Conversación
Ministro de Energía Máximo Pacheco: «Para tener una estrategia energética necesitamos validarla Socialmente «
«El legado del ex Presidente Piñera en materia energética es unánimemente muy pobre y lamentable»
El ministro de Energía asume con una tarea precisa: presentar una agenda energética en el más breve plazo. Tres objetivos rondan en su cabeza: contar con el suministro necesario, a buen precio y en un mercado competitivo. Para eso, Pacheco pretende generar todos los consensos necesarios.
Máximo Pacheco, empresario, ex directivo de una de las mayores empresas forestales del mundo y actual ministro de Energía, confiesa que al principio, cuando la Presidenta Bachelet le ofreció el cargo, pensó que se trataba de una compleja cartera técnico sectorial. Pero cuando la gente lo empezó a parar en la calle y le decía que ahora era “el ministro de la cuenta de luz”, cambió de opinión: “Este es un ministerio más bien social”, pensó. Pero las semanas de paulatino empoderamiento, la lectura de todos los informes, textos y documentos que se han escrito sobre la crítica situación energética de Chile, y las múltiples reuniones con actores de la industria y la sociedad, le han llevado a concluir que se trata de un ministerio bastante más político. “Porque el Estado y este ministerio no han sido capaces de articular las voluntades que se requieren para construir los consensos. En este sector estamos llenos de todo tipo de vetos: territoriales, indígenas, ambientales, ideológicos”, señala.
Por eso defiende un rol más activo del Estado en la construcción de una agenda energética que permita tener la generación suficiente, a menores costos y mayor competencia. “Hay gente que me advierte de no pasarme una línea del rol subsidiario del Estado, una línea que como gobierno ya pasamos y todos aquellos que votaron por la Presidenta Bachelet”, advierte.
– Entrevistado en Qué Pasa en enero de 2013 usted decía que “una de las deudas del gobierno de Sebastián Piñera ha sido resolver el déficit energético”. ¿La solución a este problema pasa efectivamente por las manos del Ejecutivo? ¿Usted lo puede resolver?
No tengo ninguna duda de que este país basó su estrategia energética en creer que esto se podía desarrollar solamente con el sector privado, dejando al Estado y al Ministerio de Energía como un espectador sentado en la tribuna. Eso nos ha costado caro, porque estamos en una situación extraordinariamente crítica en materia de déficit de infraestructura energética. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía, que además se ha agravado seriamente en los últimos cuatro años. No hay ningún país del mundo que piense que se puede hacer política energética ni desarrollar una estrategia energética sin un rol activo del Estado.
– ¿Tiene el Estado las herramientas para desarrollar esa estrategia o requiere nuevas atribuciones?
Pienso que las tiene, pero no las queríamos usar, tal vez por prejuicios, razones ideológicas o por temor. El Estado tiene todas las herramientas necesarias para planificar el desarrollo energético y voy a dar un ejemplo. A fines del año pasado, en el Congreso se aprobó una ley que establece que al año 2025, el 20% de la matriz de electricidad tiene que provenir de fuentes de energía renovables no convencionales. Eso es exactamente lo que al Estado le corresponde hacer. Primero, dar su visión. Segundo, planificar. Tercero, crear las condiciones para que consigamos esas metas. Dejar esto al simple ejercicio de las fuerzas del mercado no funcionó. Incluso pensamos que dejando ausente al Estado íbamos a conseguir la energía suficiente, a costos razonables y con un mercado competitivo. Mire el resultado: no tenemos energía suficiente ni costos razonables y somos un país donde la Fiscalía Nacional Económica ha declarado a los sectores salud y energía como sus principales focos de atención.
– En ese rol más activo que asigna al Estado en energía, ¿incluiría intervención directa en generación, transmisión o distribución?
El Estado tiene un primer rol que jugar en la planificación que necesita este sector para contar con una estrategia relacionada a un servicio público. El Estado debe dar una visión y monitorear cómo se va desarrollando esta estrategia. El hecho de que la Presidenta Bachelet comprometa, entre las primeras 50 medidas de su gobierno, una agenda de energía que se pondrá en marcha a contar de 2014, que compatibilizará las necesidades de producción y el respeto del medioambiente, constituye una señal muy clara de que nosotros, como Ministerio de Energía, vamos a sentarnos en la mesa y participaremos proactivamente en esta discusión. Yo, en lo personal, intentaré ser un gran articulador de acuerdos.
– ¿No teme que cuatro años sea un período muy breve para una agenda tan ambiciosa? Después de todo, el gobierno anterior también elaboró una estrategia nacional de energía, pero consiguió pocos avances.
Una de las cosas que más me ha impresionado en estas seis semanas, desde que se anunció mi designación como ministro de Energía, es que en este sector está casi todo diagnosticado. Es de los sectores de la sociedad chilena, tal vez por su tamaño y relevancia, donde se han hecho todos los posibles estudios y consultorías técnicas y jurídicas. Lo que aquí falta es que construyamos los consensos. No es suficiente que se prepare un documento de estrategia nacional a 30 años si no se ha conversado con la sociedad. No fue una estrategia que asumiera, como base, que estos son procesos sociales. No es una definición técnica. Los técnicos en Chile están completamente de acuerdo.
– O sea que a este ministerio le ha faltado política.
Yo aspiro a ser un hombre que escuche, que ayude a articular los acuerdos. Esto se los dije a los integrantes de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria que me visitaron esta semana: aspiro a ser un catalizador, capaz de producir una transformación catalítica. Y esa, según la definición, es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. No pretendo que las personas cambien su opinión, lo que sí me parece muy importante es que busquemos las áreas donde hay consenso y empecemos a desentrampar esta discusión. Este país necesita el desarrollo de la infraestructura energética. Menciono un solo dato: cuando la Presidenta Bachelet deja el gobierno en marzo de 2010, había en el Sistema Interconectado Central (SIC) centrales eléctricas en construcción por más de dos mil megawatts. El ex Presidente Piñera entrega a la Presidenta Bachelet el gobierno con 1.300 megawatts en centrales en construcción. Este país necesita todos los años 450 megawatts adicionales para sostener las necesidades de la población y la industria. El gobierno del ex Presidente Piñera no solamente no aumentó el número de proyectos necesarios para sostener una demanda creciente, sino que se comió la mitad de la despensa. ¿Qué país puede aspirar a crecer sin la base del crecimiento, como es la energía? ¿Cómo podemos estar tranquilos con este cuadro? Además, de los proyectos en construcción, hay un número significativo de centrales de energías renovables no convencionales, que tienen como factor de planta cercano a un 25%. No es lo mismo estar construyendo centrales con factor de planta de 90% que centrales que las podemos usar cuando hay sol o viento. Son muy importantes de construir en el mix del portafolio de generación, pero aquí quiero decirlo con todas sus letras: el legado del ex Presidente Piñera en materia energética es unánimemente muy pobre y lamentable.
– Una de las razones a las que apelan las autoridades anteriores para explicar este déficit es la llamada judicialización de proyectos. ¿Qué relevancia le asigna?
En el ánimo de alguien que pretende ayudar a calmar los ánimos y construir consensos, no quiero centrar mi discurso en enrostrar ni culpar a nadie. Lo que sí quiero constatar es que esto es lo que estamos recibiendo. Cuando no hay canales institucionales, la sociedad termina manifestando sus opiniones de distinta manera: a través de la justicia, la calle, etc. Para que nosotros tengamos una estrategia energética necesitamos validarla socialmente. Aquí hay muchas discusiones pendientes: he mencionado los problemas territoriales, indígenas, ideológicos. Pero no vamos a conseguir destrabar esta discusión sin confianzas. Soy un convencido de que el crecimiento económico tiene dos pilares: la energía y la confianza. Los países que se han desarrollado, y está comprobado, son aquellos donde existe confianza y esta se expresa en las instituciones. El crecimiento futuro de Chile pasa por recuperar la confianza de la sociedad para tratar estos temas de la manera más adecuada posible.
– ¿Cómo hacerlo cuando los actores se muestran en posiciones tan distintas? Por un lado están quienes rechazan las energías de base, como las termoeléctricas, y otros que las plantean como la única solución para el corto plazo.
Lo primero es producir la conversación. Una de las cosas que me ha llamado la atención en estas semanas es que estos grupos están completamente cerrados, a pesar de que todas las personas me dicen que este es un gran tema estratégico que Chile necesita resolver con un criterio de país. He tenido reuniones, por ejemplo, con los rectores de las universidades de Chile y Católica y les pregunté: ¿dónde están las universidades si este es un tema tan estratégico? ¿Cómo conseguimos que las universidades chilenas se transformen en plataformas para generar estas conversaciones? El miércoles estuve en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Energía, y ahí les comenté que una de las cosas que más me ha impresionado es que desde el primer día que se conoció mi nombramiento la gente me dice: valiente usted, el problemita en que se metió. Y los diputados me reconocieron que aquí hay un problema y que es prioritario resolverlo.
– Sara Larraín, tras salir de una reunión con usted, dijo textual que, “al ministro le quedó claro que el desarrollo eléctrico no puede seguir siendo sólo con fines de lucro”. ¿De verdad le quedó claro eso? ¿Hay un problema con el lucro en el sector energético?
El sector privado en Chile es el responsable principal del desarrollo de los proyectos. Chile tenía una empresa estatal, que era Endesa, que se privatizó y dividió en generación, transmisión y distribución para tener energía suficiente, a precios razonables y un mercado competitivo. Crear competencia fue uno de los objetivos de la regulación que se estableció previo a esa privatización. Pero esa es una tarea pendiente. Uno de los pilares de nuestra estrategia necesariamente será el introducir más competencia en este mercado, no sólo de nuevas tecnologías, sino también de nuevos actores. Vamos a buscar la forma, a través de las bases de licitación que administra la Comisión Nacional de Energía, de dar un fuerte impulso a la rebaja de las barreras, de manera de asegurar la entrada de nuevos actores, nuevas tecnologías y, de esta manera, construir una matriz energética más diversificada.
– Vuelvo a una pregunta que quedó pendiente, ¿en esa función, podría el Estado cumplir un rol activo como un actor más?
El programa de gobierno no considera formar una empresa de energía. Es muy importante que en esta discusión no construyamos ni caricaturas ni fantasmas. Es muy importante que la gente no escuche lo que quiere escuchar, sino lo que estamos diciendo.
– Pero el programa sí asigna un rol clave a Enap, ¿cuál sería ese papel?
Déjeme decirle algo sobre Enap. Yo soy el presidente del directorio de Enap. Me reuní antes, en el marco del proceso de traspaso, con el presidente saliente de la empresa y el gerente general. Antes de que me mostraran una presentación, les hice una pregunta: ¿cuál es el índice de frecuencia de accidentes que tiene esta empresa? Y me informaron que era de 4,5. Que el año 2013 hubo tres accidentes fatales y 86 accidentes con tiempos perdidos. Les dije que para mí, como presidente de esta compañía, la primera prioridad es terminar con los accidentes. Hoy en el mundo las empresas modernas tienen cero accidentes. Porque no es moralmente aceptable reclutar gente para que corra riesgos de vida o accidentes en su trabajo.
– Como tampoco tiene sentido tener una empresa con cero accidentes, pero que no es rentable.
Mi experiencia como ejecutivo de empresas es que la fundación sobre la cual una empresa se crea es la seguridad laboral. Es cuando usted tiene bases sólidas en materia de seguridad laboral que usted comienza a ver que esa es una empresa sólida en mantención, productividad, organización y clima laboral.
– Por cierto, pero no basta con eso. La empresa tiene que tener un objetivo.
En esta materia no se va a equivocar conmigo: esta será la prioridad número uno para Enap. Este fin de semana estaré en Magallanes para reunirme con dirigentes sociales, políticos y ciudadanos. Magallanes es una zona extraordinariamente especial en Chile. Sabemos, además, que Enap es muy importante en esa zona. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos de exploración para buscar formas de conseguir que el país no tenga la dependencia que tiene hoy en combustibles fósiles. Somos el país más pobre de América Latina en recursos energéticos de base. Este es un elemento central de nuestro diagnóstico.
– Pero usted dijo que los diagnósticos están todos hechos y sobre nuestro potencial de combustibles fósiles también y no son auspiciosos.
Pero hemos ido aumentando significativamente el presupuesto para exploraciones de Enap…
– Sin mayores resultados…
Bueno, pero usted sabe que en estas materias las cosas pasan de un día para otro. Porque sin resultados mayores fue lo que le pasó a Escondida por muchos años, hasta que de repente pinchó algo extraordinario.
– Pero vuelvo al rol activo que el programa asigna a Enap, ¿incluye -por ejemplo- usarla de herramienta para introducir competencia en algún mercado? ¿Tiene un proyecto de generación, por ejemplo?
Pero ese proyecto surge porque Enap necesita energía para sus propias operaciones a un costo más barato que el actual. Enap es una empresa que hoy está jugando, por ejemplo, con todos los terminales de GNL. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que dispongamos del GNL que necesitamos en Chile, a través de la ampliación de los puertos que tenemos o de otros puertos y abriendo el acceso al GNL para otros actores.
– El acceso está abierto, pero depende de contratos de largo plazo, porque quienes invirtieron grandes sumas defienden sus intereses frente a quienes utilizan las instalaciones sin haber asumido los costos de inversión.
El costo de inversión se puede perfectamente incorporar a la tarifa. Usted no necesita usar ese argumento, porque en realidad esconde otra realidad: que el club quiere seguir siendo cerrado. A través de política pública, de nuestras instalaciones y de la gestión de este ministerio, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para introducir más competencia y no solamente al mercado de electricidad, también al mercado del gas.
– Vuelvo a su descripción sobre el desarrollo del mercado eléctrico en Chile y me quedo con la sensación de que describe una suerte de laissez faire, donde el Estado no tuvo ninguna injerencia, cuando en realidad estamos hablando de un sector regulado.
Regulado no. Aquí la generación está parcialmente regulada, la transmisión y la distribución están reguladas. No está regulado el gas. No sé si hay otro país donde el gas no esté tarificado.
– Pero tampoco podemos decir que el Estado no tuvo ninguna participación. Hubo fijaciones de precios, señales de precios que impactaron en las inversiones.
Lo que quiero decir es que nosotros, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de que aquí necesitamos repensar esto y hacerlo de alguna manera diferente.
– Usted ha dicho que la discusión no debe centrarse en HidroAysén, pero ese proyecto sigue dominando la agenda. En la misma entrevista de marzo de 2013 usted dijo que “HidroAysén no está muerto” y este año señaló que “HidroAysén es un proyecto que tiene muchas dudas”. ¿Qué frase lo interpreta mejor ahora?
La frase primera me parece perfectamente comprensible. En ese momento el senador Allamand había declarado que HidroAysén era un proyecto muerto y yo comenté que aún estaba en todo el proceso de discusión y aprobación de sus permisos. Lo que dije fue una cosa obvia: que estaba dentro de un canal institucional. Esa frase no corresponde sacarla del contexto. El proyecto está todavía viviendo todo el proceso institucional de aprobación.
– ¿En 60 días se resuelve, definitivamente, el futuro de HidroAysén?
El Consejo de Ministros es la instancia final para revisar el proceso administrativo del proyecto en todas sus etapas. El Consejo de Ministros del gobierno anterior decidió que 17 reclamaciones no eran atendibles y que respecto de 18 reclamaciones, para mejor resolver, debía hacerse un par de estudios. Uno de los estudios solicitados se refiere al impacto de este proyecto en el cauce del río. ¡Pero si es un proyecto hidroeléctrico! ¿Vamos a necesitar resolver el tamaño del muro y cuántas turbinas necesita? El estudio que se pidió no es de ingeniería de detalle o ingeniería básica, es un estudio de ingeniería conceptual. Esa decisión debía ser declarada inválida, porque tiene un viso de ilegalidad. Nosotros, como última instancia, somos responsables de resolver si se ha seguido todo el proceso administrativo, no podemos empezar a tomar unas reclamaciones y otras no, debemos analizar las reclamaciones en su conjunto. Esta fue una chambonada y, por lo tanto, lo que hemos hecho es volver este proyecto a su cauce normal.
– ¿No está prejuzgado el proyecto, considerando las declaraciones suyas y de la propia Presidenta?
No y por eso es que en 60 días vamos a ir al fondo del proyecto. Vamos a ver el conjunto de reclamaciones en su mérito y resolver si ese proyecto, en función de las reclamaciones, puede o no ser aprobado.
– ¿Pero usted cree que HidroAysén, con todo el impacto ciudadano que ha generado, tiene opción de ser aprobado?
A mí lo único que me importa es que soy miembro de ese consejo y no me voy a inhabilitar con mi voto en esa decisión por anticipar mi opinión. Sí puedo garantizar que pondré todo mi esfuerzo para meterme en el fondo del proyecto, basado en todos los estudios que se han hecho, para tomar una decisión junto a mis colegas del Consejo de Ministros. Y no nos vamos a tomar dos años y medio para hacer eso.
– En otras palabras, respeto de la institucionalidad de punta a cabo.
Hemos vuelto, finalmente, este proyecto a ese cauce.
– Hago la afirmación por el impacto que tuvo en el sector la intervención del gobierno anterior en el caso Barrancones.
Eso en Chile pegó muy fuerte. Un frenazo de las inversiones en el sector eléctrico. Ese fue un punto de inflexión, que hizo un tremendo daño a la institucionalidad. Uno de los problemas que tenemos en este sector es el debilitamiento de la institucionalidad y ello impacta por dos lados: a los inversionistas, que no entienden por qué no se cumplen los procesos establecidos, y por el lado de la sociedad en su conjunto, que quiere certeza de que los proyectos se aprueban tras una evaluación ambiental conforme a las normas, siguiendo todos los procesos y estudios y respetando la opinión de las comunidades. Es importante que todos convengamos en que la gestión social y ambiental en Chile debe ser mejorada y, en este caso, hay una tremenda responsabilidad de la empresa privada.
– Usted hizo referencia a la cantidad de proyectos aprobados durante la administración anterior de Bachelet. La mayoría fueron termoeléctricos, una opción que despierta muchas críticas de sectores ambientalistas.
La historia dice que en 2004 teníamos un gas barato, cuyo suministro se cortó. Hubo que poner en acción un plan de emergencia y construir capacidad instalada de reemplazo. Pero obviamente, ahora debemos tener una revisión del tipo de matriz energética que queremos para Chile, que incluya, de manera equilibrada, las distintas fuentes para generar energía eléctrica y que cuidemos muchísimo el costo al cual Chile va a tener la electricidad, porque esto impacta en los presupuestos de las familias, en las empresas y en el crecimiento económico. Para las empresas no hay impuesto más alto que un alto costo de la energía.
– ¿Le perturba lo que ha visto en materia de conflictos al interior de la Nueva Mayoría y que han quedado reflejados en los problemas de instalación del nuevo gobierno y nombramiento de algunas autoridades?
La verdad es que me llama mucho más la atención la habilidad que hemos tenido en Chile para construir una nueva coalición. Cuando hace cuatro años se perdió el gobierno mucha gente decía que sería una travesía por el desierto que duraría una década, por lo menos. Creo que una vez más se ha demostrado que tenemos el talento político suficiente y la capacidad para construir una coalición muy amplia, y es bueno que así sea, donde ha habido un recambio generacional evidente. Me admira más eso que los incidentes que no van a lo realmente sustancial.
Por/diariolatercera/2014/03/22
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas declara que el término de ‘crisis hídrica’ que se utiliza habitualmente ya no se ajusta a la realidad, ya que hay daños irreversibles que han llevado a muchas cuencas y reservas a un punto sin retorno.
En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.
Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.
“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).
Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota
Kaveh Madani, UNU-INWEH
En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.
Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.
El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.
Sistemas hídricos interconectados
Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.
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El 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua.
Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.
En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.
Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).
También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.
Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.
Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.
170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo
Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.
“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.
Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.
“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.
Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes
Kaveh Madani, UNU-INWEH
Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.
El agua, un recurso limitado
Por eso, los autores reclaman que se reconozca el agua como una limitación y una oportunidad para cumplir los compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierra.
Ana Allende, profesora de investigación del CSIC experta en seguridad alimentaria y calidad de aguas ajena al estudio, destaca que en Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas siguen existiendo: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas, degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana, y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo.
La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras
Ana Allende, CSIC
“El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor”, concluye.
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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La nieve es uno de los elementos más característicos de las montañas y del invierno en gran parte del mundo. Más allá de su valor paisajístico, esta desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y en múltiples actividades socioeconómicas.
Sin embargo, la nieve es también un componente del sistema climático especialmente sensible al calentamiento global. En las últimas décadas, su cantidad, duración y comportamiento han mostrado cambios significativos.
No nieva igual todos los inviernos
La nieve presenta una marcada variabilidad temporal y espacial. En las montañas de la península ibérica, los inviernos pueden alternar entre años con abundantes nevadas y otros casi sin nieve.
Esta variabilidad no es homogénea. Las cotas bajas y sectores como el Pirineo oriental son más irregulares debido a su posición frente a los flujos atlánticos, mientras que cordilleras occidentales y septentrionales actúan como barrera, captando la mayor parte de la humedad y dejando condiciones más secas hacia el este. Este fenómeno, conocido como sombra pluviométrica, también es observable en otras montañas españolas como Sierra Nevada.
A escala local, además, el relieve y el viento influyen también en la acumulación de nieve. En conjunto, estos factores hacen que las tendencias espacio-temporales de la nieve muestren una elevada heterogeneidad.
¿Hay menos nieve en el hemisferio norte?
A escala del hemisferio norte, la cobertura de nieve ha disminuido de forma acelerada desde la década de 1980. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de la temperatura vinculado al cambio climático de origen antrópico. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como sequía nival hidrológica, es decir, cuando la acumulación de nieve es insuficiente o la fusión es demasiado rápida y se genera un déficit respecto a un periodo histórico concreto.
Aun así, durante la estación fría, en cotas elevadas y en latitudes altas, la acumulación de nieve depende más de la precipitación que de la temperatura. En las latitudes medias de la cuenca del Mediterráneo, la precipitación presenta una elevada variabilidad anual y decadal, sin que se observen tendencias claras a lo largo del periodo histórico.
En los Pirineos, en cotas elevadas (>2 000 m), donde las temperaturas se mantienen bajo cero, las tendencias recientes (2000-2020) son neutras o ligeramente positivas. Sin embargo, en periodos más largos (1958–2017) se observa una disminución generalizada del número de días con nieve en el suelo y del espesor medio.
Además, en este sistema montañoso se detecta una fusión cada vez más temprana en la temporada y más intensa, asociada a un aumento de la energía disponible para derretir la nieve. Este fenómeno se ha relacionado con una mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas durante la primavera. Estos periodos de estabilidad atmosférica favorecen la entrada de masas de aire templado, incrementan la radiación y el calor sensible, y aceleran la fusión. Estas situaciones atmosféricas se producen actualmente con temperaturas más elevadas debido al calentamiento global.
¿Qué pasará en el futuro?
Los estudios basados en simulaciones climáticas coinciden en proyectar una disminución de la nieve en el hemisferio norte, independientemente del modelo climático utilizado y del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, tanto moderado como alto.
En los Pirineos, las proyecciones apuntan a una reducción generalizada de la nieve, especialmente en las cotas bajas, donde pequeños aumentos de temperatura determinan si la precipitación cae en forma de nieve o de lluvia.
Aun así, la nieve no desaparecerá de esta cadena montañosa, ni siquiera a finales de siglo. En concreto, las proyecciones para finales del siglo XXI (2080–2100) anticipan reducciones de la precipitación nival que oscilan entre el −9 % en un escenario de emisiones moderadas (entre 2 500 y 3 000 m) y el −29 % en un escenario de altas emisiones (entre 1 000 y 1 500 m), en comparación con el clima histórico (periodo 1960–2006).
Estos cambios afectan también la duración de la temporada de nieve, la rapidez de la fusión y los picos de escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie. Un aumento de 1 °C puede reducir hasta un 30 % la nieve estacional a 1 500 m.
Además, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura debido al cambio climático contribuye a una mayor evaporación y a una mayor cantidad de humedad disponible en la atmósfera, lo que puede dar lugar a un incremento de episodios extremos de precipitación en forma de nieve, como la borrasca Filomena de 2021, siempre que la temperatura se sitúe por debajo del punto de fusión.
Implicaciones para el clima y los ecosistemas
La nieve es un factor clave en las zonas de montaña. Actúa como un regulador hidrológico natural: almacena agua durante los meses fríos y la libera de forma progresiva en primavera y verano. Su disminución altera los picos de escorrentía, afecta a la disponibilidad de recursos hídricos y condiciona la producción hidroeléctrica.
La nieve desempeña un papel fundamental en el clima debido a su alto albedo, ya que refleja gran parte de la radiación solar. La pérdida de cobertura nival incrementa la absorción de energía en la superficie, generando retroalimentaciones que aumentan la temperatura.
Los cambios en la nieve influyen también en los ecosistemas de montaña, en la fenología de la vegetación –en sus ciclos biológicos– y en la evolución de los glaciares, que dependen de una cubierta nival persistente para retrasar la exposición del hielo durante el verano. Además, el aumento de episodios de lluvia sobre nieve, favorecidos por temperaturas más elevadas, puede desencadenar crecidas rápidas e inundaciones, como la ocurrida en el municipio de Vielha (Lérida) en 2013, con elevados costes económicos.
En este contexto, el cambio climático plantea un desafío estructural para los sistemas naturales y económicos de montaña. Afrontar este nuevo escenario requiere avanzar en estrategias de adaptación y mitigación que permitan gestionar el agua, el territorio y las actividades de montaña.
Fuente/The Conversation / Creative Commons
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