El Comité de Ministros resolvió acoger parcialmente los recursos de reclamación contra el proyecto Central de Pasada Mediterráneo, reconociendo que genera efectos sobre los componentes turismo y medio humano. Por ello, estableció medidas de mitigación para abordar dichos impactos.
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La flora y fauna del río Puelo convierte a ese ecosistema en una cuenca de alto valor de conservación que entrega valiosos servicios ecosistémicos a las comunidades locales.
Bajo esa perspectiva es que la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés) catalogó a este curso fluvial que nace en Chubut, Argentina, y desemboca en el estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, entre los «free-flowing rivers», es decir, «cursos fluviales que deben mantenerse libres de intervención y que deben conservarse a nivel mundial».
Pero hay una situación que transgredió esta consigna el 27 de febrero de 2014: la aprobación, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos, para construir la hidroeléctrica Central de Pasada Mediterráneo (reunión que sólo fue convocada el día anterior a través de la página web del SEA). El consentimiento se dio para instalar 203 torres de 38 metros cada una que atravesarían el estuario de Reloncaví, bordeando el río Puelo y el lago Tagua Tagua hasta llegar al río Manso.
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El proyecto está a cargo de Mediterráneo S.A., empresa controlada por José Cox (socio y amigo de Sebastián Piñera), Ignacio Guerrero (ex ejecutivo de LAN) y Ricardo Bachelet (ex socio de Sebastián Piñera y primo de la Presidenta) y de la constructora de los hermanos Elgueta, Belfi. Además, participan Roberto Hagemann, Carl Weber e Ignacio Muñoz y tiene como inversionista a Juan Pablo Bolocco (hermano de Cecilia y Diana).
El plan tendrá una inversión de US$ 400 millones, capacidad instalada de 210 MW, producción media de 1.190 GWh e incluye, además, la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de 63 km. de extensión.
La energía generada irá a parar al Sistema Interconectado Central (SIC) a través de una línea de transmisión de alto voltaje aérea que conducirá hasta la subestación de Canutillar, cerca de Puerto Montt, según se consigna en diferentes publicaciones de prensa.
«Lo que hay que pensar acá es que la mayoría de estos empresarios jamás han estado metidos en el negocio hidroeléctrico. Lamentablemente estamos entregando esta tremenda responsabilidad, que significa intervenir un territorio como el de Cochamó y Puelo, a una empresa que no tiene experiencia en el ámbito», asevera el presidente de la corporación «Puelo sin Torres», Rodrigo Condeza.
«Creemos que van a tratar de venderla porque seguramente subió en varios millones de dólares la cotización de la empresa», añade.
Así se ve actualmente la cuenca del Río Puelo
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Esta es una imagen simulada de la cuenca con las torres construidas
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Pero esto ya no está siendo un tema sólo de locales o empresarios chilenos. Entre quienes apoyan esta causa se encuentra el actor Leonardo DiCaprio, quien a través de su cuenta personal de Twitter, la semana pasada demostró su descontento luego de que el Comité de Ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los secretarios de las carteras de Energía (Máximo Pacheco); Minería (Aurora Williams); Economía (Luis Felipe Céspedes); Salud (Carmen Castillo); y Agricultura (Carlos Furche), resolviera en su sesión del lunes 2 de noviembre mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.
Recursos de reclamación
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El Comité de Ministros analizó 27 recursos de reclamación existentes en contra del proyecto, todos provenientes de participación ciudadana y en los que se reclamaron materias como afectación a población y comunidad indígena, peligro de remoción en masa, camino privado, asuntos limítrofes, hidrología, arqueología, fauna, medio humano y turismo.
Tras analizar la información, el Comité resolvió acoger parcialmente los recursos de reclamación -manteniendo la calificación favorable del proyecto-, aunque reconociendo que genera efectos sobre los componentes turismo y medio humano, por lo que estableció medidas de mitigación adicionales para abordar dichos impactos.
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Aún así, quienes manifiestas sus reparos frente al proyecto, no están conformes. «No hemos sido escuchados para nada y eso que hemos usado técnicos y abogados expertos en derecho medioambiental y argumentando con firmeza las deficiencias del proyecto. Sin embargo, las decisiones que se han tomado hasta el minuto han sido 100% políticas básicamente por las conexiones que tienen los empresarios que son dueños de este proyecto», asegura Condeza, quien ha vivido por nueve años en la comuna.
En esta línea, el principal argumento de quienes se oponen a esta central, es cómo se presentó el proyecto a la hora de solicitar los permisos y evaluaciones. Aseguran que entregaron un plan fragmentado, es decir, por partes independientes entre sí y no con su diseño total, en circunstancias que si hubieran ingresado el proyecto completo, se hubiese requerido un Estudio de Impacto Ambiental más acabado y con mayores oportunidades de consultas a la comunidad.
Medidas de mitigación
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En todo caso, en lo que respecta a la fauna, en el Comité de Ministros se exigieron medidas de mitigación adicionales para hacerse cargo de los impactos significativos reconocidos en esta materia.
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Entre ellos figuran ampliar el Plan de Perturbación Controlada comprometido para las especies Huemul y Pudú. Además, establecer medidas de manejo ambiental para avifauna, como la instalación y desviadores de vuelo en tramos de la línea con posibilidad de colisión de aves, e identificación, control y seguimiento de sitios de anidación y de mayor riesgo de colisión en vuelo.
Sobre el componente turismo, se estableció que todas las medidas establecidas en la RCA como voluntarias pasarán a ser medidas de compensación. Entre ellas, la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable para la comuna de Cochamó, que incluye, entre otros, la construcción de infraestructura para su desarrollo.
«La aprobación ya está hecha, lo que los traba para que se ejecute la construcción es la judicialización y que no tienen acceso al lugar porque el camino aún no está terminado», concluye el ambientalista.
