En las últimas décadas, la inversión sostenible pasó de ser una tendencia minorista a ocupar un lugar central en los mercados financieros. En 2024, uno de cada ocho dólares gestionados profesionalmente en Estados Unidos se invertía siguiendo criterios de sostenibilidad. Los activos gestionados bajo estos criterios han crecido un 20 % desde 2020 fuera de EE. UU.

Este cambio no es solo una cuestión financiera. Al dirigir el capital hacia determinados sectores y empresas, los inversores influyen en los resultados medioambientales de las compañías. Además, este proceso se ve reforzado por una regulación cada vez más exigente en materia de información no financiera, riesgos climáticos y finanzas sostenibles, así como por la presión de otros grupos de interés.

Esta expansión de la inversión sostenible también ha atraído el interés de los académicos, que intentan entender cómo se integran los principios de sostenibilidad en las carteras de inversión y cuál es su impacto en términos de rentabilidad financiera, impacto social, etc.

A pesar de ello, sabemos relativamente poco sobre cómo reaccionan los inversores ante los riesgos asociados al cambio climático. Resulta clave entender si la cobertura mediática de estos riesgos influye en las decisiones de inversión. En un estudio reciente aportamos nuevas evidencias al respecto.

¿Qué nos dice la evidencia?

El estudio muestra que la exposición de los fondos de inversión al riesgo de carbono es persistente en el tiempo. Así, los inversores pueden anticipar qué fondos estarán más expuestos al poseer activos de empresas emisoras de gases de efecto invernadero o que dependen altamente de combustibles fósiles, lo que las hace muy vulnerables a pérdidas derivadas de la transición hacia una economía baja en carbono.

Los resultados también indican que la atención mediática al cambio climático tiene un efecto claro sobre los flujos de inversión. Cuando aumenta el número de noticias relacionadas con ese asunto, los fondos de inversión con alta exposición al riesgo de carbono experimentan menores flujos de capital. Por el contrario, los fondos con menor exposición a este riesgo atraen más dinero. Dicho efecto es especialmente intenso en los años más recientes del periodo analizado (2000-2023).

Estos resultados se mantienen cuando se tiene en cuenta la rentabilidad financiera de los fondos o sus características principales. Por tanto, las decisiones de inversión no responden únicamente a motivos financieros. Las preferencias por una inversión más sostenible y la preocupación por los riesgos climáticos también desempeñan un papel en este sentido.

Los datos del estudio

Para llegar a estas conclusiones, analizamos 1 352 fondos de inversión de renta variable americana en el periodo 2000-2023. La exposición al riesgo climático se mide mediante el Carbon Risk Score, medida proporcionada por Morningstar, empresa de servicios financieros. Dicho indicador captura específicamente el riesgo de transición asociado al cambio climático. Por tanto, se diferencia de otros índices medioambientales más generales.

Estos datos financieros los combinamos con información sobre la atención mediática al cambio climático en los cinco principales periódicos de Estados Unidos: Los Angeles Times, The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Además, contrastamos los resultados utilizando otras medidas alternativas de atención mediática, como la cobertura en televisión o el índice de incertidumbre y política climática (Climate Policy and Uncertainty Index) propuesto en 2021 por el profesor Konstantinos Gavriilidis.

¿Hacia una inversión más sostenible?

Los resultados apuntan a una conclusión clara. La cobertura mediática del cambio climático influye de forma significativa en el comportamiento de los inversores. En periodos de mayor atención pública, los fondos con menor riesgo de carbono aumentan su patrimonio gestionado, mientras que los más expuestos a sectores intensivos en carbono pierden capital, independientemente de su rentabilidad financiera.

Esto tiene implicaciones importantes:

• Para los gestores de fondos de inversión, subraya la necesidad de evaluar adecuadamente los riesgos climáticos y de adaptar sus carteras si quieren evitar salidas de capital.
• Para los reguladores, refuerza la importancia de exigir a las empresas información clara y comparable sobre los riesgos climáticos y sobre como los gestionan.
• Para los inversores, el estudio muestra que los ratings de riesgo de carbono pueden ser útiles para tomar decisiones más informadas.

A medida que el cambio climático ha ido ocupando un lugar cada vez más destacado en la agenda pública y mediática, los mercados financieros parecen haber respondido alineando las inversiones con una transición hacia una economía baja en carbono.

No obstante, hay un factor geopolítico a tomar en cuenta: las medidas que ha venido tomando el presidente Trump en lo que va de su segundo mandato para abandonar los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), dando prioridad al rendimiento financiero de las empresas.

Fuente/The Conversation /Creative Commons
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La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, el Delegado Presidencial RM, Germán Codina, la Superintendenta del Medio Ambiente (s) Claudia Pastore, junto a los seremis metropolitanos y los servicios fiscalizadores de Transporte y CONAF, dieron inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos para la Región Metropolitana 2026, que se extiende hasta el 31 de agosto.

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago establece que todos los años, en la época de mala ventilación atmosférica, se apliquen medidas para contrarrestar los episodios críticos de calidad del aire, como la restricción vehicular, la prohibición del uso de calefactores a leña o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones.

Desde el Cerro San Cristóbal, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo,  el Delegado Presidencial RM, Germán Codina, la Superintendenta (s) del Medio Ambiente Claudia Pastore, y los Seremis metropolitanos de Transportes, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Educación y Director de CONAF,  anunciaron el comienzo de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) para la Región Metropolitana, que se extenderá entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.

La GEC -que forma parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la Región Metropolitana de Santiago, cuyo objetivo es dar cumplimiento a las Normas Primarias de Calidad Ambiental de Aire vigentes, asociadas a los contaminantes de Material Particulado Respirable MP10, Material Particulado Fino Respirable MP2,5, Ozono (O3) y Monóxido de Carbono (CO)- permite tomar medidas como la restricción vehicular, la prohibición de calefactores a leña en toda la región o la paralización de industrias que no cumplan con su plan de reducción de emisiones, para reducir la contaminación atmosférica ante pronósticos de mala ventilación.

Al respecto, la Ministra Francisca Toledo indicó que “el plan de descontaminación es una política pública que sí ha dado resultados, disminuyendo en 75% el material particulado fino –que impacta a la salud de las personas- desde principios de los 90 a la fecha. Pero para reforzar las medidas de resguardo de la salud de la ciudadanía, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto se extenderá la Gestión de Episodios Críticos (GEC) que establece acciones para disminuir la exposición a niveles elevados de contaminación atmosférica en el periodo donde se registran condiciones meteorológicas más desafiantes”.

Por su parte, el Delegado Germán Codina, expresó: «Sabemos que, durante otoño e invierno, la Región Metropolitana enfrenta un desafío crítico con la acumulación de contaminantes que impactan la salud de la población, especialmente a niños y adultos mayores . La Delegación Presidencial Regional, también es parte del plan GEC, con el claro objetivo de colaborar con el cuidado de la salud de las personas«.

De acuerdo al último Inventario de Emisiones realizado el año 2022,  las principales fuentes de emisiones de contaminantes en la RM, en un año normal, son el Transporte (33%), Maquinaria 20%, Leña (34%) e Industria y Fuentes Fijas (12%), por ello el PPDA considera medidas estructurales y de largo plazo para estas fuentes, además de acciones de corto plazo a través de la GEC para prevenir la exposición innecesaria de la población a altos niveles de Material Particulado Fino durante los 4 meses en que las condiciones de ventilación son las más adversas en la cuenca de Santiago.

Las Medidas permanentes en GEC

Durante el período GEC se establecen medidas permanentes para toda la RM. Se trata de la prohibición de circulación dentro de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, para vehículos con sello verde inscritos hasta el año 2011 y las motos inscritas hasta el año 2010. Además, existe la prohibición de entrada al anillo Américo Vespucio a todo vehículo sin sello verde.

Desde el Ministerio de Transportes se informó que el calendario 2026 de la Restricción Vehicular establece que la medida comenzará a aplicarse el lunes 4 de mayo con los dígitos 8 y 9, seguirá el martes con 0 y 1, miércoles 2 y 3, jueves 4 y 5 y viernes 6 y 7. El horario de prohibición es desde las 07:30 hasta las 9 de la noche.

La medida se extenderá entre los meses de mayo y agosto y prohíbe la circulación diaria de vehículos motorizados, dependiendo de su año de fabricación y tipo. En caso de decretarse episodios altos de contaminación ambiental -como Alerta Ambiental, Premergencia Ambiental y Emergencia Ambiental– se sumarán dígitos a la prohibición de circular.

“El llamado es a colaborar sobre esta medida medioambiental y dejar el vehículo en casa si le corresponde restricción. Nuestro sistema de transporte público es una alternativa eficiente y sustentable para moverse por la ciudad, evitar congestión y ayudar,  a descontaminar el aire que todas y todos respiramos”, expresó el SEREMI de Transportes RM,  Gonzalo Cuevas.

Otras medida permanente es la prohibición del uso de calefactores a leña en toda la Provincia de Santiago además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, exceptuando las que usan pellets.  Durante el período GEC 2025, la SEREMI de Salud incrementó la fiscalización en 17 %., resultando un disminución de los sumarios sanitarios en un  87 % por el uso de calefactores en episodio ambiental.

Entre las medidas permanentes en periodo GEC está la prohibición de Quemas Agrícolas que se extiende entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año. La SEREMI de Agricultura RM -a través de los servicios CONAF y SAG RM- se encarga de gestionar las denuncias por este tema. También estos servicios -junto con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)- son los encargados de fiscalizar la calidad de la leña que se expende en las provincias rurales de la capital.  Las multas por infringir la normativa oscilan entre las 1 a 70 UTM.

A contar del 26 de noviembre del año 2026 las Quemas Agrícolas estarán prohibidas durante todo el año (Del 1 de enero al 31 de diciembre) en toda la RM. En ese contexto, se reforzará las alternativas del uso del fuego ya conocidas (trozar y dispersar, silvopastoreo, lombricompostaje, reincorporación al suelo, cero labranza o siembra directa), y se buscarán acuerdos interinstitucionales para aumentar la llegada a los usuarios del fuego,  con el fin de que en conjunto encontrar una solución rápida, efectiva y viable.

Medidas en Episodios Críticos de Contaminación

Cuando se decreta algún episodio crítico junto con intensificarse la fiscalización se hacen sugerencias a los establecimientos educacionales para modificar las clases de Educación Física por actividades con menos exigencia física, las que se pueden consultarse en la SEREMI de Educación RM.

En episodio de Alerta se extiende la prohibición del uso de calefactores a leña a toda la Región Metropolitana, excepto pellets. En Preemergencia, la prohibición de uso de calefactores a leña en toda la RM incluye los pellets, además aumentan los dígitos de Restricción Vehicular y paralizan las fuentes industriales correspondientes a Grandes Establecimientos que no cumplan con la reducción de sus metas anuales.

El universo de los Grandes Establecimientos Industriales corresponde a 55 empresas –equivalentes a más de 828 fuentes estacionarias que corresponden a calderas, hornos panaderos y procesos con y sin combustión–, y el listado está publicado en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente: https://mma.gob.cl/listado-de-grandes-establecimientos-en-la-rm/

La Fiscalización la realiza la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y para la GEC 2026 constataron que 50 grandes establecimientos han verificado la reducción de sus emisiones de MP, identificándose 5 grandes establecimientos que serían incorporados en el primer listado de paralización.

La Superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, explicó que la SMA es el organismo encargado de liderar y coordinar las actividades de fiscalización en el marco del plan de descontaminación de la RM, además de fiscalizar a las industrias que tienen calderas y procesos con y sin combustión.  “Como Superintendencia tenemos un rol clave en la fiscalización y control de emisiones de los grandes establecimientos, en la línea de verificar el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones a las que están sujetos, entre ellas, material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. A ese trabajo se suma un fuerte trabajo preventivo que realiza la institución a fin de evitar incumplimientos por parte de los titulares”, señaló la autoridad.

Las multas por incumplimiento de paralización de grandes establecimientos oscilan entre 1 Unidad Tributaria Anual (UTA) y 10.000 UTA. El valor de 1 UTA al mes de mayo de 2026 es de $ 847.056.

Detalle Medidas GEC

Exenciones Restricción Vehicular

Quedan exceptuados vehículos de Carabineros, PDI, Bomberos, Gendarmería, ambulancias, fiscalización, municipales con funciones policiales, estatales (según D.L. 799), transporte público urbano, diplomáticos, escolares autorizados, funerarios, TV con equipos de transmisión, eléctricos o híbridos, a gas con revisión vigente, recolectores de basura, y servicios médicos o de emergencia.

También se excluyen vehículos de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o TEA, siempre que cuenten con credencial o certificado médico que acredite la condición, y en estos casos se requerirá autorización previa de la SEREMI de Transportes para circular.

Para el periodo 2026 se mantiene el trámite de exención digital a través de la plataforma, https://cerofilas.subtrans.gob.cl/ para personas naturales. En tanto, las personas jurídicas deberán realizar el trámite a través del correo [email protected], lo mismo los casos excepcionales.

Recomendaciones Actividades Físicas en Establecimientos Educacionales

Alerta Ambiental

En los días de Alerta Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, evitando esfuerzos de alta exigencia y abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo.

Preemergencia Ambiental

En los días de Preemergencia Ambiental, se recomienda que las clases de Educación Física no se suspendan, sino que restrinjan la intensidad de su ejecución, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que impliquen un menor esfuerzo físico y un menor desplazamiento, tales como actividades de equilibrio, estabilidad, ejercicios funcionales y de manipulación, entre otros.

Emergencia Ambiental

Los días de Emergencia Ambiental, se recomienda que las clases de Educación Física no se suspendan, sino que adapten su contenido e intensidad, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que impliquen un mínimo de esfuerzo físico y baja exigencia cardiovascular, tales como hábitos postulares, actividades de motricidad fina y coordinación, entre otros. Estas actividades deben realizarse bajo techo, en una sala de clases, u otro espacio cerrado similar.

Listado Grandes Establecimientos que deben paralizar (al 1 de mayo 2026)

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La instancia abordó el seguimiento de acuerdos, el avance de sus comités temáticos y los preparativos de Chile ante la próxima COP del Acuerdo de Escazú.

Se desarrolló, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, una nueva sesión ordinaria del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, instancia que tuvo como hito ser la primera presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, desde el inicio de su gestión. Durante la jornada se revisó el estado de avance de acuerdos previos, el trabajo en desarrollo de los comités del Consejo y antecedentes vinculados a la próxima Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú.

La ministra Toledo destacó  la importancia del Acuerdo de Escazú para Chile y su proyección en el ámbito continental (América Latina y El Caribe). En ese marco, señaló que este proceso “es una plataforma para hacer un aporte regional” y afirmó que ese es el espíritu con el que espera conducir el trabajo del Consejo, junto al compromiso de consejeras y consejeros que, desde sus distintas miradas y trayectorias, contribuyen a fortalecer el papel que Chile puede desempeñar en esta materia.

La sesión permitió dar continuidad al trabajo desarrollado desde la ratificación del tratado, consolidando este Consejo como una plataforma clave para promover el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

Incluyó también el reporte de avance de los comités sobre “Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales” y de “Seguimiento para la Implementación del Acuerdo de Escazú”. En la ocasión, ambas instancias dieron cuenta del trabajo que vienen desarrollando para profundizar sus respectivas materias y elaborar propuestas que posteriormente serán presentadas al Consejo Nacional, con el fin de orientar su labor durante el presente año.

Junto con ello, el Consejo conoció antecedentes preparatorios sobre la COP4 del Acuerdo de Escazú, que se desarrolla en Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril, recibiendo información por parte de los puntos focales del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de compartir un panorama actualizado sobre esta cita internacional.

El Consejo Nacional de Escazú es una instancia de participación formal y representativa, integrada por instituciones públicas y por representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Su finalidad es apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en el seguimiento de la implementación del “Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030”, instrumento de política pública elaborado participativamente para avanzar de manera progresiva y continua en los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y el fortalecimiento de capacidades y cooperación.

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Cuando compramos una prenda solemos fijarnos en el precio, el diseño o la marca. Sin embargo, rara vez nos interesamos por el lugar de procedencia, quién cultivó el algodón, dónde se tiñó el tejido o en qué condiciones se confeccionó.

Esta falta de visibilidad no es accidental. Durante décadas ha formado parte estructural del modelo de producción de la moda. Pero ese paradigma está cambiando. No solo porque hay una mayor sensibilidad medioambiental o social, sino por una transformación más profunda: la trazabilidad está dejando de ser una herramienta técnica para convertirse en una oportunidad estratégica.

Más que saber ‘de dónde viene’

Durante años, la trazabilidad se entendió como una cuestión vinculada al control de calidad o a la gestión de riesgos en la cadena de suministro. Su función principal era reactiva: localizar fallos o responder ante incidentes.

Sin embargo, el nuevo marco regulatorio europeo exige a las empresas información verificable sobre composición, origen, impactos ambientales, aspectos sociales y circularidad del producto.

En este contexto, la trazabilidad pasa a funcionar como una herramienta transversal que conecta regulación, estrategia empresarial, gestión operacional y comunicación con el consumidor.

El verdadero motor del cambio: el dato

Analizamos cómo puede ayudar la trazabilidad a mejorar la toma de decisiones y reforzar la confianza, el posicionamiento y la competitividad de las empresas del sector textil. Nuestro estudio muestra un hallazgo clave: los factores de gobernanza (como la transparencia y el cumplimiento normativo) superan a los medioambientales y sociales como principales habilitadores de la trazabilidad.

Este resultado cuestiona el enfoque tradicional de la sostenibilidad en la moda, históricamente dominado por la dimensión medioambiental, y refuerza la idea de que el reto central ya no es solo reducir impactos, sino medirlos, validarlos y gestionarlos de forma fiable.

Gobernanza del dato y enfoque de impacto

Proponemos conectar las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (fatores ESG) con los requisitos de trazabilidad para que esta deje de ser una herramienta de cumplimiento y pase a ser un elemento estratégico.

Entendiendo la sostenibilidad como un sistema de gobernanza interdependiente –en el que que las decisiones ambientales, sociales y económicas se toman de forma conjunta y se integran en la estrategia central de la organización–, la propuesta es que el modelo ESG evolucione desde el reporting hacia un instrumento de gestión del impacto.

Los resultados de nuestro estudio muestran que variables como la transparencia del dato, la colaboración entre actores, la capacidad de innovación, la efectividad de los sistemas de gestión y el cumplimiento normativo son clave para activar esquemas efectivos de trazabilidad.

Sin estas estructuras de gobernanza, los datos ambientales y sociales existen pero permanecen fragmentados, no son comparables y tienen poca capacidad para informar para la toma de decisiones estratégicas.

De obligación regulatoria a ventaja competitiva

Aunque muchas empresas perciben la trazabilidad como una carga regulatoria, podría ser una fuente de ventaja competitiva al fortalecer las capacidades organizativas, apoyar la innovación y mejorar la gestión del riesgo.

Contar con datos sólidos permite mejorar la toma de decisiones estratégicas, identificar riesgos en las cadenas de suministro, reforzar la confianza de los inversores y reguladores, y diferenciarse en mercados cada vez más exigentes.

Desde esta perspectiva, la trazabilidad deja de ser un coste de cumplimiento para convertirse en un activo.

Consumidores, transparencia y riesgo de ‘greenwashing’

El consumidor también está cambiando. Aunque el precio sigue siendo determinante, crece el interés por conocer el origen y el impacto de los productos. Herramientas como los códigos QR conectan el producto físico con su huella digital.

No obstante, diversos autores advierten que sin sistemas robustos de verificación esta transparencia puede derivar en greenwashing y pérdida de credibilidad. La confianza del consumidor depende también de la calidad y gobernanza del dato.

La trazabilidad no es solo una cuestión tecnológica, también implica cambios organizativos, culturales y estratégicos. Las empresas necesitan establecer estándares comunes, invertir en sistemas de recogida y validación de datos, colaborar con sus grupos de interés y alinear la trazabilidad con la gestión ESG diaria. Esto supone pasar de una lógica de control puntual a una de aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en el impacto.

El futuro de la moda será trazable

Los cambios regulatorios y tecnológicos en el sector textil avanzan de forma conjunta. La digitalización está haciendo visible lo que antes permanecía oculto.

En este escenario, la pregunta es: ¿qué empresas sabrán integrarla como herramienta de innovación estratégica y no solo como respuesta normativa?

La trazabilidad no trata solo de seguir productos sino de gobernar información fiable. En una economía cada vez más basada en datos, esa capacidad puede marcar la diferencia.

Fuente/The Conversation (Creative Commons9
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó el Ministerio del Medio Ambiente, donde sostuvo una reunión de trabajo con la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Vial, instancia en la que se abordaron las principales prioridades de la cartera para los próximos meses.

En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.

La ministra Toledo destacó que “tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores”. 

Añadió que “nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos”.

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