aporte regional” y afirmó que ese es el espíritu con el que espera conducir el trabajo del Consejo, junto al compromiso de consejeras y consejeros que, desde sus distintas miradas y trayectorias, contribuyen a fortalecer el papel que Chile puede desempeñar en esta materia.
La sesión permitió dar continuidad al trabajo desarrollado desde la ratificación del tratado, consolidando este Consejo como una plataforma clave para promover el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.
Incluyó también el reporte de avance de los comités sobre “Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales” y de “Seguimiento para la Implementación del Acuerdo de Escazú”. En la ocasión, ambas instancias dieron cuenta del trabajo que vienen desarrollando para profundizar sus respectivas materias y elaborar propuestas que posteriormente serán presentadas al Consejo Nacional, con el fin de orientar su labor durante el presente año.
Junto con ello, el Consejo conoció antecedentes preparatorios sobre la COP4 del Acuerdo de Escazú, que se desarrolla en Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril, recibiendo información por parte de los puntos focales del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de compartir un panorama actualizado sobre esta cita internacional.
El Consejo Nacional de Escazú es una instancia de participación formal y representativa, integrada por instituciones públicas y por representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Su finalidad es apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en el seguimiento de la implementación del “Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030”, instrumento de política pública elaborado participativamente para avanzar de manera progresiva y continua en los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y el fortalecimiento de capacidades y cooperación.
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Conversación
La trazabilidad en la moda: DE OBLIGACIÓN REGULATORIA A VENTAJA ESTRATÉGICA
Cuando compramos una prenda solemos fijarnos en el precio, el diseño o la marca. Sin embargo, rara vez nos interesamos por el lugar de procedencia, quién cultivó el algodón, dónde se tiñó el tejido o en qué condiciones se confeccionó.
Esta falta de visibilidad no es accidental. Durante décadas ha formado parte estructural del modelo de producción de la moda. Pero ese paradigma está cambiando. No solo porque hay una mayor sensibilidad medioambiental o social, sino por una transformación más profunda: la trazabilidad está dejando de ser una herramienta técnica para convertirse en una oportunidad estratégica.
Más que saber ‘de dónde viene’
Durante años, la trazabilidad se entendió como una cuestión vinculada al control de calidad o a la gestión de riesgos en la cadena de suministro. Su función principal era reactiva: localizar fallos o responder ante incidentes.
Sin embargo, el nuevo marco regulatorio europeo exige a las empresas información verificable sobre composición, origen, impactos ambientales, aspectos sociales y circularidad del producto.
En este contexto, la trazabilidad pasa a funcionar como una herramienta transversal que conecta regulación, estrategia empresarial, gestión operacional y comunicación con el consumidor.
El verdadero motor del cambio: el dato
Analizamos cómo puede ayudar la trazabilidad a mejorar la toma de decisiones y reforzar la confianza, el posicionamiento y la competitividad de las empresas del sector textil. Nuestro estudio muestra un hallazgo clave: los factores de gobernanza (como la transparencia y el cumplimiento normativo) superan a los medioambientales y sociales como principales habilitadores de la trazabilidad.
Este resultado cuestiona el enfoque tradicional de la sostenibilidad en la moda, históricamente dominado por la dimensión medioambiental, y refuerza la idea de que el reto central ya no es solo reducir impactos, sino medirlos, validarlos y gestionarlos de forma fiable.
Gobernanza del dato y enfoque de impacto
Proponemos conectar las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (fatores ESG) con los requisitos de trazabilidad para que esta deje de ser una herramienta de cumplimiento y pase a ser un elemento estratégico.
Entendiendo la sostenibilidad como un sistema de gobernanza interdependiente –en el que que las decisiones ambientales, sociales y económicas se toman de forma conjunta y se integran en la estrategia central de la organización–, la propuesta es que el modelo ESG evolucione desde el reporting hacia un instrumento de gestión del impacto.
Los resultados de nuestro estudio muestran que variables como la transparencia del dato, la colaboración entre actores, la capacidad de innovación, la efectividad de los sistemas de gestión y el cumplimiento normativo son clave para activar esquemas efectivos de trazabilidad.
Sin estas estructuras de gobernanza, los datos ambientales y sociales existen pero permanecen fragmentados, no son comparables y tienen poca capacidad para informar para la toma de decisiones estratégicas.
De obligación regulatoria a ventaja competitiva
Aunque muchas empresas perciben la trazabilidad como una carga regulatoria, podría ser una fuente de ventaja competitiva al fortalecer las capacidades organizativas, apoyar la innovación y mejorar la gestión del riesgo.
Contar con datos sólidos permite mejorar la toma de decisiones estratégicas, identificar riesgos en las cadenas de suministro, reforzar la confianza de los inversores y reguladores, y diferenciarse en mercados cada vez más exigentes.
Desde esta perspectiva, la trazabilidad deja de ser un coste de cumplimiento para convertirse en un activo.
Consumidores, transparencia y riesgo de ‘greenwashing’
El consumidor también está cambiando. Aunque el precio sigue siendo determinante, crece el interés por conocer el origen y el impacto de los productos. Herramientas como los códigos QR conectan el producto físico con su huella digital.
No obstante, diversos autores advierten que sin sistemas robustos de verificación esta transparencia puede derivar en greenwashing y pérdida de credibilidad. La confianza del consumidor depende también de la calidad y gobernanza del dato.
La trazabilidad no es solo una cuestión tecnológica, también implica cambios organizativos, culturales y estratégicos. Las empresas necesitan establecer estándares comunes, invertir en sistemas de recogida y validación de datos, colaborar con sus grupos de interés y alinear la trazabilidad con la gestión ESG diaria. Esto supone pasar de una lógica de control puntual a una de aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en el impacto.
El futuro de la moda será trazable
Los cambios regulatorios y tecnológicos en el sector textil avanzan de forma conjunta. La digitalización está haciendo visible lo que antes permanecía oculto.
En este escenario, la pregunta es: ¿qué empresas sabrán integrarla como herramienta de innovación estratégica y no solo como respuesta normativa?
La trazabilidad no trata solo de seguir productos sino de gobernar información fiable. En una economía cada vez más basada en datos, esa capacidad puede marcar la diferencia.
Fuente/The Conversation (Creative Commons9
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PRESIDENTE KAST VISITA EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y ABORDA PRIORIDADES DE GESTIÓN CON AUTORIDADES
El Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó el Ministerio del Medio Ambiente, donde sostuvo una reunión de trabajo con la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Vial, instancia en la que se abordaron las principales prioridades de la cartera para los próximos meses.
En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.
Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.
La ministra Toledo destacó que “tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores”.
Añadió que “nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos”.
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PUBLICAN PRIMER REGISTRO PARA CHILE DE “ALGA ABANICO” EN LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO
El hallazgo fue realizado durante una expedición conjunta a Bahía Inútil entre investigadores del Programa Marino de la Fundación Rewilding Chile y CADIC-CONICET de Ushuaia para caracterizar la biodiversidad asociada a los bosques del alga gigante Macrocystis pyrifera.
El área de Bahía Inútil, en la región de Magallanes, no deja de revelar su asombrosa biodiversidad marina. Una publicación reciente liderada por especialistas chilenos y argentinos documentó por primera vez para Chile la presencia de la macroalga parda Microzonia velutina en el ambiente submarino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, sumando una nueva especie a la diversa flora ficológica de nuestro país y ampliando su rango de distribución en la costa atlántica Argentina.
El hallazgo se produjo en el contexto de la expedición conjunta realizada en marzo de 2025 entre investigadores del Programa Marino de la Fundación Rewilding Chile y CADIC-CONICET de Ushuaia, además de profesionales encargados del filmaciones submarinas y terrestres, con el fin de caracterizar la biodiversidad asociada a bosques fueguinos de Macrocystis pyrifera (huiro o sargazo). Para ello, se realizaron buceos exploratorios entre 3 y 6 metros en tres sitios de muestreo, dos en Bahía Inútil, lado chileno de la Isla Grande de Tierra Argentino, y uno en el sector argentino de Bahía Aguirre, en la Península de Mitre.
Respecto a la importancia del registro, Mathias Hüne, Director del Programa Marino de Rewilding Chile, destacó: “En el contexto de la crisis climática, ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina en altas latitudes es fundamental para sustentar estrategias de conservación y refuerza el valor biogeográfico de Tierra del Fuego y en particular de Bahía Inútil, como zona clave para la diversidad subantártica”.
El análisis de los resultados de la expedición fue publicado en la prestigiosa revista alemana Botánica Marina -la más clásica en su especialidad- como “New records of Microzonia velutina (Syringodermatales, Ochrophyta) in Isla Grande de Tierra del Fuego in the sub-Antarctic region”. Sus autores son Mauricio Palacios, investigador asociado de la Fundación Rewilding Chile; Julieta Kaminsky, del CADIC CONICET de Ushuaia; Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile; los ecólogos y taxónomos Erasmo Macaya de la Universidad de Concepción y Alicia Boraso, referente del estudio de macroalgas en Argentina, de la Universidad Nacional de la Patagonia, junto al fotógrafo submarino Mariano Rodríguez de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
En todos los puntos de muestreo, Microzonia velutina fue observada como parte de la flora del sotobosque en sustratos rocosos bajo bosques de huiro. A diferencia de los alargados huiros, cuyos bosques submarinos pueden medir hasta 80 metros, esta pequeña macroalga, con forma de abanico, no supera los 3 centímetros de altura y destaca por su color café oliváceo con pigmentación iridiscente en los bordes.
“No es fácil de ver, porque es bien chiquita y uno creería que puede ser un hongo como los que encontramos en los bosques terrestres, pero es una macroalga. Para poder encontrarla hay que buscarla con intención, no es fácil de ver, pero cuando la encontramos es muy característica la forma que tiene así de abanico, con unas pequeñas líneas y crece bien cerquita del sustrato de la roca”, indica Julieta Kaminsky, investigadora del CADIC-CONICET de Ushuaia.
“En términos generales, es una especie relativamente poco común y poco conocida, más típica en Nueva Zelanda, pero no abundante, con sólo dos registros en el hemisferio sur, particularmente en la costa atlántica de Argentina”, explica Mauricio Palacios, investigador asociado de Rewilding Chile. “Sabemos poco de su morfología externa, su ciclo de vida, de sus hábitos, por qué está acá y no en otro lugar, etc.”, complementa.
En la expedición se recolectaron talos completos de la pequeña macroalga y se realizó su identificación en base a morfología externa e interna, “a ojo desnudo”, como precisa Julieta Kaminsky para describir el método. “Después hacemos pequeños cortes que nos permiten observar en la lupa o el microscopio óptico y a partir de distintas características que son específicas o particulares y comparando con otros ejemplares que se parecían de Argentina y otros lugares del mundo podemos saber a cuál especie corresponde”, agrega. Una vez identificados, tres ejemplares fueron preservados en el herbario realizado que mantiene Rewilding Chile.
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