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Comisión de recursos hídricos desarrolló debate sobre naturaleza jurídica de las aguas
La instancia abordó la temática con la participación del director general de Aguas, Francisco Echeverría, y el ex titular del organismo bajo la administración de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner. En la oportunidad también se puso de relieve la necesidad de legislar en torno al tema de los glaciares y en impulsar una reforma constitucional complementaria, que habilite la aplicación del proyecto de ley.
Una extensa discusión en torno a la naturaleza jurídica de las aguas y los efectos que dicha definición legal acarrea para la población se desarrolló ayer en la tarde en el seno de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, en el contexto del análisis del proyecto (boletín 7543) que reforma el Código de Aguas.
La propuesta, ya aprobada en general y en proceso de debate del articulado, fue ingresada a trámite legislativo en marzo de 2011 por las diputadas Andrea Molina (UDI) y Alejandra Sepúlveda (Indep.) y los diputados Enrique Accorsi (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Enrique Jaramillo (PPD), Roberto León (DC), Fernando Meza (PRSD), Leopoldo Pérez (RN), Guillermo Teillier (PC) y Patricio Vallespín (DC).
La sesión focalizó gran parte del debate en la posibilidad de cambiar o, incluso, eliminar el artículo 4° del Código de Aguas, el cual señala que “atendida su naturaleza, las aguas son muebles, pero destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble se reputan inmuebles”.
La presidenta de la Comisión, diputada Adriana Muñoz (PPD), explicó que la duda se presentó tras aprobar en la pasada sesión un nuevo artículo V, que especifica que las aguas en todas sus formas son bienes nacionales de uso público. Dijo que algunos legisladores, dentro de los cuales se contó, estimaron que la norma aparece como contradictoria o redundante con lo planteado en el artículo IV.
En dicha línea, las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Alejandra Sepúlveda dijeron estar preocupadas por la interpretación que se pueda dar al artículo IV y que ello socave el fin de la definición de las aguas como bien nacional de uso público. Además, cuestionaron que la norma puede promover la especulación en torno a este recurso.
Esta posición fue refutada por los diputados Giovanni Calderón (UDI), Mario Bertolino (RN) y Matías Walker (DC), quienes llamaron a mantener la norma. El diputado Walker fue enfático en señalar que mantener la actual definición del artículo IV, donde se aclara que las aguas son bienes muebles o inmuebles, según su uso, es consistente con el Código Civil y en nada altera la idea matriz del proyecto, cual es explicar qué significa que el agua sea un bien nacional de uso público y establecer sus usos esenciales
Para obtener una apreciación más técnica del tema, la Comisión contó con las opiniones del titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Francisco Echeverría, y del ex director del organismo bajo la administración de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner.
Francisco Echeverría sostuvo que es importante mantener la distinción de la naturaleza de las aguas, como un bien, y el derecho de aprovechamiento, que se rige por las normas de la propiedad inscrita y las normas del Derecho Registral. Además, dijo que siendo la norma del artículo IV de carácter general, permite su uso en el tratamiento que se le da al agua como bien, conforme a las normas del Código Civil.
Informó que lo que no regula el Código de Aguas lo norma el Código Civil, por lo que restar la distinción presentaría diversas consecuencias desde el punto de vista jurídico. Asimismo, estimó redundante que el proyecto defina lo que es un bien nacional de uso público, ya que ello ya está descrito en el l Código Civil.
Rodrigo Weisner dijo no coincidir con esta última apreciación y, de hecho, valoró su especificación en el Código de Aguas y llamó a considerar una reforma constitucional en la misma línea.
Respecto de la distinción planteada en el artículo IV, señaló que está por mantenerla, aunque especificó que la opción se basa en una visión de carácter doctrinaria, que toma en cuenta la historia de la ley y la concordancia con la legislación anterior. Estimó que desde el punto de vista práctico, eliminar la diferenciación no implica mayores consecuencias, principalmente porque, en Chile, los derechos de aprovechamiento de aguas, sean estos sobre aguas de carácter muebles o inmuebles, siempre se tienen que contar con escritura pública e inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces.
Otros Puntos
Un tema en el cual coincidieron Echeverría y Weisner fue en la necesidad de definir de mejor forma la norma indicada en el nuevo artículo V, que señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas”.
Echeverría alertó que al indicar que un determinado bien nacional es de uso público, apunta a un dominio de todos los ciudadanos, que entra en colisión con el dominio estatal, que es exclusivo de la naturaleza fiscal. Recalcó que en este último caso, existe un dueño y, por tanto, no puede ser entregado para uso o goce de “todos”.
Weisner dijo que, efectivamente, ambos concepto chocan entre sí y puso como ejemplo la situación de un río, que como bien nacional de uso público puede ser usado por todos para pescar o bañarse, mientras que un mineral, de propiedad del Estado, sólo puede ser manejado por éste o concesionado para su explotación. “Un bien de dominio del Estado puede ser vendido, un bien de uso público no”, sentenció.
Otro tema discutido durante la sesión fue el relacionado con los glaciares. Tanto Echeverría como Weisner apoyaron la idea de legislación sobre la materia, visión que fue compartida por el conjunto de los diputados, sin embargo, discreparon sobre el alcance de la medida.
Echeverría consideró que podría haber un problema constitucional, por cuanto los glaciares no están definidos en ninguna parte y alguien podría sostener que es un bien privado y que podría requerirse una expropiación para su uso público. Además, consideró relevante establecer, más allá de la mención que se hace en el artículo V, una definición de ellos en el artículo II del Código de Aguas, tal como se hace con las aguas terrestres.
Weisner no se pronunció sobre este último punto, pero fue enfático en refutar la posible colisión constitucional. Reconoció que la discusión jurídica existe, pero recalcó que ello no se sustenta porque la ley habla de agua, sin hacer distinción del estado en el que se encuentra, es decir, si es líquida, sólida o gaseosa. “Poner hoy a los glaciares no es más que una precisión que hace el legislador”, puntualizó.
Finalmente, entre otros temas, se insistió en el debate sobre la necesidad o no de una reforma constitucional que habilite la aplicación de las normas contenidas en este proyecto. Echeverría llamó a no “descerebrarse por atacar la constitución” y pidió concentrarse en regular las situaciones en que un grupo determinado puede constituir o no derechos, impulsando medidas de mayor equilibrio entre todos los usuarios.
Weisner, al contrario, dijo que una reforma constitucional es esencial. Recordó que desde los años 90s, se han impulsado diversas propuestas legislativas que han sido frenadas en el Tribunal Constitucional (TC). Estimó pertinente que exista propiedad del aprovechamiento del recurso, ya que da estabilidad, asegura la inversión y promueve la eficiencia hídrica, pero consideró relevante establecer la prioridad de uso en la Constitución y así evitar que la aplicación de esta propuesta rebote en el TC.
La votación del artículo quedó pendiente, así como la revisión de algunas precisiones al ya aprobado artículo V. Además, se acordó estudiar una definición en materia de glaciares que se agregaría al artículo IV del Código de Aguas, conforme lo solicitado por el director general de Aguas.
por congreso
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Desarrollo Sostenible
Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Conversación
Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos
Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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Conversación
Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .
La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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