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Chile y la prueba verde

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En julio estuvieron en el país once expertos de la OCDE para evaluar si Chile ha realizado avances en materia medioambiental en la última década. El grupo se reunió con autoridades, académicos y representantes de ONG, quienes cuentan qué se llevaron los OCDE en sus apuntes y cuáles son las materias más urgentes en el área.

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En una ceremonia que se realizó en La Moneda en mayo de 2005, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la CEPAL le entregaron al Presidente Lagos la primera evaluación del desempeño ambiental de Chile. El documento, que era parte de los esfuerzos chilenos para formar parte de la OCDE, partía haciendo un duro diagnóstico sobre cómo el desarrollo económico del país había ejercido “una considerable presión sobre algunos recursos naturales”, como la minería y la acuicultura, y a continuación fijaba 52 tareas para ponerse al día.

En ese informe está el origen de medidas como la creación de un ministerio y superintendencia de Medio Ambiente; la promulgación de normas, como la de material particulado fino 2,5 que este año mostró la mala calidad del aire con más preemergencias; o la propuesta del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se discute en el Congreso.

Ahora la OCDE está preparando una segunda evaluación para averiguar qué más se ha hecho en Chile en los últimos 10 años, para lo que en julio llegó silenciosamente una misión de 11 expertos a hacer preguntas. El grupo estaba encabezado por Nathalie Girouard, jefa de la División de Desempeño e Información Ambientales del organismo internacional, especialistas en agua, aire, biodiversidad y cambio climático. En cinco días se reunieron por separado con una decena de académicos, una veintena de representantes de ONG y tres alcaldes de las denominadas “zonas de sacrificio” (saturadas por la contaminación), en una pequeña sala del ministerio, ubicado en calle San Martín. “Me dejó muy sorprendida la organización. Fue una actividad de muy bajo perfil y muy corta para algo tan relevante. La evaluación de 2005 nos llevó a la institucionalidad ambiental que tenemos ahora, ése es el nivel de impacto de una actividad como ésta”, comenta Pilar Moraga, abogada del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, quien, como otros asistentes, fue avisada con muy poca anticipación de la cita.

“No hubo un pimponeo propiamente tal. Ellos preguntaban y anotaban”, resume Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. También pedían documentos que respaldaran las opiniones, que varios no tenían a mano y quedaron de enviar. Sus preguntas dan luces sobre dónde persisten las debilidades verdes de Chile.

El marco

La misión OCDE preguntó con insistencia sobre las fortalezas y debilidades de la institucionalidad medioambiental, que es la primera de las 52 recomendaciones. Un punto de doble filo, según quienes expusieron, porque si bien hay avances tras la creación del ministerio, de la superintendencia y de los tribunales ambientales, la puesta en marcha ha sido lenta y no ha logrado imponerse frente a otras áreas como economía o salud. Álex Godoy, académico y director del programa de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad de la U. del Desarrollo, explica que “la implementación ha sido a la rápida y en el camino se han ido parchando los temas”.

Pilar Moraga pone como ejemplo los tribunales ambientales (hay dos funcionando y uno a la espera en Antofagasta). Explica que si bien ahora hay más demandas por daño ambiental que cuando sólo existía la alternativa de la justicia ordinaria, en su mayoría son rechazadas porque la gente común no tiene herramientas para presentar las evidencias que requiere un proceso. Eso, dice ella, ocurrió con el caso de Pascua Lama: “Es imposible para la sociedad civil generar una prueba de daño ambiental respecto de los glaciares si el monitoreo corre por cuenta de la empresa demandada”, dice y agrega que la única demanda que ha tenido éxito fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Para Gabriela Burdiles, abogada y coordinadora de proyectos de FIMA, el Estado debería proveer de abogados, tal como lo hacen las corporaciones de asistencia judicial en otras materias, como familia, ya que incluso los municipios se han visto impedidos de patrocinar causas de la comunidad por falta de especialistas.

“Chile hizo el esfuerzo de crear la Superintendencia, los tribunales ambientales y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora tendrá que dotarlos y que se plasmen en la realidad”, advierte Carlos de Miguel, jefe de la unidad Políticas para el Desarrollo Sostenible de Cepal, entidad coevaluadora, y agrega que para que estos organismos funcionen de verdad lo institucional tiene que ir de la mano de un presupuesto. La misma Cepal realizó un estudio que estima el gasto público en protección ambiental en Chile, en 2012, fue de 145.042 millones de pesos (8.900 pesos por persona), lo que corresponde al 0,5 por ciento del gasto público y al 0,1 por ciento del PIB de ese año. “Si tienes que fiscalizar los seis mil kilómetros del borde costero, los vertidos y la zona de protección y tienes dos fiscalizadores, bueno, ahí analizas la congruencia entre acciones e intenciones”, agrega.

Participe y edúquese

La OCDE promueve la participación y por eso preguntaron en varias oportunidades qué instituciones, fondos y espacios hay para que los ciudadanos se vinculen a la toma de decisiones. Hugo Rojas, alcalde de Puchuncaví, una de las “comunas en sacrificio” junto con Quintero, Coronel, Tocopilla y Huasco, habló de eso largamente. “Me preguntaron si las decisiones de la comunidad sobre la instalación de los proyectos e industrias en la zona eran respetadas. Les respondí que la opinión de la ciudadanía no es vinculante, que la comunidad puede estar en desacuerdo, pero si un proyecto cumple los requisitos ambientales, es aprobado igual. Aquí siguen ingresando industrias y la comunidad no quiere más. Hay tres en carpeta. ¡Si ya somos una zona saturada y se sigue buscando la fórmula de instalarlos!”.

Rojas invitó a la misión OCDE a visitar en terreno Puchuncaví y la escuela La Greda, donde si bien se trasladó a los niños en horario de clases, cada día vuelven a sus casas, “que están en el patio de las industrias”. Los OCDE se excusaron por falta de tiempo.

Gabriela Burdiles entregó datos: en el índice de democracia ambiental que realiza el centro World Resources Institute, la participación ciudadana es el ámbito más bajo de Chile (1,24 puntos, versus 1,89 en acceso a la información y 1,88 en acceso a la justicia). Si fuera un semáforo, tendría luz amarilla. “Los chilenos no saben cómo se puede participar en la creación de una norma, de una política pública o de un plano regulador”.

Uno de los aspectos en el que la misión más se enfocó fue la educación medioambiental y cómo se inserta en los programas de estudios: “Les preocupaba saber si estaba en las mallas curriculares, pero hubo un consenso en que no es un tema transversal y que no existe preocupación de meterlo en las distintas carreras”, dice Pilar Moraga. Álex Godoy le dio a la comisión datos que dicen que en Chile hay mayor interés en un magíster en tema de Negocios que de Sustentabilidad y lo miraron con asombro. “Ellos no podían entender eso, o que los programas de MBA no incorporaran temas ambientales”, cuenta. Por su parte, a Paola Vasconi, de Adapt-Chile, le preguntaron si había preparación de profesionales expertos en cambio climático y cómo se estaba abordando en las universidades. “No podía respaldar mi respuesta con datos en el momento, así que quedé de mandárselos”.

A algunos asistentes les llamó la atención que la misión OCDE asumiera que por haber un delegado presidencial para los Recursos Hídricos (Reinaldo Ruiz, nombrado en marzo de 2014) el tema del agua estaba casi resuelto cuando, de acuerdo a Pilar Moraga, el agua y la sequía son una de las principales vulnerabilidades del país. “Todos los estudios científicos nos están diciendo eso, pero en el debate legislativo esos temas no existen y nuestro marco normativo entiende la sequía como algo de urgencia y emergencia, y no como algo permanente”, dice.

A modo de resumen, Carlos de Miguel dice que el tema ambiental no ha permeado lo suficiente ni en la sociedad ni en otros ministerios. “En Chile, cuando la gente habla de medio ambiente, habla de contaminación, de la preemergencia, del basural y no de aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente. El tema de la concientización de la población se ha hecho en forma reactiva más que proactiva”, dice el personero de la Cepal.

¿Qué pasaría si Chile reprueba? “Si se saca nota roja hay un impacto político y en reputación importante”, responde De Miguel, pero no hay sanciones o exclusión del grupo. “Si los países aceptan ser evaluados es porque saben que deben cumplir”, agrega. Y Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, está confiado en que eso es lo que va a ocurrir. Dice que las grandes recomendaciones -la creación de una institucionalidad ambiental con rango de ministerio, de un Servicio de Evaluación Ambiental y otro de fiscalización- se han cumplido y que hoy los estándares ambientales para nuevos vehículos, nuevas termoeléctricas, fundiciones y calderas son “casi idénticos a los de la Comunidad Europea. El desafío fundamental es qué hacemos con las tecnologías más antiguas y cómo aceleramos su recambio”.

Los participantes en las reuniones no están convencidos de que la nota vaya a ser buena. En general, insisten en que la implementación de la institucionalidad ha sido débil. La opinión definitiva la tienen los evaluadores que ahora están preparando un informe que, de acuerdo a Ivana Capozza, analista OCDE y administradora de la evaluación, los países miembros, incluido Chile, se reunirán a discutir en marzo de 2016, tras lo cual finalmente se hará público.

 

Fuente:La Tercera 
www.chiledesarrollosustentable.cl
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Medio Ambiente

Desde reciclaje de aceite a parrillas a gas: Alcalde Desbordes y Ministra Toledo dan a conocer el lado Sustentable de la fonda del Parque O’Higgins.

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Una fonda que busca celebrar las Fiestas Patrias de manera más sustentable, es la apuesta de La Gran Fonda de Chile 2026, que este año incorporará nuevas medidas para reducir la generación de residuos, aumentar su valorización y promover prácticas de cuidado del medioambiente entre locatarios y asistentes. Es así como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; y el SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, dieron a conocer las medidas sustentables que se implementarán este año en el Parque O’Higgins.

Entre las novedades destaca un bus-punto limpio que comprimirá latas y botellas plásticas en el mismo lugar, además de un sistema de reciclaje de aceite de cocina que lo transformará en biodiésel, la recuperación de alimentos que no se vendan, parrillas a gas en el 100% de los puestos y compostaje de guano, vegetales y borra de café, entre otras iniciativas.

El alcalde Desbordes sostuvo que “la seguridad es tan importante como el cuidado del medioambiente y por eso queremos una fonda que se preocupe de cuidarlo entregando vasos que son reutilizables. El año pasado 85 mil vasos volvieron a sus casas y de esta forma se evita que se usen vasos plásticos que terminan en la basura. Estamos preocupados de educar medioambientalmente. Esta fonda va a tener el sello además en el uso de residuos orgánicos para compostaje, la reutilización del aceite de cocinar que será recuperado, de las botellas plásticas y latas”.

La máxima autoridad comunal insistió que “la Gran Fonda de Chile es una fonda segura y además amigable con el medioambiente, donde nos vamos a preocupar que no se contamine y que se eduque ya que vamos a estar enseñando prácticas ambientales por lo que está pensada en la familia”.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray afirmó que “durante las Fiestas Patrias podemos llegar a generar hasta 8 kilos de residuos al día, muy por sobre el 1,2 kilos habitual, por eso valoramos que este año la Fonda del Parque O’Higgins cuente con un sistema de reciclaje y menos desechables. Pero la invitación también es para los hogares, prefiriendo lo reutilizable y lo reciclable, y evitando el desperdicio de alimentos, para celebrar un 18 más sustentable”.

El año pasado, el Plan de Reciclaje aplicado en las fondas logró recolectar casi 20 toneladas de residuos durante los cinco días de celebración, alcanzando el 100% de valorización de ese volumen. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llegar a las 30 toneladas recicladas.

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  • Adiós al plástico de un solo uso: Se deja atrás la entrega de bolsas plásticas, bombillas, platos, cubiertos y envases de plumavit, dando paso a vasos reutilizables o desechables fabricados con materiales sustentables certificados, como PLA.
  • Energía limpia y cuidado del aire: Los equipos de cocina, hornos y parrillas funcionarán exclusivamente a gas, sin alterar los parámetros de la Estación de Monitoreo de calidad del aire del parque, y se incorporará iluminación LED de alta eficiencia.
  • Responsabilidad animal y oferta inclusiva: Cada espacio comercial deberá exhibir una conducta intachable de cuidado patrimonial y responsabilidad animal, además de incorporar alternativas veganas en sus menús.

La Subdirección de Medio Ambiente liderará jornadas de fiscalización durante las etapas de montaje, desarrollo y desmontaje del evento, resguardando el cumplimiento del reglamento de «Prohibiciones y Multas» de las Bases de Licitación 2026.


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Innovación

Ministerio de Ciencia anuncia primera participación de Chile a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo

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La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció que Chile se incorporará por primera vez a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo, a través de su propio Pabellón Global en la edición 2027 del evento, que se consolidará como el área sudamericana más grande en la historia de la feria.

La Dra. Ximena Lincolao, junto a la Ministra de Energía, Ximena Rincón, y la presidenta y CEO de CTA, Kinsey Fabrizio, sellaron esta nueva etapa con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza un compromiso conjunto para fortalecer los lazos de innovación entre Chile y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para las startups y empresas tecnológicas chilenas en el escenario global.

«Chile está entrando en un nuevo capítulo, con la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares de nuestra estrategia nacional», afirmó la Dra. Lincolao. «CES es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas. Llevar el ecosistema tecnológico de Chile al evento más influyente del mundo es parte de una decisión de país: poner a nuestros innovadores frente a los tomadores de decisiones globales este enero», agregó.

La incorporación de Chile a CES marca un hito en la proyección internacional de su ecosistema de innovación y confirma al país como un actor clave en la escena tecnológica sudamericana. Con fortalezas consolidadas en robótica, energía y tecnología espacial, Chile llega a esta plataforma global con una propuesta de valor propia: un modelo de desarrollo que combina inversión pública, talento local y vocación exportadora.

““Estamos muy contentos con esta invitación de la ministra Lincolao. Ya nos estamos imaginando desde Energía qué podemos instalar en ese stand en el que por primera vez Chile va a participar. Por ejemplo, la primera planta de eFuels en operación en el mundo, que está en Magallanes, o Solar Nomad de BLP, generación y almacenamiento solar sobre contenedores estándar para faenas sin red. Hay mucho que desde energía podríamos mostrar y agradecemos esta invitación”, señaló la ministra Rincón.

Por su parte, Kinsey Fabrizio, quien viajó a Chile para la firma del MOU, afirmó que «Chile es hogar de un ecosistema tecnológico dinámico y en rápida evolución, con fortalezas que abarcan robótica, energía, tecnología espacial y más. A través de CES, esperamos trabajar junto a los líderes de Chile para ayudar a mostrar estas innovaciones, fomentar la colaboración internacional y acelerar las oportunidades de crecimiento para las empresas chilenas».

Chile conformará una delegación que refleja la diversidad y madurez de su ecosistema de innovación, con empresas de sectores como robótica, energía, tecnología espacial y otras industrias emergentes que están posicionando al país como referente tecnológico regional. La presencia coordinada de Chile en CES 2027 fortalecerá sus conexiones con líderes de la industria internacional y reforzará su posición como hub tecnológico de Sudamérica.

CES 2027 se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo se reúnen para dar forma al futuro de la tecnología.


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Desarrollo Sostenible

Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones

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Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.

Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. ​La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.

También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.

Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.

Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.


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Desarrollo Sostenible

La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía

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Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.

Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.

Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.

Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.

En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».

Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».

Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.

«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.

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Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.

Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.

Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».


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Desarrollo Sostenible

Día Mundial del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad

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El Día Mundial del Agua fue establecido por las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua y la primera conmemoración tuvo lugar en 1993. Desde entonces, ONU-Agua coordina anualmente una campaña internacional dedicada a un aspecto específico de la crisis hídrica.

La creación de esta fecha respondió a una preocupación creciente: aunque el agua dulce es indispensable, su gestión ha estado marcada por la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad territorial, la degradación de las cuencas y la ausencia de infraestructura suficiente. La conmemoración busca sensibilizar, promover políticas públicas y acelerar las acciones necesarias para garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas.

La agenda internacional del agua adquirió un compromiso concreto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, junto con el saneamiento para todos, antes de 2030. Este objetivo no puede analizarse de forma aislada: se relaciona directamente con la salud, la educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, la energía y la protección de los ecosistemas.

El Día Mundial del Agua, por tanto, cumple una doble función. Por una parte, comunica la importancia ecológica y social del agua. Por otra, permite evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta para convertir los compromisos internacionales en servicios concretos, especialmente en los hogares rurales, las comunidades indígenas, los asentamientos informales y las zonas expuestas a sequías, inundaciones o contaminación.

El agua conecta todos los sistemas naturales. Circula entre la atmósfera, los suelos, los ríos, los lagos, los humedales, los glaciares, los acuíferos y los océanos. Esta circulación, conocida como ciclo hidrológico, sostiene los ecosistemas y regula procesos esenciales del planeta.

Cuando una cuenca se deforesta, el suelo pierde capacidad para infiltrar y almacenar agua. Cuando un humedal se drena, disminuye la protección frente a inundaciones y se destruyen hábitats. Cuando un río recibe descargas contaminantes, se deteriora la calidad del agua y se altera la cadena alimentaria. Cuando un acuífero se bombea más rápido de lo que puede recargarse, el déficit puede tardar décadas en revertirse.

Imagen de kalhh en Pixabay

La protección del agua exige, por tanto, proteger los territorios que la producen, almacenan, filtran y distribuyen. Los bosques nativos, páramos, glaciares, humedales, turberas y suelos saludables funcionan como infraestructura natural. A menudo son más baratos y resilientes que las soluciones exclusivamente construidas por el ser humano.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante para Chile, un país con una marcada diversidad climática y unos variados cambios a nivel territorial en la disponibilidad hídrica. El norte enfrenta condiciones extremadamente áridas; la zona central experimenta una prolongada presión sobre sus fuentes de agua; y el sur, aunque posee mayores precipitaciones, también enfrenta riesgos de contaminación, pérdida de ecosistemas y alteraciones asociadas al cambio climático.

En la Región Metropolitana, el agua depende de la salud de cuencas como la del río Maipo y de la capacidad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La conservación de la cordillera, los glaciares, los ríos y los humedales no es un asunto distante: influye en la seguridad hídrica de millones de personas.

El acceso a agua potable, saneamiento e higiene reduce enfermedades infecciosas y protege especialmente a niños, personas mayores y comunidades con menor capacidad económica. El agua segura también es indispensable en hospitales, centros educativos, hogares y espacios de trabajo.

La disponibilidad de instalaciones para lavarse las manos, limpiar superficies y gestionar residuos sanitarios constituye una barrera esencial frente a enfermedades. Pero la infraestructura debe estar acompañada por mantenimiento, calidad del servicio, educación sanitaria y sistemas de vigilancia.

La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza. La gestión sostenible requiere mejorar el riego, reducir pérdidas, recuperar suelos y elegir cultivos compatibles con las condiciones climáticas de cada territorio.

La eficiencia no debe limitarse a producir más con menos agua. También debe evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas, proteger los cauces y garantizar que las comunidades y los ecosistemas mantengan su acceso al recurso.

La agricultura regenerativa, la tecnificación del riego, la reutilización de aguas tratadas y la recuperación de la materia orgánica del suelo pueden contribuir a retener humedad y reducir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, estas soluciones necesitan regulación, financiamiento y asistencia técnica para no quedar restringidas a grandes productores.

El agua sostiene empleos en la agricultura, la industria, la energía, el turismo, la pesca, la salud pública y los servicios urbanos. También genera nuevas oportunidades en tecnologías de tratamiento, monitoreo, eficiencia hídrica, restauración de cuencas y economía circular.

La creación de empleos verdes en el sector del agua puede ser una oportunidad importante para incorporar a más mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas, como la ingeniería hidráulica, la operación de plantas, la gestión de datos y la planificación territorial.

El cambio climático es, en buena medida, una crisis del agua. El calentamiento global modifica las precipitaciones, intensifica sequías y lluvias extremas, acelera el derretimiento de glaciares, eleva la evaporación y aumenta la incertidumbre para las actividades humanas y los ecosistemas.

Las comunidades más vulnerables suelen ser las primeras afectadas. Quienes carecen de redes confiables, almacenamiento, seguros, sistemas de alerta o capacidad económica enfrentan mayores dificultades para responder a una sequía o una inundación.

Imagen de Anja en Pixabay

La relación es bidireccional. El cambio climático altera el ciclo del agua, pero la gestión del agua también puede generar emisiones. El bombeo, transporte, tratamiento y calentamiento del agua requieren energía. Si esta energía proviene de combustibles fósiles, la prestación del servicio contribuye al calentamiento global.

Una política hídrica climáticamente inteligente debe combinar adaptación y mitigación:

  • Proteger cuencas, humedales y suelos para aumentar la capacidad natural de almacenamiento.
  • Reducir fugas en redes urbanas y sistemas de riego.
  • Reutilizar aguas residuales tratadas de manera segura.
  • Diversificar las fuentes de abastecimiento sin destruir ecosistemas.
  • Mejorar los sistemas de alerta temprana para sequías e inundaciones.
  • Diseñar infraestructura resistente a temperaturas extremas y eventos climáticos intensos.
  • Reducir las emisiones de las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo.

Los ríos, lagos, humedales, estuarios y acuíferos son hábitats de una enorme diversidad de especies. También conectan territorios: permiten el desplazamiento de organismos, transportan nutrientes y sostienen cadenas ecológicas que pueden llegar hasta el mar.

La pérdida de biodiversidad acuática se produce por múltiples causas:

  • Contaminación industrial, minera, agrícola y urbana.
  • Extracción excesiva de agua.
  • Alteración de los caudales naturales por obras de infraestructura.
  • Destrucción de humedales y riberas.
  • Introducción de especies invasoras.
  • Aumento de la temperatura del agua.
  • Fragmentación de los hábitats.

Proteger la biodiversidad requiere mantener caudales ecológicos, restaurar riberas, controlar vertidos y reconocer que un río no es solamente un canal de transporte de agua. Es un sistema vivo.

Los humedales cumplen funciones particularmente valiosas. Filtran contaminantes, almacenan carbono, amortiguan inundaciones, recargan acuíferos y ofrecen refugio a aves, peces, anfibios, insectos y plantas. Su destrucción puede generar costos económicos y sociales mucho mayores que los beneficios inmediatos de urbanizarlos o drenarlos.

La restauración ecológica puede convertirse en una oportunidad de desarrollo local. La recuperación de ríos urbanos, quebradas y humedales crea espacios públicos, mejora la calidad del aire, reduce el riesgo de inundaciones y fortalece la educación ambiental.

La relación entre agua y energía suele pasar inadvertida. Para captar agua desde un río o acuífero, transportarla, potabilizarla, distribuirla, recogerla y tratarla se necesita electricidad. A su vez, muchas formas de generación energética requieren agua para refrigeración, procesamiento o producción de combustibles.

Esta interdependencia se conoce como nexo agua-energía. Una decisión en un sector puede afectar al otro. Por ejemplo, bombear agua desde una fuente cada vez más distante aumenta el consumo eléctrico; desalar agua puede ampliar la seguridad hídrica, pero requiere energía y una gestión responsable de la salmuera; mejorar la eficiencia de una planta puede disminuir simultáneamente los costos operativos y las emisiones.

Las principales oportunidades de eficiencia energética en el ciclo del agua incluyen:

  • Detectar y reparar fugas, ya que el agua perdida también representa energía desperdiciada.
  • Utilizar bombas eficientes y regular su operación según la demanda.
  • Incorporar sistemas de monitoreo digital y control inteligente.
  • Optimizar la aireación en plantas de tratamiento.
  • Recuperar biogás de los lodos residuales.
  • Instalar energías renovables en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
  • Reducir la necesidad de transportar agua a grandes distancias.
  • Promover la reutilización local de aguas grises y aguas tratadas donde sea seguro.

La eficiencia energética no debe utilizarse como argumento para debilitar los estándares sanitarios. El objetivo es brindar servicios seguros con menor consumo de energía, no reducir el tratamiento necesario ni trasladar riesgos ambientales a las comunidades.

Humanizar el Día Mundial del Agua significa comprender que la crisis no se expresa de la misma manera para todas las personas. Una interrupción del servicio puede ser incómoda para algunos hogares y una amenaza sanitaria para otros. Una sequía puede significar pérdidas económicas para una empresa, pero también la desaparición de una pequeña agricultura familiar o el desplazamiento de una comunidad.

El mensaje central de 2026 es claro: el agua puede reproducir desigualdades o ayudar a superarlas. Todo depende de cómo se distribuye, quién decide sobre ella, qué inversiones se realizan y qué lugar ocupan las comunidades en su gestión.

El agua es indispensable para la vida, pero su valor no se agota en la supervivencia. Bien gestionada, sostiene ecosistemas, fortalece la economía, reduce riesgos climáticos, impulsa la eficiencia energética y protege la biodiversidad.

El desafío del Día Mundial del Agua 2026 consiste en que esa visión no termine el 22 de marzo. La verdadera conmemoración comienza cuando las decisiones sobre cada río, cada acuífero, cada red de abastecimiento y cada sistema de saneamiento incorporan la dignidad, la participación y los derechos de todas las personas. Solo entonces el agua podrá cumplir plenamente su papel como base de un planeta saludable y de un desarrollo verdaderamente sostenible.

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