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El Desierto avanza silenciosamente sobre Santiago

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Déficit en las precipitaciones, extensión de los períodos de sequía y aumento de la temperatura
No es la prioridad en la agenda ambiental del Gobierno, pero sus consecuencias son devastadoras para el país.

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La desertificación es producida por el humano y golpea directamente a la población más pobre. La tierra pierde riqueza, disminuye la agricultura, aumenta la sequía, la deforestación y la migración campo-ciudad. Todo esto ocurre en Santiago y sus alrededores. Una problemática para la que hay ciertos fondos internacionales, además de medidas a corto y mediano plazo ejecutadas por la Conaf, pero que exige planificación hacia el futuro, según los expertos. En la capital, donde vive más de la mitad de la población de Chile, este fenómeno ya comienza a sentirse en el prolongado calor del verano y la falta de lluvias en invierno.

El desierto avanza sobre la tierra. La zona más golpeada es África subsahariana y quienes las sufren son aquellos que viven en pobreza. La desertificación no solo produce guerras territoriales por el control del agua, con sus respectivas matanzas y violaciones, sino que también hambruna y enfermedades. “Sus víctimas se convierten en refugiados, desplazados internos y emigrados forzosos”, dice el informe La desertificación, esa invisible línea de frente (2014), de la Convención de las Naciones Unidas en la Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Una realidad aparentemente lejana hacia la que Chile y Santiago caminan ciegamente. O bien, la desertificación avanza en silencio sobre las regiones del país y amenaza a la capital. Lo hace lento, entre 0,4 a 1 km por año, según informes de expertos. “Es difícil dar una cifra, pero en uno de los peores escenarios de cambio climático el desierto podría avanzar unos 50 km2 (de superficie) por año. Eso es bastante. En mi opinión, el desierto avanza más por causas humanas que por causas climáticas”, señala el doctor en Geografía y académico de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea.

Tres causas la producen y dos son antrópicas, o sea, directamente producidas por el hombre: la deforestación y el mal manejo del suelo. La tercera es por la reducción de las lluvias que produce sequía. En este punto se introduce la variable del cambio climático, donde el humano también tiene incidencia. “Es decir, estamos deforestando, manejando mal el suelo y en parte incidiendo en el cambio climático”, señala el experto en suelos y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Mauricio Calderón.

Si Santiago llega a un grado de desertificación avanzado, la postal no sería la de una capital cubierta por dunas y arena, como Dubai, pero sí la de una capital sobrepoblada en un valle devastado, inhóspito, erosionado y con vegetación espinosa. ¿Por qué vamos hacia allá? Porque para desarrollar las ciudades, en particular Santiago, el modelo ha sido la extracción de recursos naturales y eso tiene un costo, explica Leonardo Vera, doctor en Ciencias de los Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y Ruralidad y académico de la UNAB.

“Para desarrollar un territorio te cargas otros territorios y pierdes la percepción de lo que estás haciendo. Lo que hace el hombre es que cosecha, pero el suelo necesita un tiempo para volver a cargarse, sea naturalmente o con su ayuda. Estamos acostumbrados a sacar más de lo que se vuelve a cargar. Si no sabes sumar y restar no puedes defenderte contra la desertificación. Tienes que saber el costo de tu sistema”, agrega.

El escenario es complicado y la escasez de agua, factor crítico que influye en la desertificación, es una de las razones. Las cifras de los últimos años demuestran que en Santiago, y en Chile, hay déficit en las precipitaciones, extensión de los períodos de sequía y un aumento, proyectado, de la temperatura. Hace un mes la Dirección Meteorológica de Chile señaló que al considerar el acumulado de precipitaciones entre enero y junio de 2015, era “el período más seco de los últimos 50 años». A lo que se suma la simulación del clima realizado por el organismo. La proyección para el período 2030 y 2059 es que la temperatura media máxima de Santiago aumentará en 2°C en 2050.

Las ciudades como Santiago no tienen límites ni término, dice Vera. “Nadie sabe hasta dónde llegan, nadie tiene conciencia real de lo que significa, por ejemplo, traer a Santiago fierro para las construcciones. Por eso la mejor definición de desertificación es la pérdida de información de un ecosistema. Si no sabes dónde estás parado, ¿cómo la detienes?, ¿cómo entiendes hasta dónde estás desertificado?, ¿cuál es la información que se te perdió?, ¿cómo ordenamos Santiago?, ¿por dónde partimos?”, se pregunta.

Desertificación social: pobreza y migración

Más de la mitad del país (62%) está afectado por la desertificación, según los datos que maneja la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El 26% de las comunas se encuentran en categoría grave y el 37% en categoría moderada de desertificación.

El principal indicador de esto es la agricultura, ya que necesita agua y suelo. La productividad agrícola disminuyó un 32% en menos de 10 años, según un estudio sobre el tema de 2012 elaborado para el Congreso. “Por cada 1% de disminución en la capacidad productiva del territorio, se pierde permanentemente unos 120 millones de dólares en el PIB, pérdidas que recaen primordialmente en las áreas rurales más pobres”, señala el documento.

Cuando los suelos pierden productividad hay menos cosechas y producción ganadera, lo que potencia la migración campo-ciudad con lo que, según el estudio, “se engrosan las filas de trabajadores no calificados y los cordones de pobreza en torno a las grandes ciudades”. Ese proceso es definido por Leonardo Vera como un ‘círculo vicioso’. “Santiago crece y se desertifica, pero desertifica también a todos los demás territorios y como ahí ya no se puede vivir, la gente se viene a Santiago, que crece más y se vuelve a desertificar. En esa historia estamos hace 200 años haciendo crecer a la capital”, explica.

En el país hay 1,5 millones de personas afectadas por desertificación, casi un cuarto de quienes habitan en la capital, y la migración anual es del 3%, según el estudio elaborado para el Congreso. El nervio sensible es que la Región Metropolitana concentra más de la mitad de la población nacional (55%), por lo que la capital se vería “muy afectada si vemos la desertificación como un problema social, porque el desierto está avanzando justamente donde se concentra gran parte de la población nacional”, advierte Sarricolea de la U. de Chile. Si no se toman medidas y en el futuro Santiago llega a una situación extrema hay dos áreas, según proyecta la Conaf, que serían críticas: seguridad hídrica y alimentaria.

“La desertificación, termina por destruir el ingreso económico de los pequeños propietarios y el ingreso de la comunidad local. Es lo que pasó en África”, asegura Calderón y agrega que el fenómeno es como una cadena: “Hay sequía que genera menos rendimiento y esto a su vez genera menor productividad, lo que genera menos ingresos que generan pobreza. Después vienen las enfermedades y la hambruna como en África del Norte. En Chile quizás no hemos llegado a la crisis de hambruna, pero sí estamos en la de menor productividad, rendimiento y pérdida de ingresos económicos en los comuneros. Nos faltan dos etapas para llegar a la más crítica”.

Menos lluvia, más sequía

El escenario es complicado y la escasez de agua, factor crítico que influye en la desertificación, es una de las razones. Las cifras de los últimos años demuestran que en Santiago, y en Chile, hay déficit en las precipitaciones, extensión de los períodos de sequía y un aumento, proyectado, de la temperatura.

Hace un mes la Dirección Meteorológica de Chile señaló que al considerar el acumulado de precipitaciones entre enero y junio de 2015, era “el período más seco de los últimos 50 años». A lo que se suma la simulación del clima realizado por el organismo. La proyección para el período 2030 y 2059 es que la temperatura media máxima de Santiago aumentará en 2°C en 2050.

Por su parte, el doctor en Geografía, Pablo Sarricolea, elaboró un modelo de índice termopluviométrico que muestra la disponibilidad de agua y permite ver cómo avanza el desierto climático por la cantidad de lluvias y temperaturas. “Lo que indican todos los datos es que en Santiago el recurso agua se va a ir agotando. Se habla que vienen sequías que van a ser de mayor longitud temporal, ya no de 10 o 15 años, sino que multidecadales, de 20 años. Si no se toman medidas, eso favorece los procesos de desertificación”, dice Sarricolea. En uno de sus trabajos estableció que en 10 de las 15 capitales regionales de la zona centro-sur las precipitaciones disminuirán en el futuro.

Desde la CNULD coinciden en que cada vez habrá menos agua en la capital. El coordinador para América Latina y el Caribe del programa, Heitor Matallo, cree que la tendencia en Santiago se va a agravar en los próximos años y señala que hay un desbalance entre consumo y ‘producción’ de agua. “El consumo tiende a aumentar por distintos factores, incluyendo el aumento de población. Mientras la ‘producción’ tiende a disminuir debido a cambios en el clima y en el ambiente, lo que hace que el balance hídrico se vuelva permanentemente negativo. Claro que esto en un escenario de que no haya medidas para revertir el proceso. Todavía hay espacio para tomar medidas que puedan revertir la tendencia. Por cierto, se necesita tecnología, recursos financieros y mucha coordinación institucional”, dice Matallo.

Pero la incidencia del cambio climático sobre la disminución de precipitaciones es un tema complejo para Mauricio Calderón, de la PUC, ya que “no tenemos la certeza que se deba al proceso de desertificación o al Calentamiento Global. Esto es que en una determinada época geológica la tierra cambia de clima, donde llega una era glaciar en unos sectores y en otros una etapa de desierto”. Chile estaría más cerca de la segunda opción, según los antecedentes.

Menos árboles, más erosión

La marcha del desierto sobre la capital tiene otra arista devastadora: la erosión. Esta es un fenómeno natural pero que se agrava considerablemente por las acciones del hombre, como deforestación, incendios y mal manejo del suelo.

Cuando se devasta el suelo la posibilidad de recuperarlo es menor, según el académico Leonardo Vera, “porque te escapas de la escala humana y pasas a escalas geológicas. Teniendo un buen suelo puedes restaurar de forma efectiva con distintas técnicas, como forestación o praderas, y tienes cierta probabilidad de éxito. Pero cuando ya rompes el suelo y lo echas a perder, es difícil”.

El problema es que las cifras, una vez más, no son alentadoras: en la zona central la superficie con problemas de erosión –moderada, severa y muy severa– supera el 50,3% de su territorio (CIREN, 2011).

¿Cómo se controla la erosión? Para Calderón el tema pasa por las plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido como el pino, eucalipto, ciprés y álamo. “Los gobiernos han abordado parte del problema, dentro de lo que ellos conocen. Se han dado cuenta de que con el bosque nativo se demoran 300 años para controlar la erosión. Entonces, hay algunas críticas que son injustificadas a los servicios públicos. ¿Por qué se ha plantado pino y eucalipto en Chile? Para tratar de reducir la erosión”, señala.

“No reforestas cuando pones eucalipto o pino”, critica Vera, sino que “reforestas cuando restableces el bosque nativo, que no tiene nada que ver con un cultivo forestal. Como ejemplo, es muy distinto un barrio con historia, identidad y cultura a un lugar con casas iguales y simétricas”.

Frenar el avance del desierto

Hace casi 20 años Chile se hizo parte de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD). Esta se rige por la Conferencia de las Partes (CP) que en diciembre próximo se reunirá en París, Francia (COP 21), con el objetivo de adoptar un nuevo acuerdo climático mundial.

La CNULD creó el Mecanismo Mundial (MM) para “facilitar la canalización de recursos (financieros y técnicos) desde países desarrollados hacia los países en desarrollo”, explica su coordinador para el continente, Heitor Llanos. El MM apoya el desarrollo de las Estrategias Financieras Integradas (EFI) que están asociadas al Plan de Acción Nacional (PAN) de cada país, que es el medio por el cual se canalizan los recursos. “El MM ha asignado recursos para muchos países. Chile es miembro de la OCDE, por lo tanto, no es elegible para recibir recursos en muchos casos”, explica Llanos.

Pero hay otras formas de financiamiento que llegan a Conaf, que lidera las acciones –fomento forestal, combate y prevención de incendios forestales, fiscalización de tala ilegal, entre otras– para frenar la desertificación.

En 1997 arrancó el Programa de Acción Nacional, el cual se mantiene vigente y recibe recursos del Ministerio de Agricultura, para fomentar la forestación, la recuperación de suelos degradados y el riego. Este no se creó exclusivamente para combatir contra la desertificación, pero “es un aporte relevante en términos de recursos estatales”, señala Ángelo Sartori, coordinador nacional de Bosques y Cambio Climático de Conaf. En total se han destinado US$1.578 millones desde el 2000 a la fecha.

El programa está en un proceso de actualización este año, el que se financia a través de un convenio entre Conaf y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA), asociado al Fondo Global para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Además, Conaf tiene el proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra”, que también recibe recursos financieros del GEF, y que se ejecutará en el período 2015-2018. Algunas de sus líneas de acción son establecer un sistema de manejo sustentable de la tierra y un sistema de monitoreo y evaluación, entre otras. El objetivo de este es “contribuir a la formulación de un marco nacional de manejo sustentable de la tierra, aplicado a los terrenos degradados silvoagropecuarios, para luchar contra la degradación de la tierra, revertir la desertificación, reforzar la incorporación de la biodiversidad en las políticas silvoagropecuarias y proteger los activos de carbono mediante la aplicación de prácticas de manejo sustentable de la tierra”, precisa Sartori, de Conaf.

Pese a las acciones que realiza la corporación y las limitadas ayudas financieras que provienen del exterior, entre los expertos la lectura es que los gobiernos y autoridades aún no toman una “consciencia real” sobre la profundidad y dimensiones de la desertificación. Algunos, como Mauricio Calderón, apuntan a que estos se preocupan de la economía y el desarrollo local más que por los temas ambientales. Otros, como Leonardo Vera, señalan que los problemas medioambientales tienen una resistencia en la tesis cultural actual, “porque hay quienes no quieren pagar la cuenta, y seguir aprovechándose”.

Hay coincidencia, sin embargo, que pese a los esfuerzos a corto y mediano plazo por detener el avance del desierto, es necesario una mirada a largo plazo. “No hay un plan de aquí a 50 años de cómo queremos nuestra ciudad y nuestra región. No hay una mirada de qué proyectamos al 2050 y al 2100”, finaliza Pablo Sarricolea, de la Universidad de Chile.

Mientras, el desierto continuará su lento y devastador asedio sobre la capital.

Fuente/elmostrador
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Desarrollo Sostenible

Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta

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Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.


Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.

Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.

Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.

Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.

Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.

En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.

El planeta te lo agradecerá.
 

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Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.


El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

 

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

 

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible

Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia

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Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.

La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.


“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.

Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.

Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.

La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción. 

“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.

El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia. 

“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile. 

¿Cómo ayudar?

Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña  #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.

Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]

 

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Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.


Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

 

Fuente/Pulso/LaTercera
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H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

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En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.


En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

 
La actividad contó con la participación delSubsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, junto a representantes del sector público y privado, en un momento en que Chile mantiene una de las carteras de proyectos de hidrógeno verde más relevantes de la región, con 83 iniciativas anunciadas a diciembre de 2025, de las cuales 17 se encuentran en operación, mayoritariamente en fase piloto o demostrativa.
 
 
Durante el encuentro se destacó que la cartera nacional asociada al hidrógeno verde y sus derivados alcanza una magnitud estimada de US$170.000 millones, equivalente a más del 50% del PIB nacional, con alrededor de US$40.000 millones actualmente en evaluación ambiental, lo que evidencia tanto el interés inversionista como los desafíos para materializar estas iniciativas en plazos competitivos.
 
Asimismo, se relevó que, de concretarse los proyectos anunciados, el hidrógeno verde podría generar un potencial exportador del orden de US$13.355 millones anuales, equivalente a cerca del 13,4% de las exportaciones actuales del país, junto con una estimación de entre 35.000 y más de 100.000 empleos, dependiendo del nivel de avance efectivo de las iniciativas.
Durante su presentación, el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, destacó que, en nuestro país, “se ha avanzado en atraer una enorme cantidad de proyectos de inversión a Chile. 40 mil millones de dólares en tramitación ambiental es una cifra gigante y hace de este sector un potencial de crecimiento para Chile muy grande”.
 
En la misma línea, la autoridad relevó la importancia del proyecto de ley que incentiva la demanda de hidrógeno verde en nuestro país que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Esta iniciativa es indispensable para que esta industria inicie operaciones en Chile. Es muy importante que el gobierno entrante tome este trabajo en curso y lo impulse”.
Por su parte la Presidenta de H2 Chile, Rebeca Poleo, señaló que el octavo aniversario encuentra al sector en una etapa de mayor madurez, donde resulta clave reconocer los avances concretos alcanzados en 2025, pero también asumir con realismo los desafíos pendientes en materia de permisos, financiamiento, infraestructura estratégica y generación de demanda. “A ocho años de su creación, la asociación ha sido clave en articular al ecosistema público-privado del hidrógeno verde en Chile, impulsando una industria que hoy comienza a transitar desde la visión hacia la ejecución”, aseveró.
 
En tanto, el Director Ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, presentó el balance gremial del año, destacando que 2025 marcó un punto de inflexión conla aprobación ambiental de proyectos industriales relevantes, como la planta de amoníaco verde Volta de MAE en Antofagasta y las iniciativas de e-fuels en Magallanes, junto con avances en aplicaciones concretas en minería, transporte, energía y manufactura. El ejecutivo señaló que “Chile está construyendo una industria con impacto de largo plazo, en un momento clave para el hidrógeno verde a nivel global. No es una promesa fácil ni un camino inmediato, pero sí una apuesta estratégica que el país decidió asumir.
 
 
Hoy el desafío no es la visión, sino la ejecución: que los proyectos correctos avancen con certeza, demanda y viabilidad. Lo que estamos construyendo no es solo una industria, sino generando empleo en regiones, inversión productiva de largo plazo y una nueva ventaja competitiva país. En ese proceso, el rol gremial es clave para articular al sector público-privado y sostener el rumbo de una transición que no será lineal, pero sí real”.
 
Del diseño a la ejecución: habilitar el hidrógeno verde en Chile
 
El encuentro incluyó además un conversatorio moderado por la Vicepresidenta de H2 Chile, Grace Keller, y que contó con la participación de Gonzalo Moyano, CEO de MAE, y  Mauricio Ramírez, Gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Marval, sobre la ejecución del hidrógeno verde en Chile, donde abordaron la necesidad de avanzar hacia proyectos a escala comercial, consolidar polos industriales en regiones como Antofagasta, Magallanes y Biobío, y fortalecer la coordinación público-privada para competir en un escenario internacional cada vez más exigente.
 
Finalmente, se destacó que los avances regulatorios registrados durante 2025 —como la tramitación del proyecto de Ley de Fomento al Hidrógeno Verde y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales— representan señales relevantes, pero insuficientes por sí solas si no se traducen enmayor velocidad y certeza para la ejecución de proyectos.
 
A cargo del cierre de la Jornada, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó que “en un país donde el sector público históricamente no ha estado acostumbrado a desarrollar iniciativas de manera conjunta con el mundo privado, el esfuerzo que hemos realizado como administración para habilitar una industria desde cero no es evidente ni trivial. Estamos convencidos de que el hidrógeno verde se va a desarrollar y representa una oportunidad estratégica para Chile”.
 
Añadió, que “como gobierno, tenemos la satisfacción de haber impulsado una agenda robusta para su habilitación, con instrumentos concretos como el Comité Interministerial de Hidrógeno Verde —que articula el trabajo de siete ministerios— y el Programa Transforma de Hidrógeno Verde en Magallanes, entre otras iniciativas. Lo relevante ahora es sostener esta visión de mediano y largo plazo, clave para consolidar el desarrollo de esta industria en el país”.
 
Desde H2 Chile señalaron que la conmemoración de sus ocho años buscó instalar una conversación estratégica y honesta, alineada con el momento que vive la industria, donde la capacidad de ejecución será tan determinante como las ventajas naturales del país.
 
 

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