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¿PAÍS PROTEGIDO?

En Chile, el 20% del territorio está bajo protección ambiental, pero la inversión para preservar esas áreas es paupérrima: el gasto es similar al de países de menores recursos, como Eritrea, Irak o Argelia. En 2015 viene una comisión de la OCDE a evaluar la situación local y la administración Bachelet intenta ponerse al día.
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Con 30 millones de hectáreas bajo resguardo, estamos lejos de asomarnos a un buen ranking en cuanto a inversión en el tema. Aquí los recursos por hectárea conservada apenas llegan a un dólar, por debajo de Argentina (8,6 dólares) y Uruguay (4,3 dólares) y muy lejos de Costa Rica donde se destinan 16,5 dólares. La media de América Latina es de 11,5 dólares por hectárea.
Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Georgia, Michigan y Brown, junto a expertos ingleses, canadienses y brasileros, colocó a Chile en la lista de 40 países peor evaluados del mundo, ubicándonos en el lugar nueve, al lado de un buen puñado de naciones con ingresos per cápita bastante más modestos, como Irak, Eritrea o Argelia.
El año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) traspasó la situación a números: Chile debería gastar, por lo bajo, 55,4 millones de dólares más al año en conservación y biodiversidad.
La administración Bachelet lo sabe. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, reconoció a Capital que en Chile “las áreas protegidas tienen protección formal, pero no real” y que a estas alturas “es indispensable que sean tratadas como un activo relevante para el país”.
Datos del propio ministerio revelan que el aporte al PIB de las áreas protegidas alcanzaron en 2013 unos dos mil millones de dólares, más de sesenta veces el gasto actual en gestionarlas. Sólo por turismo, el aporte anual de las áreas protegidas asciende a unos 70 millones de dólares.
A fines de junio, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que pretende cambiar el rostro no sólo de lo que ya se vigila, sino que también del territorio que hoy no es considerado área protegida, es decir, el 80% restante donde a diario se juega el partido desarrollo versus medioambiente.
Este proyecto, en todo caso, ya había sido enviado por la administración Piñera, pero el poco consenso en torno a su contenido y su letanía en el Congreso llevó al actual Gobierno a levantarlo y presentar uno nuevo, como compromiso de campaña.
Hoy, el territorio protegido en Chile tiene 32 modalidades de cuidado y lo más insólito es que los 158 emplazamientos fiscales dependen casi todos de distintos actores del aparato estatal. La mayoría, por lo demás, sin un presupuesto acorde a las necesidades.
“Este proyecto permitirá conducir y planificar el trabajo de preservación de manera orgánica, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas”, asegura el ministro Badenier.
El proyecto de ley que está en la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, crea un servicio descentralizado con direcciones regionales, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que ejercerá como fiscalizador de los proyectos de conservación, sean éstos públicos o privados; se encargará de sus planes de manejo, además de definir políticas y estudios de conservación de la biodiversidad en todo el territorio. Asimismo, será el responsable de establecer las categorías de protección de especies, prohibiciones y limitaciones de actividades en zonas definidas.
¿Nuevos recursos? “Definitivamente sí”, responde el ministro Badenier.
¿Cuánto más? “Aún no está zanjado”, agrega.
El proyecto no tiene urgencia y, por ahora, el ministro está abocado a socializarlo con empresarios, ambientalistas y líderes regionales. Pero ya se anticipan reparos desde algunas empresas y agrupaciones ambientales: los primeros temen que se coarte el desarrollo de proyectos productivos, mientras los segundos que se convierta en un proyecto hecho sólo para cumplir los mandatos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, en todo caso, reconoce que parte importante de la nueva institucionalidad ambiental ha sido empujada por las exigencias de la OCDE, el club de los países ricos del que Chile forma parte desde 2010.
Durante los últimos años, a la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2010, luego la Superintendencia del ramo y los cambios al Sistema de Evaluación Ambiental, han ido en esa dirección, y ahora el SNAP “viene a cerrar el círculo de la nueva institucionalidad”, precisa el ministro.
Manos privadas
La directora para Chile de la Wildlife Conservation Society y directora ejecutiva del parque privado Karukinka, en Tierra del Fuego, Bárbara Saavedra, admite que hay reparos, pero no desconoce que se trata de un gran avance con respecto a lo que hay, pues hasta ahora, dice, “no existe una institucionalidad adecuada para avanzar en el cuidado de la biodiversidad” y tampoco la conciencia nacional de que “la conservación no atenta contra el desarrollo económico”, sino que se puede avanzar de la mano.
De hecho, aunque las áreas de conservación privadas representan una ínfima parte en relación a las del Estado –1,6 millones de hectáreas divididas en 308 iniciativas–, Saavedra reconoce que hay empresas productivas que están realizando importantes trabajos de recuperación de tierras y ecosistemas, más allá de los territorios protegidos.
“Ésa es la única llave que puede abrirnos la puerta a la sustentabilidad del país, pues dependemos directamente de la explotación de nuestros recursos naturales. Una economía como la chilena, basada en recursos naturales, sólo puede hacerse sustentable en la medida que todas sus actividades productivas incorporen en su diseño y ejecución elementos que permitan conservar dichos recursos o, al menos, sus procesos naturales”(ver recuadro).
Mandato OCDE
El informe “Evaluación ambiental en Chile 1990-2004” que dio a conocer la OCDE con la Cepal en 2005 fue lapidario: “La naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile”.
Esa vez, el organismo internacional acusó al país de no contar con ninguna ley específica de conservación de la naturaleza. “Las estructuras institucionales y de manejo dan importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes”, sentenció ese informe.
En 2015 se realizará una segunda revisión y, por eso, para la administración Bachelet es clave que en ese entonces esté aprobada la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, que ha liderado el diálogo de los ambientalistas con el Gobierno para esta nueva ley, advierte que espera subsanar en el Congreso las diferencias que aún mantienen con la actual administración y advierte que, aunque va en la dirección correcta, ni siquiera este proyecto dimensiona la importancia de la biodiversidad que existe en Chile y su relevancia para el mundo.
“La Conservación y el resguardo de la biodiversidad es un tema que históricamente no ha sido de interés de las autoridades, no entienden el vínculo directo que tiene con el ser humano, con el futuro de todos”, sentencia.
El ministro Badenier insiste en que este nuevo servicio será un tremendo avance, no sólo porque habrá una única cabeza al mando de las áreas protegidas y la biodiversidad, sino que permitirá implementar planes de acción concretos para resguardar especies y ecosistemas amenazados, obligando a desarrollar planes de intervención.
Por Catalina Allendes E. Fuente/revistacapital https://www.facebook.com/ChiledesarrollosustentableCDS
Desarrollo Sostenible
Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Conversación
Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos
Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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Conversación
Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .
La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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