Cuando compramos una prenda solemos fijarnos en el precio, el diseño o la marca. Sin embargo, rara vez nos interesamos por el lugar de procedencia, quién cultivó el algodón, dónde se tiñó el tejido o en qué condiciones se confeccionó.

Esta falta de visibilidad no es accidental. Durante décadas ha formado parte estructural del modelo de producción de la moda. Pero ese paradigma está cambiando. No solo porque hay una mayor sensibilidad medioambiental o social, sino por una transformación más profunda: la trazabilidad está dejando de ser una herramienta técnica para convertirse en una oportunidad estratégica.

Más que saber ‘de dónde viene’

Durante años, la trazabilidad se entendió como una cuestión vinculada al control de calidad o a la gestión de riesgos en la cadena de suministro. Su función principal era reactiva: localizar fallos o responder ante incidentes.

Sin embargo, el nuevo marco regulatorio europeo exige a las empresas información verificable sobre composición, origen, impactos ambientales, aspectos sociales y circularidad del producto.

En este contexto, la trazabilidad pasa a funcionar como una herramienta transversal que conecta regulación, estrategia empresarial, gestión operacional y comunicación con el consumidor.

El verdadero motor del cambio: el dato

Analizamos cómo puede ayudar la trazabilidad a mejorar la toma de decisiones y reforzar la confianza, el posicionamiento y la competitividad de las empresas del sector textil. Nuestro estudio muestra un hallazgo clave: los factores de gobernanza (como la transparencia y el cumplimiento normativo) superan a los medioambientales y sociales como principales habilitadores de la trazabilidad.

Este resultado cuestiona el enfoque tradicional de la sostenibilidad en la moda, históricamente dominado por la dimensión medioambiental, y refuerza la idea de que el reto central ya no es solo reducir impactos, sino medirlos, validarlos y gestionarlos de forma fiable.

Gobernanza del dato y enfoque de impacto

Proponemos conectar las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (fatores ESG) con los requisitos de trazabilidad para que esta deje de ser una herramienta de cumplimiento y pase a ser un elemento estratégico.

Entendiendo la sostenibilidad como un sistema de gobernanza interdependiente –en el que que las decisiones ambientales, sociales y económicas se toman de forma conjunta y se integran en la estrategia central de la organización–, la propuesta es que el modelo ESG evolucione desde el reporting hacia un instrumento de gestión del impacto.

Los resultados de nuestro estudio muestran que variables como la transparencia del dato, la colaboración entre actores, la capacidad de innovación, la efectividad de los sistemas de gestión y el cumplimiento normativo son clave para activar esquemas efectivos de trazabilidad.

Sin estas estructuras de gobernanza, los datos ambientales y sociales existen pero permanecen fragmentados, no son comparables y tienen poca capacidad para informar para la toma de decisiones estratégicas.

De obligación regulatoria a ventaja competitiva

Aunque muchas empresas perciben la trazabilidad como una carga regulatoria, podría ser una fuente de ventaja competitiva al fortalecer las capacidades organizativas, apoyar la innovación y mejorar la gestión del riesgo.

Contar con datos sólidos permite mejorar la toma de decisiones estratégicas, identificar riesgos en las cadenas de suministro, reforzar la confianza de los inversores y reguladores, y diferenciarse en mercados cada vez más exigentes.

Desde esta perspectiva, la trazabilidad deja de ser un coste de cumplimiento para convertirse en un activo.

Consumidores, transparencia y riesgo de ‘greenwashing’

El consumidor también está cambiando. Aunque el precio sigue siendo determinante, crece el interés por conocer el origen y el impacto de los productos. Herramientas como los códigos QR conectan el producto físico con su huella digital.

No obstante, diversos autores advierten que sin sistemas robustos de verificación esta transparencia puede derivar en greenwashing y pérdida de credibilidad. La confianza del consumidor depende también de la calidad y gobernanza del dato.

La trazabilidad no es solo una cuestión tecnológica, también implica cambios organizativos, culturales y estratégicos. Las empresas necesitan establecer estándares comunes, invertir en sistemas de recogida y validación de datos, colaborar con sus grupos de interés y alinear la trazabilidad con la gestión ESG diaria. Esto supone pasar de una lógica de control puntual a una de aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en el impacto.

El futuro de la moda será trazable

Los cambios regulatorios y tecnológicos en el sector textil avanzan de forma conjunta. La digitalización está haciendo visible lo que antes permanecía oculto.

En este escenario, la pregunta es: ¿qué empresas sabrán integrarla como herramienta de innovación estratégica y no solo como respuesta normativa?

La trazabilidad no trata solo de seguir productos sino de gobernar información fiable. En una economía cada vez más basada en datos, esa capacidad puede marcar la diferencia.

Fuente/The Conversation (Creative Commons9
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, designó al abogado Arturo Farías Alcaíno como la máxima autoridad del Servicio de Evaluación Ambiental. 

La Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray y el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial Barrios, se reunieron con el abogado Arturo Farías Alcaíno luego de que hoy fuera designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, como nuevo Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. 

La Secretaria de Estado indicó que “tenemos un mandato del Presidente de la República de responder en forma ágil, en todos los ministerios, porque siempre hay personas detrás y no podemos llegar tarde a ellas. En el caso del SEA, el mandato es llegar con respuestas técnicas, sensatas, fundamentadas y respaldadas en el marco regulatorio”.

La ministra Toledo agregó que “el nuevo director del SEA va a tener un desafío muy importante que es agilizar las respuestas del servicio, llegar con las resoluciones y con los pronunciamientos de forma oportuna”.

Arturo Farías, cuenta con una importante trayectoria de 8 años en la institución: Primero se desempeñó como abogado en la Dirección Ejecutiva, para luego pasar a ser encargado del área jurídica de la Dirección Regional del SEA Metropolitano. Fue precisamente esa última repartición la que ha liderado desde julio de 2021 hasta la fecha, primero como director regional subrogante y, luego de un exigente proceso de selección por Alta Dirección Pública, como titular en el cargo desde 2022. 

El nuevo director ejecutivo, es abogado de la Universidad Alberto Hurtado; Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El director Farías aseguró que “asumo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast, a la ministra, Francisca Toledo, y también al subsecretario, José Ignacio Vial por la confianza depositada en mí. Quiero reafirmar mi compromiso con una gestión a la altura de las exigencias del país”. 

Además, agregó que “el desafío que hoy asumimos es claro, fortalecer el sistema, que entregue certezas, que funcione oportunamente, y que responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país. Siempre en el marco de la normativa ambiental”. 

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó el Ministerio del Medio Ambiente, donde sostuvo una reunión de trabajo con la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Vial, instancia en la que se abordaron las principales prioridades de la cartera para los próximos meses.

En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.

La ministra Toledo destacó que “tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores”. 

Añadió que “nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos”.

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En la primera sesión durante administración del Presidente Kast, la instancia resolvió dar curso a los parques eólicos Rinconada (región del Biobío) y Los Coihues (Ñuble) y a la iniciativa ERNC Tarapacá que incluye una central solar, una eólica y una línea de transmisión entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Tres proyectos, cuya inversión suman más de US$ 1.000 millones, revisó el Comité de Ministros en su primera sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, confirmó la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de 3 iniciativas de energía renovable que, tras cumplir con la normativa ambiental, se desarrollarán en distintos puntos del país.

En primer lugar, se dio curso al proyecto de Energía Renovable No Convencional (ERNC) Tarapacá, que tiene por objeto la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica para su despacho al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de transmisión eléctrica. El monto de inversión asociado es de US$ 200 millones y se ubicará en las comunas de Pozo Almonte y María Elena, Región de Tarapacá y de Antofagasta, respectivamente.

Luego fue el turno del Parque Eólico Rinconada, cuya inversión estimada es de US$365 millones y que tiene por objeto la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica despachada al Sistema Eléctrico Nacional mediante una Línea de Transmisión Eléctrica en las comunas de Laja y Los Ángeles, Región del Biobío.

Finalmente se revisó el Parque Eólico Los Coihues que se ubicará en las comunas de El Carmen, Pemuco y San Ignacio en Ñuble por USD$470 millones. Dicha iniciativa, también inyectará energía solar y eólica al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de transmisión eléctrica.

En la reunión, en la que participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos; y de Energía, Ximena Rincón, fueron analizadas las reclamaciones presentadas a los proyectos, las que fueron rechazadas en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental.

Al terminar el Comité, la ministra Toledo comentó que “es un hito la realización de este Comité, no solo porque es el primero de la administración del Presidente Kast, sino que también porque empezamos a dar cumplimiento al instructivo presidencial que nos mandata a resolver la serie de reclamaciones que están pendientes. Esto implica una nueva lógica de trabajo: tendremos, al menos, una sesión mensual, dándole agilidad y diligencia al procedimiento de evaluación ambiental”. 

Sobre el Comité de Ministros

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.

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El instrumento mantiene sus objetivos, estándares ambientales y obligaciones, incorporando ajustes que fortalecen su aplicación.

Luego de realizar una revisión orientada a mejorar la claridad del texto, su coherencia jurídica y su correcta implementación, el Ministerio del Medio Ambiente reingresó este viernes a la Contraloría General de la República el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.

El retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones. En este sentido, el instrumento mantiene plenamente sus objetivos ambientales, medidas y obligaciones.

“Luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación del instrumento, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”, señaló la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

La autoridad agregó que “como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambientales sólidos, claros y jurídicamente consistentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades”.

En tanto la SEREMI del Medio Ambiente Araucanía, Paula Castillo, indicó “Con el reingreso del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a Contraloría, cumplimos un compromiso que demuestra nuestra voluntad de proteger y recuperar este importante Lago. Además, estamos impulsando el primer instrumento en Chile enfocado en la recuperación de un cuerpo de agua, cuya implementación será clave para el ecosistema, la comunidad y todo el país”

Entre los principales cambios realizados, se ajustaron conceptos para asegurar coherencia con la legislación ambiental vigente y se modificaron ciertos plazos establecidos para la SMA en el marco de la dictación de metodologías necesarias para la aplicación del Plan.

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