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Casi medio millón de hogares en Chile sufre vulnerabilidad energética
El 16% de los hogares del país gasta más del 10% de sus ingresos en calefacción, iluminación y cocción de sus alimentos, lo que afecta la cobertura de otras necesidades. Según estudio, el cambio climático y algunas medidas para mitigarlo pueden encarecer el precio de la electricidad, aumentando los hogares vulnerables.
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La electricidad en Chile no es barata. Según un informe de 2014 realizado por el Foro Económico Mundial, el país se sitúa en un lugar intermedio respecto a los países de la Ocde, con un precio de US$ 211 por MWh (al 2011), para los hogares.
Una cuenta de luz, en un hogar promedio en Chile (con un ingreso de 1.263.000 pesos), por ejemplo, es de $ 38.710, que sube a $ 63.150, considerando los gastos en gas u otros combustibles para calefacción o cocina, llegando al 5,3% de su ingreso. Pero en un hogar del primer decil (el más pobre), con un ingreso promedio de $ 254.000, el gasto en energía promedia $ 24.130, es decir, el 9,5% de su ingreso. Eso los pone en la línea de la pobreza y también de la pobreza energética, con una alta probabilidad de que no reciban la cantidad adecuada de servicios de la energía.
En Chile, según un análisis del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la U. Católica (Clapes UC), con base en la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y Casen, 480 mil hogares, es decir el 15,7% de los hogares del país, están expuestos a una situación de vulnerabilidad energética.
¿Qué significa esto? “La vulnerabilidad energética es la porción de los ingresos de los hogares que, después del gasto energético (sin considerar transporte), es menor al ingreso de línea de la pobreza”, dice el estudio.
Esta vulnerabilidad está presente en hogares de hasta el sexto decil, en distintos porcentajes, según el informe de Clapes UC: si en el primer decil un 66,8% de los hogares son vulnerables energéticamente; en el segundo decir esa cifra llega a 38,2%; en el tercero, 15,4%; y en el cuarto, un 4,9%. El segundo decil destina el 7,4% de sus ingresos a gastos en energía (ver infografía). Próximamente, Clapes UC contará con otras formas de medición de este tipo de vulnerabilidad.
Este casi medio millón de hogares podría incluso aumentar en los próximos años. “Cuando suban los precios de la electricidad, este número puede incrementarse, afectando sus ingresos. Todos los hogares que son vulnerables ante cambios en los precios de combustibles caerían en pobreza energética”, dice el economista Luis Edwin Gonzales, investigador de Clapes y autor del análisis.
En un contexto de cambio climático, en que se espera que el impuesto al carbono suba, el precio de la energía también debería hacerlo, dice Gonzales, y los hogares vulnerables alcanzarán el 20%. Incluso si se logra tener una matriz energética más limpia, el precio de la electricidad subiría, asegura. Con ello, también el gasto, sobre todo de los hogares más vulnerables, donde la electricidad es más del 60% del total pagado en energía (en los sectores altos constituye un 45% de este).
La antropóloga Anahí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética de la U. de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), concuerda con que ese número va a subir en los próximos años, pero acota que el concepto de pobreza energética es mucho más profundo que solo el gasto que se hace en energía en un hogar. “En países como el nuestro, la calidad también es relevante, no solo el tema de la equidad”, dice.
También los contextos culturales y territoriales. “Cuando se habla de la leña, por ejemplo, no es llegar y transformarles el tipo de calefacción, porque la cocina a leña también tiene una funcionalidad en la cultura del sur, que es el centro de reunión de la familia, hay temas que tienen que ver con costumbres. Para eso requerimos no solo estudios cuantitativos, sino estudios de casos, considerando contextos territoriales y culturales al menos”, agrega.
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El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, señala que están trabajando junto al PNUD para llegar a una definición de pobreza energética para Chile, trabajo que fijará las necesidades básicas que la energía debe satisfacer, recogiendo la diversidad climática y las definiciones sobre el tema. “La definición de pobreza energética es el primer paso para formular y focalizar políticas públicas adecuadas para abordar los problemas de acceso a la energía, como no contar con temperaturas adecuadas al interior de la vivienda, no tener acceso a agua caliente o no contar con suministro eléctrico”, sostiene.
Expuestos al frío
Mientras en los últimos quintiles -según los datos de Clapes- el gasto en energía puede superar los $70 mil por persona (que representa solo entre el 2% y 3% de sus ingresos), la Encuesta Nacional de Energía 2016, publicada en marzo, arrojó que el 23% de los chilenos pasó frío el último invierno. Una cifra muy alta, según los expertos, sobre todo considerando los estándares de frío en Chile.
“Si traes europeos, dicen que pasan mucho más frío en Chile que en sus países donde hay nieve, porque el nivel de confort térmico al que estamos acostumbrados en los hogares es bajo, estamos acostumbrados a pasar frío. Pero la gente que dice pasar frío lo hace de forma mucho más crónica y eso tiene consecuencias importantes, sobre todo para la salud de personas vulnerables”, dice Urquiza.
Quienes viven en pobreza energética no solo están más expuestos a enfermedades por la temperatura, sino porque para cubrir su necesidad de calefacción usan medios energéticos de baja calidad, lo que implica contaminación intradomiciliaria. “Eso no es menor, ya que las tasas de enfermedades de las poblaciones vulnerables, niños y adultos mayores, son más altas en los quintiles de menores recursos, y eso tiene que ver con la pobreza energética”, enfatiza.
El futuro del precio
“Ante los nuevos desafíos que surgen a consecuencia del progreso, la confortabilidad energética de los hogares surge como otra mirada a la vulnerabilidad”, dice Gonzales. Según su análisis, si los precios de los combustibles que se consumen en un hogar -para su calefacción, iluminación y cocción- suben, al menos 16.000 hogares adicionales caerán en pobreza energética, pues son los que hoy están en el límite. Se necesita, por ello, un sistema de compensación que mitigue el impacto que un impuesto al carbono puede tener en el precio de los combustibles o la eficiencia de los materiales de construcción de la vivienda.
“Las proyecciones de cambio climático dicen que en los próximos años el déficit hídrico en la zona centro-sur será importante, por lo que en los embalses donde se produce hidroelectricidad va a haber menos agua. Parte de esa implicancia puede ser que suba el costo de la energía, y cuando suba, las familias donde gastan más del 20% de sus ingresos en ello van a estar en una situación muy vulnerable, que no es lo mismo que el quintil superior donde gastan menos del 1% en energía”, dice Urquiza.
Hay una serie de medidas de mitigación contra el cambio climático que van a tener costos, lo que no significa que no hay que implementarlas sino que hay que entenderlos y generar el apoyo adecuado para la población en riesgo, agrega. Alternativas que van desde subsidios directos a familias más vulnerables hasta transformaciones estructurales para que la generación de energía limpia sea más accesible para esta población. Esto último es lo más sostenible, enfatiza. “A punta de subsidio es pan para hoy y hambre para mañana. Todo eso requiere una política pública con una mirada a largo plazo e integral del problema”.
Rebolledo agrega que, como parte de la Agenda de Energía del gobierno, se puso como meta reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico a clientes regulados en 25%, y que se han reducido las barreras de entrada para las energías renovables no convencionales y nuevos competidores, con lo que los precios de licitación han caído 63,1% respecto a 2013. A 2021 se espera que las tarifas bajen hasta en 20%.
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Fuente:LaTercera www.chiledesarrollosustentale.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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¿A quién afecta el cambio climático? 65% de participantes de estudios considera que el riesgo es mayor para otros que para sí mismos
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Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin
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