La duda es si la mandataria buscará acuerdos o, simplemente, impondrá aquellos proyectos en los que tiene mayoría.

Lo destacó en su discurso de cierre de campaña del jueves pasado en el court central del Estadio Nacional: «Este domingo comienza una nueva etapa para Chile, en la que ustedes volverán a estar en el centro de todas las transformaciones». Y los cambios a los que se refería Michelle Bachelet los dejó claros apenas aterrizó en Chile desde Nueva York la mañana del 27 de marzo para dar inicio a su carrera presidencial: reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución.

Ayer volvió a reiterar estas prioridades en su primer discurso pronunciado como Presidenta electa a las afueras del Hotel San Francisco. Ante una multitud habló de «transformaciones de fondo» para el país, entre las que mencionó las expuestas y, junto a ellas, su foco en las minorías y en un crecimiento «sostenido, inclusivo y sustentable».

Sus propuestas, criticadas ampliamente por el oficialismo por considerar que apuntan a cambiar de manera radical un modelo exitoso y que le ha dado estabilidad y desarrollo a Chile, buscan -según su diagnóstico- reducir las brechas de desigualdad del país.

Haciendo eco de las multitudinarias manifestaciones que comenzaron en mayo de 2011 pidiendo una educación gratuita, de calidad y que pusiera fin al lucro, Bachelet habló ya en su primera actividad pública -luego de anunciar su candidatura-, de que el primer proyecto que enviaría al Congreso en caso de retornar a La Moneda, sería poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad en todos los niveles. «Creo firmemente en el principio de gratuidad. Gratuidad en la educación en todos los niveles, y vamos a avanzar en gratuidad entendiendo que la educación es un derecho y no un negocio. Y esto implica que en la primera etapa llegaremos con la gratuidad no sólo a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media, es decir, a la gran mayoría de los chilenos», aseveró en esa ocasión, destacando además su rechazo al lucro en los colegios particulares subvencionados con recursos del Estado.

Pero días después detalló otro componente de su programa, su segundo compromiso: una reforma tributaria para financiar los requerimientos de los cambios educacionales. Para ello conformó una comisión compuesta por Andrea Repetto, Michael Jorratt, Óscar Landerretche, Ricardo Lagos Weber y Alberto Arenas, que se dedicó por casi dos meses a elaborar una propuesta que establece una meta de recaudación del conjunto de las medidas de la reforma tributaria equivalente a 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5% del PIB de cambios o nuevas herramientas que reducen la evasión y la elusión.

En ese sentido, algunas de las medidas son: a) elevar, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años; b) reducir, en forma gradual, la tasa máxima de los impuestos personales, del 40% actual a un 35%, en el plazo de cuatro años; y c) que los dueños de empresas tributen por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (sistema operará en base devengada). Esta última medida -la más polémica de la propuesta de cambio tributario- será implementada a partir del cuarto año de la reforma y significa terminar con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). «El mecanismo del FUT con que hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo», señala tajante el programa de la presidenta electa. Eso sí, respecto del FUT histórico, la propuesta es mantener la regla impositiva vigente en la actualidad.

De esa forma, se configura la segunda gran prioridad fijada por la ex directora de ONU Mujeres en su programa de gobierno y que además incorpora incentivos al ahorro y la inversión, beneficios a la PYME, impuestos para cuidar el medioambiente, tributos correctivos en alcoholes y tabaco y la derogación del Decreto de Ley 600, estatuto de inversión extranjera, para los nuevos proyectos. A juicio del grupo de trabajo, actualmente ese estatuto no se utiliza y su eliminación significa ratificar la estabilidad institucional de Chile para las inversiones extranjeras.

El «ruido» constitucional

Si bien su postura fue catalogada como ambigua al inicio de la campaña al señalar que no se cerraba a ninguna vía para realizar cambios constitucionales, en las últimas semanas Michelle Bachelet ha especificado que es partidaria de establecer una nueva Constitución -que no tenga los problemas de legitimidad de origen que heredó la Carta Magna vigente desde la dictadura- por la vía institucional, es decir, a través del trámite en el Congreso Nacional.

Indudablemente, el tema de reformas al ordenamiento del país fue el más polémico de la campaña presidencial. Con la idea de la Asamblea Constituyente rondando en el ambiente -dado que la comisión de Constitución de la presidenta estaba integrada por destacados abogados partidarios de esa idea, como Fernando Atria-, las mayores críticas por parte del oficialismo apuntaron a ese ámbito, recordando en varias ocasiones las experiencias de Venezuela y Ecuador, como ejemplo de lo que no se debía hacer.

Incluso el tema fue comentado por ministros de Estado. Ya en junio de este año, el titular de las finanzas públicas, Felipe Larraín, planteaba que la desaceleración que comenzaba a experimentar la economía chilena, en parte se debía a las propuestas de la entonces candidata del PS. «Propuestas de Asamblea Constituyente, AFP y alzas de impuestos de los candidatos de la Concertación y el PC ya han provocado efectos negativos sobre la inversión. Hay que decirlo claramente, la inversión responde a señales, no responde sólo al dinamismo de la economía», fueron los dichos de Larraín.

Si bien la situación generó un arduo debate durante esas semanas, en el último tiempo no había sido considerado, hasta que hace dos semanas, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, volvió a reflotarlo al señalar que «la debilidad que se ve en la inversión se debe a las propuestas de Bachelet». Casi al unísono este planteamiento fue respaldado por el ministro Felipe Larraín y motivó una serie de declaraciones cruzadas entre los secretarios de Estado y el jefe programático del comando de Michelle Bachelet, Alberto Arenas, quien desmintió esta teoría.

Más allá del conflicto Nueva Mayoría-Alianza por Chile, los cambios constitucionales que promueve Bachelet no se vislumbran fáciles de conseguir en el Congreso. Precisamente, para ese ítem se requiere una cantidad de parlamentarios que hoy no están 100% en el redil de la Nueva Mayoría, como los independientes, aunque las puertas al parecer no están tan cerradas en Renovación Nacional, que ya ha tenido acercamientos para eliminar el sistema binominal con la DC.

Lo que sí estaría asegurado son los votos para aprobar las reformas educacional y tributaria, aunque en esos ámbitos también hay matices y dudas respecto a si la futura administración buscará acuerdos con la oposición o, simplemente, pasará la «aplanadora».

Al interior de la Nueva Mayoría ambas opciones tienen partidarios.

Las 50 primeras medidas costarán US$ 720 millones
Quince ejes centrales privilegiará Michelle Bachelet en sus primeros 100 días de gobierno. De acuerdo al documento que dio a conocer el pasado 7 de octubre, las 50 medidas a las que pondrá énfasis antes del cierre del primer semestre del próximo año tendrán un costo estimado de US$ 720 millones.
A las ya mencionadas reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución, se suman iniciativas en Salud, Protección Social, Pensiones, Trabajo, Seguridad Ciudadana, Descentralización, Ciudad y Territorio, Medioambiente, Cultura, Deportes, Equidad de Género, Pueblos Indígenas, Mundo Rural y Crecimiento.
En ese sentido, el Parlamento tendrá una amplia tarea al analizar el proyecto de ley que crea una AFP estatal, que busca promover la competencia y apoyar a los grupos de menores rentas; una indicación al proyecto de Multirut; la ley que crea dos nuevas universidades estatales en las regiones de Aysén y O’Higgins; el proyecto de ley para pagar desde 2014 el aporte familiar permanente de marzo, con un monto que asciende a $ 40.000 por carga a dos millones de familias; y el proyecto de fortalecimiento del Sernac, entre otras medidas.
Además, se espera que la presidenta electa dé a conocer la agenda de productividad, innovación y crecimiento económico, que apunta a mejorar la competitividad de la economía chilena, y la agenda de energía, que se pondrá en marcha a contar del próximo año y que -según indica el programa de la mandataria electa- compatibilizará las necesidades de producción y respeto al medioambiente en un ámbito en que los privados han acusado un gran retraso.

Bachelet 2005 versus 2013
Dos analistas comparan a la presidenta electa en esta campaña versus su desempeño como abanderada en 2005. Alberto Mayol, sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, afirma que «como candidata se parece, pero siento que como presidenta no se va a parecer. Recordemos que en 2005 llegó ofreciendo gobierno ciudadano y después eso no aconteció, ahora tendrá que asumir la agenda ciudadana y funcionar en base a eso».
A su vez, María de los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de Chile 21, plantea que «la veo mucho más experimentada, mucho más clara en las cosas que hay que hacer. Está decidida a hacer una reforma tributaria y una reforma educacional para terminar con esta herencia de cuna que arrastra Chile. Además, también muestra mucha convicción en su idea de cambiar la Constitución y, en ese sentido, ha sido muy disciplinada en su actuación en campaña».
Lo que sí le llama la atención a Fernández es la ausencia del rol femenino en esta campaña, un factor tan presente en la presidencial de 2005, y que, a su juicio, tampoco fue capitalizado por Evelyn Matthei, ni estuvo presente en primera vuelta, con tres candidatas mujeres.

Df.cl