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EL BOOM DE LOS PEQUEÑOS PROYECTOS SOLARES Y SU EVENTUAL IMPACTO ALCISTA EN LAS CUENTAS DE LA LUZ
El intenso despliegue de los pequeños medios de generación viene capturando el interés de grandes fondos de inversión extranjeros, como BlackRock, JPMorgan y Brookfield. ¿La razón? El precio estabilizado que ofrece rentabilidades aseguradas a estos proyectos. El cóctel suma un potencial impacto a clientes regulados, ya que el nuevo proceso de licitación de suministro permitirá traspasar desde 2027 costos no considerados en las subastas, como ese precio estabilizado.
No es una discusión nueva en el sector eléctrico, pero en los últimos meses los pequeños medios de generación distribuida (PMG/PMGD) han vuelto a estar en el centro de la mirada de las autoridades. Los proyectos del segmento, que cuentan con una capacidad de hasta 9 MW, alcanzaron a diciembre de 2023 una capacidad instalada de 2.658 MW, según cifras del Coordinador Eléctrico Nacional. Pese a representar cerca del 8% del total país, su crecimiento en el último año fue del 18%. En años anteriores, su expansión rondaba tasas cercanas al 30%.
Y podrían ser más. Según el último reporte de la capacidad instalada en Chile de la Comisión Nacional de Energía (CNE), entre los PMG y PMGD operativos actualmente existen 675 proyectos en el segmento, con una capacidad instalada de 2.922 MW.
Una de las razones que explica su fuerte incremento radica en lo que ha sido calificado como una distorsión regulatoria –que está siendo revisada por las autoridades–, tanto por expertos en temas de competencia, como por el operador del sistema, el Coordinador Eléctrico. La distorsión radica en un punto: el precio estabilizado. Regulado por el Decreto Supremo (DS) 88/2019, básicamente asegura remuneración a todo evento para las generadoras del segmento. Antes, el DS/244, que fue derogado pero que se mantuvo vigente hasta abril de 2022, aseguraba un precio estabilizado único durante las 24 horas del día. Los proyectos que se acogieron a dicho régimen, tienen asegurada hasta julio de 2034 esa estructura tarifaria.
El pago por concepto de precio estabilizado, calculan consultores del sector, supera en promedio los US$80 por cada MWh generado, que son transferidos desde otros generadores por una regla de asignación de vertimientos. Se trata de un cargo que tiene un costo similar al que actualmente enfrenta una central de generación en base a gas natural, que ronda los US$76 por MWh.
Con ello, a los PMGD se les remunera como si fueran centrales que queman combustibles fósiles, pero en realidad lo hacen mayoritariamente en base a la energía del sol. Sin costo.
Hasta el momento, el problema lo han terminado asumiendo los denominados clientes libres, compuestos principalmente por actores del sector industrial, que, al ser empresas con capacidad para negociar directamente con las generadoras eléctricas, pactan contratos con tarifas distintas a los clientes regulados, como las distribuidoras eléctricas. La diferencia está en que las generadoras sí pueden traspasar estos costos al sector industrial, a diferencia de lo que ocurre -al menos hasta hoy- con el segmento regulado, donde las licitaciones de suministro tienen un precio de oferta más algunos indexadores, como precios de los combustibles y el valor del dólar, principalmente. Según informó en enero el Coordinador Eléctrico, los pagos relacionados al mecanismo del precio estabilizado acumularon compensaciones por US$250 millones a diciembre de 2023. Y las previsiones apuntan a que dichos cargos sólo aumentarán.
Por lo anterior, el mecanismo es visto como un subsidio. Así lo planteó el Coordinador Eléctrico en el marco de una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que un grupo de empresas levantó para corregir el sesgo, principalmente tecnológico, ya que favorece a los PMGD solares. En un “téngase presente”, el operador del sistema afirmó que el mecanismo no asegura “neutralidad a los participantes en algún periodo de evaluación, sino más bien se asemeja a un subsidio que deben asumir los agentes que actúan como comercializadores mayoristas del mercado”.
¿Por qué surgió el precio estabilizado? La norma proviene de una ley aprobada en 2014, que buscaba estabilizar los flujos financieros de las firmas del segmento, impedidas por normativa de participar en las licitaciones de suministro de energía que abastecen a los clientes regulados. Esto, se creía, daría acceso al financiamiento de los proyectos. Pero como le metodología de cálculo del precio estabilizado finalmente favoreció a los proyectos solares, se produjo una instalación masiva de nuevas centrales de este tipo..
El operador del sistema viene alertando que este boom, principalmente de plantas fotovoltaicas, puede generar riesgos de seguridad al saturar ciertos puntos del sistema de transmisión. Pero además, las estimaciones de la capacidad actualmente en construcción reflejan la falta de señales de inversión correctas, ya que la capacidad instalada de proyectos solares podría superar la demanda máxima del sistema en el día, que el año pasado alcanzó los 11.533 MW.
Al cierre de 2023, la energía fotovoltaica total tenía una capacidad de 9.362 MW, y otros 5.300 MW en construcción. De ellos, 2.000 MW son PMGD. Así, sólo las plantas solares alcanzarían 14.662 MW, superando por lejos el punto máximo de la demanda.
El negocio financiero
Dado el boom de los proyectos PMGD, grandes fondos de inversión extranjeros vienen hace tiempo adquiriendo diversas iniciativas de este tipo. Algunos de ellos son BlackRock, JPMorgan y Brookfield.
En el caso de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, lo hace a través de su fondo Global Renewable Power III (GRP III). En Chile ha sido asesorado en el proceso por Carey, el mayor estudio de abogados del país, en al menos tres operaciones: la adquisición de un portafolio de 18 proyectos fotovoltaicos PMGD del Fondo de Inversión Privado Tralka Energías Renovables, con una capacidad total de 80 MW; la asociación con Solek Group para la construcción y adquisición de un portafolio de hasta 28 proyectos fotovoltaicos PMGD, con una capacidad total de hasta 200 MW; y un contrato de servicios de administración de portafolio con Aediles Capital, para que se haga cargo del portafolio del fondo en Chile.
BlackRock tiene proyectado alcanzar una capacidad de hasta 435 MW a través de una inversión cercana a los US$200 millones. Esto los convertiría en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país. Las rentabilidades que asegura el precio estabilizado resultan atractivas.
JPMorgan lo hace vía Sonnedix, desde que en 2016 controla la firma internacional enfocada en renovables. En Chile, Sonnedix cuenta con cerca de 140 MW en proyectos PMGD.
Brookfield, propietaria de Cerro Dominador, también tiene presencia en el segmento de los pequeños medios de generación, a través de Solarity, después de adquirir una participación mayoritaria en abril de 2022, proceso en el que fue asesorado también por Carey. La meta del fondo de inversión canadiense es llegar a 1.000 plantas operativas en 2030.
Sin embargo, la falta de claridad sobre quiénes son los controladores finales de todos los proyectos PMGD llevó a que, a finales de enero, la Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC) del Coordinador Eléctrico solicitara información a este respecto a todas las empresas coordinadas.
En una carta enviada por Pablo Oyanedel, director de la UMC, se solicitan detalles como la estructura societaria, personas jurídicas y empresas relacionadas, con RUT, nombre y razón social, además del porcentaje de participación de cada una de ellas, “señalando claramente, además, el grupo empresarial al que pertenece y sus controladores”, dice la misiva. También se solicita detallar los segmentos del mercado eléctrico nacional al que cada persona jurídica pertenece, es decir, si representan a empresas de generación, transmisión, distribución o incluso a clientes libres.
El requerimiento agrega reportar la lista de “todos los miembros del directorio y/o cargos ejecutivos relevantes”, y un detalle de los accionistas que tengan más del 20% de la propiedad.
“Incluya dentro de su respuesta todos los medios de generación del controlador de su representada, incluyendo PMG y PMGD, identificando claramente a qué tipo se refiere con las categorías ‘Tradicional’, ‘PMG’ y ‘PMGD’”, exigió en su requerimiento el Coordinador.
En paralelo al operador del sistema, el regulador, la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha hecho lo propio. Recientemente, la CNE comunicó el proceso de modificación normativa para los PMGD, que había anunciado en diciembre, como parte de su plan de trabajo 2024. Según detalló el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, el cambio busca adecuar la norma técnica de conexión y operación de este tipo de proyectos a las nuevas exigencias establecidas por el Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala, por lo que se incorporaron disposiciones que buscan mejorar la elaboración de los estudios técnicos, la ejecución de las obras adicionales, ajustes o adecuaciones, entre otras, para tener una mejor interacción entre los agentes del mercado”.
Sin embargo, recordó que el tratamiento de las congestiones y operación de los PMGD “serán tratadas en un nuevo procedimiento normativo, tal como se indicó en el plan anual normativo 2024 de la CNE, debido a que estos aspectos requieren de una discusión amplia con los distintos actores de la industria”. Dicho proceso comenzará en marzo, en paralelo al trabajo anunciado también por el Ministerio de Energía, que partirá con un diagnóstico del DS 2019, en el marco de la implementación de la ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica, proceso que “incluirá un estudio para determinar el costo de descarbonizar la matriz eléctrica chilena, y el aporte que pueden realizar los recursos energéticos distribuidos a dicho proceso, en especial, el aporte en flexibilidad que pueden entregar al sistema”, explicaron desde el Ministerio de Energía a Pulso.
Junto con habilitar la implementación de la ley de almacenamiento, en la cartera liderada por Diego Pardow coinciden con una de las pretensiones que tiene el Coordinador en este tema, que apunta a mejorar el monitoreo y control de los PMGD.
“Existe un diagnóstico bastante transversal que, dada la alta penetración de proyectos PMGD que se está observando hoy, se requiere la implementación de medidas que apunten a mejorar las capacidades de monitoreo y control que se tiene sobre estos proyectos, de forma de gestionarlos de forma más apropiada y permitir que este tipo de proyectos puedan agregar valor al sistema”, señalaron en la cartera.
Así, el precio estabilizado -hasta ahora- no estaría dentro de las modificaciones regulatorias en que avanzan las autoridades.
Impacto en clientes regulados
Al cóctel se suma un potencial impacto en clientes regulados, esencialmente los residenciales. El riesgo deriva de modificaciones en las bases de licitaciones para el suministro de energía que realiza la CNE. En las bases preliminares del proceso 2023/01, que fueron publicadas en mayo del año pasado, se estableció la posibilidad de traspasar costos no considerados en el precio ofertado en las subastas.
El precio de la energía, que usualmente contiene distintos indexadores, en las nuevas bases del próximo proceso de licitación también considera un promedio mensual de los denominados costos sistémicos, que comprenden el conjunto de pagos laterales, como se denomina a los costos no cubiertos por el costo marginal real producto de la operación del sistema eléctrico. Entre ellos se encuentra el precio estabilizado para los PMGD.
Así, los costos del subsidio a los PMGD comenzarán a estar presentes en la tarifa eléctrica de los clientes regulados, cuando los contratos adjudicados en este nuevo proceso entren en vigor, lo que podría comenzar a ocurrir a partir de 2027.
Fuente/Pulso Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible#MedioAmbiente, #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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