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Cómo el costo de Pascua Lama se multiplicó por nueve
¿Qué explica que el megaproyecto minero binacional, de la canadiense Barrick Gold, aumentara su inversión desde US$ 950 millones a cerca de US$ 10 mil millones?
LA detención temporal de Pascua Lama puso en suspenso el primer yacimiento binacional entre Chile y Argentina, que se transformaría en la mayor mina de oro en el mundo. El anuncio de la canadiense Barrick, sin embargo, no sorprendió tanto a nivel local, no sólo por los retrasos experimentados por la iniciativa desde que comenzó a planificarse, a mediados de los 90, sino porque ya estaba paralizada del lado chileno, en la Región de Atacama.
A estas alturas, además, aunque la envergadura del proyecto de oro y plata seguía siendo similar a la originalmente planeada, el costo de las obras se había multiplicado desde los US$ 950 millones iniciales a una cifra del orden de US$ 8.500 millones. De ellos, la multinacional ya había desembolsado unos US$ 5.500 millones, cifra que se destinó a la construcción de campamentos en Chile y Argentina, caminos, maquinarias y equipos necesarios para la producción. El grueso de la inversión quedó en el lado transandino, en San Juan.
Cálculos recientes indican que el costo de Pascua Lama podría superar los US$ 10 mil millones. Pero ese tema está por verse. El CEO de Barrick, Jamie Sokalsky, dijo el 31 de octubre que el proyecto se retomará cuando cumpla algunos pasos. “Dependerá de mejores condiciones económicas, como los costos futuros, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile”, fueron sus palabras.
Para que el proyecto sea rentable, explica un cercano a Barrick, el precio del oro de largo plazo debe mantenerse en US$ 1.500 por onza. El metal precioso se cotiza a US$ 1.309 por onza, lejos de los US$ 1.923 del 6 de septiembre de 2011. Barclays prevé que en 2014 el oro llegará a US$ 1.310 promedio y, para 2015, el economista Nouriel Roubini estima que caerá hasta los US$ 1.000 por onza (ver infografía).
CADENA DE ERRORES
Pascua Lama fue posible gracias al Tratado Minero Binacional, suscrito por los ex presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem, en 1997. Y desde un comienzo tuvo un fuerte rechazo por parte de la comunidad, debido al impacto que ocasionaría en los glaciares El Toro 1 y 2 y Esperanza. Para no afectarlos, en 2006, Barrick redujo el tamaño del rajo. Pese a esto, el potencial se mantuvo entre 800 a 850 mil onzas de oro los primeros cinco años. Su vida útil se rebajó. Hoy se estima en 25 años.
Pero los primeros problemas, indican ex ejecutivos de Barrick, partieron cuando la minera quiso construir el proyecto en forma directa. Para eso reclutó a un ex ejecutivo de Bechtel, Ron Kettles, quien tenía experiencia en construcción de yacimientos en Chile, como El Abra (Freeport y Codelco) y Candelaria (Freeport). El ejecutivo llegó en 2004. Cinco años después partió la construcción de Pascua Lama, y su puesta en marcha se estimó para el primer trimestre de 2012. Un ex alto ejecutivo atribuye a esta etapa el inicio de la “sangría económica” que vino a continuación, versión que comparten, en privado, directivos de la multinacional.
Las fallas de gestión y planificación se mostraron en todos los ámbitos. El campamento del lado chileno, por ejemplo, se dimensionó erradamente. Un ex trabajador lo recuerda así: “No cabíamos todos, no había camas suficientes para el descanso”. La iniciativa, además, era muy compleja. Al estar a 5.000 metros de altura, enfrentaba seis meses difíciles, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. “El proyecto tenía muchos flancos abiertos. Nunca estuvo armado”, dice una ex autoridad.
En el tiempo, se fueron agregando otros elementos. Uno de ellos fue la premura. “Para cumplir con las fechas, los ejecutivos apuraron la construcción. Tenía que salir a cualquier precio”, dice un cercano a Barrick. Un ejemplo de eso es lo sucedido con el pre stripping (movimiento de tierra para la confección del rajo de la mina). Esta labor comenzó a mediados de 2012, antes de terminar el plan de manejo de agua, requisito establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para dar inicio a las obras del rajo. Eso le pasó la cuenta a Pascua Lama. Por ese trabajo anticipado, en enero de este año el sistema colapsó y las aguas de contacto y no contacto se mezclaron. Es decir, las aguas subterráneas que han tomado contacto o no con el mineral. A raíz de esto, comenzó el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que gatilló en la multa de US$ 16 millones que estableció la autoridad ambiental.
Otro flanco fue la construcción de los caminos de acceso. Estos debían ser “hidratados” para evitar la polución de polvo. Debido a estos problemas, en octubre de 2012, Sernageomin suspendió los trabajos de movimientos de tierra, porque afectaban la salud de los trabajadores.
Todo esto llevó a un alza en los costos, que aumentaron a US$ 8.500 millones. El nuevo presidente de Barrick Sudamérica, Eduardo Flores, reconoció esos errores en entrevista con La Tercera y señaló que por los trabajos adicionales la puesta en marcha se correría por 18 meses, hasta mediados de 2016.
CAMBIOS Y NUEVOS ANALISIS
El arribo de Jamie Sokalsky a Barrick, a inicios de 2012 dio paso a una fuerte reestructuración. Primero se desvinculó al director de Pascua Lama desde 2011, Mike Luciano. Lo mismo ocurrió, un año antes, con Ron Kettles. Luego se decidió entregar las obras a Fluor, especialista en trabajos de ingeniería, construcción y factibilidad económica de proyectos, para terminar su construcción. La firma comenzó un proceso de revisión de costos, creó un equipo de trabajo en Santiago y estableció un programa de 100 días para presentar un plan.
No fue el único cambio. En abril de este año y tras detectarse problemas ambientales en el lado chileno, Barrick realizó fuertes cambios. Aceptó las renuncias de Guillermo Calo (presidente para Sudamérica), de Robert Mayne-Nicholls (director general de operaciones para la misma zona) y de Rodrigo Jiménez (vicepresidente de asuntos corporativos en el Cono Sur). Entonces llegó Eduardo Flores como presidente de Barrick Sudamérica y vicepresidente senior de Pascua Lama, junto a Marcelo Awad, ex ejecutivo de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, como director adjunto.
EL TEMA MEDIOAMBIENTAL
En los últimos meses, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, se reunió varias veces con los ejecutivos de la canadiense para conversar sobre los problemas ambientales. En paralelo, la construcción de Pascua Lama estaba suspendida por casi dos años. En este tiempo, Barrick debía construir un nuevo sistema de manejo de aguas, para evitar episodios como el de enero de este año.
Desde entonces, los rumores sobre un cierre crecieron. Meses antes del anuncio, además, la canadiense trató de conversar con autoridades argentinas para explicarles la necesidad de paralizar los trabajos por el lado argentino, pero sin éxito. El 31 de octubre, día del anuncio, el ministro de Planificación, Julio de Vido, dijo que no permitirán que el proyecto se detenga. Su mensaje fue claro: “El problema en Chile complicó el curso normal del proyecto minero binacional”, afirmó.
Para Barrick no era menor cerrar Argentina. En ese país se han invertido, a la fecha, unos US$ 3.500 millones. El presupuesto total era de US$ 5.500 millones, mientras que para Chile llegaba a US$ 3.000 millones. Y es en ese país donde ahora tendrán que despedir a más de cinco mil personas. Por eso, luego de conocerse la información desde Canadá, Guillermo Caló, presidente de Barrick Argentina, indicó que “como compañía estamos pasando una situación compleja”. “Pascua Lama es el único proyecto que Barrick tiene vigente y es estratégico”, añadió.
LO QUE VIENE
Dos días antes de conocerse el anuncio de Barrick, los ejecutivos de la minera se juntaron con los ministros de Minería y Medio Ambiente. En La Tercera Región también hubo reuniones. Se conversó con el intendente y el seremi regional de Minería. La única que quedó pendiente fue la del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que se concretó el lunes en La Moneda y que fue solicitada directamente por él.
Hoy Barrick está negociando con sus proveedores. El proceso se extenderá por tres meses y no está exento de conflictos, dado que los montos para terminar antes los contratos pueden ser altos. Junto con esto, se está conversando con los trabajadores de Pascua Lama, cuyos contratos tendrán que ser finiquitados. Este proceso se incluyó en la negociación colectiva que cerró el jueves.
La minera mantendrá a 350 personas en el lado chileno, para continuar los trabajos comprometidos con la SMA y para la mantención de los equipos dado que aún no se construyó un galpón para resguardar las máquinas. Para esta labor se requerirá de 100 trabajadores. La idea es que las maquinarias que están en el lado chileno (22 camiones, dos palas grandes, seis cargadores frontales, un chancador primario) se echen a andar todos los días para que no se deterioren con las bajas temperaturas. En Argentina también se requerirá de 100 personas. En este lado se trata de la correa transportadora que tiene cuatro kilómetros de extensión que lleva a los molinos, los que ya estaban instalados en el yacimiento.
Fuente: diario La Tercera https://www.facebook.com/chilemineria.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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¿A quién afecta el cambio climático? 65% de participantes de estudios considera que el riesgo es mayor para otros que para sí mismos
Codelco y Schneider Electric sellan acuerdo para impulsar la digitalización y eficiencia energética en minería
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