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LAS FÓRMULAS QUE SE BARAJAN PARA LAS COMPENSACIONES A COMUNIDADES

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El gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año un proyecto de ley que regule las compensaciones a las comunidades en las que se ubiquen nuevas inversiones. La iniciativa, denominada de asociatividad, ya da sus primeros pasos a través de la Comisión para la Descentralización, instancia que ya hizo suyas algunas propuestas: impuestos locales para el caso de las centrales eléctricas, y una redistribución del royalty minero.
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La idea no es nueva, pero resurge como prioridad para sectores industriales, pese a que pueda significar el pago de más impuestos. Crear una ley que regule los aportes económicos de las empresas a las comunidades en las que se ubican los proyectos de inversión y, de esta manera, disminuir las controversias permitiendo la ejecución de, por ejemplo, nuevas centrales de generación o faenas mineras.

La solicitud fue recogida por la autoridad para enfrentar, de una vez por todas, el fenómeno de “no en mi patio trasero”, en el que las comunidades se agrupan para derribar la construcción de iniciativas que creen destructivas de su entorno y que no generan valor compartido entre la compañía y los vecinos. El compromiso del gobierno vino esta vez a través de la Agenda de Energía lanzada en mayo por la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro del ramo, Máximo Pacheco.

En el documento, el Ejecutivo compromete durante este año el envío de un proyecto de ley denominado “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”. Con esta promesa suman cuatro los intentos por establecer mecanismos de compensaciones por efecto del desarrollo productivo, desde que en 2009 se propuso la “Ley Tokman”.

Eso sí, para el gobierno es importante plantear una diferencia de fondo con las ideas precedentes: las compensaciones corresponden a los impactos ambientales y deben ser reguladas por la legislación, que ya posee esta área. Acá la idea es que junto a mitigar efectos nocivos al ecosistema, se establezcan mecanismos para que las zonas que acogen actividades productivas sean beneficiadas. “Creemos necesario asegurar el desarrollo de estrategias de asociatividad entre el desarrollo local y el desarrollo energético nacional, conforme a criterios de participación, inclusión social y trabajo de largo plazo”, se lee en la agenda.

“El desarrollo energético es útil para todo el país y queremos asegurar que los municipios y comunidades se sientan partícipes del progreso social y de los beneficios asociados a estos proyectos, que deben materializarse en estrategias de desarrollo local de largo plazo. Se estudiarán y definirán mecanismos para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Dichos mecanismos serán analizados en el marco de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”, añade el “libro rojo” de Pacheco.

Las definiciones de los 33

Otra vez 33 personas pueden impactar a la minería. Ya no se trata,eso sí, de los trabajadores atrapados en 2010 en una faena subterránea de Copiapó, sino que de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia establecida por La Moneda en abril pasado y en cuyas manos recae la responsabilidad de presentar una propuesta de asociatividad entre titulares de proyectos de inversión y las comunidades.

Si bien el mandato era plantear alternativas enfocadas al negocio eléctrico, la comisión presentará una propuesta integral de reasignación de impuestos para favorecer el desarrollo regional, siendo un pilar fundamental el royalty minero. La propuesta será entregada en octubre a la mandataria.

El presidente de la Comisión para la Descentralización, Esteban Valenzuela, plantea que es una necesidad del país regular los dineros entregados por las compañías y velar por que las firmas dedicadas al negocio de los recursos naturales propicien el desarrollo de las zonas en que se ubican. Un caso extremo, comenta, es el de las naciones árabes productoras de petróleo, que han utilizado parte de esos dividendos para construir grandes obras de infraestructura.

Si bien para el caso chileno, sostiene, tienen que calcularse todos los índices de rentabilidad, es prioritario usar parte de las ganancias mineras o del negocio eléctrico en obras que acompañen a las comunidades y no sólo un aporte por una vez. Además, que los propios vecinos tengan injerencia en las definiciones de gasto.

El grupo de los 33 -donde los representantes de regiones corresponden al 75% del total de miembros- trazó algunas modificaciones: “La comisión propuso unánimemente, consejeros tanto de izquierda como de derecha, que se establezca una patente comercial eléctrica por planta, por termoeléctrica, y que eso quede en el municipio donde se ubican. Eso sí, podrán descontar parte del impuesto a la renta”, comenta Valenzuela.

Acordaron también aumentar el monto de las patentes mineras y que todas las compañías del rubro paguen un royalty del 5%, incrementando desde el 3,8% promedio actual. Asimismo, piden elevar el tope de patente comercial municipal desde los actuales 8.000 UTM hasta las 40.000 UTM. En el caso de las eléctricas, se propone que un 80% de esta cifra puedan deducirla del impuesto a la renta.

Eso sí, recalca el ex diputado, el mayor impacto vendrá por una reasignación de recursos a favor de las localidades que acogen la inversión. “Lo más relevante no es crear un impuesto nuevo, sino que el royalty minero se distribuya a nivel regional en su totalidad. Que la mitad quede en las comunas y regiones donde se ubican las faenas mineras y la otra mitad vaya a un fondo de convergencia regional que ayude a las regiones más pobres”, resume.

Agrega que “el 2013, según datos que manejo, la recaudación total en impuestos mineros, incluyendo los aportes de Codelco, fue de US$ 7.000 millones, y por royalty se recaudaron US$ 700 millones. Esto es el 10% de lo que pagan las mineras en impuestos, y lo que proponemos es que una parte de eso quede en los territorios. Esto es poner al día a Chile respecto de lo que tienen casi todos los países de la OCDE y las grandes democracias de América Latina que tienen algún nivel de coparticipación, canon minero o regalías”.

Esta iniciativa no es nueva. En Chile existió el mecanismo de regalías entre 1957 y 1975, en donde el 5% de las ventas del cobre quedaba en un fondo de la provincia minera y que obligaba a invertir en infraestructura básica, como alcantarillado o agua potable.

“La idea es que sea un fondo no sólo de inversión física, sino también de mantención de las obras. A través de los diálogos regionales, la gente nos dice que está bien que haya una parte de estos fondos que quede en proyectos de innovación, y que ojalá algún día se pueda producir cobre con bacterias, pero las personas también quieren mejoramiento de sistemas de agua, capital semilla, y no sólo en Santiago. Quieren ver la plata y que se cumpla la promesa de que les va a quedar algo”.

¿Hará más fácil la instalación de proyectos? “La propuesta no la hacemos para cooptar, sino que para hacer justicia, pero de manera obvia generaría un entorno más amigable, porque los municipios contarían con recursos para poder mitigar las externalidades negativas que inevitablemente provocan los megaproyectos”, responde.

Cuenta que el trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Energía, quienes “han puesto énfasis en la relación con las comunidades. Por esto estamos buscando una fórmula en que estos nuevos recursos municipales deban ser pactados con las comunidades, pero a través de los municipios y no, como se dice en política pública, utilizando fondos de cooptación by-pass que son cosas puntuales, por una vez, entre las empresas y las comunidades. Acá el concepto es de regalía”.

Propuestas privadas

La indefinición existente en materia de compensaciones económicas ha llevado a que privados pidan una pronta resolución. “Ésta es también una preocupación muy sentida para las compañías, nadie puede estar en desacuerdo con que éste es un tema de los más relevantes que tenemos que resolver para revitalizar las inversiones en este sector”, dice el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga.

“Hoy, lamentablemente, y dado que esa regulación no existe, contaminamos el proceso de evaluación ambiental, siendo esto una discusión aparte. El primer esfuerzo que hay que hacer es separar las cosas y creo que la Agenda de Energía lo recoge al hablar de asociatividad”, añade.

Tal es el interés de los privados que algunas compañías han propuesto sus propios mecanismos de asociatividad. Endesa Chile es una de ellas e impulsa un “pacto social” en la zona de Coronel -en la que la compañía posee el complejo térmico Bocaminaque permita, en forma conjunta, “encontrar fórmulas que beneficien el desarrollo productivo y social de la comuna, adoptando a su vez una serie de medidas para el cuidado del medioambiente”, según explicó la firma al lanzar la propuesta.

La generadora se comprometió a crear un fondo anual de hasta US$ 1,2 millones, equivalente a más de $ 13.000 millones durante 20 años, con el objeto de contribuir al desarrollo de los vecinos de Lo Rojas y la comuna de Coronel, contemplando aspectos de carácter medioambiental, social, laboral y de fomento al desarrollo productivo. No obstante, al cierre de esta edición la SMA cursó una multa por $4.378 por incumplimientos ambientales en Bocamina II.

LOS OTROS INTENTOS POR REGULAR

Que las comunidades se vean beneficiadas por la instalación de una central eléctrica es lo que inspiró una iniciativa que Michelle Bachelet anunció en enero de 2009 y que fue conocida con el nombre de su impulsor, el ex ministro de Energía y actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman. Esa primera propuesta estipula el pago de un impuesto específico (270 Unidades Tributarias Mensuales, UTM) de beneficio comunal por cada MW instalado, el cual luego sería devuelto a las empresas como un crédito tributario, con lo cual la inversión no se encarecía. El proyecto ingresó un año después de comunicado, pero no prosperó en el Congreso.

Ya en el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, impulsó una iniciativa similar a la liderada por Tokman, pero que limitaba la devolución a través de un crédito tributario sólo para las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). Sin embargo, al poco andar del mandato de Piñera se hizo más frecuente la judicialización u oposición ciudadana a los proyectos de inversión no sólo energéticos, por lo que La Moneda optó por desechar la idea de Raineri para ampliarla a más sectores productivos.

De esta forma, se trabajó una nueva idea proveniente de los ministerios de Economía y Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que en conjunto prometían diseñar un mecanismo de compensaciones aplicable a proyectos de distintas áreas. En su oportunidad, trascendió que se establecía un aporte equivalente al 1% de la inversión total del proyecto, repartido en cuotas anuales. Pese a que la iniciativa fue socializada entre empresarios y asociaciones gremiales, finalmente, nunca vio la luz.
Por Hernán Vargas Santander.

 Fuente/quepasamineria
 https://www.chiledesarrollosustentable.cl
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Innovación

Anthropic elige a Chile para una nueva edición de su programa global Claude Impact Lab, con la longevidad como desafío país

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Anthropic escogió a Chile como sede de una nueva edición de Claude Impact Lab, su programa global de laboratorios de impacto. La dirección del programa en el país está a cargo de Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile y fundador de Bendita IA, quien definió la longevidad como el desafío de esta edición convirtiéndolo en el primer Claude Impact Lab del mundo dedicado a la longevidad— y convocó a Caja La Araucana como partner y principal impulsora, junto a SURA, Mediclic, Sirak y Tu Mundo, para enfrentar un problema que hoy afecta a 2,4 millones de personas que esperan una atención de salud en Chile.

El Claude Impact Lab – Longevidad 2026 busca convocar a empresas, startups, desarrolladores, profesionales de la salud e investigadores a crear soluciones basadas en inteligencia artificial que ayuden a enfrentar uno de los grandes desafíos de nuestro país: las listas de espera en salud.

El desafío es potenciado, además, por SURA, Mediclic, Sirak y Mundo, organizaciones convocadas para promover la innovación y la colaboración en torno a la salud y la longevidad.

La iniciativa, que reunirá cerca de 200 participantes, se desarrolla en el marco del programa global Claude Impact Lab y se realizará los días 5 y 6 de agosto, entre las 09:00 y las 18:00 horas en el Parque Deportivo La Florida, de La Araucana y contempla mentorías, workshops especializados, sesiones de diseño, desarrollo de prototipos y una jornada final de presentación de soluciones ante un jurado.  

Chile enfrenta importantes desafíos en esta materia. Actualmente, 2,4 millones de personas esperan una consulta con un especialista, un procedimiento o una cirugía, mientras el envejecimiento de la población incrementa la demanda por atención, prevención, rehabilitación y cuidados de largo plazo.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, para 2035 un 20% de la población tendrá más de 60 años. Esta transformación demográfica aumentará la presión sobre un sistema que, además, mantiene brechas en prevención, detección temprana de patologías crónicas, alfabetización en salud y acompañamiento preventivo.

Frente a este escenario, Claude Impact Lab – Longevidad 2026 y Caja La Araucana buscan demostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta concreta para ampliar capacidades, apoyar a los equipos clínicos y mejorar la calidad de vida de las personas.

“El propósito de esta iniciativa no es reemplazar a los profesionales de la salud, sino ampliar su alcance clínico. La inteligencia artificial puede contribuir a que médicos, matronas, kinesiólogos y otros especialistas atiendan, acompañen y orienten a más personas, manteniendo estándares de calidad y fortaleciendo la capacidad preventiva y resolutiva del sistema”, explica Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana.

“El programa Claude Impact Lab nos permitió elegir el desafío más urgente de Chile, y elegimos la longevidad. Necesitábamos un socio que no solo entendiera el problema, sino que lo viviera cada día junto a sus afiliados: por eso invitamos a Caja La Araucana a ser la principal impulsora de este desafío. Es el primer Impact Lab del mundo dedicado a la longevidad, y se hace en Chile”, señala Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile.

Los equipos desarrollarán propuestas en torno al desafío “Longevidad para todos en Chile”, con foco en reducir las listas de espera y optimizar la gestión de pacientes mediante soluciones de screening inteligente, detección temprana, alfabetización en salud, autocuidado y acompañamiento de enfermedades crónicas, entre otras soluciones. 

Los participantes tendrán acceso a mentorías de especialistas nacionales e internacionales, workshops técnicos, herramientas de inteligencia artificial, créditos para utilizar la API de Claude y conjuntos de datos anonimizados y fuentes públicas preparados para facilitar el desarrollo de soluciones con potencial de implementación.

Las personas interesadas en participar pueden revisar el detalle en: https://longevidad.benditaia.cl/es 


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Desarrollo Sostenible

Estudio «Impacto inversión en La Ruta de los Parques»: Por cada dólar invertido en los parques nacionales de la Patagonia, seis retornan a la economía local

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Un reciente estudio titulado «Impacto inversión en La Ruta de los Parques» da cuenta que la conservación de la naturaleza, a través de la visita a áreas protegidas, representa un importante motor para el desarrollo socioeconómico regional. Así lo demuestra el informe elaborado por Fundación Rewilding Chile y la consultora McKinsey, por cada dólar que el Estado invirtió en los parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia en 2024, ingresaron USD 6 directamente a las comunidades locales. 

“Estos datos son de suma relevancia, porque confirman que los parques nacionales son una inversión para el país, y no un gasto”, comenta Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile. Y agregó que además de su enorme valor ecológico y belleza escénica, “la Ruta de los Parques de la Patagonia es una oportunidad real de desarrollo económico para la macrorregión de la Patagonia”. 

El reporte también entrega una proyección para 2030, señalando que por cada dólar de inversión pública destinado a las áreas protegidas de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, el retorno en la inversión incremente a USD 8,6 en ingresos para las comunidades locales.

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Jaime Szigethi, socio y director ejecutivo de McKinsey & Company Chile, explica que “este estudio entrega evidencia clave para tomar mejores decisiones de inversión, infraestructura y gestión en áreas protegidas. Además, muestra que la conservación de la biodiversidad no sólo tiene valor ambiental, sino también económico, al generar actividades locales vinculadas al turismo de naturaleza y convertirse en un motor de desarrollo para los territorios”.

El estudio cruza la visita, estadía y el gasto promedio diario de turistas nacionales e internacionales a los parques nacionales de la Ruta de los Parques, con el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) entre 2015 y 2024, en base a información oficial de Sernatur, el Banco Central y la Ley de Presupuestos, además de una encuesta elaborada específicamente para el análisis. 

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que “los parques nacionales son uno de los grandes activos estratégicos de Chile. Este estudio muestra con claridad que invertir en conservación, infraestructura y servicios turísticos de calidad genera retorno económico directo para las comunidades locales. El turismo es una forma muy efectiva para la conservación y el desarrollo de las comunidades locales. Como Gobierno, queremos que nuestras áreas protegidas sean motores de desarrollo regional, empleo e inversión, siempre resguardando su valor natural y cultural”.

Según cifras de Sernatur, durante 2024 los parques de la Ruta alcanzaron un récord histórico de aproximadamente 560 mil visitantes, lo que representa un aumento del 15,3% respecto a los niveles previos a la pandemia. Si bien los parques recibieron una proporción similar de turistas nacionales e internacionales, 53% y 47% respectivamente, los visitantes extranjeros aportaron el 72% de los USD 155 millones de ingresos generados. 

Esto se explica porque el turista internacional tiene una estadía más prolongada y un mayor nivel de gasto: mientras el visitante extranjero gasta un promedio de $93.159 pesos chilenos diarios, el residente nacional destina alrededor de $39.133 pesos por día. Actualmente, el Parque Nacional Torres del Paine lidera este impulso económico, generando cerca del 90% de los ingresos totales de la Ruta gracias a su alta afluencia internacional.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, confirma que, “según los últimos datos disponibles en Data Turismo, el 59,1% de los visitantes que ingresa a Chile por vía aérea declara que la naturaleza es uno de los principales atributos que motivó la elección del país como destino de vacaciones”.

Para escalar este inmenso potencial y consolidar a Chile como un destino líder en conservación mundial, el estudio entrega recomendaciones, destacando la necesidad de convertir la conservación en un activo central de la marca país, diversificar las fuentes de financiamiento de las áreas protegidas y articular el potencial del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Asimismo, se enfatiza en la necesidad de contar con datos sólidos para futuros análisis, ya que actualmente estos se encuentran fragmentados en distintas instituciones, dificultando la disponibilidad y acceso a la información.

Leer el estudio acá.


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Medio Ambiente

Calculan en más de 30 mil nuevos empleos los que se generarán por proyectos aprobados durante primeros meses de gobierno.

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El Ministerio del Medio Ambiente informó que, entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 97 proyectos a través de comisiones de evaluación ambiental y Comité de Ministros. Estas iniciativas declaran una demanda de mano de obra superior a las 30.353 personas, considerando sus etapas de construcción y operación.

Del total de proyectos, 86 ingresaron por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 11 por Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sumando una inversión conjunta de US$16.984 millones. La fase de construcción concentra 16.467 empleos declarados, mientras que la de operación suma 13.886.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que uno de los pilares de su gestión es la agilización de los procesos de evaluación ambiental, lo que tiene un impacto directo en las personas. «Este esfuerzo se traduce en más y mejores oportunidades laborales para las familias chilenas. Los 97 proyectos aprobados entre marzo y junio representan más de 30 mil empleos en construcción y operación de estas iniciativas. Destrabar proyectos, con seriedad y respetando la normativa ambiental vigente, se traduce en generar empleo real para Chile», afirmó.

La secretaria de Estado enfatizó que agilizar los procesos de evaluación ambiental no implica, en ningún caso, rebajar los estándares ambientales. «Rigurosidad y rapidez no son objetivos contrapuestos. Los proyectos aprobados en estos cuatro meses de gobierno pasaron por el proceso de evaluación ambiental que exige la ley. Esa es la única forma de impulsar un desarrollo verdaderamente sostenible», sostuvo.

Al analizar los datos por sector productivo, el rubro Inmobiliario presenta la mayor demanda de mano de obra, con 7.507 personas, destacando el proyecto «Ampliación Mall Plaza El Trébol», en la región del Biobío. Le sigue el sector de Infraestructura Hidráulica, con 5.035 empleos declarados, donde sobresale la iniciativa «Aguas Marítimas», en la región de Antofagasta. En tercer lugar se ubica la categoría Otros, con 3.743 empleos, que incluye el proyecto «Instituto Nacional de Neurocirugía», en la Región Metropolitana.

A nivel regional, y sin considerar la Región Metropolitana —que lidera con 8.023 empleos declarados—, la región del Biobío concentra la segunda mayor demanda de mano de obra, con 6.244 personas, impulsada por la «Ampliación Mall Plaza El Trébol». La región de Antofagasta le sigue con 5.026 empleos, gracias en parte al «Sistema de Almacenamiento de Energía Águila Mora». En tercer lugar aparece Valparaíso, con 4.809 empleos declarados, entre los que destaca el «Puerto Exterior de San Antonio». La región de O’Higgins también registra cifras relevantes, con 2.156 empleos, asociados al proyecto «Planta Fotovoltaica Lolol».


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Desarrollo Sostenible

Turberas de Cabo Froward almacenan hasta 3 veces más carbono que los bosques del sector

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Se sabe que las turberas -formadas por capas y capas de materia orgánica muerta comprimida a lo largo de los siglos en condiciones de frío, humedad y falta de oxígeno- son grandes almacenadoras de carbono, pero poco se conoce de lo que realmente almacenan en el último rincón del continente americano: Cabo Froward, en la Península de Brunswick, región de Magallanes. 

Una investigación pionera realizada por el Programa de Restauración de Ecosistemas Subantárticos de Rewilding Chile, en colaboración con especialistas de la Universidad de Chile, cuantificó por primera vez el almacenamiento de carbono por las turberas de Cabo Froward. El resultado superó las expectativas: a partir de muestras recolectadas en terreno, se constató en laboratorio que guardan un promedio de 1.647 toneladas por hectárea, es decir, tres veces más que los bosques del mismo sector, que almacenan en promedio 536,2 toneladas por hectárea.

“No hay ninguna duda de que las turberas ocupan el primer lugar entre todos los reservorios de carbono del mundo. Lo que no sabíamos es que, dentro del grupo, las turberas patagónicas superan en contenido a las turberas de climas templados del norte del país y que incluso se asemejan más a las que están presentes en ecosistemas tropicales, ya que estas almacenan cerca de 1.600 toneladas de carbono por hectárea”, explica Jaime Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

Eduardo Hernandez Cabo Froward Magallanes

Hernández había investigado reservorios de carbono en todo el país, excepto las de Cabo Froward, que lo sorprendieron por su buen estado. “Son ecosistemas completos, aún bastante salvajes. Están protegidas por la acumulación de agua y la misma microtopografía del sector, con poca intervención humana, a diferencia de otras zonas del país donde la explotación comercial del “pompón” ha estado permitida para la agricultura”, señala. 

En paralelo, la investigación caracterizó por primera vez la morfología de la cobertura vegetacional del área entre San Nicolás y Bahía Cordés, lo que abarca el parche terrestre continuo de la Península de Brunswick donde está Cabo Froward. La superficie está formada por poco más de 52.000 hectáreas de bosque y unas 53.000 hectáreas de turberas, con capacidad para acumular entre ambas 115 millones de toneladas de carbono, aproximadamente. 

“Estos hallazgos son relevantes porque nos confirman que los ecosistemas boscosos subantárticos son unos eficientes reservorios naturales de carbono y, por lo tanto, verdaderos tesoros para contrarrestar los efectos de la crisis climática. No solamente eso: albergan biodiversidad, contienen información sobre cómo era el ambiente hace miles de años y son fundamentales para mantener el equilibrio ambiental”, comenta Ingrid Espinoza, directora de Conservación de Rewilding Chile. 

Respecto a la metodología, se combinó cartografía de alta definición con trabajo de campo, lo que permitió determinar con exactitud cuánto carbono por unidad de volumen hay en un punto determinado, dato que hasta ahora no se conocía. 

El primer paso fue identificar y clasificar las coberturas vegetales presentes en el área mediante el análisis de imágenes satelitales. Tras ello, se realizaron dos expediciones para medir in situ la materia orgánica viva que está por encima del suelo y tomar muestras de suelo y turberas a distintas profundidades en más de 200 sitios definidos. Una vez reunido el material, se envió al Laboratorio Ventura Matte de la Universidad de Chile para establecer el porcentaje de carbono presente.  Actualmente, el equipo de investigadores está finalizando una publicación científica sobre los resultados y la metodología utilizada.

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Para resguardar estos territorios únicos, Rewilding Chile impulsa junto al Estado Chileno la creación de un parque nacional en Cabo Froward. “Mientras que en otras regiones se lucha por restaurar ecosistemas degradados, aquí se conserva un sistema intacto que podría desempeñar un rol crucial en la mitigación del cambio climático y que por lo tanto urge proteger”, agrega Ingrid Espinoza. 

No es la primera vez que la fundación estudia el almacenamiento de carbono en la Patagonia. En 2019, en alianza con National Geographic Society, se calculó el almacenamiento de carbono de los 17 parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia, determinando su relevancia como uno de los sumideros de carbono más ricos de Sudamérica.


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Desarrollo Sostenible

Ministerio del Medio Ambiente inicia proceso de actualización de Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos

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El Diario Oficial publicó este jueves la resolución exenta N° 02720/2026 que da inicio al proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile.

Este instrumento, que entrega orientaciones técnicas para la delimitación y caracterización de humedales urbanos en base a los criterios de régimen hidrológico, vegetación hidrófita y suelos hídricos, fue elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Proyecto GEF Humedales Costeros en 2022, según lo mandatado en el Reglamento de la Ley de Humedales Urbanos de 2021.

Así, a cinco años de la entrada en vigencia de la Ley, este proceso busca actualizar los lineamientos metodológicos contenidos en esta guía con el objetivo de fortalecer el estándar técnico de los procesos de reconocimiento de dichos ecosistemas acuáticos. “El objetivo es que los humedales urbanos que se declaren cuenten con un respaldo técnico y jurídico que garantice su protección efectiva”, explicó Martín Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.

La actualización de este instrumento representa un fortalecimiento del rigor técnico y científico exigido para la delimitación de estos ecosistemas tras la experiencia adquirida estos últimos cinco años. “De esta manera, podremos avanzar en otorgar mayor claridad y certezas a los actores interesados y reducir los niveles de conflictividad en este tipo de procesos”, agregó Becker.

La actualización de la guía busca incorporar mayor claridad y precisión para la revisión de los parámetros de hidrología, vegetación hidrófita y suelos hídricos en la declaración de humedales urbanos.

Además, estandariza el uso de herramientas tecnológicas actuales, como sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección (imágenes satelitales), para que los procesos y sus respectivos expedientes, levantados tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por los Municipios a lo largo del país, sean más precisos y verificables.

Junto con lo anterior, se busca también estandarizar las metodologías y el uso de herramientas de medición en terreno para asegurar un levantamiento de datos más homogéneos y comparables a nivel nacional.

El proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos inicia con un periodo de Información Pública que estará vigente desde el 18 de junio hasta el 10 de julio de 2026.

Durante este periodo, cualquier persona natural o jurídica, como los Municipios, pueden presentar los antecedentes que estimen pertinentes para la actualización de la guía.  Dichas observaciones, junto a la respectiva respuesta por parte del Ministerio del Medio Ambiente, conformarán un expediente público que estará disponible para su exhibición electrónica.

La información puede ser presentada a través del siguiente correo electrónico: [email protected], o bien, por escrito, en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al domicilio del interesado.

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/06/18/44478/01/2825079.pdf


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