Patricio Rodrigo coordinará revisión de informes de Pascua Lama: Todo un alboroto se ha desatado tras darse a conocer la noticia. El ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia participará como coordinador de la revisión de informes en el marco del Memorándum de Entendimiento entre Pascua Lama y las comunidades diaguitas, proceso financiado enteramente por la empresa Barrick Gold.

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Un duro panorama enfrenta el ingeniero agrónomo, quien en medio de su sondeo para fichar a especialistas que lo acompañen en este proceso, ya recibió un portazo por parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

El 5 de julio pasado, Rubén Cruz, vocero de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto –entidad que ha liderado la oposición al Memorándum de Entendimiento entre un grupo de comunidades diaguitas de la zona y la empresa Barrick Gold–, llegó hasta las dependencias del aeropuerto de Copiapó para tomar un vuelo a Santiago. Fue en esa oportunidad que vio al ingeniero agrónomo ambientalista Patricio Rodrigo recién llegado a la zona, con las maletas a cuestas, junto a Lorenzo Soto, jurista que ha asesorado en el proceso a las comunidades diaguitas que presentaron y ganaron un recurso de protección contra Pascua Lama que derivó en la paralización de las obras. Cruz estaba confundido. “Llamo a las comunidades de Perales que me habían dicho que había una reunión con el abogado y me dicen que ese día llegaba otra persona que iba a estar encargada del equipo científico para validar el Memorándum. Ahí me quedó claro que esa persona era Patricio Rodrigo”, cuenta el vocero.

Un mes antes, Rodrigo había recibido una visita inusual en su oficina en Santiago. Se trataba de los representantes de las comunidades que en abril pasado, tras ganar el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones y ratificado por la Corte Suprema, alcanzaron un acuerdo con Barrick Gold para llevar a cabo una auditoría ambiental al proyecto minero. Esta implica que la empresa pondrá todos los informes y estudios a disposición de expertos elegidos en última instancia por las colectividades. Este acercamiento, sin embargo, no ha estado exento de críticas, ya que de él podría resultar un diálogo y posteriormente un acuerdo que, introduciendo cambios, permitiría viabilizar el polémico proyecto, lo que para muchos es un panorama insostenible.

“Él sale de una lista de nombres que se discute y se conversa entre la empresa y las comunidades diaguitas. Y salió con consenso. Es un nombre del mundo ambiental, del ecologismo y él está aquí para resguardar los intereses de las comunidades diaguitas”, explica el abogado Lorenzo Soto. Así, la nominación de Rodrigo recibió el visto bueno de la comisión técnica evaluadora –integrada por representantes de las comunidades, ejecutivos de la empresa y el antropólogo Alonso Barros, quien hará de mediador– y el otrora secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, que se asestó un triunfo histórico con la derrota de HidroAysén, quedó fichado como coordinador de la revisión técnica que harán los especialistas.

Pero Soto y Rodrigo se conocen de antaño. No sólo por ser ambos rostros frecuentes de la escena medioambiental chilena, sino también porque los dos han recorrido caminos que en algún punto se han cruzado con el del senador Guido Girardi. Mientras que con el segundo ha compartido objetivos y agendas al interior del PPD, el primero se ha desempeñado como su asesor parlamentario.

Parte de esta participación que Rodrigo comprometió con los diaguitas, que ya comenzó hace alrededor de un mes con sus viajes al Valle del Huasco, se traducirá en contactar a los demás expertos que participarán en el proceso. En un comienzo, el ambientalista y profesor adjunto de la Universidad de Chile había pensado en recurrir a especialistas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de esa casa de estudios para conformar un equipo que lo acompañara en el proceso. Incluso, asegura, él mismo había puesto los antecedentes a disposición de la universidad para que analizaran su petición.

Pero sus planes se aguaron, luego de que el pasado 19 de agosto la Facultad emitiera un comunicado en el que descartaba que la institución estuviera contemplando la posibilidad de involucrarse en el proceso del Memorándum. “A esta fecha no se ha suscrito, ni está en estudio convenio alguno que vincule a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile con alguna Comunidad Diaguita o con la empresa de Barrick”, señalaba el documento, y agregaba, yendo más allá, que “la casa de estudios desconoce las actividades que el Sr. Patricio Rodrigo pudiera estar realizando con la Comunidad Diaguita o con la empresa Barrick”.

Rodrigo se mostró un tanto decepcionado al respecto, ya que con la invitación a la Casa de Bello buscaba “garantizar independencia, profesionalismo y hacer el trabajo como corresponde”. Pero, agrega, “si el decano no quiere, habrá que buscar otro camino”. Quisimos conversar con las autoridades de la Facultad de Ciencias Agronómicas para conocer los motivos de esta decisión pero no obtuvimos respuesta. En tanto, Soto, el abogado de las comunidades, aseguró que la decisión de la casa de estudios no afectará en absoluto el proceso de revisión de informes.

Las sospechas de Rodrigo apuntan a los esfuerzos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) por emplazar a la casa de estudios a no participar en este Memorándum. La organización estudiantil emitió un comunicado calificando de “inaceptable” que la universidad decidiera participar en lo que denominaron “un proceso viciado e inconsulto” y desplegaron una serie de esfuerzos para abordar al decano en esta decisión.

Y es que el tema no les es del todo ajeno. La FECh, por medio de la secretaría de ecología y medio ambiente, mantiene –desde hace un tiempo ya– vínculos con algunas de las comunidades diaguitas de la zona a través un trabajo en terreno. De ahí que un grupo de estas, arrimadas a la Asamblea por el Agua del Valle de Huasco –misma cuya vocería ejerce Rubén Cruz–, se contactaran con los estudiantes para alertarlos sobre una serie de supuestas irregularidades que habrían estado ocurriendo en el marco del Memorándum. “Tuvimos una reunión y nos explicaron que el Memorándum no cumplía con el Convenio 169 de Consulta Indígena, porque sólo habían consultado o citado a los dirigentes de algunas comunidades, no habían ofrecido participar a todos los comuneros y a ciertas reuniones sólo se dejaba pasar a gente que estuviera de acuerdo con el proyecto”, explicó la delegada de medio ambiente de la FECh, Catalina Cifuentes.

Finalmente, las gestiones de los estudiantes para frenar cualquier apoyo a procesos vinculados con Barrick Gold derivaron en que el decano, durante un consejo de la Facultad de Ciencias Agronómicas, descartara de cuajo cualquier participación de este tipo. “Se dijo que ni siquiera han visto algún documento relacionado con el tema, pero obviamente si llega algún convenio o Barrick solicita que la universidad revise un estudio, ellos igual lo van a pasar por el Consejo de la Facultad”, agrega Cifuentes.

LA CUENTA LA PAGA BARRICK

Un Memorándum de Entendimiento es un documento que, si bien no es vinculante jurídicamente hablando, sirve para que las partes involucradas dejen constancia de las voluntades que pretenden llevar a cabo en el futuro. Es, en cierta medida, un acto de buena fe.

Para el caso de Pascua Lama y las 15 agrupaciones diaguitas involucradas, sienta las bases para la entrega y análisis de la información relativa al proyecto minero y sus impactos. “El objetivo es que las comunidades tengan un detallado conocimiento del proyecto minero a través de estudios independientes contratados por este grupo de comunidades que tendrán un foco en temas de glaciares, agua, patrimonio arqueológico y los potenciales beneficios del proyecto en las comunidades locales”, precisaron al respecto desde Barrick Gold.

En ese contexto, la empresa deberá aportar con el financiamiento de esta primera etapa de revisión de antecedentes, cuyo plazo se extenderá –al menos inicialmente– durante seis meses. En lo concreto, eso significa que el desembolso para la contratación de los especialistas, incluido Patricio Rodrigo, también correrá por cuenta de Barrick Gold. Es este punto uno de los aspectos que más inquieta a los expertos medioambientalistas.

Juan Pablo Orrego, ecólogo y presidente de la ONG Ecosistems, quien también fue sondeado en algún momento para participar en esta instancia del Memorándum, sostiene que “si Barrick financia todo esto que está pasando, me preocupa que sea un intento de ganar tiempo y penetrar en términos sociales”. En ese sentido es tajante y explica por qué descartó participar. “No me metería en nada que huela ni a años luz a Barrick. Pascua Lama es el prototipo del proyecto minero mal concebido, yo creo que todo esto es un intento de ganar tiempo, de un proyecto que estaba moribundo y, de alguna manera desesperada, de viabilizar el proyecto”, asegura Orrego.

Y es que existe un temor generalizado a que este Memorándum facilite que el proyecto retome su funcionamiento, aunque tal vez con algunas mejoras. En ese sentido, aunque el desempeño de Rodrigo es en general bien evaluado en el mundo medioambientalista y su trayectoria suscita confianza, hay quienes señalan que el camino elegido podría resultar demasiado aventurado. Y pese a que el ex secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas asegura que su compromiso es ante todo con las comunidades diaguitas que lo contactaron, el escenario lo pone en el centro del huracán.

Matías Asún, director de Greenpeace Chile, también alerta sobre estos riesgos. “Hemos de suponer que Barrick esté desplegando un conjunto de iniciativas comunicacionales para reducir la presión que existe sobre los tribunales y sobre la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo que tiene que hacerse no es un protocolo de acuerdo para investigar, sino una investigación formal de la justicia para evaluar el nivel de daño y de reparación que tiene que realizar la empresa en el marco de su retiro”, asegura, al tiempo que agrega que él “por ningún motivo habría recibido dinero de Barrick Gold”.

Sin embargo, desde las comunidades adherentes aseguran que en muchos sentidos el panorama no les dejó otra alternativa, en medio de la falta de herramientas que sufre la institucionalidad chilena para frenar este tipo de proyectos y el nivel de influencias que pueden ejercer estas empresas transnacionales. “Habíamos agotado todas las instancias legales y ellos nunca perdieron sus permisos, todavía los tienen y no van a renunciar a ellos. Ellos ofrecían diálogo para que les mostráramos nuestras preocupaciones pero no estábamos preparados para eso. Teníamos apreciaciones según nuestra cosmovisión y el conocimiento de los daños que ha causado el proyecto, pero no sabíamos técnicamente cómo decirlo. Así que antes de tomar la decisión de diálogo, queremos tomar los estudios y procesar la información con especialistas de la confianza nuestra”, explica Solange Bordones

A su vez, Patricio Rodrigo no da pie atrás en su decisión y ha señalado que se siente honrado ante la decisión de las comunidades de confiar en él. “Tengo mi conciencia tranquila. Sé que estoy actuando de buena fe, estoy apoyando a las comunidades que pusieron su confianza en mi persona. Por mucho ruido que genere, mi compromiso es insoslayable”, afirma.

HUASCO VS. HUASCO

Según las cifras aportadas por la propia empresa, las comunidades contempladas en el Memorándum representan aproximadamente el 70% del total de diaguitas agrupados en la Provincia del Huasco. El 30% restante y la población que no pertenece a la etnia pero sí habita en la zona, han quedado fuera del proceso. Este es uno de los aspectos que más se le critica al procedimiento.

Y es que si bien la invitación es abierta a quienes quieran sumarse, antes deberán presentar una carta de postulación ante la comisión técnica del Memorándum de Entendimiento, que decidirá si hay cabida o no para nuevos integrantes.

“La invitación está hecha para las comunidades indígenas porque es a propósito de los derechos indígenas. Nos interesa que ingresen los que quieran, siempre y cuando nos aporten en este proceso”, señala al respecto Solange Bordones. Sin embargo, consultada por las comunidades de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, recalca que “ellos no son indígenas. No sé qué aporte podrían ser ellos después de las declaraciones que han hecho. Ni a ellos ni a nosotros nos interesaría trabajar juntos”. En tanto, desde la contraparte, el vocero Rubén Cruz recalca que las diferencias entre los bandos van más bien porque ellos no consideran que el proyecto pueda ser viable donde se encuentra.

No obstante, las distintas posturas han terminado en los últimos meses reubicando el foco de la atención pública ya no en el impacto del proyecto minero per se, sino en las embestidas comunicacionales que han surgido desde las propias comunidades, enfrentadas entre sí.

“Nosotros no queremos enfrentarnos tanto a nuestros vecinos. Eso es lo que quiere la empresa. Quiere dividirnos, que nos peleemos entre nosotros, están impulsando todo esto. Es problema no es la gente, los vecinos o los dirigentes. El problema es la empresa”, concluye Rubén Cruz.

 Fuente/elmostrador
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