Isidoro Quiroga cultiva un riguroso anonimato a pesar de ser uno de los empresarios más adinerados del país. Según esta investigación de CIPER, sólo en los últimos cinco años obtuvo más de US$ 25 millones por la venta de derechos de agua, los cuales le fueron otorgados gratuitamente por el Estado. El comercio que hace Quiroga con el agua es legal, lo que desnuda las deliberadas omisiones y falencias del Código de Aguas impuesto en dictadura. Sepa cómo opera en el desregulado mercado de las aguas el misterioso empresario cuyas inversiones hoy se expanden en el rubro minero, eléctrico y alimenticio.

A menos de 10 años de haber sido constituida con un capital de sólo $2 millones, Asesorías en Recursos Hídricos S.A. logró lo que para cualquier empresa de ese tamaño es prácticamente imposible: hizo crecer en 6.500 veces su patrimonio inicial. Y para ello le bastó una sola jugada. Fue en junio de 2008 cuando se saldó la operación más jugosa de su breve y meteórica historia, dejándole a su dueño –el discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga Moreno (62 años)– ganancias por casi $13 mil millones en tiempo récord.

El acelerado desarrollo minero en Atacama y la rampante demanda por agua para sostener la expansión de esa industria, llevó a Quiroga y sus socios a presentar en la Dirección General de Aguas (DGA) entre el 2004 y el 2006 cinco solicitudes para constituir derechos de agua -a través de Asesorías en Recursos Hídricos y otras sociedades relacionadas– en las provincias de Huasco, Chañaral y Copiapó (Tercera Región). Al año siguiente de la última solicitud, la DGA le entregó derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un volumen total anual de 3.894.696 m3. Así consta en escritura pública con fecha 22 de abril.

A partir de ahí, sólo hubo que esperar. Y no fue tanto, porque a los 14 meses la operación rindió frutos. Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró hasta la última gota de agua -la misma que Quiroga había obtenido gratuitamente de manos del Estado-, para abastecer su proyecto aurífero Volcán, en la Región de Atacama. La transacción, que en ese momento se concretó mediante un traspaso de acciones correspondientes al 8,4% de la propiedad de la minera, le reportó a Asesorías en Recursos Hídricos S.A., una vez que liquidó los títulos al año siguiente, la suma de 25.795.000 dólares canadienses ($13 mil millones). Negocio redondo en una de las zonas del país más azotadas por la sequía y en la que la DGA ha otorgado derechos que al menos cuadruplican la disponibilidad real de agua dejando en serios aprietos el consumo humano y agrícola, tal como reveló CIPER en la serie de reportajes “Se muere el río Copiapó”, publicados en 2009.

Ese fue el gran despegue de Isidoro Quiroga luego de su aterrizaje en el mercado de las aguas en Chile y en el que opera a través de un complejo entramado de sociedades que se extienden de norte a sur del país. Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es tan sólo una de al menos ocho sociedades ligadas a Quiroga que intervienen en este mercado y que acaparan desde hace al menos cinco años derechos de agua sin utilizar por más de 273.000 litros por segundo desde la Provincia del Loa, en el norte, hasta la de Palena, en plena Patagonia.

Fue allí, en Palena, donde en enero de este año Quiroga obtuvo su última gran victoria al doblarle la mano al Estado de Chile y tumbar en tribunales un decreto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) –instruido por la entonces presidenta Michelle Bachelet– que prohibía la entrega de derechos de aprovechamiento de agua sobre los ríos Palena y Cisnes por ser “zona excepcional y de interés nacional”. Al momento de dictarse el decreto en 2009, una de las sociedades de Quiroga tramitaba la obtención de 643 m3 por segundo de agua sobre el prístino Palena. La reciente resolución judicial dejó al río desprotegido y a merced de los intereses privados.

La férrea arremetida de Quiroga para derogar el decreto en la justicia coincide con la creciente inversión de numerosas mineras –entre ellas Minera Fuego, propiedad del mismo empresario– que, atraídas por la llamada “fiebre del oro” en la Provincia de Palena, han puesto sigilosamente sus intereses en la zona.

Lo llamativo de esta historia es que, según la legislación vigente sobre aguas en Chile, Isidoro Quiroga no viola la ley. Esto porque el Código de Aguas de 1981 entregó de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejándole al mercado la tarea de asignar el recurso. Hoy en Chile el derecho al agua no está asegurado por la Constitución de la República. Bajo los mecanismos establecidos por el código redactado en dictadura, el agua no necesariamente va a dar a manos de quienes la necesitan, sino a las de aquellos que tienen los medios económicos para hacerse de su propiedad.

A más de 30 años de su entrada en vigencia, el Código de Aguas chileno se desmorona a pedazos. No sólo es considerado una excepción a nivel mundial por diversos estudios, sino también un “anti-ejemplo” sobre cómo llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos en un país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación ociosa con fines especulativos en desmedro de las necesidades básicas de la población, son sólo algunas de las graves falencias que en buena parte explican la actual crisis hídrica que vive el país.

EL DIVERSIFICADO HOLDING DE ISIDORO QUIROGA

Isidoro Ernesto Quiroga Moreno egresó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1974. Dio sus primeros pasos como empresario al alero de la producción frutícola en Los Andes (Quinta Región), introduciendo a principios de los ’80 el cultivo de kiwis en Chile. Es un empresario de bajo perfil y son muy pocos los que conocen sus movimientos. Nunca ha dado entrevistas. CIPER intentó comunicarse con él en cuatro oportunidades, pero rechazó todo contacto.

La producción de kiwis fue la primera semilla de lo que a la larga se transformaría en un gran imperio que abarca principalmente el sector agrícola, minero, eléctrico, inmobiliario, bursátil y alimenticio. Aunque es difícil hacer una estimación de su patrimonio con exactitud, atendiendo a sus inversiones y operaciones financieras éste rondaría los US$ 500 millones. Su peso específico en el mercado lo ubica entre los empresarios más adinerados de Chile. Y si bien rechaza toda figuración pública, no adopta la misma actitud a la hora de ejercer influencia política. Son públicas al menos dos reuniones en las que ha participado junto a otros empresarios de renombre (Rafael Guilisasti, Lázaro Calderón, Julio Ponce, Juan José y Enrique Cueto, por nombrar algunos) con el ex presidente Ricardo Lagos. La primera, en 2008, en un inmueble de Valle Escondido, sociedad de la que Quiroga es accionista. La segunda, en marzo de 2012, en casa del influyente abogado Darío Calderón. En ambas se trataron temas ligados al clima político y al futuro económico del país. En la última se insistió en la necesidad de colaborar en la construcción de consensos transversales que permitieran evitar la inestabilidad económica y la ausencia de “reglas del juego claras”, según consignó la revista Qué Pasa.

Isidoro Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y el 2002, compañía en la cual poseía acciones desde 1988 y en la cual fraguó una sólida amistad con Julio Ponce Lerou. En 1995 ingresó al directorio de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., de la que posee el 10,82% de las acciones. Pilmaiquén estrenó a fines de 2012 su central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, ubicada entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en medio de la fuerte oposición de las comunidades mapuche y huilliche que habitan la zona.

La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga están agrupadas en el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987, este holding agrupa a las sociedades de inversión El Aromo, Lago Colico, Safora, Kinacu, Río Loa Limitada, Jemad, Mavimadoqui, BP y el fondo de inversión privado Australis, entre otras. También a las sociedades agrícolas Los Pinos y El Canelo de Santa Teresa de Los Andes; la inmobiliaria San Manuel S.A. y la sociedad Educacional San Esteban Limitada.

Quiroga participa también del rubro minero con Minera Fuego, la sexta en Chile con mayor cantidad de suelo concesionado para exploración, con 438.700 hectáreas, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Andacollo Gold, mina de oro que opera en una zona de 22 mil hectáreas ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, y que produce cerca de 500 toneladas de concentrado diariamente, también forma parte de la cartera de empresas del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Andacollo no es el único negocio de Quiroga en Argentina. A través de Asesorías e Inversiones Lago Ranco posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en Mendoza.

Otra de las empresas mineras de Isidoro Quiroga es Junior Investment Company, que registra inversiones mineras en Australia y que, a su vez, es la accionista principal de Inversiones Kinacu Limitada, que cuenta con un capital de $9 mil millones.

Uno de los negocios que más le ha quitado el sueño a Quiroga es el de los salmones, industria en la que de a poco ha ido adquiriendo una posición más que relevante. Australis Seafood, una de sus pocas empresas –junto a Pilmaiquén– que transa en la Bolsa de Comercio de Santiago, posee un capital cercano a los US$185 millones según registra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Rucatayo ha sido casi la única satisfacción que ha tenido Quiroga en el rubro de la generación eléctrica. Porque el dinero y el tiempo dedicado al proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, impulsado por otra de las empresas de Quiroga, Electro Austral, hasta ahora no ha rendido frutos. Se trata de dos centrales de pasada –Castillo y Centinela– que intervendrían 430 hectáreas de bosques nativos en la Región de El Maule, desviando la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros. La zona fue declarada uno de los cinco sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad en la Región del Maule por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en 2002. Un informe evacuado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2012, por solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), fue categórico al señalar que el proyecto tal como está concebido, además de poner en peligro cientos de hectáreas de bosque nativo, va a producir la pérdida de vegetación endémica y flora nativa; de especies de flora en categoría de conservación; mortalidad de fauna nativa de vertebrados terrestres y de peces en estado de conservación crítica, entre varios otros perjuicios.

Al rechazo transversal que concita el proyecto en la comunidad agrupada en el movimiento “Salvemos el Río Achibueno”, se ha sumado el público cuestionamiento hecho por la candidata presidencial Michelle Bachelet en una visita a Linares en septiembre pasado. “Vengo a comprometerme con ustedes, si soy electa presidenta, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”, señaló Bachelet, dejando en suspenso el futuro de uno de los proyectos más emblemático de Quiroga.

EL TURBIO MERCADO DEL AGUA

Poco antes de la suculenta venta de derechos de agua a Andina Minerals, Quiroga estuvo a punto de cerrar otro multimillonario negocio. BHP Billiton tramitaba el permiso medioambiental para poner en marcha un proyecto para satisfacer la creciente demanda de agua que requería la expansión de Minera Escondida en la Segunda Región. El proyecto necesitaba la extracción de 1.027 litros de agua por segundo desde acuíferos situados en pleno Altiplano, en el sector de Pampa Colorada, a 160 kilómetros de San Pedro de Atacama. La propiedad de esas aguas subterráneas estaba entonces­ en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A (EMSA), otra de las sociedades de Quiroga que opera en el Norte Grande. La oposición de las comunidades aledañas de Socaire, Talabre y Peine, donde el agua no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo y riego de todos sus habitantes, no se hizo esperar. Después de un año, en 2007, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto y Escondida detuvo la compra de los derechos de agua de Quiroga.

La decisión de la autoridad significó el fin de un millonario negocio para Quiroga, quien desde entonces, a través de su empresa EMSA, mantiene derechos de agua sin utilizar por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, una zona de escasez declarada y en la que la unidad (1 lt/seg) puede alcanzar los $70 millones.

CIPER revisó archivos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 2008 a 2012 con la información de empresas o personas naturales que pagaron patente por no uso para identificar quiénes son los que acumulan mayores cantidades de agua sin ser utilizada. Para ello, se tomó en cuenta a los propietarios de derechos de agua consuntivos (el agua se extrae y no se devuelve al caudal) y no consuntivos (el agua utilizada se debe devolver al caudal). El ejercicio buscó conocer cuáles son las empresas o los particulares –después de los ya conocidos Endesa, Colbún y Aes Gener- que se inscriben en la nómina de los mayores titulares de derechos de agua no consuntiva en el país y que participan del mercado de las aguas en Chile, acaparando el recurso con fines presumiblemente especulativos.

La revisión permitió identificar numerosas empresas a lo largo de todo Chile que a diciembre de 2012 acumulaban de manera ociosa miles de litros de agua por lo menos desde hace cinco años. Entre ellas destacan: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A, que opera principalmente en el norte; Exploraciones, Inversiones y Asesorías Arlequín S.A., que opera en el centro-sur; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A., que lo hace en el sur y extremo sur de Chile. Todas ellas pertenecen a los mismos propietarios: Isidoro Quiroga y sus dos hermanas, María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, según consta en las escrituras de cada una de estas sociedades.

Inversiones Mundo S.A. fue creada en 2001 y su propietario es Asesorías e Inversiones Benjamín S.A, holding de Quiroga. Acumula derechos de agua de tipo consuntivo por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, tal como se señaló. Inversiones Arlequín S.A. se constituyó en 1998 con un capital inicial de $5 millones aportado por María Victoria y María Dolores Quiroga. Es Arlequín, a su vez, el propietario de Asesorías en Recursos Hídricos S.A. protagonista del multimillonario negocio con Andina Minerals. Arlequín acumula a la fecha derechos de aprovechamiento de agua de tipo consuntivo por 13.414 litros por segundo, los que no ha utilizado desde al menos el año 2008, y que están repartidos por las provincias de El Loa, Limarí, San Felipe, San Antonio, Melipilla y Malleco.

Inversiones Huturi S.A., constituida en 2002, es controlada por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. Actualmente cuenta con derechos de tipo no consuntivo por 259.290 litros de agua por segundo, gran parte de los cuales no se han utilizado para ningún fin desde 2009. Los derechos están repartidos por las provincias de Bíobío, Ñuble, Cautín, Malleco, Valdivia, Ranco, Llanquihue, Puerto Montt y Palena.

A estas grandes sociedades se añaden otras más pequeñas: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Yaku S.A (2002) y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Intiyaka S.A (2002), de las que si bien hay registros de decenas de peticiones de derechos de agua en el Diario Oficial, la DGA no las registra con derechos constituidos. A ellas se agregan, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A. (2002), que en diciembre de 2011 obtuvo 245.000 litros por segundo de agua sobre los ríos Mañihuales y Nireguao en Aysén; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Manantiales S.A. (2004), la que posee 3.010 litros de agua por segundo en Melipilla, sin utilizar desde 2008.

Todas ellas son controladas por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. y están dedicadas “al estudio y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con constitución, ejercicio, transferencia o extinción de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas, así como su explotación y comercialización”. El Diario Oficial registra cientos de peticiones a la DGA para constituir derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de tipo consuntivo y no consuntivo, realizadas por las distintas sociedades de inversión de Quiroga a lo largo de todo Chile.

En Chile, las transacciones de compra y venta de derechos de agua deben quedar registradas en el Conservador de Bienes Raíces de la localidad en la que se llevó a cabo la operación. Sin embargo, un porcentaje de ellas se realiza de manera informal sin dejar huella. Otras quedan registradas en los conservadores pero no son informadas a la DGA y unas cuantas son informadas de manera incompleta sin mencionar el monto ni el destinatario de la transacción. Teniendo en cuenta ese hecho, CIPER indagó en las bases de datos de la Dirección General de Aguas para rastrear cuáles han sido las últimas operaciones de venta de agua de las sociedades ligadas a Quiroga, además de aquella por $13 mil millones realizada por Asesorías en Recursos Hídricos S.A. a Andina Minerals en 2008.

Entre el 2005 y 2012, Inversiones Arlequín registra ventas de derechos de agua de tipo consuntivo sobre los ríos Maipo y Rapel principalmente, que en total ascienden a $300.612.549. Tuvo como compradores a personas naturales, empresas agrícolas y un fondo inmobiliario.

Inversiones Manantiales S.A. registra cinco ventas entre 2008 y 2011 por $239.935.000. Se trató de derechos consuntivos sobre el río Maipo que fueron a parar a manos de una sociedad agrícola y una minera.

Inversiones Huturi S.A. vendió derechos de agua de tipo no consuntivo entre 2009 y 2012 por $16.276.400 sobre los ríos Las Damas (Osorno), Butamalal (Bíobío) y Cayucupil (Arauco) a dos hidroeléctricas y una constructora.

Sólo el total de las operaciones de ventas de derechos de aguas ejecutadas por las empresas de Isidoro Quiroga en los últimos cinco años y que CIPER pudo rastrear, supera los US$25 millones.

AL ACECHO DEL RIO PALENA

El 16 de diciembre de 2009 los habitantes de La Junta y de Alto Palena, en la Región de Aysén, respiraron tranquilos. Ese día la ex presidenta Michelle Bachelet –previo análisis de dos informes técnicos de la DGA ( informe 1 – informe 2)– instruyó al Ministerio de Obras Públicas -vía decreto exento Nº 2.270- denegar cualquier solicitud de derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Palena. Con temor sus habitantes habían visto cómo la región se estaba transformando en la “pila de Chile”, como la llaman con ironía algunos lugareños, debido al creciente interés minero en la zona que amenaza severamente el ecosistema de la Patagonia.

“El rol del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto por sobre el interés particular y privado”, señala el decreto, agregando que “una de las cuencas en que se dan las condiciones de circunstancias excepcionales e interés nacional es la del río Palena (…) el cual presenta condiciones ecológicas y ambientales particulares, con mínima intervención antrópica y con importantes expectativas para el desarrollo local”.

Cabe señalar que el río Palena cruza por dos reservas y dos parques nacionales: la Reserva Nacional Lago Palena, con una superficie de 49.415 hectáreas; la Reserva Nacional Lago Rosselot, con 12.750 hectáreas; el Parque Nacional Queulat, con 154 mil hectáreas y el Parque Nacional Corcovado, con 295 mil hectáreas.

El decreto fue tajante “al denegar las solicitudes de aprovechamiento no consuntivos de aguas superficiales y corrientes de los cauces ubicados en la provincia de Palena de la Región de Los Lagos y en las provincias de Aysén y Coihaique de la Región de Aysén, formuladas por personas naturales y jurídicas” a partir de esa fecha.

Al momento de conocerse el decreto, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A. tramitaba la obtención de 12 derechos de agua de tipo no consuntivo por 643 m3 por segundo sobre la cuenca del río Palena en las provincias de Palena, Aysén y Coihaique. El decreto dejó sin efecto la solicitud.

La arremetida de Quiroga en la justicia no se hizo esperar y lo hizo por partida triple. Entre los reclamantes –tres en total– no sólo figura Inversiones Huturi S.A, también Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A., otra de las sociedades de Quiroga y que acaba de obtener 245.000 litros por segundo en dos ríos de Aysén. El tercer reclamante fue Rodrigo Arriagada Astrosa, brazo derecho de Isidoro Quiroga en Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., quien actuó en representación de Sur Electricidad y Energía S.A. (SURELEC). En el otro extremo del país, Arriagada registra desde 2009 casi una veintena de peticiones a la Dirección General de Aguas de alumbramiento y posterior constitución de derechos consuntivos de agua en San Pedro de Atacama, El Loa, Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar, por un total equivalente a 3.000 litros por segundo de agua subterránea.

Los abogados de Isidoro Quiroga cumplieron su misión en tribunales con eficiencia. Porque el 25 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la medida impuesta por la DGA que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua sobre los ríos Palena y Cisnes. “Del análisis que hace esta Corte de los aspectos de forma y de procedimiento que llevaron a la dictación de los decretos que se reclaman (…) es suficiente para advertir la concurrencia de un conjunto de defectos e infracciones en la dictación de los decretos (…) que sólo son subsanables por la vía de dejarlos sin efecto”, señala el dictamen (ver resolución).

Uno de estos errores procedimentales que inclinaron la decisión judicial de los jueces a favor de las empresas de Quiroga dice relación con que, al ser un decreto presidencial, éste debía venir con la firma del Presidente de la República y no únicamente con la de los funcionarios del MOP, cartera desde la cual fue finalmente expedido. Desde entonces, las solicitudes hechas por Inversiones Huturi S.A. volvieron a activarse, sin que el presidente Sebastián Piñera –el único que por sus facultades puede volver a validar la medida– se haya manifestado hasta hoy respecto a la reposición del decreto.

La embestida de Quiroga contra el decreto presidencial puede ser explicada en parte por el creciente interés minero en la zona. De hecho, de las más de 430.000 hectáreas concesionadas a Minera Fuego –de propiedad de Quiroga– a lo largo de todo Chile para exploración minera, cerca de 50 mil están ubicadas en la Región de Aysén, en la zona de los lagos Pollux y Castor. Allí Minera Fuego pretende iniciar actividades extractivas de oro y plata, según reveló un especial de minería publicado por El Mercurio en noviembre de este año. Al interés minero del dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. se suma el de las canadienses Kinross y Mandalay Resources Co., la suiza Glencore Xstrata y la británica Patagonia Gold plc.

Según cuentan habitantes de la zona, en los últimos años ha sido frecuente el desembarco de representantes de consultoras que, sin explicitar para quién trabajan, no han escatimado esfuerzos por impulsar el desarrollo explosivo de la minería, industria que requiere como condición esencial para su operación de agua y energía.
(*) Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.
Por : Alberto Arellano en Reportajes de investigación
Fuente:ciperchile
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