Si es de los que rechaza a rajatabla la idea de sumar energía nuclear a la matriz, pues estas líneas no están escritas para usted. Aquí mostramos cómo sería el paisaje de nuestras costas y la institucionalidad del país si próximos gobiernos deciden darle más valor a las ventajas de la energía nuclear –cero emisión, costos competitivos, producción eficiente y confiable– que a su mayor flanco, la seguridad.

Kenting, Taiwán. Angra dos Reis, Brasil. Vandellós, España. Pichidangui, Chile. Cuatro turísticos balnearios del mundo que cada año reciben en sus arenas paradisíacas a miles de bañistas que llegan los días de calor con sus bolsos y quitasoles. Los surfistas se lanzan a las olas, los niños a la orilla para levantar castillos y otros tantos a nadar, dormir bajo el sol o, simplemente, no hacer nada. Habituados a estas rutinas es raro que los visitantes reparen en los techos redondeados que se ven a lo lejos y que albergan los generadores de energía nuclear de estos países, ubicados cerca de la costa para que el agua apoye los sistemas de refrigeración del reactor.

Es verdad que en las cercanías de Pichidangui no existe central nuclear alguna, como sí ocurre en Taiwán, Brasil y Japón. Pero el 2020 está a la vuelta de la esquina y a juicio de los expertos se trata de un horizonte razonable para contar con una de estas centrales en caso de que se tome la decisión política de entrar a la generación nuclear.
Pichidangui, Chorrillos, Mejillones, Totoralillo, Puertecillo o Los Vilos están en la lista corta de lugares en los que podrían emerger estos reactores y que nos pondrían a la par de Argentina y Brasil, únicos países de Sudamérica que le pusieron fichas a la opción nuclear para fortalecer sus sistemas energéticos.

La discusión sobre los pros y los contras de tener energía generada por reactores nucleares desata pasiones de lado y lado. “Poniendo fin a décadas de vacilación, Chile debe aprobar ahora el desarrollo de centrales nucleares por una empresa mixta, con plantas nucleares localizadas en el Norte Grande o al sur del Golfo de Taitao, alimentando la carretera eléctrica que deberá unir a todo el país” señaló días atrás desde la academia el economista de la Universidad Católica Klaus Schmidt-Hebbel, quien pone el acento en su diagnóstico de “aguda escasez de energía, reflejada en la cuadruplicación del costo marginal de la electricidad desde mediados de los años 2000”, cuando Argentina nos cortó el gas natural y aumentó el precio mundial del petróleo.

Desde la vereda de enfrente, Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, señala que “son las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) la alternativa más racional y más económica, considerando que se pueden poner a funcionar en corto plazo –y no en más de 20 años como sería la nuclear– que ya son competitivas y otorgan mayor independencia energética y seguridad en el suministro”.

Ni sueño ni pesadilla

No es misión de estas líneas dirimir una discusión que en el papel ya es intensa, sino más bien imaginar qué ocurriría en Chile si el Estado decide entrar en la carrera atómica. Los intentos por abordar la cuestión vienen desde los 80, momento en que los estudios de factibilidad arrojaron respuestas negativas. Recién el 2007, bajo la administración Bachelet, se reinician las prospecciones, creándose una comisión ad hoc y cuyas conclusiones están impresas en el informe “La opción núcleo-eléctrica en Chile”. Presidida por Jorge Zanelli, doctor en física e investigador del Centro de Estudios Científicos (CECS), más que respuestas, el documento buscó compilar el conocimiento mundial que hay sobre la materia y recomendar una serie de estudios más profundos sobre aspectos territoriales, ambientales, institucionales y económicos entre otros.

Según el diseño del Colegio de Ingenieros, para 2030 –con cuatro reactores operando– la energía nuclear podría representar el 26% del sistema.

El Presidente Piñera tomó la posta. Sin embargo, tras los efectos del tsunami en la planta nuclear japonesa de Fukushima a comienzos del 2011, el tema volvió a sumergirse. Pero no por mucho tiempo. El que los dos mayores proyectos de generación –la central termoeléctrica Castilla y las cinco centrales hidroeléctricas propuestas por HidroAysén– salieran del tablero de juego, volvió al ruedo la discusión sobre la forma en que Chile resolverá en el largo plazo sus problemas energéticos.

A comienzos de este año el mandatario recalcó durante la cena anual de la Energía que “nuestro gobierno no va a construir ni decidir la construcción de ninguna planta nuclear, pero estamos avanzando en conocer mejor esa energía, en capacitar mejor a nuestros ingenieros y en perfeccionar nuestra institucionalidad. Y nadie puede temer al conocimiento. Sólo los ignorantes le temen al conocimiento”. Dejaron pasar algunos meses y días atrás el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, anunció que el primer trimestre del 2013 se “retomarán los estudios sobre la viabilidad de incorporar la energía nuclear a la matriz energética de Chile”, explicando que estos se focalizarán en dos áreas, la tecnología y la capacidad de las centrales.

Cabe recalcar que desde que finalizó la Comisión Zanelli, el 2008, a la fecha son varios los informes que se han sumando a la carpeta nuclear del Ministerio de Energía. Roles del Estado y el sector privado, percepción ciudadana, experiencia internacional en marcos reguladores, impactos y riesgos de la generación nuclear y adecuaciones al marco legal existente son algunas de las temáticas en que universidades chilenas, estudios de abogados y consultoras internacionales han opinado.

Poniendo todos estos elementos en la juguera es que suena razonable comenzar a pensar cómo sería Chile con la incorporación de generación nuclear en su matriz energética. Según el diseño del Colegio de Ingenieros, para 2030 –con cuatro reactores operando– la energía nuclear podría representar el 26% del sistema. Se convertiría así en la segunda fuente de importancia después de la hidroelectricidad (40%). Luego vendrían las ERNC con cerca del 15% y, finalmente, las centrales de gas y carbón. Así que, imaginemos.

No en mi jardín

Tres son las zonas estratégicas que los ingenieros definieron como posibles en su Programa de Desarrollo de Centrales Nucleares 2009-2030.La costa de Antofagasta es la primera. En una extensión de 250 kilómetros entre los puertos de Mejillones, Tocopilla y Antofagasta, la central que se plantase allí debería tener por finalidad abastecer al norte grande y la minería, hoy alimentada por termoeléctricas a carbón y plantas de ciclo combinado a gas y diésel.

El segundo sitio perfilado estaría en los 200 kilómetros que hay entre Tongoy y Pichidangui, desde donde se abastecería, principalmente, a la Región Metropolitana. Según Fernando Sierpe, ingeniero civil, ex director de Endesa, Edelnor y Edelaysen y uno de los tres autores de este programa, es en esta área donde debería levantarse el primero de los cuatro reactores que estiman debería tener Chile para 2030. La propuesta es que cada reactor cuente con una potencia máxima de 1.100 MW, generando 9.000 GWh al año. La sugerencia es que, por ser Santiago el mayor centro de consumo, este punto debería albergar dos reactores. En cuanto a la cantidad de personas que trabajaría en un reactor de estas dimensiones, el cálculo es entre 500 y 600 personas, siendo un 15% de ellos ingenieros nucleares.

De acuerdo con estudios de percepción ciudadana que tiene la autoridad, la imagen de la energía nuclear es sistemáticamente negativa y sin distinciones de edad, género y nivel socioeconómico.

El tramo entre Navidad (40 kilómetros al sur de San Antonio) y Pichidangui completa la propuesta. Con un reactor levantado en algún punto de esta línea, abastecería Santiago y la zona sur de Chile. A juicio de los expertos, los terrenos escogidos deben contemplar la posibilidad de ampliación, pensando en que haya espacio para levantar cuatro reactores por cada central. Pero eso sería para un horizonte mucho más allá del 2030.

La gracia de estas posibles ubicaciones es que conjugan la mayoría de los requisitos básicos que exige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU. Entre ellos, estar en zonas de baja densidad poblacional, cerca de los centros de mayor demanda eléctrica, cerca de abundante agua, cerca de puertos y caminos que faciliten la construcción y operación, cerca de las líneas de transmisión de energía, lejos de la contaminación ambiental, fuera de áreas ecológicas protegidas y de interés patrimonial e histórico. Por cierto, y eso será tema de estudios más específicos, será clave también considerar la actividad sísmica, posibles efectos de tsunamis y la ubicación de fallas geológicas. Diablo Canyon, por ejemplo, central nuclear californiana está rodeada de cuatro fallas, incluida la de San Andrés, y ya lleva tres décadas soportando terremotos.

Jorge Zanelli coincide en cuanto a la ubicación geográfica que podrían tener los posibles reactores como también con los tiempos. “En un escenario en que la demanda crece al ritmo de las últimas décadas, y suponiendo que se hicieran los grandes proyectos Hidroeléctricos de Aysén, la modelación del Ministerio de Energía realizada en 2009 indicaba que sería oportuno incorporar unas 5 centrales entre 2024 y 2030”. La diferencia en su mirada está en el tamaño de los reactores. “Hay una tendencia en la tecnología hacia reactores más pequeños, en torno a los 150 a 300 MW, que pueden operar como baterías modulares de varios GW. Estos reactores podrían ser menos propensos a una fusión del núcleo y podrían construirse en serie y ser ensamblados in situ, lo que bajaría costos y tiempos de construcción como de licenciamiento. Sin embargo, esa tecnología aún está en una fase experimental, pero quizás llegue a ser la tecnología dominante en las próximas décadas”, acota.

En cuanto a la inversión necesaria para este plan, ciertamente que la lista de supuestos es larga, particularmente en lo que se refiere a la tecnología que asegura los más altos estándares de seguridad. De todas formas, el Colegio de Ingenieros aventura un número para los cuatro reactores iniciales: entre los 12 mil y 15 mil millones de dólares, tomando como referencia las recientes compras de centrales hechas por los Emiratos Árabes a Corea del Sur.

Un modelo a considerar

¿Cómo se abordaría esta inversión? Todos los especialistas estiman que deben tratarse de empresas mixtas (Estado y privados) que tengan experiencia en la materia, criterios que quedarían claramente establecidos en las bases de licitación. “Un modelo interesante es el de Finlandia, donde el propietario y explotador de las centrales es un consorcio de grandes consumidores de electricidad”, precisa Jorge Zanelli.

Según las estimaciones, los cuatro reactores iniciales requerirían una inversión de entre los 12 mil y 15 mil millones de dólares.

Endesa, Suez, Duke son compañías cuyos ejecutivos habrían manifestado, privadamente, estar dispuestos a evaluar la inversión. Lo que claramente no están dispuestos a hacer, es ser parte de la campaña de opinión pública que deberá sensibilizar a los chilenos sobre la importancia de contar con energía nuclear en algún punto del borde costero nortino.
MZC Consulting fue la encargada de elaborar el informe sobre el Costo de la Energía Nuclear en Chile estableciendo en su documento que se trata de una opción competitiva frente a la que ofrecen los combustibles fósiles, destacando, eso sí, que se requiere del apoyo inicial del Estado. Al igual que las inversiones hidroeléctricas, la construcción de reactores nucleares es intensiva en capital al inicio. El gasto en operación, mantenimiento y administración en ambos tipos de centrales también es mayor que el de sus pares a carbón y gas. La cosa cambia al analizar los precios de los combustibles. Mientras en la energía hídrica es cero, y en la nuclear muy baja, para el carbón y el gas estos se disparan.

La campaña de imagen en la que debería invertir el Estado tendrá un buen desafío. De acuerdo con el estudio de percepción ciudadana que tiene la autoridad, la imagen de la energía nuclear entre sus encuestados es sistemáticamente negativa y sin distinciones de edad, género y nivel socioeconómico. Muerte, destrucción, bomba, Chernobyl, sucia y guerra son los conceptos que aparecieron de manera espontánea. Sin embargo, en paralelo, una gran mayoría reconoce su carencia de información y estar abierta al debate.

Si en diez años más tendremos una central nuclear en el norte dependerá de la institucionalidad que se dicte. Para ello, lo primero será contar con un órgano regulador independiente que autorice, inspeccione y establezca los criterios de seguridad.

Según el Colegio de Ingenieros y el informe elaborado por Barros Errázuriz en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para ello se debe asegurar que “el organismo, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los estándares de seguridad tecnológica y física de las instalaciones tenga la suficiente autonomía para tomar decisiones, y eventuales medidas coercitivas, sin interferencias o presiones de ningún tipo. Lo anterior, además, va de la mano de la necesaria credibilidad pública del órgano regulador, aspecto sustancial para lograr el apoyo ciudadano, lo que descansa en la independencia tanto de otras organizaciones gubernamentales como de grupos económicos que promueven tecnologías nucleares”.

Asegurar la independencia va de la mano con sus posibles integrantes. Una designación coordinada con el Congreso y nombramientos que no coincidan con el gobierno de turno son sugerencias para resguardar la independencia. También la aprobación de su presupuesto, el que debería ser enviado cada año al Congreso sin tener que ser visado previamente por el Ejecutivo.

Los países que siguen este enfoque se inspiran en la National Regulatory Commission (NRC) norteamericana, órgano regulador que le reporta directamente al presidente y que funciona como contraparte de lo que sería nuestro Ministerio de Energía. Otra posibilidad es que dicha entidad dependa de un ministerio específico, como ocurre en Brasil y Finlandia entre otros países.

Ejemplos para mirar se acumulan y recomendaciones de la OIEA sobran. Lo concreto es que cualquiera sea el esquema escogido se requerirá de un buen set de proyectos de ley. Fernando Sierpe, del Colegio de Ingenieros, cuenta que su diseño contempló seis años de discusión previa a la construcción de la primera central. La elaboración de estudios, la decisión por parte del Ejecutivo de dar la carrera y la discusión parlamentaria son parte de esta fase. Por lo mismo, explican, llevan varios años conversando periódicamente con senadores de todas las bancadas a fin de que se empapen de antemano con la materia. Misma tarea hacen regularmente con ejecutivos de las empresas eléctricas y empresarios.

Desde que se pone la primera piedra, cinco son los años promedio que toma levantar un reactor de uranio enriquecido sin torres de refrigeración como la que están planteando. ¿Qué ocurriría con el abastecimiento de las centrales? La respuesta que dan los ingenieros es muy práctica. El puerto que debe estar asociado al reactor recibirá cada tres años la carga de uranio necesaria para alimentar la central. “25 toneladas de combustible nuclear por año, 75 toneladas en total”, precisa Sierpe, el que entraría directo a la central sin necesidad de ser transportado por tierra.

El uranio se compraría vía leasing a los países productores, sistema que hoy promueve con intensidad la OIEA y que supone que el país que hace la venta se lleva de regreso los tubos en desuso para reciclarlos. Bajo esta mirada, las tres centrales que tendríamos en 20 años en la costa nortina se desentenderían de los desechos y sus efectos.

Fuente:www.capital.cl/negocios/energia-nuclear-un-chile-atomico