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DE GASANDES A ALTO MAIPO: EL RÍO SUENA

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Casi dos décadas después del emblemático conflicto medioambiental de GasAndes, la zona precordillerana tiene una nueva causa: la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Un grupo que partió siendo minoría, pero que en el último mes ha tomado forma entre la comunidad que amenaza con volver a levantarse como hicieron en los noventa.

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“¡El agua no se vende, se defiende!”, gritan los manifestantes que ocupan unas cinco cuadras de la Alameda. Se ven banderas del Pro, el Partido Humanista, las Juventudes Socialistas, la DC y movimientos anarquistas; a los diputados Camila Vallejo y Daniel Melo; al ex candidato presidencial Alfredo Sfeir dando entrevistas; a un grupo de “sahumadoras” -personas que hacen sahumerios- y también a “kayaquistas” -personas que andan en kayak-. Es la mayor muestra de apoyo público que han organizado los opositores del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de la generadora AES Gener y la minera Los Pelambres, que reunió a miles de personas el sábado pasado para pedirle a Michelle Bachelet que la resolución de calificación ambiental sea revocada y se pida un nuevo estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica. El objetivo de fondo es que el proyecto, uno de los más grandes que hay actualmente en construcción, simplemente no se haga.

La marcha, en la que participaron más de 60 organizaciones, fue convocada por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), surgida en 2007, junto con las primeras tramitaciones de la hidroeléctrica, cuando un grupo de directivos, profesores y apoderados del colegio Andino Antuquelén, en la localidad de El Manzano, comenzaron a preguntarse por las consecuencias del proyecto. Luego se sumaron otros miembros de la comunidad del Cajón del Maipo, como Marcella Mella, hoy vocera del movimiento; la ambientalista Sara Larraín y el ingeniero en aguas Jack Stern, quienes además tienen tierras en la zona por donde va a pasar el proyecto; el empresario Olaf Bercic, dueño de la conocida Trattoria Calypso; y la legendaria familia Astorga, dueña del centro turístico Cascada de las Ánimas. Las reuniones eran cada martes en el colegio.

En mayo de 2008, AES Gener retiró el proyecto original del Sistema de evaluación impacto ambiental (SEIA) y lo volvió a presentar a los 15 días considerando las observaciones ciudadanas. “Esto nos obliga a estudiar todo de nuevo, se suman nuevos actores de la comuna y se empieza a diversificar la coordinadora”, cuenta Mella. Se vinculan otros grupos como empresas de rafting y la Asociación de Andinismo. También comienzan los acercamientos con la Cámara de Turismo del Cajón de Maipo, que terminan con los 40 empresarios que la componen en el movimiento. Con eso las asambleas de los martes se trasladan desde el colegio a la Trattoria Calypso, el restaurant Los Cuernos del Toro o el centro de eventos Casa Bosque.

En marzo de 2009, la Corema de la Región Metropolitana aprueba el proyecto y la CCRM asume que su mensaje no está llegando a sus vecinos. “La empresa promueve la división en la comuna entre los que tienen la necesidad de trabajar y nosotros ‘los hippies que tenemos la vida resuelta’”, se queja Mella. Por eso a fines de ese año deciden llevar su discurso a toda la ribera del río Maipo y Stern, el ingeniero Tomás González y el estudiante de derecho Anthony Prior inician charlas informativas en distintas comunidades.

Esta no es la primera vez que el Cajón del Maipo es escenario de conflictos entre la comunidad y las grandes empresas. Hace casi dos décadas, GasAndes marcó un hito en la causa medioambiental chilena. Anunciado en 1995, nace para transportar gas natural entre la provincia argentina de Neuquén y la Región Metropolitana a través de un gasoducto que pasaba por sectores del Cajón del Maipo. Pero enfrentó una fuerte oposición en la zona. “Fue la primera vez que se vio el movimiento ambientalista como defensor de las comunidades”, dice Elena Serrano, directora de relaciones comunitarias de GasAndes en esos años.

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, el proyecto sirvió para ver en acción la recién creada legislación ambiental chilena. Las comunidades poco podían hacer legalmente: GasAndes tenía derecho a las servidumbres de paso y tránsito para acceder a sus terrenos. Todo había sido visado antes de cualquier estudio ambiental. “El gobierno de Eduardo Frei no era un ente neutral, estaba absolutamente jugado por el proyecto”, dice Carlos Aldunate, director de la Escuela de Periodismo en la UDP y autor del libro El factor ecológico: las mil caras del pensamiento verde.

En 1996 se anunció el trayecto final del gasoducto y partió lo que la prensa bautizó como la “guerra del gasoducto” con tres focos de resistencia en Pirque, San Alfonso y Cascada de las Ánimas. El mensaje era claro: no permitirían el paso del gasoducto por sus localidades, y para demostrarlo los vecinos de San Alfonso bloquearon el camino e impidieron el paso de los contratistas de GasAndes. En la Cascada de las Ánimas la familia Astorga cortó el único puente para acceder al lugar, iniciando una resistencia que duró un mes y los transformó en un símbolo. “Ellos aportan algo que en general el movimiento medioambiental ha perdido: épica. Fueron los héroes y agregaron un elemento tangible: la Cascada de las Ánimas, una especie de paisaje mágico que se tenía que defender. Eso, comunicacionalmente, es muy fuerte”, dice Aldunate.

Finalmente, la empresa se sentó a negociar rutas alternativas para el gasoducto en un hecho inédito para el país y pactó con Manuel José Ossandón, alcalde de Pirque, la construcción de sedes comunitarias y casas para los más pobres de la comuna. Además, anunció una vía alternativa que abarcaba sólo 200 metros de Cascada de las Ánimas y que no atravesaba San Alfonso, donde se comprometió a pagar un millón de dólares a la comunidad e invertir otros 10 millones en medidas de seguridad en un convenio que quebró para siempre confianzas. “En esos años nadie en Chile tenía experiencia en negociaciones para asesorar a la comunidad. Ni abogados ni líderes ambientales. La comunidad lo hizo sola”, recuerda Liberona, que fue dirigente de San Alfonso durante el conflicto.

Hoy las cosas han cambiado. La coordinadora que agrupa a los opositores a Alto Maipo tiene una red de profesionales voluntarios que incluye ingenieros, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos y estudiantes de derecho que monitorean las actividades de Alto Maipo en lo que llaman “fiscalización ciudadana”. También han trabajado con abogados ambientalistas con experiencia como Fernando Dougnac y Gustavo Manríquez, un ítem donde dicen que han gastado más de 37 millones de pesos, que se financian con aportes que recolectan a través de mingas y bingos.

Los contactos también han llegado a la esfera política. Desde que se inició el proyecto se han reunidos con los ministros de Energía, Medio Ambiente y Obras Públicas de las últimas tres administraciones. La última fue el lunes, con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Cuentan con el apoyo de varios senadores y diputados, aunque prefieren mantener distancia para preservar el carácter ciudadano de la causa. “Todos están invitados a formar parte, menos los partidos políticos. Por eso nuestras campañas tienen un apoyo parlamentario transversal. No estamos con ningún partido, pero estamos con todos”, dice Prior.

Pero la organización actual se construye sobre la herencia de GasAndes, que según Carlos Aldunate, marcó un hito a nivel nacional en dos sentidos: dejó el precedente de que las empresas no pueden actuar sin considerar a las comunidades, lo que obligó al Gobierno a empezar conducirse como regulador y no promotor. Pero, según él, también fue el último conflicto donde el valor ecológico pesó, dando paso a una era de criterios técnicos al que se sumaron los ambientalistas perdiendo su mayor atributo: la épica. “El movimiento viene en bajada hace 20 años. Hoy no tiene actores relevantes, la última es Sara Larraín. HidroAysén fue una gran excepción, el respaldo ciudadano fue parecido a las cascadas: era otro paraje mágico que había que proteger. Esa épica promovió que hubiera miles de personas marchando contra el proyecto”, explica el director de Periodismo de la UDP.

Paradojalmente, la familia Astorga, que fue clave en la construcción de esa épica, quedó lesionada ante la comunidad tras el acuerdo. “Los Astorga salieron heridos, la prensa que avalaba el proyecto se encargó de dejar claro que no eran tan nítidos y la comunidad se consideró traicionada”, explica Aldunate. Algo que Soco Astorga reconoce: “Se dijo que nos pagaron siete millones de dólares, que nos dieron camionetas. Ensuciaron para siempre el nombre de la familia”. Hoy, Serrano aclara que “jamás existieron millones de dólares ni camionetas. A ellos se les pagó al rango de lo que habíamos acordado con todos en San Alfonso”. Por eso, en esta nueva causa ellos han evitado figurar mucho.

“Por GasAndes dividieron a la comunidad y destruyeron un fundo que era precioso para que hoy por ese gasoducto no pase absolutamente nada”, dice Alexis Carcamo, parte de la directiva de la Asociación de guías de rafting y miembro de la CCRM.

Que el escudo de San José de Maipo tenga un signo de energía eléctrica, es la muestra más evidente de lo acostumbrada que está la comuna a este tipo de proyectos. Acá se instaló la central Los Maitenes, la primera de la zona central, y en 1987 se ubicó Alfalfal, que en su proceso de construcción dejó un recuerdo de progreso entre los habitantes. Por eso, cuando se presentó Alto Maipo la comunidad en general estuvo a favor. “Inicialmente el 90% de la población apoyaba este proyecto”, dice Luis Pezoa, alcalde (RN) de San José de Maipo, sobre una tendencia que parece estar revirtiéndose.

En esto mucho tiene que ver la emisión del programa de Chilevisión En La Mira que el 23 de junio denunció irregularidades en la aprobación de la central y abrió interrogantes sobre sus verdaderos efectos en los cauces de agua del Cajón del Maipo. “Después del programa la gente quedó muy shockeada”, reconoce Jorge Orellana, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo. Muchas de estas acusaciones habían sido antes hechas por la CCRM sin resultados. “Fue increíble el efecto de la televisión”, reconoce Mella.

Las consecuencias del reportaje llegaron incluso al consejo de desarrollo local que conforma la empresa con el municipio. “En la última sesión dije que ponía punto suspensivo a mi participación, que no lo iba a volver a citar y que no me invitaran a participar en sus actividades hasta que la empresa no se hiciera cargo de las acusaciones”, dice Pezoa, quien aunque originalmente apoyó el proyecto, hoy está solicitando una audiencia con la Presidenta Bachelet para pedir garantías del gobierno sobre los efectos de Alto Maipo.

A esto se suman otros grupos de la comunidad que piden nuevas compensaciones de la empresa. Uno de estos es el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo, que agrupa a pequeños empresarios que en un principio también apoyaron el proyecto, pero hoy exigen que se revisen las 5.807 UF anuales (139 millones de pesos aproximadamente) que la empresa se comprometió a aportar durante 30 años al desarrollo de la comuna. ¿La razón? Ese monto se calculó como un porcentaje del costo de la operación, que en un principio era de 670 millones dólares. Hoy, en cambio, está estimado en más de 2.300 millones dólares. “Exigimos renegociar la diferencia, si no que no hagan el proyecto”, dice Jorge Riffos, presidente de la organización, que también pide se revisen los cupos para trabajadores locales en el proyecto.

Desde la empresa se muestran abiertos a negociar los montos: “Entendemos la posición de la comunidad y creemos que es legítimo que a partir del aumento de los costos del proyecto también hayá un incremento en el convenio social”, dice Marcelo Grifferos, gerente de gestión comunitaria del proyecto Alto Maipo.

En este escenario, el Movimiento Autónomo de Acción Social del Cajón del Maipo y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San José de Maipo amenazan con plegarse a la oposición del proyecto. Anthony Prior dice tener “la absoluta seguridad de que Alto Maipo no se va a realizar”, explicando que seguirán presionando para que el Consejo de Ministros revoque la Resolución de Calificación Ambiental de Alto Maipo, como pasó con HidroAysén.

Fuente:latercera.com

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Medio Ambiente

Desde reciclaje de aceite a parrillas a gas: Alcalde Desbordes y Ministra Toledo dan a conocer el lado Sustentable de la fonda del Parque O’Higgins.

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Una fonda que busca celebrar las Fiestas Patrias de manera más sustentable, es la apuesta de La Gran Fonda de Chile 2026, que este año incorporará nuevas medidas para reducir la generación de residuos, aumentar su valorización y promover prácticas de cuidado del medioambiente entre locatarios y asistentes. Es así como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; y el SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, dieron a conocer las medidas sustentables que se implementarán este año en el Parque O’Higgins.

Entre las novedades destaca un bus-punto limpio que comprimirá latas y botellas plásticas en el mismo lugar, además de un sistema de reciclaje de aceite de cocina que lo transformará en biodiésel, la recuperación de alimentos que no se vendan, parrillas a gas en el 100% de los puestos y compostaje de guano, vegetales y borra de café, entre otras iniciativas.

El alcalde Desbordes sostuvo que “la seguridad es tan importante como el cuidado del medioambiente y por eso queremos una fonda que se preocupe de cuidarlo entregando vasos que son reutilizables. El año pasado 85 mil vasos volvieron a sus casas y de esta forma se evita que se usen vasos plásticos que terminan en la basura. Estamos preocupados de educar medioambientalmente. Esta fonda va a tener el sello además en el uso de residuos orgánicos para compostaje, la reutilización del aceite de cocinar que será recuperado, de las botellas plásticas y latas”.

La máxima autoridad comunal insistió que “la Gran Fonda de Chile es una fonda segura y además amigable con el medioambiente, donde nos vamos a preocupar que no se contamine y que se eduque ya que vamos a estar enseñando prácticas ambientales por lo que está pensada en la familia”.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray afirmó que “durante las Fiestas Patrias podemos llegar a generar hasta 8 kilos de residuos al día, muy por sobre el 1,2 kilos habitual, por eso valoramos que este año la Fonda del Parque O’Higgins cuente con un sistema de reciclaje y menos desechables. Pero la invitación también es para los hogares, prefiriendo lo reutilizable y lo reciclable, y evitando el desperdicio de alimentos, para celebrar un 18 más sustentable”.

El año pasado, el Plan de Reciclaje aplicado en las fondas logró recolectar casi 20 toneladas de residuos durante los cinco días de celebración, alcanzando el 100% de valorización de ese volumen. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llegar a las 30 toneladas recicladas.

Parque ohiggins 6

  • Adiós al plástico de un solo uso: Se deja atrás la entrega de bolsas plásticas, bombillas, platos, cubiertos y envases de plumavit, dando paso a vasos reutilizables o desechables fabricados con materiales sustentables certificados, como PLA.
  • Energía limpia y cuidado del aire: Los equipos de cocina, hornos y parrillas funcionarán exclusivamente a gas, sin alterar los parámetros de la Estación de Monitoreo de calidad del aire del parque, y se incorporará iluminación LED de alta eficiencia.
  • Responsabilidad animal y oferta inclusiva: Cada espacio comercial deberá exhibir una conducta intachable de cuidado patrimonial y responsabilidad animal, además de incorporar alternativas veganas en sus menús.

La Subdirección de Medio Ambiente liderará jornadas de fiscalización durante las etapas de montaje, desarrollo y desmontaje del evento, resguardando el cumplimiento del reglamento de «Prohibiciones y Multas» de las Bases de Licitación 2026.


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Innovación

Ministerio de Ciencia anuncia primera participación de Chile a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo

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La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció que Chile se incorporará por primera vez a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo, a través de su propio Pabellón Global en la edición 2027 del evento, que se consolidará como el área sudamericana más grande en la historia de la feria.

La Dra. Ximena Lincolao, junto a la Ministra de Energía, Ximena Rincón, y la presidenta y CEO de CTA, Kinsey Fabrizio, sellaron esta nueva etapa con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza un compromiso conjunto para fortalecer los lazos de innovación entre Chile y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para las startups y empresas tecnológicas chilenas en el escenario global.

«Chile está entrando en un nuevo capítulo, con la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares de nuestra estrategia nacional», afirmó la Dra. Lincolao. «CES es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas. Llevar el ecosistema tecnológico de Chile al evento más influyente del mundo es parte de una decisión de país: poner a nuestros innovadores frente a los tomadores de decisiones globales este enero», agregó.

La incorporación de Chile a CES marca un hito en la proyección internacional de su ecosistema de innovación y confirma al país como un actor clave en la escena tecnológica sudamericana. Con fortalezas consolidadas en robótica, energía y tecnología espacial, Chile llega a esta plataforma global con una propuesta de valor propia: un modelo de desarrollo que combina inversión pública, talento local y vocación exportadora.

““Estamos muy contentos con esta invitación de la ministra Lincolao. Ya nos estamos imaginando desde Energía qué podemos instalar en ese stand en el que por primera vez Chile va a participar. Por ejemplo, la primera planta de eFuels en operación en el mundo, que está en Magallanes, o Solar Nomad de BLP, generación y almacenamiento solar sobre contenedores estándar para faenas sin red. Hay mucho que desde energía podríamos mostrar y agradecemos esta invitación”, señaló la ministra Rincón.

Por su parte, Kinsey Fabrizio, quien viajó a Chile para la firma del MOU, afirmó que «Chile es hogar de un ecosistema tecnológico dinámico y en rápida evolución, con fortalezas que abarcan robótica, energía, tecnología espacial y más. A través de CES, esperamos trabajar junto a los líderes de Chile para ayudar a mostrar estas innovaciones, fomentar la colaboración internacional y acelerar las oportunidades de crecimiento para las empresas chilenas».

Chile conformará una delegación que refleja la diversidad y madurez de su ecosistema de innovación, con empresas de sectores como robótica, energía, tecnología espacial y otras industrias emergentes que están posicionando al país como referente tecnológico regional. La presencia coordinada de Chile en CES 2027 fortalecerá sus conexiones con líderes de la industria internacional y reforzará su posición como hub tecnológico de Sudamérica.

CES 2027 se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo se reúnen para dar forma al futuro de la tecnología.


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Desarrollo Sostenible

Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones

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Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.

Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. ​La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.

También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.

Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.

Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.


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Desarrollo Sostenible

La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía

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Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.

Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.

Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.

Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.

En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».

Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».

Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.

«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.

Imagen-de-Augi-Amp-en-Pixabay

Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.

Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.

Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».


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Desarrollo Sostenible

Día Mundial del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad

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El Día Mundial del Agua fue establecido por las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua y la primera conmemoración tuvo lugar en 1993. Desde entonces, ONU-Agua coordina anualmente una campaña internacional dedicada a un aspecto específico de la crisis hídrica.

La creación de esta fecha respondió a una preocupación creciente: aunque el agua dulce es indispensable, su gestión ha estado marcada por la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad territorial, la degradación de las cuencas y la ausencia de infraestructura suficiente. La conmemoración busca sensibilizar, promover políticas públicas y acelerar las acciones necesarias para garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas.

La agenda internacional del agua adquirió un compromiso concreto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, junto con el saneamiento para todos, antes de 2030. Este objetivo no puede analizarse de forma aislada: se relaciona directamente con la salud, la educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, la energía y la protección de los ecosistemas.

El Día Mundial del Agua, por tanto, cumple una doble función. Por una parte, comunica la importancia ecológica y social del agua. Por otra, permite evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta para convertir los compromisos internacionales en servicios concretos, especialmente en los hogares rurales, las comunidades indígenas, los asentamientos informales y las zonas expuestas a sequías, inundaciones o contaminación.

El agua conecta todos los sistemas naturales. Circula entre la atmósfera, los suelos, los ríos, los lagos, los humedales, los glaciares, los acuíferos y los océanos. Esta circulación, conocida como ciclo hidrológico, sostiene los ecosistemas y regula procesos esenciales del planeta.

Cuando una cuenca se deforesta, el suelo pierde capacidad para infiltrar y almacenar agua. Cuando un humedal se drena, disminuye la protección frente a inundaciones y se destruyen hábitats. Cuando un río recibe descargas contaminantes, se deteriora la calidad del agua y se altera la cadena alimentaria. Cuando un acuífero se bombea más rápido de lo que puede recargarse, el déficit puede tardar décadas en revertirse.

Imagen de kalhh en Pixabay

La protección del agua exige, por tanto, proteger los territorios que la producen, almacenan, filtran y distribuyen. Los bosques nativos, páramos, glaciares, humedales, turberas y suelos saludables funcionan como infraestructura natural. A menudo son más baratos y resilientes que las soluciones exclusivamente construidas por el ser humano.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante para Chile, un país con una marcada diversidad climática y unos variados cambios a nivel territorial en la disponibilidad hídrica. El norte enfrenta condiciones extremadamente áridas; la zona central experimenta una prolongada presión sobre sus fuentes de agua; y el sur, aunque posee mayores precipitaciones, también enfrenta riesgos de contaminación, pérdida de ecosistemas y alteraciones asociadas al cambio climático.

En la Región Metropolitana, el agua depende de la salud de cuencas como la del río Maipo y de la capacidad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La conservación de la cordillera, los glaciares, los ríos y los humedales no es un asunto distante: influye en la seguridad hídrica de millones de personas.

El acceso a agua potable, saneamiento e higiene reduce enfermedades infecciosas y protege especialmente a niños, personas mayores y comunidades con menor capacidad económica. El agua segura también es indispensable en hospitales, centros educativos, hogares y espacios de trabajo.

La disponibilidad de instalaciones para lavarse las manos, limpiar superficies y gestionar residuos sanitarios constituye una barrera esencial frente a enfermedades. Pero la infraestructura debe estar acompañada por mantenimiento, calidad del servicio, educación sanitaria y sistemas de vigilancia.

La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza. La gestión sostenible requiere mejorar el riego, reducir pérdidas, recuperar suelos y elegir cultivos compatibles con las condiciones climáticas de cada territorio.

La eficiencia no debe limitarse a producir más con menos agua. También debe evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas, proteger los cauces y garantizar que las comunidades y los ecosistemas mantengan su acceso al recurso.

La agricultura regenerativa, la tecnificación del riego, la reutilización de aguas tratadas y la recuperación de la materia orgánica del suelo pueden contribuir a retener humedad y reducir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, estas soluciones necesitan regulación, financiamiento y asistencia técnica para no quedar restringidas a grandes productores.

El agua sostiene empleos en la agricultura, la industria, la energía, el turismo, la pesca, la salud pública y los servicios urbanos. También genera nuevas oportunidades en tecnologías de tratamiento, monitoreo, eficiencia hídrica, restauración de cuencas y economía circular.

La creación de empleos verdes en el sector del agua puede ser una oportunidad importante para incorporar a más mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas, como la ingeniería hidráulica, la operación de plantas, la gestión de datos y la planificación territorial.

El cambio climático es, en buena medida, una crisis del agua. El calentamiento global modifica las precipitaciones, intensifica sequías y lluvias extremas, acelera el derretimiento de glaciares, eleva la evaporación y aumenta la incertidumbre para las actividades humanas y los ecosistemas.

Las comunidades más vulnerables suelen ser las primeras afectadas. Quienes carecen de redes confiables, almacenamiento, seguros, sistemas de alerta o capacidad económica enfrentan mayores dificultades para responder a una sequía o una inundación.

Imagen de Anja en Pixabay

La relación es bidireccional. El cambio climático altera el ciclo del agua, pero la gestión del agua también puede generar emisiones. El bombeo, transporte, tratamiento y calentamiento del agua requieren energía. Si esta energía proviene de combustibles fósiles, la prestación del servicio contribuye al calentamiento global.

Una política hídrica climáticamente inteligente debe combinar adaptación y mitigación:

  • Proteger cuencas, humedales y suelos para aumentar la capacidad natural de almacenamiento.
  • Reducir fugas en redes urbanas y sistemas de riego.
  • Reutilizar aguas residuales tratadas de manera segura.
  • Diversificar las fuentes de abastecimiento sin destruir ecosistemas.
  • Mejorar los sistemas de alerta temprana para sequías e inundaciones.
  • Diseñar infraestructura resistente a temperaturas extremas y eventos climáticos intensos.
  • Reducir las emisiones de las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo.

Los ríos, lagos, humedales, estuarios y acuíferos son hábitats de una enorme diversidad de especies. También conectan territorios: permiten el desplazamiento de organismos, transportan nutrientes y sostienen cadenas ecológicas que pueden llegar hasta el mar.

La pérdida de biodiversidad acuática se produce por múltiples causas:

  • Contaminación industrial, minera, agrícola y urbana.
  • Extracción excesiva de agua.
  • Alteración de los caudales naturales por obras de infraestructura.
  • Destrucción de humedales y riberas.
  • Introducción de especies invasoras.
  • Aumento de la temperatura del agua.
  • Fragmentación de los hábitats.

Proteger la biodiversidad requiere mantener caudales ecológicos, restaurar riberas, controlar vertidos y reconocer que un río no es solamente un canal de transporte de agua. Es un sistema vivo.

Los humedales cumplen funciones particularmente valiosas. Filtran contaminantes, almacenan carbono, amortiguan inundaciones, recargan acuíferos y ofrecen refugio a aves, peces, anfibios, insectos y plantas. Su destrucción puede generar costos económicos y sociales mucho mayores que los beneficios inmediatos de urbanizarlos o drenarlos.

La restauración ecológica puede convertirse en una oportunidad de desarrollo local. La recuperación de ríos urbanos, quebradas y humedales crea espacios públicos, mejora la calidad del aire, reduce el riesgo de inundaciones y fortalece la educación ambiental.

La relación entre agua y energía suele pasar inadvertida. Para captar agua desde un río o acuífero, transportarla, potabilizarla, distribuirla, recogerla y tratarla se necesita electricidad. A su vez, muchas formas de generación energética requieren agua para refrigeración, procesamiento o producción de combustibles.

Esta interdependencia se conoce como nexo agua-energía. Una decisión en un sector puede afectar al otro. Por ejemplo, bombear agua desde una fuente cada vez más distante aumenta el consumo eléctrico; desalar agua puede ampliar la seguridad hídrica, pero requiere energía y una gestión responsable de la salmuera; mejorar la eficiencia de una planta puede disminuir simultáneamente los costos operativos y las emisiones.

Las principales oportunidades de eficiencia energética en el ciclo del agua incluyen:

  • Detectar y reparar fugas, ya que el agua perdida también representa energía desperdiciada.
  • Utilizar bombas eficientes y regular su operación según la demanda.
  • Incorporar sistemas de monitoreo digital y control inteligente.
  • Optimizar la aireación en plantas de tratamiento.
  • Recuperar biogás de los lodos residuales.
  • Instalar energías renovables en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
  • Reducir la necesidad de transportar agua a grandes distancias.
  • Promover la reutilización local de aguas grises y aguas tratadas donde sea seguro.

La eficiencia energética no debe utilizarse como argumento para debilitar los estándares sanitarios. El objetivo es brindar servicios seguros con menor consumo de energía, no reducir el tratamiento necesario ni trasladar riesgos ambientales a las comunidades.

Humanizar el Día Mundial del Agua significa comprender que la crisis no se expresa de la misma manera para todas las personas. Una interrupción del servicio puede ser incómoda para algunos hogares y una amenaza sanitaria para otros. Una sequía puede significar pérdidas económicas para una empresa, pero también la desaparición de una pequeña agricultura familiar o el desplazamiento de una comunidad.

El mensaje central de 2026 es claro: el agua puede reproducir desigualdades o ayudar a superarlas. Todo depende de cómo se distribuye, quién decide sobre ella, qué inversiones se realizan y qué lugar ocupan las comunidades en su gestión.

El agua es indispensable para la vida, pero su valor no se agota en la supervivencia. Bien gestionada, sostiene ecosistemas, fortalece la economía, reduce riesgos climáticos, impulsa la eficiencia energética y protege la biodiversidad.

El desafío del Día Mundial del Agua 2026 consiste en que esa visión no termine el 22 de marzo. La verdadera conmemoración comienza cuando las decisiones sobre cada río, cada acuífero, cada red de abastecimiento y cada sistema de saneamiento incorporan la dignidad, la participación y los derechos de todas las personas. Solo entonces el agua podrá cumplir plenamente su papel como base de un planeta saludable y de un desarrollo verdaderamente sostenible.

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