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¿Qué hacer con los vehículos usados más contaminantes?

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Los vehículos generan contaminación en dos ámbitos fundamentalmente. El primero se corresponde con las emisiones de gases de efecto invernadero, en su mayor parte dióxido de carbono (CO2). Esta contaminación no tiene un efecto inmediato sobre la salud, pero contribuye al avance del calentamiento global del planeta.

El segundo es el causado por otros gases contaminantes (CO, NOX) y las partículas (PM₂,₅ y PM₁₀) en suspensión que generan un empeoramiento de la calidad del aire que se respira en las ciudades.

Exportar a otros países vehículos con abundantes emisiones de gases invernadero y compuestos contaminantes permite alargar su vida útil. Pero esta actividad no tiene beneficios (o son solo para el exportador) en lo que respecta a la calidad del aire o el cambio climático.

En el caso del efecto invernadero, el lugar donde se produzcan las emisiones no es relevante porque toda la contaminación sube a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. Por tanto, exportar estos vehículos a países en desarrollo no conlleva ninguna mejora ni para el país exportador ni para el importador.

En lo que se refiere a la calidad del aire, la localización de las emisiones es clave. La exportación supone beneficios económicos y de salud para el país exportador, pero a costa de empeorar las del país de destino. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y micropartículas tienen graves consecuencias para la salud.

Qué hacer con los vehículos más contaminantes constituye un problema con varias soluciones:

  • Podemos obviar el problema y mantenerlos circulando por nuestras ciudades, asumiendo sus efectos cada vez más negativos en la calidad del aire.
  • Se puede financiar la destrucción de estos vehículos compensando a los propietarios.
  • Se pueden exportar a países en desarrollo, lo que podría favorecer su crecimiento económico, pero a costa de futuros problemas de salud.
¿De qué vehículos estamos hablando?

Fundamentalmente estamos hablando de vehículos diésel homologados con las normas anteriores a la EURO 5 (de septiembre de 2009), que impuso unas restricciones más fuertes que sus predecesoras. Se trata de vehículos ligeros de combustible diésel y con más de diez años de antigüedad.

En España, según datos estadísticos facilitados por la DGT, el parque de vehículos de este tipo es de 8 112 100. De estos, prácticamente la mitad (4 204 448) fueron matriculados entre los años 2006 y 2010. Estos últimos son vehículos que tecnológicamente no están demasiado desactualizados, por lo que retirarlos de la circulación podría parecer un desperdicio.

Sin embargo, desde el punto de vista de las emisiones, estos vehículos superan los límites aceptables. Están afectados prioritariamente por las restricciones al tráfico como Madrid Central. En el caso de furgonetas diésel, existen en nuestro país 1 285 982 vehículos con más de 10 años de antigüedad.

¿Qué hacemos con ellos?

Esta pregunta no tiene una respuesta única, porque se mezclan los criterios económicos y la salud. Desde el punto de vista de la salud, hay que ser categórico: estos vehículos no deberían usarse ni en España ni en ningún otro país, por muy en vías de desarrollo que esté. Por lo tanto, se deben establecer mecanismos para reconducir la situación.

Además de las anteriormente citadas restricciones a la movilidad, existen otros mecanismos para, a través de programas de financiación, proceder a eliminarlos. Por ejemplo el plan Renove 2020 facilita ayudas a la compra de vehículos en función de su etiqueta, financiando hasta con 4 000 euros (para los de etiqueta CERO). Para recibirlas es necesario retirar de la circulación un vehículo de más de diez años de antigüedad.

 

Merece la pena citar también el plan MOVES. Este se centra en ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos con acceso a 5 500 euros de ayuda en el caso de retirar un vehículo antiguo y hasta los 4 000 euros en caso de no enviar ningún vehículo al desguace. Lo mismo ocurre con las furgonetas. Se accede a incentivos de hasta 6 000 euros si se procede al achatarramiento de un vehículo antiguo y de 4 400 euros si no es el caso.

Como puede comprobar, la retirada de todos estos vehículos conllevaría subvenciones del orden de miles de millones de euros. Sin embargo, el presupuesto de los planes de ayuda está en orden de magnitud de cientos de millones.

El mercado de coches de segunda mano

Por otra parte, existe un problema añadido: estos vehículos se pueden seguir vendiendo y comprando en el mercado de segunda mano. Con esto se prolonga el momento de su retirada de la circulación, bien porque se mantienen activos en nuestro país o bien porque se procede a exportarlos a países donde las normativas medioambientales lo permitan.

¿Y dónde está ese mercado? ¿Quién querría comprar estos coches? Pues, por ejemplo, Polonia, que importó 850 000 vehículos procedentes principalmente de Alemania, según un estudio publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Entre los años 2015 y 2018, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos exportaron 14 millones de este tipo de vehículos con destino a diferentes países. En concreto, países de África (40%), Europa del Este (24%), Asia-Pacífico (15%), Oriente Medio (12%) y América Latina (9%) donde las normativas son más laxas y con apenas restricciones por contaminación ni antigüedad.

En muchas ocasiones, los vehículos exportados pueden incluso haber sido previamente despojados de los componentes que reducían sus emisiones. Tal es el caso de los convertidores catalíticos o catalizadores, valiosos porque llevan platino.

¿Cómo solucionar el problema de estos vehículos?

Como conclusión se puede decir que la solución a este dilema no es fácil y que está en manos de los gobiernos de los países de origen y de destino de los vehículos.

Los países de origen deben reconocer sus errores, ayudando a retirarlos progresivamente sin perjuicio para los propietarios y poner trabas tanto a su conservación como a su exportación. Por su parte, los países destino deberían también legislar restringiendo la importación masiva e incontrolada de estos vehículos.

Como ocurre a menudo con cuestiones medioambientales, nos encontramos ante un dilema que nos lleva a la pregunta: ¿economía o salud? En este caso, parece que nos hemos decantado por soluciones intermedias, una forma velada de reconocer que tiene más importancia la primera.


Fuente/The Conversation
Chile Desarrollo Sustentable
www.chiledesarrollosustentable.cl 
www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS 
twitter.com/CDSustentable  
#CDSustentable,#Sostenible
#DesarrolloSostenible #MedioAmbiente,#ECOXXI
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Medio Ambiente

Desde reciclaje de aceite a parrillas a gas: Alcalde Desbordes y Ministra Toledo dan a conocer el lado Sustentable de la fonda del Parque O’Higgins.

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Una fonda que busca celebrar las Fiestas Patrias de manera más sustentable, es la apuesta de La Gran Fonda de Chile 2026, que este año incorporará nuevas medidas para reducir la generación de residuos, aumentar su valorización y promover prácticas de cuidado del medioambiente entre locatarios y asistentes. Es así como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; y el SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, dieron a conocer las medidas sustentables que se implementarán este año en el Parque O’Higgins.

Entre las novedades destaca un bus-punto limpio que comprimirá latas y botellas plásticas en el mismo lugar, además de un sistema de reciclaje de aceite de cocina que lo transformará en biodiésel, la recuperación de alimentos que no se vendan, parrillas a gas en el 100% de los puestos y compostaje de guano, vegetales y borra de café, entre otras iniciativas.

El alcalde Desbordes sostuvo que “la seguridad es tan importante como el cuidado del medioambiente y por eso queremos una fonda que se preocupe de cuidarlo entregando vasos que son reutilizables. El año pasado 85 mil vasos volvieron a sus casas y de esta forma se evita que se usen vasos plásticos que terminan en la basura. Estamos preocupados de educar medioambientalmente. Esta fonda va a tener el sello además en el uso de residuos orgánicos para compostaje, la reutilización del aceite de cocinar que será recuperado, de las botellas plásticas y latas”.

La máxima autoridad comunal insistió que “la Gran Fonda de Chile es una fonda segura y además amigable con el medioambiente, donde nos vamos a preocupar que no se contamine y que se eduque ya que vamos a estar enseñando prácticas ambientales por lo que está pensada en la familia”.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray afirmó que “durante las Fiestas Patrias podemos llegar a generar hasta 8 kilos de residuos al día, muy por sobre el 1,2 kilos habitual, por eso valoramos que este año la Fonda del Parque O’Higgins cuente con un sistema de reciclaje y menos desechables. Pero la invitación también es para los hogares, prefiriendo lo reutilizable y lo reciclable, y evitando el desperdicio de alimentos, para celebrar un 18 más sustentable”.

El año pasado, el Plan de Reciclaje aplicado en las fondas logró recolectar casi 20 toneladas de residuos durante los cinco días de celebración, alcanzando el 100% de valorización de ese volumen. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llegar a las 30 toneladas recicladas.

Parque ohiggins 6

  • Adiós al plástico de un solo uso: Se deja atrás la entrega de bolsas plásticas, bombillas, platos, cubiertos y envases de plumavit, dando paso a vasos reutilizables o desechables fabricados con materiales sustentables certificados, como PLA.
  • Energía limpia y cuidado del aire: Los equipos de cocina, hornos y parrillas funcionarán exclusivamente a gas, sin alterar los parámetros de la Estación de Monitoreo de calidad del aire del parque, y se incorporará iluminación LED de alta eficiencia.
  • Responsabilidad animal y oferta inclusiva: Cada espacio comercial deberá exhibir una conducta intachable de cuidado patrimonial y responsabilidad animal, además de incorporar alternativas veganas en sus menús.

La Subdirección de Medio Ambiente liderará jornadas de fiscalización durante las etapas de montaje, desarrollo y desmontaje del evento, resguardando el cumplimiento del reglamento de «Prohibiciones y Multas» de las Bases de Licitación 2026.


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Innovación

Ministerio de Ciencia anuncia primera participación de Chile a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo

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La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció que Chile se incorporará por primera vez a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo, a través de su propio Pabellón Global en la edición 2027 del evento, que se consolidará como el área sudamericana más grande en la historia de la feria.

La Dra. Ximena Lincolao, junto a la Ministra de Energía, Ximena Rincón, y la presidenta y CEO de CTA, Kinsey Fabrizio, sellaron esta nueva etapa con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza un compromiso conjunto para fortalecer los lazos de innovación entre Chile y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para las startups y empresas tecnológicas chilenas en el escenario global.

«Chile está entrando en un nuevo capítulo, con la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares de nuestra estrategia nacional», afirmó la Dra. Lincolao. «CES es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas. Llevar el ecosistema tecnológico de Chile al evento más influyente del mundo es parte de una decisión de país: poner a nuestros innovadores frente a los tomadores de decisiones globales este enero», agregó.

La incorporación de Chile a CES marca un hito en la proyección internacional de su ecosistema de innovación y confirma al país como un actor clave en la escena tecnológica sudamericana. Con fortalezas consolidadas en robótica, energía y tecnología espacial, Chile llega a esta plataforma global con una propuesta de valor propia: un modelo de desarrollo que combina inversión pública, talento local y vocación exportadora.

““Estamos muy contentos con esta invitación de la ministra Lincolao. Ya nos estamos imaginando desde Energía qué podemos instalar en ese stand en el que por primera vez Chile va a participar. Por ejemplo, la primera planta de eFuels en operación en el mundo, que está en Magallanes, o Solar Nomad de BLP, generación y almacenamiento solar sobre contenedores estándar para faenas sin red. Hay mucho que desde energía podríamos mostrar y agradecemos esta invitación”, señaló la ministra Rincón.

Por su parte, Kinsey Fabrizio, quien viajó a Chile para la firma del MOU, afirmó que «Chile es hogar de un ecosistema tecnológico dinámico y en rápida evolución, con fortalezas que abarcan robótica, energía, tecnología espacial y más. A través de CES, esperamos trabajar junto a los líderes de Chile para ayudar a mostrar estas innovaciones, fomentar la colaboración internacional y acelerar las oportunidades de crecimiento para las empresas chilenas».

Chile conformará una delegación que refleja la diversidad y madurez de su ecosistema de innovación, con empresas de sectores como robótica, energía, tecnología espacial y otras industrias emergentes que están posicionando al país como referente tecnológico regional. La presencia coordinada de Chile en CES 2027 fortalecerá sus conexiones con líderes de la industria internacional y reforzará su posición como hub tecnológico de Sudamérica.

CES 2027 se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo se reúnen para dar forma al futuro de la tecnología.


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Desarrollo Sostenible

Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones

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Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.

Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. ​La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.

También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.

Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.

Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.


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Desarrollo Sostenible

La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía

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Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.

Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.

Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.

Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.

En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».

Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».

Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.

«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.

Imagen-de-Augi-Amp-en-Pixabay

Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.

Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.

Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».


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Desarrollo Sostenible

Día Mundial del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad

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El Día Mundial del Agua fue establecido por las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua y la primera conmemoración tuvo lugar en 1993. Desde entonces, ONU-Agua coordina anualmente una campaña internacional dedicada a un aspecto específico de la crisis hídrica.

La creación de esta fecha respondió a una preocupación creciente: aunque el agua dulce es indispensable, su gestión ha estado marcada por la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad territorial, la degradación de las cuencas y la ausencia de infraestructura suficiente. La conmemoración busca sensibilizar, promover políticas públicas y acelerar las acciones necesarias para garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas.

La agenda internacional del agua adquirió un compromiso concreto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, junto con el saneamiento para todos, antes de 2030. Este objetivo no puede analizarse de forma aislada: se relaciona directamente con la salud, la educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, la energía y la protección de los ecosistemas.

El Día Mundial del Agua, por tanto, cumple una doble función. Por una parte, comunica la importancia ecológica y social del agua. Por otra, permite evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta para convertir los compromisos internacionales en servicios concretos, especialmente en los hogares rurales, las comunidades indígenas, los asentamientos informales y las zonas expuestas a sequías, inundaciones o contaminación.

El agua conecta todos los sistemas naturales. Circula entre la atmósfera, los suelos, los ríos, los lagos, los humedales, los glaciares, los acuíferos y los océanos. Esta circulación, conocida como ciclo hidrológico, sostiene los ecosistemas y regula procesos esenciales del planeta.

Cuando una cuenca se deforesta, el suelo pierde capacidad para infiltrar y almacenar agua. Cuando un humedal se drena, disminuye la protección frente a inundaciones y se destruyen hábitats. Cuando un río recibe descargas contaminantes, se deteriora la calidad del agua y se altera la cadena alimentaria. Cuando un acuífero se bombea más rápido de lo que puede recargarse, el déficit puede tardar décadas en revertirse.

Imagen de kalhh en Pixabay

La protección del agua exige, por tanto, proteger los territorios que la producen, almacenan, filtran y distribuyen. Los bosques nativos, páramos, glaciares, humedales, turberas y suelos saludables funcionan como infraestructura natural. A menudo son más baratos y resilientes que las soluciones exclusivamente construidas por el ser humano.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante para Chile, un país con una marcada diversidad climática y unos variados cambios a nivel territorial en la disponibilidad hídrica. El norte enfrenta condiciones extremadamente áridas; la zona central experimenta una prolongada presión sobre sus fuentes de agua; y el sur, aunque posee mayores precipitaciones, también enfrenta riesgos de contaminación, pérdida de ecosistemas y alteraciones asociadas al cambio climático.

En la Región Metropolitana, el agua depende de la salud de cuencas como la del río Maipo y de la capacidad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La conservación de la cordillera, los glaciares, los ríos y los humedales no es un asunto distante: influye en la seguridad hídrica de millones de personas.

El acceso a agua potable, saneamiento e higiene reduce enfermedades infecciosas y protege especialmente a niños, personas mayores y comunidades con menor capacidad económica. El agua segura también es indispensable en hospitales, centros educativos, hogares y espacios de trabajo.

La disponibilidad de instalaciones para lavarse las manos, limpiar superficies y gestionar residuos sanitarios constituye una barrera esencial frente a enfermedades. Pero la infraestructura debe estar acompañada por mantenimiento, calidad del servicio, educación sanitaria y sistemas de vigilancia.

La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza. La gestión sostenible requiere mejorar el riego, reducir pérdidas, recuperar suelos y elegir cultivos compatibles con las condiciones climáticas de cada territorio.

La eficiencia no debe limitarse a producir más con menos agua. También debe evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas, proteger los cauces y garantizar que las comunidades y los ecosistemas mantengan su acceso al recurso.

La agricultura regenerativa, la tecnificación del riego, la reutilización de aguas tratadas y la recuperación de la materia orgánica del suelo pueden contribuir a retener humedad y reducir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, estas soluciones necesitan regulación, financiamiento y asistencia técnica para no quedar restringidas a grandes productores.

El agua sostiene empleos en la agricultura, la industria, la energía, el turismo, la pesca, la salud pública y los servicios urbanos. También genera nuevas oportunidades en tecnologías de tratamiento, monitoreo, eficiencia hídrica, restauración de cuencas y economía circular.

La creación de empleos verdes en el sector del agua puede ser una oportunidad importante para incorporar a más mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas, como la ingeniería hidráulica, la operación de plantas, la gestión de datos y la planificación territorial.

El cambio climático es, en buena medida, una crisis del agua. El calentamiento global modifica las precipitaciones, intensifica sequías y lluvias extremas, acelera el derretimiento de glaciares, eleva la evaporación y aumenta la incertidumbre para las actividades humanas y los ecosistemas.

Las comunidades más vulnerables suelen ser las primeras afectadas. Quienes carecen de redes confiables, almacenamiento, seguros, sistemas de alerta o capacidad económica enfrentan mayores dificultades para responder a una sequía o una inundación.

Imagen de Anja en Pixabay

La relación es bidireccional. El cambio climático altera el ciclo del agua, pero la gestión del agua también puede generar emisiones. El bombeo, transporte, tratamiento y calentamiento del agua requieren energía. Si esta energía proviene de combustibles fósiles, la prestación del servicio contribuye al calentamiento global.

Una política hídrica climáticamente inteligente debe combinar adaptación y mitigación:

  • Proteger cuencas, humedales y suelos para aumentar la capacidad natural de almacenamiento.
  • Reducir fugas en redes urbanas y sistemas de riego.
  • Reutilizar aguas residuales tratadas de manera segura.
  • Diversificar las fuentes de abastecimiento sin destruir ecosistemas.
  • Mejorar los sistemas de alerta temprana para sequías e inundaciones.
  • Diseñar infraestructura resistente a temperaturas extremas y eventos climáticos intensos.
  • Reducir las emisiones de las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo.

Los ríos, lagos, humedales, estuarios y acuíferos son hábitats de una enorme diversidad de especies. También conectan territorios: permiten el desplazamiento de organismos, transportan nutrientes y sostienen cadenas ecológicas que pueden llegar hasta el mar.

La pérdida de biodiversidad acuática se produce por múltiples causas:

  • Contaminación industrial, minera, agrícola y urbana.
  • Extracción excesiva de agua.
  • Alteración de los caudales naturales por obras de infraestructura.
  • Destrucción de humedales y riberas.
  • Introducción de especies invasoras.
  • Aumento de la temperatura del agua.
  • Fragmentación de los hábitats.

Proteger la biodiversidad requiere mantener caudales ecológicos, restaurar riberas, controlar vertidos y reconocer que un río no es solamente un canal de transporte de agua. Es un sistema vivo.

Los humedales cumplen funciones particularmente valiosas. Filtran contaminantes, almacenan carbono, amortiguan inundaciones, recargan acuíferos y ofrecen refugio a aves, peces, anfibios, insectos y plantas. Su destrucción puede generar costos económicos y sociales mucho mayores que los beneficios inmediatos de urbanizarlos o drenarlos.

La restauración ecológica puede convertirse en una oportunidad de desarrollo local. La recuperación de ríos urbanos, quebradas y humedales crea espacios públicos, mejora la calidad del aire, reduce el riesgo de inundaciones y fortalece la educación ambiental.

La relación entre agua y energía suele pasar inadvertida. Para captar agua desde un río o acuífero, transportarla, potabilizarla, distribuirla, recogerla y tratarla se necesita electricidad. A su vez, muchas formas de generación energética requieren agua para refrigeración, procesamiento o producción de combustibles.

Esta interdependencia se conoce como nexo agua-energía. Una decisión en un sector puede afectar al otro. Por ejemplo, bombear agua desde una fuente cada vez más distante aumenta el consumo eléctrico; desalar agua puede ampliar la seguridad hídrica, pero requiere energía y una gestión responsable de la salmuera; mejorar la eficiencia de una planta puede disminuir simultáneamente los costos operativos y las emisiones.

Las principales oportunidades de eficiencia energética en el ciclo del agua incluyen:

  • Detectar y reparar fugas, ya que el agua perdida también representa energía desperdiciada.
  • Utilizar bombas eficientes y regular su operación según la demanda.
  • Incorporar sistemas de monitoreo digital y control inteligente.
  • Optimizar la aireación en plantas de tratamiento.
  • Recuperar biogás de los lodos residuales.
  • Instalar energías renovables en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
  • Reducir la necesidad de transportar agua a grandes distancias.
  • Promover la reutilización local de aguas grises y aguas tratadas donde sea seguro.

La eficiencia energética no debe utilizarse como argumento para debilitar los estándares sanitarios. El objetivo es brindar servicios seguros con menor consumo de energía, no reducir el tratamiento necesario ni trasladar riesgos ambientales a las comunidades.

Humanizar el Día Mundial del Agua significa comprender que la crisis no se expresa de la misma manera para todas las personas. Una interrupción del servicio puede ser incómoda para algunos hogares y una amenaza sanitaria para otros. Una sequía puede significar pérdidas económicas para una empresa, pero también la desaparición de una pequeña agricultura familiar o el desplazamiento de una comunidad.

El mensaje central de 2026 es claro: el agua puede reproducir desigualdades o ayudar a superarlas. Todo depende de cómo se distribuye, quién decide sobre ella, qué inversiones se realizan y qué lugar ocupan las comunidades en su gestión.

El agua es indispensable para la vida, pero su valor no se agota en la supervivencia. Bien gestionada, sostiene ecosistemas, fortalece la economía, reduce riesgos climáticos, impulsa la eficiencia energética y protege la biodiversidad.

El desafío del Día Mundial del Agua 2026 consiste en que esa visión no termine el 22 de marzo. La verdadera conmemoración comienza cuando las decisiones sobre cada río, cada acuífero, cada red de abastecimiento y cada sistema de saneamiento incorporan la dignidad, la participación y los derechos de todas las personas. Solo entonces el agua podrá cumplir plenamente su papel como base de un planeta saludable y de un desarrollo verdaderamente sostenible.

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