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Lo que se cumplió y lo que quedó pendiente el 2016 en sustentabilidad
Le preguntamos a una docena de especialistas y actores en materia de medioambiente, energía, inclusión y sostenibilidad, cuáles fueron los logros y las derrotas durante el año que se va en nuestro país. Claramente Chile tiene un foco en ERNC y protección del entorno; pero la desigualdad y falta de inclusión aún son puntos oscuros.
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Ley de reciclaje, un hito a nivel latinoamericano
Uno de los grandes logros este año en materia medioambiental fue la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP).
El nuevo cuerpo legislativo -que comenzaría a operar en mayo de 2017- es un hito en América Latina, debido a que cambiará una serie de prácticas en la industria de seis productos prioritarios (neumáticos, envases, aceites lubricantes, electrodomésticos, baterías de vehículos y pilas), creando un círculo virtuoso donde el productor es el responsable, pero el consumidor es protagonista.
“Sin duda es un gran avance en este ámbito, ya que favorecerá el tránsito hacia una economía circular sustentable, que apunte a la recuperación y reinserción de residuos, como materia prima reciclada, devolviéndolos al proceso productivo”, comenta Gastón Cáceres, director de Ingeniería e Innovación de KDM Empresas.
Chile aún no ha ratificado el Acuerdo de París
La Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a una reducción del 30% de las emisiones de CO2 por unidad de PIB al año 2030 y firmó el famoso Acuerdo de París. Pero este tratado no ha sido ratificado por el Congreso. “Recién este mes la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo, pero aún falta el Senado”, recuerda Bernardita Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Collahuasi.
Este retraso ha sido visto como un reflejo de lo que piensan algunos sectores, que no conciben que nuestro país realice tal compromiso, siendo responsable sólo del 0,26% del CO2 mundial. “La no aprobación es una señal negativa de cara al mundo, sobre todo considerando que Chile históricamente se ha comportado de manera favorable en este aspecto”, comenta Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario del Medio Ambiente durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Nueva licitación eléctrica, el triunfo de las energías renovables
El ahora ex ministro de Energía Máximo Pacheco, destacó a las energías limpias y renovables no convencionales (ERNC) como un sello de su cartera. Dos meses antes de dejar el cargo lo llevó a la práctica. A mediados de agosto de 2016 las renovables anotaron un histórico triunfo en los precios con respecto a las energías más contaminantes. El precio promedio de megavatio/hora ofertado fue de US$47,6, menos de la mitad de lo que tenían el 2013 e incluso más bajo que la licitación de fines del 2015. 84 compañías participaron en la licitación eléctrica de este año, la mayor convocatoria desde 2006 y dominada por las renovables que se adjudicaron el 52% del total del GWhz licitados (energía eólica tomando el 42% y la solar el 12%.). “Las energías renovables han crecido desde un 1% de la capacidad en 2011 al 15% en 2015, se espera alcanzar el 20% al 2025”, asegura Alejandra Medina, socia líder de sostenibilidad de EY.
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La Ley de Glaciares sigue hibernando en el Congreso
“Aún duerme en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Protección y Preservación de glaciares que nadie quiere”, comenta Alejandra Medina, de EY.
Luego de ser aprobado el proyecto en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 18 de mayo, la ley se estancó en la Comisión de Hacienda. Si bien hay consenso sobre la necesidad de una legislación que proteja los glaciares, establezca mejores mecanismos de fiscalización y de financiamiento para la actualización de información, la redacción actual del proyecto es rechazada tanto por organizaciones ambientalistas como por representante de la industria.
Paralelamente, hace tres semanas, la Cámara aprobó la reforma al Código de Aguas, que en uno de sus puntos hace mención a los glaciares, con la idea de prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en éstos.
Plan de descontaminación para regiones y “Santiago Respira”
Para el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, la publicación de diversos anteproyectos de planes de descontaminación fue algo esencial este año.
Pero es más que eso. 2016 fue un año clave en la estrategia del Gobierno para establecer 14 nuevos Planes de Descontaminación Atmosférica para el período 2014-2018. Por ejemplo, Talca y Maule, Chillán y Chillán Viejo, además de Osorno y Coyhaique este invierno se agregaron a estos planes, los que se sumaron a los ya vigentes de Temuco y Padre Las Casas. Justo ayer se aprobaron en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad los planes definitivos para las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón. Pero quizás uno de los que causará más impacto es “Santiago Respira”, estrategia presentada a principios de octubre y que comenzará a regir el próximo año. Cada día que se aplique entre mayo y agosto, dejarán de circular cerca de 220 mil autos en la capital.
Servicio Nacional de Biodiversidad en stand by
La no aprobación de la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue, en términos de intensidad, tan doloroso para el Gobierno, como la alegría que representó la Ley REP. Era uno de los principales caballitos de batalla del Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Según los consultados, esta nueva entidad es una pieza fundamental para completar el rediseño institucional ambiental, por lo que seguramente se trabajará aún más fuerte en 2017. “Ésta es la única pieza que le falta al ministerio del Medio Ambiente para estar completo y otorgaría al Estado una agencia que tuviese como mandato único velar por la conservación, restauración y promoción del patrimonio natural de Chile”, dice Bárbara Saavedra, directora de WCS Chile y de la reserva natural Karukinka. Pero 2016 no fue tan perdido. Justo ayer se ingresaron nuevas indicaciones del Ejecutivo al Senado, con respecto a la generación de esta entidad.
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Derecho Real de Conservación, el aliciente a los parques privados
Otro gran avance de Chile se dio en junio pasado con la promulgación de la Ley Nº 20.930 sobre Derecho Real de Conservación. Esta norma permite acuerdos entre privados, entre entidades públicas, o entre ambos, para establecer libremente derechos y obligaciones en torno a la conservación de un determinado patrimonio ambiental o de ciertos atributos o funciones del mismo. “Las organizaciones de conservación privada esperaban hace muchos años este nuevo marco legislativo que ya permite avances importantes como la implementación de áreas protegidas privadas. Esto es relevante porque aunque no existen incentivos tributarios al respecto”, explica Jaime Ubilla, socio de Ubilla y Cía. y director del Centro de Derecho de Conservación.
Vertederos ilegales: un problema aún sin solución
Sólo en la Región Metropolitana, las autoridades han detectado 605 microbasurales y 81 “botaderos”, considerados como vertederos ilegales, que son foco de riesgo sanitario, los cuales requieren de mayor fiscalización y una intervención urgente por parte de las autoridades.
Se estima que del total de estos sitios, cerca del 66% se encuentran en las comunas de Quilicura, San Bernardo, Buin, Puente Alto, La Pintana, Pudahuel y Lampa. “Esto constituye una amenaza constante para el medio ambiente y las comunidades”, comenta Gastón Cáceres de KDM Empresas.
Incluso, del total de los vertederos no autorizados, 22% se encuentran a orillas de los ríos.
Pactos de Adaptabilidad abrirán la puerta a 226 mil mujeres
En otro ámbito de la sustentabilidad, la aprobación de los Pactos de Adaptabilidad para Trabajadores con Responsabilidades Familiares y de los Pactos de Adaptabilidad de Distribución de Jornada en la Ley 20.940 vigente a partir del 1 de abril del 2017 (Reforma Laboral), son hitos clave, según indica Francisca Jünemann, co-fundadora de Fundación ChileMujeres y Grupo3. “Estos pactos de adaptabilidad -los únicos sobrevivientes- serán una gran herramienta para abrir la puerta a las 226 mil mujeres que quieren trabajar pero no lo pueden hacer porque las condiciones de trabajo no se adaptan a sus necesidades familiares, especialmente de cuidado de los hijos”, comenta Jünemann,
Así, padres y madres, podrán acordar con el empleador trabajar parte desde la casa (u otro lugar acordado) y parte desde el lugar de trabajo, ya sea en la jornada diaria o ciertos períodos del año, como por ejemplo en las vacaciones escolares de los niños.
Art. 203 del Código del Trabajo: desincentivo a la contratación femenina
Para los consultados, una de las grandes deudas de 2016 en cuanto a sustentabilidad laboral fue no haber reformado el artículo 203 del Código del Trabajo que establece la obligación para las empresas con 20 o más trabajadoras de pagar o tener salas cunas para sus hijos menores de dos años.
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“Esta norma encarece y desincentiva la contratación femenina, artículo que nació en 1917 para las fábricas y establecimientos industriales, en un escenario donde no existían salas cunas ni jardines infantiles; realidad muy diferente a la actual, con una oferta de salsa cunas y jardines infantiles privados y públicos gratuitos que excede a la demanda”, indica Francisca Jünemann, de Fundación ChileMujeres. “Esta norma es la gran deudora en corresponsabilidad parental, principio legal por el cual padre y madre, vivan juntos o separados deben participar de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de los hijos”, agrega Jünemann.
Chile comienza a involucrarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Luego de más de un año reuniéndose mensualmente, 28 organizaciones lograron organizar a mediados de 2016 el encuentro “Diálogos por un Chile Sostenible”, que se llevó a cabo en la Estación Mapocho. El objetivo fue tomar conciencia sobre la importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una especie de guía de sostenibilidad creada por la ONU, a la cual el Estado chileno adscribió desde un principio. Pero nuestro país se sumó oficialmente al compromiso el 14 de abril de este año, cuando se firmó el decreto supremo N°49. Este decreto creó el consejo de ministros que asesora la presidenta y establece una agenda para la concreción de los ODS. La presidencia está en manos de la Cancillería y la secretaría ejecutiva, del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Esta instancia interministerial está a cargo de la definición de los ODS prioritarios para el país, del levantamiento de información y de establecer los indicadores de medición.
A pesar de los esfuerzos, la equidad de género es un talón de Aquiles
Este fue un año en que, definitivamente, explotó la preocupación por la enorme inequidad de género en las empresas chilenas, que incluso se acrecienta más en cargos altos. Según un estudio de PwC Chile y ESE Business School de la Universidad de los Andes, una de cada cuatro empresas dice haber implementado procedimientos para identificar las características deseables en materia de diversidad entre sus ejecutivos principales.
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Esto se refleja también en los salarios. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Empleo indica que menos del 5% de los gerentes generales corresponde a mujeres. “Los temas relativos a género, inclusión en alta dirección y brecha salarial son cada vez más relevantes. Pero tampoco hay que dejar de lado la inclusión en general, como por ejemplo en la tercera edad e integración social”, comenta Lorena Herrera, gerente de cambio climático y sustentabilidad de KPMG.
Las empresas se ponen firmes con la ética empresarial
Los casos de corrupción y colusión en Chile y el mundo en 2015, hicieron que 2016 se presentara como un año en que las empresas comenzaron a ponerse mucho más estrictas en cuanto a transparencia y códigos de ética empresarial. “Casos como el de financiamiento irregular a partidos políticos y candidatos, Cascadas, colusiones y otros, están provocando una fuerte revisión de las prácticas de Gobierno Corporativo de las empresas, especialmente en temas de transparencia y probidad”, comenta Ignacio Larraechea, gerente general de Acción Empresas.
En ese sentido, programas como +Probidad han sido una buena plataforma de aprendizaje para las empresas. “La confianza en las empresas y en el funcionamiento de una economía social de mercado es un bien colectivo que las empresas deben cautelar, por lo cual sus máximos directivos son responsables de invertir en que prime en ellas un ambiente ético”, agrega Larraechea.
El año en que nos dimos cuenta de la deuda con los inmigrantes
Hace una década, la población de inmigrantes era de 154.643 personas, lo que equivalía al 1% de la población. Hoy de acuerdo a los datos de la Encuesta de Caracterización Económica y Social (Casen 2015), los inmigrantes suman 465 mil y representan el 2,7% de la población de nuestro país. 13,5% de ellos llegó a Chile durante el año pasado, lo que da cuenta de la importancia de crear diálogos entorno a la nueva conformación que adquiere nuestro país. No sólo se trata de legislar en torno a su ingreso o de establecer los mecanismos para asegurar el trabajo y remuneración justa, sino de el generar una inclusión real. Por ejemplo, este año se creó Escuela Libre Sin Fronteras, una organización que busca facilitar la incorporación de niños extranjeros en el sistema escolar local, fomentando su vínculo con un idioma nuevo, además de las materias por aprender. La idea, señalan, es construir una sociedad más justa y solidaria.
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Fuente:Pulso www.chiledesarrollosustentable.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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LAS EMPRESAS DEBEN LIDERAR CAMBIOS FRENTE A LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD O ARRIESGARSE A DESAPARECER
INCENDIOS FORESTALES Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL BIOBÍO
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