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DE GASANDES A ALTO MAIPO: EL RÍO SUENA
Casi dos décadas después del emblemático conflicto medioambiental de GasAndes, la zona precordillerana tiene una nueva causa: la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Un grupo que partió siendo minoría, pero que en el último mes ha tomado forma entre la comunidad que amenaza con volver a levantarse como hicieron en los noventa.
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“¡El agua no se vende, se defiende!”, gritan los manifestantes que ocupan unas cinco cuadras de la Alameda. Se ven banderas del Pro, el Partido Humanista, las Juventudes Socialistas, la DC y movimientos anarquistas; a los diputados Camila Vallejo y Daniel Melo; al ex candidato presidencial Alfredo Sfeir dando entrevistas; a un grupo de “sahumadoras” -personas que hacen sahumerios- y también a “kayaquistas” -personas que andan en kayak-. Es la mayor muestra de apoyo público que han organizado los opositores del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de la generadora AES Gener y la minera Los Pelambres, que reunió a miles de personas el sábado pasado para pedirle a Michelle Bachelet que la resolución de calificación ambiental sea revocada y se pida un nuevo estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica. El objetivo de fondo es que el proyecto, uno de los más grandes que hay actualmente en construcción, simplemente no se haga.
La marcha, en la que participaron más de 60 organizaciones, fue convocada por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), surgida en 2007, junto con las primeras tramitaciones de la hidroeléctrica, cuando un grupo de directivos, profesores y apoderados del colegio Andino Antuquelén, en la localidad de El Manzano, comenzaron a preguntarse por las consecuencias del proyecto. Luego se sumaron otros miembros de la comunidad del Cajón del Maipo, como Marcella Mella, hoy vocera del movimiento; la ambientalista Sara Larraín y el ingeniero en aguas Jack Stern, quienes además tienen tierras en la zona por donde va a pasar el proyecto; el empresario Olaf Bercic, dueño de la conocida Trattoria Calypso; y la legendaria familia Astorga, dueña del centro turístico Cascada de las Ánimas. Las reuniones eran cada martes en el colegio.
En mayo de 2008, AES Gener retiró el proyecto original del Sistema de evaluación impacto ambiental (SEIA) y lo volvió a presentar a los 15 días considerando las observaciones ciudadanas. “Esto nos obliga a estudiar todo de nuevo, se suman nuevos actores de la comuna y se empieza a diversificar la coordinadora”, cuenta Mella. Se vinculan otros grupos como empresas de rafting y la Asociación de Andinismo. También comienzan los acercamientos con la Cámara de Turismo del Cajón de Maipo, que terminan con los 40 empresarios que la componen en el movimiento. Con eso las asambleas de los martes se trasladan desde el colegio a la Trattoria Calypso, el restaurant Los Cuernos del Toro o el centro de eventos Casa Bosque.
En marzo de 2009, la Corema de la Región Metropolitana aprueba el proyecto y la CCRM asume que su mensaje no está llegando a sus vecinos. “La empresa promueve la división en la comuna entre los que tienen la necesidad de trabajar y nosotros ‘los hippies que tenemos la vida resuelta’”, se queja Mella. Por eso a fines de ese año deciden llevar su discurso a toda la ribera del río Maipo y Stern, el ingeniero Tomás González y el estudiante de derecho Anthony Prior inician charlas informativas en distintas comunidades.
Esta no es la primera vez que el Cajón del Maipo es escenario de conflictos entre la comunidad y las grandes empresas. Hace casi dos décadas, GasAndes marcó un hito en la causa medioambiental chilena. Anunciado en 1995, nace para transportar gas natural entre la provincia argentina de Neuquén y la Región Metropolitana a través de un gasoducto que pasaba por sectores del Cajón del Maipo. Pero enfrentó una fuerte oposición en la zona. “Fue la primera vez que se vio el movimiento ambientalista como defensor de las comunidades”, dice Elena Serrano, directora de relaciones comunitarias de GasAndes en esos años.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, el proyecto sirvió para ver en acción la recién creada legislación ambiental chilena. Las comunidades poco podían hacer legalmente: GasAndes tenía derecho a las servidumbres de paso y tránsito para acceder a sus terrenos. Todo había sido visado antes de cualquier estudio ambiental. “El gobierno de Eduardo Frei no era un ente neutral, estaba absolutamente jugado por el proyecto”, dice Carlos Aldunate, director de la Escuela de Periodismo en la UDP y autor del libro El factor ecológico: las mil caras del pensamiento verde.
En 1996 se anunció el trayecto final del gasoducto y partió lo que la prensa bautizó como la “guerra del gasoducto” con tres focos de resistencia en Pirque, San Alfonso y Cascada de las Ánimas. El mensaje era claro: no permitirían el paso del gasoducto por sus localidades, y para demostrarlo los vecinos de San Alfonso bloquearon el camino e impidieron el paso de los contratistas de GasAndes. En la Cascada de las Ánimas la familia Astorga cortó el único puente para acceder al lugar, iniciando una resistencia que duró un mes y los transformó en un símbolo. “Ellos aportan algo que en general el movimiento medioambiental ha perdido: épica. Fueron los héroes y agregaron un elemento tangible: la Cascada de las Ánimas, una especie de paisaje mágico que se tenía que defender. Eso, comunicacionalmente, es muy fuerte”, dice Aldunate.
Finalmente, la empresa se sentó a negociar rutas alternativas para el gasoducto en un hecho inédito para el país y pactó con Manuel José Ossandón, alcalde de Pirque, la construcción de sedes comunitarias y casas para los más pobres de la comuna. Además, anunció una vía alternativa que abarcaba sólo 200 metros de Cascada de las Ánimas y que no atravesaba San Alfonso, donde se comprometió a pagar un millón de dólares a la comunidad e invertir otros 10 millones en medidas de seguridad en un convenio que quebró para siempre confianzas. “En esos años nadie en Chile tenía experiencia en negociaciones para asesorar a la comunidad. Ni abogados ni líderes ambientales. La comunidad lo hizo sola”, recuerda Liberona, que fue dirigente de San Alfonso durante el conflicto.
Hoy las cosas han cambiado. La coordinadora que agrupa a los opositores a Alto Maipo tiene una red de profesionales voluntarios que incluye ingenieros, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos y estudiantes de derecho que monitorean las actividades de Alto Maipo en lo que llaman “fiscalización ciudadana”. También han trabajado con abogados ambientalistas con experiencia como Fernando Dougnac y Gustavo Manríquez, un ítem donde dicen que han gastado más de 37 millones de pesos, que se financian con aportes que recolectan a través de mingas y bingos.
Los contactos también han llegado a la esfera política. Desde que se inició el proyecto se han reunidos con los ministros de Energía, Medio Ambiente y Obras Públicas de las últimas tres administraciones. La última fue el lunes, con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Cuentan con el apoyo de varios senadores y diputados, aunque prefieren mantener distancia para preservar el carácter ciudadano de la causa. “Todos están invitados a formar parte, menos los partidos políticos. Por eso nuestras campañas tienen un apoyo parlamentario transversal. No estamos con ningún partido, pero estamos con todos”, dice Prior.
Pero la organización actual se construye sobre la herencia de GasAndes, que según Carlos Aldunate, marcó un hito a nivel nacional en dos sentidos: dejó el precedente de que las empresas no pueden actuar sin considerar a las comunidades, lo que obligó al Gobierno a empezar conducirse como regulador y no promotor. Pero, según él, también fue el último conflicto donde el valor ecológico pesó, dando paso a una era de criterios técnicos al que se sumaron los ambientalistas perdiendo su mayor atributo: la épica. “El movimiento viene en bajada hace 20 años. Hoy no tiene actores relevantes, la última es Sara Larraín. HidroAysén fue una gran excepción, el respaldo ciudadano fue parecido a las cascadas: era otro paraje mágico que había que proteger. Esa épica promovió que hubiera miles de personas marchando contra el proyecto”, explica el director de Periodismo de la UDP.
Paradojalmente, la familia Astorga, que fue clave en la construcción de esa épica, quedó lesionada ante la comunidad tras el acuerdo. “Los Astorga salieron heridos, la prensa que avalaba el proyecto se encargó de dejar claro que no eran tan nítidos y la comunidad se consideró traicionada”, explica Aldunate. Algo que Soco Astorga reconoce: “Se dijo que nos pagaron siete millones de dólares, que nos dieron camionetas. Ensuciaron para siempre el nombre de la familia”. Hoy, Serrano aclara que “jamás existieron millones de dólares ni camionetas. A ellos se les pagó al rango de lo que habíamos acordado con todos en San Alfonso”. Por eso, en esta nueva causa ellos han evitado figurar mucho.
“Por GasAndes dividieron a la comunidad y destruyeron un fundo que era precioso para que hoy por ese gasoducto no pase absolutamente nada”, dice Alexis Carcamo, parte de la directiva de la Asociación de guías de rafting y miembro de la CCRM.
Que el escudo de San José de Maipo tenga un signo de energía eléctrica, es la muestra más evidente de lo acostumbrada que está la comuna a este tipo de proyectos. Acá se instaló la central Los Maitenes, la primera de la zona central, y en 1987 se ubicó Alfalfal, que en su proceso de construcción dejó un recuerdo de progreso entre los habitantes. Por eso, cuando se presentó Alto Maipo la comunidad en general estuvo a favor. “Inicialmente el 90% de la población apoyaba este proyecto”, dice Luis Pezoa, alcalde (RN) de San José de Maipo, sobre una tendencia que parece estar revirtiéndose.
En esto mucho tiene que ver la emisión del programa de Chilevisión En La Mira que el 23 de junio denunció irregularidades en la aprobación de la central y abrió interrogantes sobre sus verdaderos efectos en los cauces de agua del Cajón del Maipo. “Después del programa la gente quedó muy shockeada”, reconoce Jorge Orellana, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo. Muchas de estas acusaciones habían sido antes hechas por la CCRM sin resultados. “Fue increíble el efecto de la televisión”, reconoce Mella.
Las consecuencias del reportaje llegaron incluso al consejo de desarrollo local que conforma la empresa con el municipio. “En la última sesión dije que ponía punto suspensivo a mi participación, que no lo iba a volver a citar y que no me invitaran a participar en sus actividades hasta que la empresa no se hiciera cargo de las acusaciones”, dice Pezoa, quien aunque originalmente apoyó el proyecto, hoy está solicitando una audiencia con la Presidenta Bachelet para pedir garantías del gobierno sobre los efectos de Alto Maipo.
A esto se suman otros grupos de la comunidad que piden nuevas compensaciones de la empresa. Uno de estos es el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo, que agrupa a pequeños empresarios que en un principio también apoyaron el proyecto, pero hoy exigen que se revisen las 5.807 UF anuales (139 millones de pesos aproximadamente) que la empresa se comprometió a aportar durante 30 años al desarrollo de la comuna. ¿La razón? Ese monto se calculó como un porcentaje del costo de la operación, que en un principio era de 670 millones dólares. Hoy, en cambio, está estimado en más de 2.300 millones dólares. “Exigimos renegociar la diferencia, si no que no hagan el proyecto”, dice Jorge Riffos, presidente de la organización, que también pide se revisen los cupos para trabajadores locales en el proyecto.
Desde la empresa se muestran abiertos a negociar los montos: “Entendemos la posición de la comunidad y creemos que es legítimo que a partir del aumento de los costos del proyecto también hayá un incremento en el convenio social”, dice Marcelo Grifferos, gerente de gestión comunitaria del proyecto Alto Maipo.
En este escenario, el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo amenazan con plegarse a la oposición del proyecto. Anthony Prior dice tener “la absoluta seguridad de que Alto Maipo no se va a realizar”, explicando que seguirán presionando para que el Consejo de Ministros revoque la Resolución de Calificación Ambiental de Alto Maipo, como pasó con HidroAysén.
Fuente:latercera.com
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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