Estamos en la antesala de la Semana Mundial del Agua, una instancia parareflexionar sobre el valor de un recurso que cada vez se vuelve más estratégicopara el desarrollo de las sociedades. Y el escenario encuentra a Chile, más allá delos fenómenos climáticos recientes, en una situación de estrés hídrico de largoplazo que exige una gestión cada vez más eficiente y resiliente.

Hasta ahora, el debate se ha centrado principalmente en los efectos sociales y
sanitarios que podría traer una gestión hídrica deficiente. Pero no es todo, porque
también existen importantes riesgos económicos. De acuerdo con el reciente
Resilient Water Futures Report de GHD, las principales economías del mundo
podrían ver una reducción de hasta USD $5,6 billones en su PIB al año 2050 si no
gestionan correctamente sus recursos hídricos.

Este es un escenario que en Chile no debiéramos tomar a la ligera. Más del 76%
de la superficie del país presenta algún grado de sequía, desertificación o
degradación de suelos, una realidad que instala un desafío creciente para
sectores clave como minería, energía, agricultura e infraestructura. La
disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor determinante para la
competitividad, la continuidad operacional y la sostenibilidad de las inversiones.

Sin embargo, este desafío también abre oportunidades. Hoy existen soluciones
que permiten avanzar hacia una mayor seguridad hídrica, como la desalación, el
reúso de aguas, la optimización de procesos, el monitoreo inteligente de recursos
y una planificación integrada de cuencas.

La Semana Mundial del Agua es una fecha para reflexionar sobre el Chile que
queremos para las próximas décadas. Más allá de preocuparnos por escenarios
de mayor escasez, debemos aprovechar esta instancia para impulsar una visión
compartida sobre la gestión del agua, fortaleciendo la colaboración entre los
diversos actores involucrados.

Carta al Director/ David Anabalón / Gerente de Agua de GHD en Chile
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Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas

Cuando el precio de la gasolina aumenta, la reacción inmediata suele ser culpar al petróleo. Sin embargo, la realidad energética actual es mucho más compleja. El mundo no enfrenta necesariamente un riesgo de disponibilidad de crudo, sino una creciente crisis de capacidad para transformarlo en combustible. Entonces, el verdadero cuello de botella ya no está en los pozos petroleros, sino en las refinerías.

El petróleo es solo la materia prima, ya que, convertirlo en gasolina exige sofisticados procesos industriales y grandes complejos de refinación cuya construcción demanda inversiones multimillonarias y años de desarrollo. Por ello, aumentar la producción de crudo no garantiza una mayor oferta de gasolina ni precios más bajos para los consumidores.

Las tensiones geopolíticas de los últimos años han puesto esta vulnerabilidad en evidencia. Los conflictos en Medio Oriente, las sanciones económicas, las interrupciones logísticas y la creciente exposición de infraestructuras energéticas estratégicas han demostrado que la seguridad de suministro depende tanto de la capacidad de refinación como del acceso al petróleo. Hoy, controlar una refinería puede ser tan estratégico como controlar un yacimiento.

Desde la perspectiva económica, ello explica por qué los precios de la gasolina pueden mantenerse elevados incluso cuando el valor internacional del barril disminuye. La capacidad limitada de refinación, sumada a una demanda aún robusta por combustibles líquidos, amplifica la volatilidad de los mercados y afecta directamente el costo del transporte, la producción y, finalmente, la inflación que enfrentan los hogares.

Esta realidad también plantea un desafío ambiental. Mientras la transición energética avanza con el desarrollo de vehículos eléctricos, hidrógeno de bajas emisiones y combustibles sintéticos, la economía mundial continúa dependiendo de una infraestructura de refinación diseñada para combustibles fósiles. La paradoja es evidente: el mundo necesita acelerar la descarbonización sin comprometer la seguridad del suministro energético.

Para países importadores de combustibles, como Chile, la lección es clara. La seguridad energética ya no puede medirse únicamente por la disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales, sino también por la resiliencia de las cadenas de refinación, la diversificación de proveedores y la incorporación de tecnologías energéticas de bajas emisiones.

La discusión, por tanto, no es si falta petróleo. La verdadera pregunta es si el mundo dispone de la capacidad industrial suficiente para transformarlo en la energía que mantiene en movimiento a la economía global. Ese será uno de los grandes desafíos geopolíticos, económicos y ambientales de la próxima década.

Columna de Opinión/Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios 
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Por Francisca Cortés Solari, Presidenta Ejecutiva de Filantropía Cortés Solari

Chile mira con orgullo su patrimonio natural y tiene razones para hacerlo. Pero ese orgullo implica una oportunidad que aún no hemos sabido aprovechar: comprender que la naturaleza no es el escenario externo donde ocurre la economía, sino su base más profunda.

Durante décadas, la conservación ha sido entendida como un costo sin retorno, incluso como una dimensión opuesta al desarrollo económico. Esa mirada resulta cada vez más insuficiente, porque la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos ni el simple escenario donde ocurre el desarrollo económico, sino el soporte que lo hace viable. El Foro Económico Mundial nos indica que más del 50% del PIB mundial, equivalente a cerca de US$44 billones, depende moderada o altamente de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que esta provee.

Nuestro país no está fuera de esa realidad. Según la Evaluación Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, el 17% del PIB chileno y el 55% de sus exportaciones dependen directamente de sus recursos naturales. Por ende, la naturaleza es parte esencial de nuestra economía. Falta reconocerla, valorizarla y conservarla con esa misma claridad. 

Valorizar los servicios ecosistémicos de la naturaleza permite cambiar el paradigma y salir de esa falsa disyuntiva. La conservación y el crecimiento económico no se oponen. Por el contrario, la primera garantiza la sostenibilidad económica en el tiempo. Proteger una cuenca, un humedal o un bosque nativo no resta terreno a la economía; asegura el agua, la estabilidad y la resiliencia de las que dependen las actividades productivas y las comunidades.

El desafío, entonces, es construir las condiciones para permitir que ese valor se reconozca y se sostenga en las decisiones públicas y privadas. El Estado cumple un rol insustituible al regular, planificar y orientar. Pero la conservación privada también tiene un rol estratégico: movilizar recursos, asumir riesgos tempranos, generar evidencia y desarrollar soluciones que luego puedan escalar mediante alianzas público-privadas.

Hemos avanzado en reconocer la importancia de proteger nuestros ecosistemas, pero todavía tenemos pendiente la construcción de modelos económicos, institucionales y de gobernanza que permitan sostener esa conservación en el tiempo. Proteger un territorio es solo el primer paso. El verdadero desafío es gestionarlo, financiarlo y conectarlo con las comunidades.

Darle valor a los ecosistemas no significa reducirlos a una cifra ni convertirlos en mercancía. Significa reconocer que el agua, los bosques, los suelos, los océanos y la biodiversidad son infraestructura crítica para la productividad, la resiliencia territorial y la calidad de vida.

Esto no significa reducir los ecosistemas a una cifra ni convertirlos en mercancía. Significa reconocer que el agua, los bosques, los suelos, los océanos y la biodiversidad son infraestructura crítica para la productividad, la resiliencia territorial y la calidad de vida.

La pregunta ya no es si debemos conservar, esa discusión parece cada vez más resuelta. La pregunta es si seremos capaces de construir una economía que reconozca el valor de la naturaleza que la sostiene y de cuidarla como lo que es: la base de nuestro futuro.

Columna de Opinión/Francisca Cortés Solari, Presidenta Ejecutiva de Filantropía Cortés Solari
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Por Vanja Isamat, Subgerente SSOMAC de Ecológica

A ocho años de la promulgación de la Ley 21.100, conocida popularmente como “Chao Bolsas Plásticas”, Chile tiene razones para sentirse orgulloso. La normativa se convirtió en una de las políticas ambientales más exitosas del país, impulsando un cambio cultural profundo y evitando la circulación de más de 11.500 millones de bolsas plásticas de comercio que antes terminaban en rellenos sanitarios, vertederos, ríos y océanos. 

Lo que parecía impensado hace una década hoy es parte de nuestra rutina: salir de casa con una bolsa reutilizable o asumir que ya no recibiremos una bolsa plástica en la caja del supermercado. La ley demostró que cuando existen reglas claras, voluntad política y compromiso ciudadano, es posible modificar hábitos de consumo a gran escala. 

Sin embargo, el aniversario de esta normativa también invita a una conversación más incómoda. Porque si bien Chile ganó la batalla contra las bolsas plásticas tradicionales, corremos el riesgo de estar perdiendo otra más silenciosa: la batalla contra el greenwashing.

La prohibición eliminó un producto altamente contaminante, pero dejó una pregunta abierta sobre sus reemplazos. Durante los últimos años han proliferado en el mercado bolsas etiquetadas como “ecológicas”, “verdes”, “reutilizables”, “biodegradables” o “compostables”, conceptos que muchas veces resultan difíciles de verificar para los consumidores y que no siempre cuentan con estándares claros o información suficiente para respaldar sus beneficios ambientales reales.

El problema es que la sustentabilidad no depende de una palabra impresa en un envase. Depende del ciclo de vida completo del producto: cómo se fabrica, cuántas veces se utiliza, si puede reciclarse, si existe infraestructura para gestionarlo al final de su vida útil y cuál es su impacto ambiental total. Sin esa mirada integral, una solución aparentemente sustentable puede terminar generando un impacto similar o incluso mayor al que pretendía reemplazar.

La discusión de fondo ya no es solamente sobre plástico. Es sobre credibilidad. Hoy los consumidores enfrentan un mercado donde abundan los mensajes ambientales, pero escasea la información verificable. Muchas personas compran productos convencidas de estar tomando decisiones responsables para el planeta, cuando en realidad carecen de herramientas para distinguir entre una innovación genuina y una estrategia de marketing verde.

Diversos especialistas y organizaciones ambientales han coincidido en que uno de los desafíos pendientes tras la implementación de la Ley 21.100 es avanzar hacia una regulación más robusta de los sustitutos y fortalecer los mecanismos de fiscalización. La experiencia demuestra que prohibir un producto es un primer paso importante, pero no suficiente para impulsar una economía verdaderamente circular. 

La situación también revela una brecha que trasciende el caso de las bolsas. Chile ha avanzado significativamente en políticas ambientales, reciclaje y responsabilidad extendida del productor, pero aún necesita fortalecer la coordinación entre las distintas normativas para evitar que los vacíos regulatorios permitan la proliferación de soluciones que prometen sustentabilidad sin demostrarla.

Por eso, el desafío de la próxima etapa no debería centrarse únicamente en prohibir más productos. Debe enfocarse en elevar los estándares de transparencia, trazabilidad e información para consumidores y empresas. Necesitamos definiciones claras, criterios técnicos verificables, fiscalización efectiva y educación ambiental que permita tomar decisiones informadas.

La gran lección que deja “Chao Bolsas Plásticas” es que los cambios son posibles. Chile fue pionero en la región al enfrentar un problema visible y logró movilizar a millones de personas en torno a una causa común. Pero los desafíos ambientales actuales son más complejos que hace ocho años. Hoy no basta con identificar aquello que contamina; también debemos ser capaces de identificar aquello que aparenta ser sustentable sin serlo.

Chile demostró que puede cambiar hábitos cuando existe una regulación clara. El desafío ahora no es eliminar otra bolsa más. Es impedir que la sustentabilidad se transforme en una etiqueta vacía. Porque una economía circular basada en marketing es tan desechable como el producto que pretende reemplazar.

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Por Danielle Polit, Head de Impacto y Materiales de Karün

Cada vez que una persona arroja una botella plástica al suelo, la reacción suele ser inmediata. Lo mismo ocurre con una lata, una bolsa o cualquier residuo de tamaño visible. Sin dudas, hemos avanzado en conciencia ambiental y actualmente existe un consenso respecto de que esas conductas son inaceptables.

Pero todavía existe una excepción. Una que vemos todos los días en calles, plazas, playas, estacionamientos y espacios públicos. Una que rara vez genera cuestionamientos y que corresponde a las colillas de cigarro.

Quizás la explicación está en su tamaño. Estos filtros parecen inofensivos porque son pequeños. Desaparecen rápidamente de nuestra vista y se asume, equivocadamente, que terminan degradándose de manera natural. Pero la realidad es distinta. Contienen acetato de celulosa, un material plástico capaz de permanecer durante años en el entorno y generar impactos ambientales asociados a la acumulación de residuos y la liberación de sustancias tóxicas en suelos y ecosistemas acuáticos.

Lo preocupante es que durante décadas hemos visto este problema como algo inevitable. Cada año se desechan inadecuadamente millones de colillas en el mundo, muchas de las cuales terminan en calles, playas, ríos y océanos. Pese a la magnitud del problema, seguimos tratándolas como si fueran un residuo menor.

Sin embargo, la innovación está demostrando que no tiene por qué ser así.

Hoy existen tecnologías capaces de recuperar el material contenido en las colillas, eliminar sus componentes tóxicos y transformarlo en nuevas materias primas. En Karün hemos tenido la oportunidad de incorporar una de estas soluciones a través de una colección de anteojos fabricados con material proveniente de colillas recicladas, desarrollada junto a la empresa chilena IMEKO.

Más allá del producto en sí, lo relevante es lo que representa. Esta iniciativa ya ha permitido evitar la emisión de 37,26 kilos de dióxido de carbono, retirar 956 gramos de sustancias tóxicas del medio ambiente y proteger más de 360 mil litros de agua. Son cifras modestas frente a la magnitud del desafío global, pero demuestran algo fundamental: incluso los residuos más complejos pueden reincorporarse a nuevos ciclos productivos cuando se combinan ciencia, diseño e innovación.

La economía circular no puede limitarse a reciclar aquello que resulta fácil recuperar. Su verdadero desafío está en encontrar valor donde históricamente sólo hemos visto basura. Y es que, a veces, las soluciones más interesantes no nacen de aquello que valoramos, sino precisamente de aquello que durante años decidimos ignorar.

Columna de Opinión / Danielle Polit, Head de Impacto y Materiales de Karün
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