Conversación
Ministro de Energía Máximo Pacheco: «Para tener una estrategia energética necesitamos validarla Socialmente «
«El legado del ex Presidente Piñera en materia energética es unánimemente muy pobre y lamentable»
El ministro de Energía asume con una tarea precisa: presentar una agenda energética en el más breve plazo. Tres objetivos rondan en su cabeza: contar con el suministro necesario, a buen precio y en un mercado competitivo. Para eso, Pacheco pretende generar todos los consensos necesarios.
Máximo Pacheco, empresario, ex directivo de una de las mayores empresas forestales del mundo y actual ministro de Energía, confiesa que al principio, cuando la Presidenta Bachelet le ofreció el cargo, pensó que se trataba de una compleja cartera técnico sectorial. Pero cuando la gente lo empezó a parar en la calle y le decía que ahora era “el ministro de la cuenta de luz”, cambió de opinión: “Este es un ministerio más bien social”, pensó. Pero las semanas de paulatino empoderamiento, la lectura de todos los informes, textos y documentos que se han escrito sobre la crítica situación energética de Chile, y las múltiples reuniones con actores de la industria y la sociedad, le han llevado a concluir que se trata de un ministerio bastante más político. “Porque el Estado y este ministerio no han sido capaces de articular las voluntades que se requieren para construir los consensos. En este sector estamos llenos de todo tipo de vetos: territoriales, indígenas, ambientales, ideológicos”, señala.
Por eso defiende un rol más activo del Estado en la construcción de una agenda energética que permita tener la generación suficiente, a menores costos y mayor competencia. “Hay gente que me advierte de no pasarme una línea del rol subsidiario del Estado, una línea que como gobierno ya pasamos y todos aquellos que votaron por la Presidenta Bachelet”, advierte.
– Entrevistado en Qué Pasa en enero de 2013 usted decía que “una de las deudas del gobierno de Sebastián Piñera ha sido resolver el déficit energético”. ¿La solución a este problema pasa efectivamente por las manos del Ejecutivo? ¿Usted lo puede resolver?
No tengo ninguna duda de que este país basó su estrategia energética en creer que esto se podía desarrollar solamente con el sector privado, dejando al Estado y al Ministerio de Energía como un espectador sentado en la tribuna. Eso nos ha costado caro, porque estamos en una situación extraordinariamente crítica en materia de déficit de infraestructura energética. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía, que además se ha agravado seriamente en los últimos cuatro años. No hay ningún país del mundo que piense que se puede hacer política energética ni desarrollar una estrategia energética sin un rol activo del Estado.
– ¿Tiene el Estado las herramientas para desarrollar esa estrategia o requiere nuevas atribuciones?
Pienso que las tiene, pero no las queríamos usar, tal vez por prejuicios, razones ideológicas o por temor. El Estado tiene todas las herramientas necesarias para planificar el desarrollo energético y voy a dar un ejemplo. A fines del año pasado, en el Congreso se aprobó una ley que establece que al año 2025, el 20% de la matriz de electricidad tiene que provenir de fuentes de energía renovables no convencionales. Eso es exactamente lo que al Estado le corresponde hacer. Primero, dar su visión. Segundo, planificar. Tercero, crear las condiciones para que consigamos esas metas. Dejar esto al simple ejercicio de las fuerzas del mercado no funcionó. Incluso pensamos que dejando ausente al Estado íbamos a conseguir la energía suficiente, a costos razonables y con un mercado competitivo. Mire el resultado: no tenemos energía suficiente ni costos razonables y somos un país donde la Fiscalía Nacional Económica ha declarado a los sectores salud y energía como sus principales focos de atención.
– En ese rol más activo que asigna al Estado en energía, ¿incluiría intervención directa en generación, transmisión o distribución?
El Estado tiene un primer rol que jugar en la planificación que necesita este sector para contar con una estrategia relacionada a un servicio público. El Estado debe dar una visión y monitorear cómo se va desarrollando esta estrategia. El hecho de que la Presidenta Bachelet comprometa, entre las primeras 50 medidas de su gobierno, una agenda de energía que se pondrá en marcha a contar de 2014, que compatibilizará las necesidades de producción y el respeto del medioambiente, constituye una señal muy clara de que nosotros, como Ministerio de Energía, vamos a sentarnos en la mesa y participaremos proactivamente en esta discusión. Yo, en lo personal, intentaré ser un gran articulador de acuerdos.
– ¿No teme que cuatro años sea un período muy breve para una agenda tan ambiciosa? Después de todo, el gobierno anterior también elaboró una estrategia nacional de energía, pero consiguió pocos avances.
Una de las cosas que más me ha impresionado en estas seis semanas, desde que se anunció mi designación como ministro de Energía, es que en este sector está casi todo diagnosticado. Es de los sectores de la sociedad chilena, tal vez por su tamaño y relevancia, donde se han hecho todos los posibles estudios y consultorías técnicas y jurídicas. Lo que aquí falta es que construyamos los consensos. No es suficiente que se prepare un documento de estrategia nacional a 30 años si no se ha conversado con la sociedad. No fue una estrategia que asumiera, como base, que estos son procesos sociales. No es una definición técnica. Los técnicos en Chile están completamente de acuerdo.
– O sea que a este ministerio le ha faltado política.
Yo aspiro a ser un hombre que escuche, que ayude a articular los acuerdos. Esto se los dije a los integrantes de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria que me visitaron esta semana: aspiro a ser un catalizador, capaz de producir una transformación catalítica. Y esa, según la definición, es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. No pretendo que las personas cambien su opinión, lo que sí me parece muy importante es que busquemos las áreas donde hay consenso y empecemos a desentrampar esta discusión. Este país necesita el desarrollo de la infraestructura energética. Menciono un solo dato: cuando la Presidenta Bachelet deja el gobierno en marzo de 2010, había en el Sistema Interconectado Central (SIC) centrales eléctricas en construcción por más de dos mil megawatts. El ex Presidente Piñera entrega a la Presidenta Bachelet el gobierno con 1.300 megawatts en centrales en construcción. Este país necesita todos los años 450 megawatts adicionales para sostener las necesidades de la población y la industria. El gobierno del ex Presidente Piñera no solamente no aumentó el número de proyectos necesarios para sostener una demanda creciente, sino que se comió la mitad de la despensa. ¿Qué país puede aspirar a crecer sin la base del crecimiento, como es la energía? ¿Cómo podemos estar tranquilos con este cuadro? Además, de los proyectos en construcción, hay un número significativo de centrales de energías renovables no convencionales, que tienen como factor de planta cercano a un 25%. No es lo mismo estar construyendo centrales con factor de planta de 90% que centrales que las podemos usar cuando hay sol o viento. Son muy importantes de construir en el mix del portafolio de generación, pero aquí quiero decirlo con todas sus letras: el legado del ex Presidente Piñera en materia energética es unánimemente muy pobre y lamentable.
– Una de las razones a las que apelan las autoridades anteriores para explicar este déficit es la llamada judicialización de proyectos. ¿Qué relevancia le asigna?
En el ánimo de alguien que pretende ayudar a calmar los ánimos y construir consensos, no quiero centrar mi discurso en enrostrar ni culpar a nadie. Lo que sí quiero constatar es que esto es lo que estamos recibiendo. Cuando no hay canales institucionales, la sociedad termina manifestando sus opiniones de distinta manera: a través de la justicia, la calle, etc. Para que nosotros tengamos una estrategia energética necesitamos validarla socialmente. Aquí hay muchas discusiones pendientes: he mencionado los problemas territoriales, indígenas, ideológicos. Pero no vamos a conseguir destrabar esta discusión sin confianzas. Soy un convencido de que el crecimiento económico tiene dos pilares: la energía y la confianza. Los países que se han desarrollado, y está comprobado, son aquellos donde existe confianza y esta se expresa en las instituciones. El crecimiento futuro de Chile pasa por recuperar la confianza de la sociedad para tratar estos temas de la manera más adecuada posible.
– ¿Cómo hacerlo cuando los actores se muestran en posiciones tan distintas? Por un lado están quienes rechazan las energías de base, como las termoeléctricas, y otros que las plantean como la única solución para el corto plazo.
Lo primero es producir la conversación. Una de las cosas que me ha llamado la atención en estas semanas es que estos grupos están completamente cerrados, a pesar de que todas las personas me dicen que este es un gran tema estratégico que Chile necesita resolver con un criterio de país. He tenido reuniones, por ejemplo, con los rectores de las universidades de Chile y Católica y les pregunté: ¿dónde están las universidades si este es un tema tan estratégico? ¿Cómo conseguimos que las universidades chilenas se transformen en plataformas para generar estas conversaciones? El miércoles estuve en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Energía, y ahí les comenté que una de las cosas que más me ha impresionado es que desde el primer día que se conoció mi nombramiento la gente me dice: valiente usted, el problemita en que se metió. Y los diputados me reconocieron que aquí hay un problema y que es prioritario resolverlo.
– Sara Larraín, tras salir de una reunión con usted, dijo textual que, “al ministro le quedó claro que el desarrollo eléctrico no puede seguir siendo sólo con fines de lucro”. ¿De verdad le quedó claro eso? ¿Hay un problema con el lucro en el sector energético?
El sector privado en Chile es el responsable principal del desarrollo de los proyectos. Chile tenía una empresa estatal, que era Endesa, que se privatizó y dividió en generación, transmisión y distribución para tener energía suficiente, a precios razonables y un mercado competitivo. Crear competencia fue uno de los objetivos de la regulación que se estableció previo a esa privatización. Pero esa es una tarea pendiente. Uno de los pilares de nuestra estrategia necesariamente será el introducir más competencia en este mercado, no sólo de nuevas tecnologías, sino también de nuevos actores. Vamos a buscar la forma, a través de las bases de licitación que administra la Comisión Nacional de Energía, de dar un fuerte impulso a la rebaja de las barreras, de manera de asegurar la entrada de nuevos actores, nuevas tecnologías y, de esta manera, construir una matriz energética más diversificada.
– Vuelvo a una pregunta que quedó pendiente, ¿en esa función, podría el Estado cumplir un rol activo como un actor más?
El programa de gobierno no considera formar una empresa de energía. Es muy importante que en esta discusión no construyamos ni caricaturas ni fantasmas. Es muy importante que la gente no escuche lo que quiere escuchar, sino lo que estamos diciendo.
– Pero el programa sí asigna un rol clave a Enap, ¿cuál sería ese papel?
Déjeme decirle algo sobre Enap. Yo soy el presidente del directorio de Enap. Me reuní antes, en el marco del proceso de traspaso, con el presidente saliente de la empresa y el gerente general. Antes de que me mostraran una presentación, les hice una pregunta: ¿cuál es el índice de frecuencia de accidentes que tiene esta empresa? Y me informaron que era de 4,5. Que el año 2013 hubo tres accidentes fatales y 86 accidentes con tiempos perdidos. Les dije que para mí, como presidente de esta compañía, la primera prioridad es terminar con los accidentes. Hoy en el mundo las empresas modernas tienen cero accidentes. Porque no es moralmente aceptable reclutar gente para que corra riesgos de vida o accidentes en su trabajo.
– Como tampoco tiene sentido tener una empresa con cero accidentes, pero que no es rentable.
Mi experiencia como ejecutivo de empresas es que la fundación sobre la cual una empresa se crea es la seguridad laboral. Es cuando usted tiene bases sólidas en materia de seguridad laboral que usted comienza a ver que esa es una empresa sólida en mantención, productividad, organización y clima laboral.
– Por cierto, pero no basta con eso. La empresa tiene que tener un objetivo.
En esta materia no se va a equivocar conmigo: esta será la prioridad número uno para Enap. Este fin de semana estaré en Magallanes para reunirme con dirigentes sociales, políticos y ciudadanos. Magallanes es una zona extraordinariamente especial en Chile. Sabemos, además, que Enap es muy importante en esa zona. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos de exploración para buscar formas de conseguir que el país no tenga la dependencia que tiene hoy en combustibles fósiles. Somos el país más pobre de América Latina en recursos energéticos de base. Este es un elemento central de nuestro diagnóstico.
– Pero usted dijo que los diagnósticos están todos hechos y sobre nuestro potencial de combustibles fósiles también y no son auspiciosos.
Pero hemos ido aumentando significativamente el presupuesto para exploraciones de Enap…
– Sin mayores resultados…
Bueno, pero usted sabe que en estas materias las cosas pasan de un día para otro. Porque sin resultados mayores fue lo que le pasó a Escondida por muchos años, hasta que de repente pinchó algo extraordinario.
– Pero vuelvo al rol activo que el programa asigna a Enap, ¿incluye -por ejemplo- usarla de herramienta para introducir competencia en algún mercado? ¿Tiene un proyecto de generación, por ejemplo?
Pero ese proyecto surge porque Enap necesita energía para sus propias operaciones a un costo más barato que el actual. Enap es una empresa que hoy está jugando, por ejemplo, con todos los terminales de GNL. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que dispongamos del GNL que necesitamos en Chile, a través de la ampliación de los puertos que tenemos o de otros puertos y abriendo el acceso al GNL para otros actores.
– El acceso está abierto, pero depende de contratos de largo plazo, porque quienes invirtieron grandes sumas defienden sus intereses frente a quienes utilizan las instalaciones sin haber asumido los costos de inversión.
El costo de inversión se puede perfectamente incorporar a la tarifa. Usted no necesita usar ese argumento, porque en realidad esconde otra realidad: que el club quiere seguir siendo cerrado. A través de política pública, de nuestras instalaciones y de la gestión de este ministerio, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para introducir más competencia y no solamente al mercado de electricidad, también al mercado del gas.
– Vuelvo a su descripción sobre el desarrollo del mercado eléctrico en Chile y me quedo con la sensación de que describe una suerte de laissez faire, donde el Estado no tuvo ninguna injerencia, cuando en realidad estamos hablando de un sector regulado.
Regulado no. Aquí la generación está parcialmente regulada, la transmisión y la distribución están reguladas. No está regulado el gas. No sé si hay otro país donde el gas no esté tarificado.
– Pero tampoco podemos decir que el Estado no tuvo ninguna participación. Hubo fijaciones de precios, señales de precios que impactaron en las inversiones.
Lo que quiero decir es que nosotros, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de que aquí necesitamos repensar esto y hacerlo de alguna manera diferente.
– Usted ha dicho que la discusión no debe centrarse en HidroAysén, pero ese proyecto sigue dominando la agenda. En la misma entrevista de marzo de 2013 usted dijo que “HidroAysén no está muerto” y este año señaló que “HidroAysén es un proyecto que tiene muchas dudas”. ¿Qué frase lo interpreta mejor ahora?
La frase primera me parece perfectamente comprensible. En ese momento el senador Allamand había declarado que HidroAysén era un proyecto muerto y yo comenté que aún estaba en todo el proceso de discusión y aprobación de sus permisos. Lo que dije fue una cosa obvia: que estaba dentro de un canal institucional. Esa frase no corresponde sacarla del contexto. El proyecto está todavía viviendo todo el proceso institucional de aprobación.
– ¿En 60 días se resuelve, definitivamente, el futuro de HidroAysén?
El Consejo de Ministros es la instancia final para revisar el proceso administrativo del proyecto en todas sus etapas. El Consejo de Ministros del gobierno anterior decidió que 17 reclamaciones no eran atendibles y que respecto de 18 reclamaciones, para mejor resolver, debía hacerse un par de estudios. Uno de los estudios solicitados se refiere al impacto de este proyecto en el cauce del río. ¡Pero si es un proyecto hidroeléctrico! ¿Vamos a necesitar resolver el tamaño del muro y cuántas turbinas necesita? El estudio que se pidió no es de ingeniería de detalle o ingeniería básica, es un estudio de ingeniería conceptual. Esa decisión debía ser declarada inválida, porque tiene un viso de ilegalidad. Nosotros, como última instancia, somos responsables de resolver si se ha seguido todo el proceso administrativo, no podemos empezar a tomar unas reclamaciones y otras no, debemos analizar las reclamaciones en su conjunto. Esta fue una chambonada y, por lo tanto, lo que hemos hecho es volver este proyecto a su cauce normal.
– ¿No está prejuzgado el proyecto, considerando las declaraciones suyas y de la propia Presidenta?
No y por eso es que en 60 días vamos a ir al fondo del proyecto. Vamos a ver el conjunto de reclamaciones en su mérito y resolver si ese proyecto, en función de las reclamaciones, puede o no ser aprobado.
– ¿Pero usted cree que HidroAysén, con todo el impacto ciudadano que ha generado, tiene opción de ser aprobado?
A mí lo único que me importa es que soy miembro de ese consejo y no me voy a inhabilitar con mi voto en esa decisión por anticipar mi opinión. Sí puedo garantizar que pondré todo mi esfuerzo para meterme en el fondo del proyecto, basado en todos los estudios que se han hecho, para tomar una decisión junto a mis colegas del Consejo de Ministros. Y no nos vamos a tomar dos años y medio para hacer eso.
– En otras palabras, respeto de la institucionalidad de punta a cabo.
Hemos vuelto, finalmente, este proyecto a ese cauce.
– Hago la afirmación por el impacto que tuvo en el sector la intervención del gobierno anterior en el caso Barrancones.
Eso en Chile pegó muy fuerte. Un frenazo de las inversiones en el sector eléctrico. Ese fue un punto de inflexión, que hizo un tremendo daño a la institucionalidad. Uno de los problemas que tenemos en este sector es el debilitamiento de la institucionalidad y ello impacta por dos lados: a los inversionistas, que no entienden por qué no se cumplen los procesos establecidos, y por el lado de la sociedad en su conjunto, que quiere certeza de que los proyectos se aprueban tras una evaluación ambiental conforme a las normas, siguiendo todos los procesos y estudios y respetando la opinión de las comunidades. Es importante que todos convengamos en que la gestión social y ambiental en Chile debe ser mejorada y, en este caso, hay una tremenda responsabilidad de la empresa privada.
– Usted hizo referencia a la cantidad de proyectos aprobados durante la administración anterior de Bachelet. La mayoría fueron termoeléctricos, una opción que despierta muchas críticas de sectores ambientalistas.
La historia dice que en 2004 teníamos un gas barato, cuyo suministro se cortó. Hubo que poner en acción un plan de emergencia y construir capacidad instalada de reemplazo. Pero obviamente, ahora debemos tener una revisión del tipo de matriz energética que queremos para Chile, que incluya, de manera equilibrada, las distintas fuentes para generar energía eléctrica y que cuidemos muchísimo el costo al cual Chile va a tener la electricidad, porque esto impacta en los presupuestos de las familias, en las empresas y en el crecimiento económico. Para las empresas no hay impuesto más alto que un alto costo de la energía.
– ¿Le perturba lo que ha visto en materia de conflictos al interior de la Nueva Mayoría y que han quedado reflejados en los problemas de instalación del nuevo gobierno y nombramiento de algunas autoridades?
La verdad es que me llama mucho más la atención la habilidad que hemos tenido en Chile para construir una nueva coalición. Cuando hace cuatro años se perdió el gobierno mucha gente decía que sería una travesía por el desierto que duraría una década, por lo menos. Creo que una vez más se ha demostrado que tenemos el talento político suficiente y la capacidad para construir una coalición muy amplia, y es bueno que así sea, donde ha habido un recambio generacional evidente. Me admira más eso que los incidentes que no van a lo realmente sustancial.
Por/diariolatercera/2014/03/22
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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.
														Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.
El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.
La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.
Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.
Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.
El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.
El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.
Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.
En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.
Calidad y permanencia de los hábitats
El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.
La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.
“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.
De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.
“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.
La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.
Referencia:
Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.
Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?
														El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.
La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?
Las ambigüedades del Acuerdo de París
El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:
- ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
 - ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
 

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?
El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.
El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.
Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.
Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.
Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años
Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.
Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.
Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?
La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.
Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.
Hace falta consenso.
El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029 indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.
Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.
Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.
Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.
La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.
Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones
														El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.
En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.
Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.
¿Cómo afrontamos el cambio climático?
La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.
Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.
¿Cómo lograr la neutralidad climática?
Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.
Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.
A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.
Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.
Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono
Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.
Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.
Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.
También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.
Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.
Las novedades del reglamento europeo
La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.
Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad
El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.
Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.
Fuente/The Conversation
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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional
														La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar).
Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.
«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.
La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.
En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.
La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

COP15 Convención Ramsar
La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.
Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.
Fotos (créditos: Francisco Morey)
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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo
														El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.
De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.
El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.
Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.
Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.
Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.
Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.
“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.
En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.
“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.
No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.
“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.
Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.
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