La Ciudad como política de estado

Una de las prioridades para implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano es darla a conocer y adecuar la institucionalidad a los nuevos tiempos. Luego de casi 30 años desde su última versión, 13 años que fue derogada, nueve años de discusión y más de un año de sesiones de una comisión asesora, el Presidente Sebastián Piñera proclamó, con su firma y la de siete ministros de Estado, el Decreto Supremo que da vida a la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano.

Si bien no es una ley ni tiene carácter vinculante, se trata de un documento de gran relevancia para el futuro del país. La Política Nacional de Desarrollo Urbano representa una carta de navegación de consenso, que orientará la institucionalidad, legislación y programas para tener mejores ciudades y calidad de vida.

Lamentablemente, la carencia de esta política justo durante los años en que Chile y sus ciudades se desarrollaron en forma más dramática, dejó huellas irreversibles en nuestro paisaje urbano. Por ello, un aspecto clave de la política es el de comprometer al Estado en revertir las dinámicas de segregación, exclusión e inequidad urbana que se dieron en ese tiempo, de manera de buscar una mejor integración social, garantizando el acceso universal a las oportunidades que ofrecen nuestras ciudades.

Como miembro de la comisión presidencial, fui testigo privilegiado del alto nivel de discusión y debate que dio origen a la propuesta, con valiosos aportes de universidades, foros regionales, organizaciones gremiales y sociales, así como parlamentarios y especialistas de todos los colores políticos. Muchas veces las discusiones fueron tan intensas, que pusieron en riesgo la continuidad de la comisión, pero la voluntad política del Presidente Piñera y el Minvu, así como la generosidad de aquellos miembros de la comisión que más se involucraron, logró un documento tan robusto que no sólo fue aprobado por consenso, sino que fue aceptado en forma íntegra por el Presidente. Tal es la transversalidad de la propuesta, que incluso fue reconocida en forma explícita como política de Estado en el programa de candidatos como Michelle Bachelet.

Entre los elementos que eventualmente dificultarán la implementación de la política, probablemente estarán la resistencia al cambio institucional propio de la burocracia, la necesidad de capital humano a nivel local capacitado para asumir las nuevas responsabilidades técnicas y las restricciones presupuestarias a la hora de garantizar inversión pública en bienes públicos urbanos.

Entre las prioridades para su implementación, lo primero es darla a conocer y adecuar la institucionalidad a los nuevos tiempos, terminando con la compartimentalización, excesivo centralismo y superposición de tuiciones sobre el territorio urbano. Lo segundo es legislar para que instrumentos tan importantes como los planos reguladores, ordenanzas, pagos por impactos, contribuciones y otros mecanismos de planificación se adecuen y sean coherentes con la política, orientando en forma proactiva y participativa el desarrollo y conservación de nuestras ciudades. Lo tercero es velar por la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y urbano, desde el reconocimiento del barrio y las identidades locales. Por último, avanzar hacia una planificación que facilite conductas y estilos de vida más sustentables, desde los patrones de localización, transporte, manejo de residuos hasta la eficiencia energética e hídrica.
por Pablo Allard, arquitecto
Fuente:diariolatercera
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