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Opinión

Plusvalía en Chile: UNA OPORTUNIDAD PARA FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

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Camila Balbontin, Investigadora Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI)
Académica Universidad Católica de Chile

En Chile, como en muchas otras partes del mundo, el financiamiento de proyectos de infraestructura de transporte público se enfrenta a desafíos significativos. Las grandes inversiones necesarias para desarrollar nuevas líneas de metro, trenes suburbanos o corredores de buses son cruciales para mejorar la calidad de vida urbana y reducir las desigualdades territoriales, pero los costos asociados son elevados y los recursos públicos son limitados. En una reciente investigación sobre los efectos de nuevos proyectos de transporte público en el valor de propiedades residenciales en Sídney, Australia, ofrece lecciones valiosas que podrían ser aplicables a la realidad chilena.

En el estudio revelamos que los proyectos de transporte público no sólo mejoran la movilidad urbana, sino que también generan un aumento en el valor de las propiedades en áreas residenciales que se ven afectadas por estos proyectos (por ejemplo, cercanas a las nuevas estaciones). Este fenómeno, conocido como *Land Value Uplift* (LVU) o aumento del valor del suelo, puede ser un recurso clave para financiar proyectos de infraestructura, siempre y cuando existan políticas efectivas para capturar ese valor generado que no está asociado.

En el contexto chileno, especialmente en ciudades como Santiago, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y a menudo desorganizado, la captura del valor del suelo podría ser una herramienta poderosa para financiar expansiones del sistema de transporte. La experiencia de Sídney muestra que los proyectos de tren pesado, como el Metro de Santiago o futuros trenes interurbanos, tienen un potencial significativo para aumentar el valor de las propiedades cercanas, incluso antes de que estén finalizados y operando (i.e., aumento “anticipado”), que no se debe exclusivamente a la mejora en accesibilidad. Por otro lado, las extensiones de proyectos de tren ligero o corredores de buses también podrían generar un aumento del valor del suelo, aunque en menor medida, según sugerimos en el estudio.

No obstante, el aprovechamiento de este aumento del valor del suelo en Chile requiere un marco normativo adecuado. Esto incluye políticas que permitan la captura de una parte justa de ese valor para reinvertirlo en la infraestructura misma. En este sentido, la implementación de impuestos sobre el incremento del valor del suelo, contribuciones especiales de mejoramiento o la creación de zonas de valorización podrían ser mecanismos efectivos para asegurar que los beneficios económicos de los proyectos de transporte público no se limiten a los propietarios privados, sino que también beneficien al bien común.

Además, es crucial que las autoridades chilenas adopten una planificación urbana integral que considere no solo la mejora de la accesibilidad, sino también el desarrollo sostenible de los barrios alrededor de las estaciones de transporte. La experiencia internacional sugiere que el aumento del valor de la tierra no es automático ni uniforme; depende de múltiples factores, incluidos la calidad de la infraestructura, la conectividad con otras redes de transporte, y las características de las comunidades locales. Por lo tanto, cualquier política de captura de valor debe ser diseñada cuidadosamente para maximizar sus efectos positivos y minimizar los riesgos de especulación inmobiliaria y desplazamiento de comunidades vulnerables.


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Opinión

Tecnología con propósito: El desafío del trabajo en Chile

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Margarita Ducci / Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU

Hablar hoy del futuro del trabajo nos llama a una conversación urgente sobre decisiones que ya están transformando la vida laboral en Chile. La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo empleos, habilidades y modelos productivos con una rapidez sin precedentes. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda: ¿en qué condiciones trabajaremos y quiénes quedarán dentro o fuera de esta transición?

En 2025, la tasa de desempleo alcanzó alrededor del 8,8 %, con una tasa femenina cercana al 9,5 %, lo que evidencia un sesgo estructural en la recuperación del empleo tras crisis recientes. Además, la participación laboral de las mujeres sigue siendo significativamente menor que la de los hombres: alrededor de 52 % para mujeres frente a más de 71 % para hombres, una brecha de 19 puntos que supera el promedio de la OCDE. Junto con ello, persiste una brecha salarial de género de alrededor del 21 %, casi el doble del promedio regional, lo que revela que la calidad del empleo y sus beneficios difieren sustancialmente por género. Esto no sólo refleja una brecha de oportunidades, sino también, un riesgo de amplificación de desigualdades en la transición hacia una economía más digitalizada.

Hoy la automatización representa un reto. Un estudio reciente reveló que más del 50 % de los trabajadores en Chile realiza tareas con alto riesgo de ser automatizadas debido a su repetitividad, un indicador que ubica al país entre los que enfrentan mayores desafíos comparativamente. Esto no sólo implica potencial pérdida de empleos tradicionales, sino que puede agravar las brechas existentes si no se acompaña de políticas activas de reskilling, protección social y reconversión laboral.

En ese contexto, la sostenibilidad y la diversidad ya no son temas de marketing ni de reputación empresarial, son condiciones estructurales de competitividad y supervivencia financiera. Las empresas que no integran estos temas enfrentan riesgos reales: pérdida de talento, menor productividad, dificultades de acceso a financiamiento, tensiones regulatorias y vulnerabilidad en sus cadenas de valor. En cambio, las organizaciones que apuestan por la inclusión, el diálogo social, y la ética empresarial, demuestran mayor resiliencia, capacidad de adaptación e innovación.

Desde la mirada de Pacto Global Chile, el “trabajo del mañana” debe construirse sobre los estándares del ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Esto significa empleos productivos, con derechos laborales garantizados, ingresos dignos, seguridad y, cada vez más, habilidades adaptativas frente a los cambios tecnológicos. Vemos con admiración como las empresas líderes están adoptando estrategias concretas, como la capacitación continua, la reconversión laboral, que incluyen habilidades digitales y competencias complementarias. Programas focalizados para mujeres, con iniciativas de formación tecnológica, liderazgo y acceso a sectores de mayor valor agregado además de planes de transición justa que combinan tecnología, movilidad interna y diálogo con los trabajadores. También, uso ético de la inteligencia artificial en procesos de selección y gestión de talento, para evitar sesgos discriminatorios.

Sabemos que el futuro del trabajo exige alianzas público-privadas, diálogo social y una visión compartida para construir un modelo laboral más justo e inclusivo. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés, y ese principio no es sólo ético: es estratégico y basal para un desarrollo económico más resiliente, equitativo y sostenible para Chile.

 

Columna de Opinión / Margarita Ducci/Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU
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Casen 2024: La formación laboral como motor de la autonomía económica

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Por Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC

Según los resultados de la Encuesta Casen 2024, 600 mil personas salieron de la pobreza. Miles de familias que disminuyeron las urgencias y angustia inmediata, gracias a un sistema de subsidios que representa el 69% de los ingresos del decil más vulnerable. Es un avance innegable en el corto plazo para esas familias, pero el desafío es que ese alivio se transforme en un proyecto de vida autónomo. El subsidio es una base necesaria. Pero formación laboral pertinente, que genere desarrollo de capacidades para el trabajo, es el trampolín definitivo hacia la seguridad y proyección de esas familias.

Y la urgencia es estructural. Chile es el penúltimo país de la OCDE en habilidades de su población adulta, una brecha crítica, pues un trabajador con mayores competencias recibe el doble de ingresos por hora y enfrenta una tasa de desempleo seis veces menor que uno menos calificado.

Con 750.000 trabajadores en riesgo inminente en sus empleos por la automatización, como reveló un reciente estudio publicado por el OTIC CChC y Comov, la empleabilidad debe ser una política de desarrollo y no una mera consecuencia. Necesitamos poner el foco con fuerza en la formación laboral. Formación pertinente y adaptada a las necesidades del mercado del trabajo. Un aumento considerable de la inversión en formación (en cantidad y en transversalidad). Ecosistemas con capacidad de generar iniciativas colaborativas, orquestando el impacto de cada uno de sus actores, para generar más valor que la suma de las partes. Son algunas de las fuerzas que podrían mejorar la precisión de un sistema que debe tener capacidades estructurales y musculatura, para generar el talento que las industrias y regiones del país vayan necesitando.

Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC

Desde quienes tenemos un rol intermediario en el sistema (como es el caso de la Corporación de Capacitación de la Construcción), urge una fuerza hacia la innovación de lo que nuestra industria puede ofrecer en materia de impacto social. Diagnósticos claros por industrias y regiones. Levantamiento de iniciativas colaborativas que resuelvan los desafíos priorizados, con acciones rápidas y claras, y objetivos a la vista. Conexión de puntos, exploración permanente de nuevas soluciones y generación de diálogo entre actores. Solo algunos de los ingredientes que permitirían generar verdaderos cambios en las reglas del juego.

Al iniciar este 2026 con un nuevo ciclo político, el desafío nacional es consolidar un modelo de desarrollo que ponga el talento al centro, especialmente porque superar la pobreza requiere que Estado y sector privado trabajen juntos para transformar la capacitación en una herramienta estratégica. Solo así la seguridad que hoy entrega el subsidio se convertirá mañana en la libertad que otorga el talento propio.

 

Columna de Opinión: Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación 
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Agua para un Chile resiliente: Avances y desafíos de un año decisivo

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Por Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso

Las altas temperaturas que hemos vuelto a registrar este verano no son un fenómeno aislado. Son una señal inequívoca del impacto del cambio climático sobre Chile y de la presión creciente sobre fuentes continentales de agua que ya no logran responder a las necesidades de las personas, las ciudades y la actividad productiva. La seguridad hídrica es una meta a la que todas las empresas deben plegarse hoy.

Y para alcanzarla, las fuentes no convencionales como el agua de mar y las aguas residuales se han constituido como alternativas seguras y competitivas para el abastecimiento de distintas ciudades e industrias del país. Un hito lo ilustra con claridad: durante 2025, Antofagasta se convirtió en la primera gran ciudad de América Latina en abastecerse en un 100% con agua desalada para consumo humano.

Chile se ha embarcado decididamente en este camino. Hoy existe una industria de fuentes hídricas no convencionales en plena expansión, con proyectos que permiten generar, transportar y distribuir agua, llueva o no. Nuestro país cuenta con 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial, esto es con una capacidad producción de agua superior a 20 litros por segundo que, en total, suman una capacidad instalada de 14.227 L/s.

A ello se suma una cartera robusta de proyectos en desarrollo. A diciembre de 2025 se registran 64 proyectos en etapas de ingeniería o construcción relacionados con el tratamiento de aguas servidas y la desalación, extracción y transporte de agua de mar, entre otros, que representan una inversión total estimada de USD 25.613 MM.

En este portafolio, destaca la licitación de la planta desaladora multipropósito para la Región de Coquimbo que, en tiempo récord, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, logró concretar, marcando un precedente en la incorporación de nuevos modelos de infraestructura hídrica.

Sin embargo, estos avances conviven con desafíos que no podemos ignorar. Uno de los más relevantes sigue siendo la regulación. El proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para la desalación todavía presenta algunas disposiciones que podrían afectar la continuidad operacional de los futuros proyectos y obstaculizar la operación de plantas existentes, por lo que esperamos sean corregidas en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.

También esperamos que se concreten importantes proyectos durante 2026: la puesta en marcha de C20+ de Collahuasi en Tarapacá; la desaladora de Aguas Pacífico en Valparaíso; la nueva conducción de agua de mar de Minera Centinela y la Planta Desaladora de Codelco en Antofagasta.

Para acelerar su crecimiento, Chile necesita desplegar la infraestructura crítica que le permita proveer un suministro competitivo de agua a las industrias en las que nuestra economía tiene ventajas comparativas. Pero esa seguridad hídrica solo se construye con una institucionalidad que permita volver a invertir en condiciones predecibles para el largo plazo.

 

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Salvar Vichuquén: Una urgencia público-privada

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José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental

El cierre del Lago Vichuquén hasta el año 2026 debe interpretarse inequívocamente como una señal de alarma ambiental de máxima prioridad que ya no podemos ignorar. Si bien se ha descrito esta crisis como una «tormenta perfecta» derivada de la sequía y la falta de ordenamiento, resulta desalentador ver cómo el debate se ha estancado en disputas donde vecinos, autoridades y privados se acusan mutuamente, mientras el deterioro del lago persiste.

La experiencia internacional nos dicta que la recuperación de estos desastres no se logra a través de procesos litigiosos ni recriminaciones cruzadas sobre la barra del estero, sino mediante la implementación de planes de emergencia y remediación adecuados al sitio. Por consiguiente, es imperativo cambiar el foco: la autoridad debe asumir el liderazgo para convocar a una mesa de trabajo colaborativa público-privada.

En esta alianza, los roles son claros y complementarios. El sector público cuenta con la capacidad esencial de ordenamiento territorial. Por su parte, el sector privado posee la ingeniería y las tecnologías de saneamiento avanzadas necesarias para recuperar el recurso hídrico. No se trata solo de diagnósticos, sino de aplicar soluciones técnicamente comprobadas que hoy están disponibles, como los sistemas de Bombeo y Tratamiento (Pump & Treat) o la Ozonización, capaces de remover contaminantes y restaurar el equilibrio.

A diferencia de los lagos profundos del sur, la geografía de Vichuquén (30 metros de profundidad) permite que, si actuamos con decisión, la recuperación sea relativamente rápida. Pero para ello, debemos dejar de gastar energía en buscar culpables y enfocarla totalmente en la remoción del contaminante. Si logramos alinear la capacidad de ordenamiento estatal con la tecnología privada, la recuperación del ecosistema de Vichuquén podrá materializarse antes de que el daño sea irreversible. Es hora de actuar.

 

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Inteligencia artificial, ética y sostenibilidad

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Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la vida cotidiana de muchas personas, convirtiéndose en una herramienta de uso frecuente para múltiples actividades.

Su aplicación en ámbitos laborales, académicos y personales se orienta a potenciar la eficiencia, favorecer la colaboración y apoyar el bienestar en el desempeño cotidiano con acciones que van desde la revisión de un texto, la creación de una imagen, la organización de tareas, como apoyo en proceso administrativos, la elaboración de presentaciones y reportes, y el análisis de datos, entre muchos otros.

En este contexto, estas tecnologías se configuran como un recurso que puede contribuir a optimizar el tiempo, la organización del trabajo y fortalecer habilidades de gestión, tanto a nivel individual como colectivo.

Sin embargo, detrás estas gestiones que parecen simples e inmediatas, existe una infraestructura tecnológica que consume energía, requiere servidores activos de manera permanente y deja una huella ambiental que suele pasar inadvertida.

Cuando se habla de uso sostenible de la IA, no se trata solo de grandes decisiones empresariales o políticas públicas. También tiene relación con la forma en que las personas utilizan estas herramientas en su día a día.

El uso repetitivo o innecesario de sistemas de alta demanda computacional incrementa el consumo energético y, con ello, el impacto sobre el entorno. La sostenibilidad, en este contexto, implica tomar conciencia de que cada interacción digital tiene un costo ambiental.

Promover un uso más responsable de estos recursos supone cambiar ciertas prácticas cotidianas. Usar estas herramientas con un propósito claro, evitar generar contenidos de manera automática sin necesidad real, priorizar soluciones tecnológicas eficientes, un empleo correcto de la instrucción (prompt), de bancos de imágenes y videos ya realizados por otros usuarios y comprender que no todo problema requiere una respuesta basada en IA, son acciones concretas que contribuyen a reducir su impacto.

La ética se expresa aquí en decisiones individuales que, acumuladas, tienen efectos colectivos, porque cada elección de uso refleja una forma de relacionarse con la tecnología y con el entorno, de ser conscientes de la manera en que se consume tecnología y se valora su impacto ambiental.

La inteligencia artificial continuará expandiéndose y su uso se volverá cada vez más accesible. Por eso, conocer bien las herramientas, pensar cómo, cuándo y para qué se utiliza es parte de una responsabilidad compartida que no recae solo en quienes desarrollan estas herramientas, sino también en quienes las integran a su vida diaria.

 

Columna de Opinión/Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
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