– Anuló resolución de Superintendencia de Medio Ambiente por contener vicios e ilegalidades.
– En su nueva resolución la Superintendencia deberá sancionar cada uno de los 22 incumplimientos de la empresa, ya comprobados en forma independiente, y no agruparlos en cinco como lo hizo la primera vez.
– Resolvió mantener las medidas ya ordenadas de paralización total del proyecto y la obligación de la compañía de construir las obras de resguardo necesarias para proteger el recurso hídrico.

En forma unánime, el Tribunal Ambiental resolvió anular la resolución con que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó al proyecto minero Pascua Lama, y le ordenó rehacer totalmente la resolución sancionatoria, resolviendo los vicios e ilegalidades contenidos en el primer documento.

“Este Tribunal ha llegado a la convicción que los vicios de legalidad descritos precedentemente son de tal entidad, que sólo cabe la anulación de la resolución reclamada”, dice la sentencia.

Al acoger parcialmente las reclamaciones contra la resolución N° 477 –emitida por la SMA el 24 de mayo de 2013- el Tribunal Ambiental determinó mantener las medidas “urgentes y transitorias” ya impuestas, es decir la paralización total del proyecto minero y la obligación de construir, a la brevedad, las obras de resguardo necesarias para la protección de los recursos hídricos.

CONCURSO INFRACCIONAL

El Tribunal, después de analizarlo en extenso, resolvió rechazar el criterio utilizado por la SMA, que agrupó las 22 infracciones cometidas y reconocidas por la minera para fijar las sanciones. A través de un supuesto “concurso infraccional”, la Superintendecia tomó 19 de ellas y conformó solo dos incumplimientos, los que sumados a las tres restantes dieron lugar a una multa total de 16.000 UTA.

“La SMA incurrió en ilegalidad al sancionar los trece incumplimientos a la RCA como una sola infracción y considerar el número de incumplimientos como agravantes, por lo que deberá, al dictar la nueva resolución, proceder a sancionar cada uno de los incumplimientos en forma independiente, realizando la calificación de cada uno de ellos conforme a los criterios del artículo 36 de la LOSMA y determinar, conforme a los criterios del artículo 40, cuál es la sanción correspondiente de acuerdo a una debida fundamentación. (…) deberá proceder de la misma forma respecto de, a lo menos, los seis incumplimientos a la Resolución N° 107, ya que también se les sancionó como una sola infracción por aplicación del denominado “concurso infraccional”, calificado como improcedente por este Tribunal” dice el Tribunal Ambiental.

Falta de fundamentación de la SMA

El Tribunal también se refiere en su sentencia a las argumentaciones entregadas por la Superintendencia a lo largo de su resolución sancionatoria, explicando que la falta de fundamentación que se observa a lo largo de todo el documento, es una de las razones más importantes por la cual la resolución de la SMA adolece de ilegalidad.

“Este Tribunal concluye que la resolución impugnada no cumple -entre otros- con los requisitos de integridad y autosuficiencia que se exige a las resoluciones como la impugnada. Carece de integridad porque de los argumentos señalados por el Superintendente en la citada resolución, no se logra entender por qué se sancionan todas las infracciones a la RCA como una sola y por qué el número de estas se consideró como una agravante. La carencia anterior resulta contumaz respecto de las infracciones a la Resolución N° 107, donde sólo se indica que se aplicará el concurso infraccional sin ningún tipo de fundamentación. La resolución impugnada no es autosuficiente por cuanto requirió de nuevos argumentos por parte del Superintendente para explicar su decisión, lo que se agrava si se considera que dichos antecedentes estaban destinados a fundamentar una figura jurídica distinta a aquella contenida en la resolución recurrida. Lo anterior, es motivo suficiente para invalidar en esta parte la resolución”, afirma el fallo.

“Este Tribunal exigirá la debida motivación por parte del Superintendente en todo el proceso señalado, para lo cual no será suficiente referirse en términos genéricos a los fundamentos de lo decidido o enunciar la normativa aplicable sin realizar el debido análisis de cada una de las circunstancias consideradas al momento de establecer la sanción especifica. Particularmente, esta Magistratura revisará con especial detención los fundamentos de aquellas decisiones contenidas en la resolución impugnada que digan relación con la aplicación de una especial forma de sancionar las infracciones (concurso infraccional), las razones esgrimidas para calificar cada una de ellas y especialmente, el desarrollo de los argumentos de cada uno de los criterios que lo llevaron a decidirse por la imposición de una sanción en detrimento de otra de las sanciones contenidas en el artículo 39 de la LOSMA” afirma el Tribunal.

Análisis técnico

Dada su característica de órgano especializado, de composición mixta jurídico- científica, el Tribunal Ambiental en su fallo consideró los antecedentes específicos del tipo de territorio en el cual se emplazan las actividades mineras.

“Dichos lugares presentan condiciones ambientales que suelen imponer desafíos operacionales complejos y además forman parte de ecosistemas y comunidades sensibles a los impactos ambientales de la industria minera. Estas condiciones se hacen extremas cuando los proyectos tienen el potencial de afectar glaciares u otras fuentes de agua. (…) La minería de alta montaña exige una alta dosis de profesionalismo, responsabilidad y ética, no sólo a quienes emprenden el desafío de producir riqueza, sino especialmente a quienes están mandatados a proteger el medio ambiente y promover inversiones de calidad, que generen bienestar para el país, las comunidades y los ecosistemas que las albergan”, añade la sentencia.

El Tribunal Ambiental se abocó además, a analizar la información disponible respecto de la calidad del recurso hídrico en la zona influenciada por el proyecto.

De acuerdo al Tribunal existían en el expediente los antecedentes necesarios para que la SMA hubiera podido realizar un análisis más exhaustivo de este punto y obtener conclusiones concretas, pronunciándose al respecto, por lo menos en lo que respecta a las aguas superficiales.

“Hay indicios que las obras y actividades de la Fase de Construcción del Proyecto Pascua-Lama han alterado la calidad de las aguas superficiales en la cuenca del río Estrecho, considerando el comportamiento de los parámetros indicativos del Drenaje Ácido de Rocas (DAR) y la turbidez, detectándose un incremento a partir del inicio de esta fase en comparación con la Línea de Base establecida en la RCA y las correspondientes normas aplicables”, concluye la sentencia al respecto.

El escrito agrega que “la SMA, contando con la información necesaria no realizó análisis alguno sobre la materia, en la resolución reclamada y omitió referirse a la posible contravención de las condiciones establecidas en la RCA respecto a las aguas superficiales”.

La sentencia aborda once temas en que la SMA habría cometido vicios administrativos o ilegalidades: legitimación activa; estándar de motivación para la resolución impugnada; concurso infraccional; afectación a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas; antecedentes sobre conducta anterior del infractor; solicitud de apertura de nuevos procesos sancionatorios; falta de autorización previa del Tribunal para las medidas urgentes y transitorias impuestas por la SMA; falta de pronunciamiento sobre solicitudes realizadas por los reclamantes; legalidad de medidas urgentes y transitorias ordenadas por la SMA; infracciones no sancionadas o tipificadas incorrectamente; y la calificación de los requerimientos de información de la SMA.

En esta causa, el Tribunal Ambiental estuvo compuesto por los ministros Rafael Asenjo, Presidente (S); Sebastián Valdés; y Ximena Fuentes.

ANEXO

I. Antecedentes del caso

22 de enero de 2013, la SMA inició un proceso administrativo sancionador a raíz de la autodenuncia presentada por Compañía Minera Nevada SpA, en la cual reconoce que infringió la resolución que calificó favorablemente su proyecto “Modificación proyecto Pascua Lama”, por dos incidentes ocurridos en el sistema de manejo de aguas, particularmente en las obras del Canal Perimetral Norte Inferior y su obra de salida, tras dos eventos climáticos (22 de diciembre de 2012 y 10 de enero de 2013).
La autodenuncia fue declarada “no ha lugar” por la SMA por carecer de “información precisa, verídica y comprobable de los hechos que constituyen infracción” (Resolución N° 105, de 31 de enero de 2013).
31 de enero de 2013, la SMA ordenó a la empresa la adopción de diversas medidas provisionales de corrección, seguridad y control con objeto de impedir la continuidad del riesgo o daño señalados en la autodenuncia, además de la realización de programas de monitoreo y análisis (Resolución Exenta N° 107).
31 de enero de 2013, la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, denunció a la SMA eventuales incumplimientos a la RCA del proyecto.
8 de febrero de 2013, las sociedades Agrícola Santa Mónica y Dos Hermanos Ltda., también denunciaron una serie de incumplimientos a la RCA del proyecto.
27 de marzo de 2013, la SMA formula cargos a la empresa por un total de 23 hechos, actos u omisiones (ordinario N°58-2013), de los cuales 22 fueron aceptados sin oposición por la minera. (29 de abril de 2013).
4 de abril de 2013, las comunidades indígenas diaguitas presentaron una solicitud pidiendo hacerse parte del proceso sancionatorio, lo que fue acogido por la SMA (Resolución Exenta N° 340, 15 de abril de 2013).
24 de mayo de 2013, el superintendente de la SMA sanciona a Compañía Minera Nevada SpA al pago de una multa total de 16.000 UTA), a través de la Resolución Exenta N° 477. Además, dicta medidas transitorias y urgentes, como la paralización de las obras del Proyecto Pascua Lama.
11 de junio de 2013, agricultores y regantes de la comuna de Alto del Carmen presentaron la primera reclamación en contra de dicha resolución, caratulada por el Tribunal Ambiental con el Rol R6-2013.
17 de junio de 2013, las Comunidades Indígenas Diaguitas, interpusieron en el Tribunal Ambiental la segunda reclamación en contra de la misma resolución de la SMA (Resolución Exenta N° 477). Caratulada bajo el Rol R7-2013.
18 de junio de 2013, las sociedades Agrícola Santa Mónica y Dos Hermanos Ltda., interpusieron la tercera reclamación. Caratulada con el Rol R8-2013.
Como estas tres acciones impugnaban la misma resolución, el Tribunal Ambiental decidió acumular todas ellas en la más antigua, R6-2013.
26 de julio de 2013, la minera se hizo parte como tercero coadyuvante de la SMA.
4 de septiembre de 2013, se realizó la vista de la causa. Alegaron los abogados Álvaro Toro Vega, por los regantes de la comuna de Alto del Carmen; Lorenzo Soto Oyarzún, por las Comunidades Indígenas Diaguitas; Cristián Gandarillas Serani, por las sociedades Agrícola Santa Mónica y Agrícola Dos Hermanos Ltda; Sebastián Avilés Bezanilla, por la SMA; y José Urrutia Riesco, por la compañía.
16 de septiembre de 2013, el Tribunal Ambiental decidió decretar como medida para mejor resolver, solicitar al SEA copia completa, autentificada y debidamente foliada del expediente de seguimiento y fiscalización del proyecto “Modificación Proyecto Pascua Lama”.
19 de noviembre de 2013, el Tribunal Ambiental decretó como medida para mejor resolver la inspección personal del tribunal al proyecto Pascua Lama, la que se efectuó el 5 de diciembre del mismo año.
23 de enero de 2014, la causa quedó en estado de acuerdo.

II. Incumplimientos y multas

Según la resolución N°477 de la SMA la empresa incurrió en cinco infracciones:

Incumplimiento de las normas, condiciones y medidas, establecidas en la RCA del proyecto. En este caso, la SMA consideró sólo uno de los trece incumplimientos acreditados en la resolución impugnada (N°477), relacionado con la construcción de la “salida del canal perimetral norte inferior” en un lugar no adecuado y a la construcción de obras de alivio no autorizadas en la RCA original ni en su modificación. Los otros doce incumplimientos fueron declarados como agravantes. Esta infracción fue calificada como gravísima, ya que se constató daño ambiental no susceptible de reparación en un sector de vegas andinas, como consecuencia del movimiento de tierra ocasionado por las aguas que fluyeron del citado canal perimetral norte inferior. La multa fue de 10.000 UTA.
Incumplimiento de seis hechos, actos u omisiones contenidos en las obligaciones emanadas de las medidas provisionales decretadas por la SMA (Resolución Exenta N° 107, 31 de enero de 2013). Tal como sucedió en el punto anterior, los seis fueron consideradas como una sola infracción. Esta infracción fue considerada grave y sancionada con una multa que ascendió a las 3.500 UTA.
Incumplimiento de las normas establecidas en los artículos 1°, 2° y 4° de la Resolución Exenta N° 574 de la SMA, de 2 de octubre de 2012. En dicha resolución se requirió información a los titulares de la RCA, instruyéndose la forma y modo en que estos deben presentar los antecedentes requeridos, formalidad que no habría sido cumplida por la compañía minera, sumado a que la información aportada resultó –a juicio de la SMA- incompleta. Esta infracción se tipificó como grave, siendo sancionada con una multa de 500 UTA.
Incumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo único de la Resolución Exenta N° 37 de la SMA, de fecha 15 de enero de 2013, que establece que “los reportes que requieran de muestreos, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la Superintendencia por los sujetos fiscalizados, para ser considerados válidos, deberán adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la administración del Estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que los ha generado”. La minera no acompañó las respectivas acreditaciones de los laboratorios ni los certificados originales de los resultados de los monitoreos presentados ante la SMA, en respuesta a los antecedentes solicitados en la inspección ambiental del 29 de enero de 2013. Esta infracción fue clasificada como grave y sancionada con una multa de 1.000 UTA.
Incumplimiento del requerimiento de información realizado por funcionarios de la SMA, con motivo de la inspección ambiental de 29 de enero de 2013, solicitando los monitoreos de nivel y calidad de los pozo s ubicados aguas debajo de la zanja cortafuga y de las piscinas de acumulación, correspondiente a los últimos seis meses. La compañía sólo entregó información correspondiente a un día del mes de enero de 2013. Este ilícito fue tipificado como grave y sancionado con una multa de 1.000 UTA.

La Resolución N° 477 estableció además de las multas, las siguientes medidas urgentes y transitorias:

Paralización total de las actividades de la fase de construcción del proyecto Pascua Lama, mientras no se ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en la RCA;
Construir transitoriamente la incorporación de las obras de captación, transporte y descarga al estanque de sedimentación norte, las que podrán operar exclusivamente durante el periodo necesario para implementar las obras definitivas que permiten cumplir cabalmente las condiciones establecidas en la RCA; y,
Seguimiento de las variables ambientales contempladas en su autorización de funcionamiento, estando facultado para construir todas las obras asociadas y necesarias para ejecutar dicho seguimiento.

III. ¿Qué pidieron las partes?

Los regantes de la comuna de Alto del Carmen, solicitaron la modificación de la Resolución Exenta N° 477, determinando una sanción más grave y/o que el Tribunal Ambiental ordene a la SMA la apertura de un nuevo proceso sancionatorio que investigue y sanciones los incumplimientos que no fueron investigados anteriormente.

Por su parte, las Comunidades Indígenas Diaguitas pidieron al Tribunal Ambiental declarar la resolución N°477 contraria a la Ley 20.417, confirmar la paralización total e indefinida del proyecto, y que se ordene a la SMA: a) determinar con exactitud la totalidad de los hechos, actos u omisiones constitutivos de infracción y que no se encuentren acreditados; b) realizar de todas las diligencias y actuaciones que fueron oportunamente solicitadas y no contestadas; c) que se pronuncie sobre la procedencia de la revocación de la RCA; d) que recalifique el número de sanciones, en función de la cantidad de hechos, actos u omisiones y recalificar su cuantía total aumentando las penas en la proporción y medida que corresponda; y e) que adopte las actuaciones y diligencias que resulten pertinentes respecto de las medidas urgentes y transitorias decretadas a fin de restablecer la plena vigencia del derecho ambiental y sus fines.

En tanto, las sociedades agrícolas solicitaron que el Tribunal Ambiental revoque la RCA que calificó favorablemente el proyecto, y que además aplique el máximo de las multas por cada infracción cometida o las sanciones más graves que este Tribunal estime conforme a Derecho.

En cuanto al reclamado, el Superintendente requiere a este Tribunal que rechace en todas sus partes las reclamaciones, en particular la de los regantes de la comuna de Alto del Carmen, por carecer esta de fundamentos, toda vez que no señala cuales fueron las ilegalidades en las que incurre la Superintendencia y sólo se limita a describir hechos. Además, la SMA solicita que se declare que los reclamantes no tienen legitimación activa para concurrir al tribunal en contra de su resolución.

Por último, la Compañía solicitó a este Tribunal que las reclamaciones sean rechazadas por cuanto las peticiones concretas de los reclamantes fueron planteadas en forma errónea y son improcedentes. Lo anterior, debido a que los reclamantes solicitaron erróneamente al Tribunal Ambiental ciertas declaraciones y medidas que van más allá de la anulación del acto impugnado, razón por la cual dichas reclamaciones no pueden ser acogidas

Revisar la causa R-6-2013:
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