Una comisión asesora presidencial será la que proponga modificaciones al instrumento vigente desde 1997. Si bien en el Ejecutivo valoran esta herramienta, apuestan por entregarle más validez técnica. Fuentes señalan que podría ser el espacio para revisar la pertinencia del Comité de Ministros.

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No tiene la misma visibilidad que la reforma tributaria o laboral, pero sí concita gran interés en el mundo privado. Es la prometida modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), comprometida por la presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno y que comenzará a ver la luz este año.

Los cambios al instrumento de gestión ambiental por excelencia en la legislación chilena se harán a lo grande y, por eso, de acuerdo a fuentes del gobierno, se conformará una comisión asesora presidencial.

“El objetivo es convocar a expertos de distintas sensibilidades para debatir cómo podemos mejorar el SEIA, muy similar a lo realizado en la Comisión Bravo para estudiar modificaciones al sistema de pensiones”, dice un conocedor de la iniciativa.

La batuta la tendrá el Ministerio del Medio Ambiente. Ya de forma preliminar esta repartición se ha contactado con los titulares de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental-organismo encargado de administrar este instrumento- para participar de la instancia.

Aún no está definido el resto de los integrantes, ni tampoco qué tiempos tendrá de trabajo, aunque fuentes del ministerio aseguran que será uno de los principales objetivos de la cartera dirigida por Pablo Badenier este 2015. Pese al hermetismo que existe sobre los futuros integrantes de la comisión y los criterios por los que se verá regida por parte del ministerio, fuentes del Ejecutivo comentan que el principal objetivo de la instancia sería entregar mayor validez técnica al SEIA, la que ha sido puesta en entredicho con la accidentada tramitación de proyectos de inversión como Barrancones o HidroAysén.

Si bien existe una valoración positiva de lo que se ha realizado -”dado que un proyecto que se somete a tramitación en el SEIA es un mejor proyecto que cuando entró”-, habría espacio para mejoras sin hacer un cambio refundacional, admite esta fuente.

Las modificaciones cobran importancia, subraya otro personero, en un contexto de caída en la inversión. “Creo que las propuestas de cambios también deben apuntar a que, por la vía de mejorar el instrumento de calificación de proyectos, aumenten las iniciativas que se presenten”, dice.

En efecto, durante 2014 ingresaron a calificación en el SEIA 818 proyectos, por un monto cercano a US$ 34.500 millones, la mitad de lo que ingresó en 2013. Una de las temáticas que evaluará la comisión, que podría generar debate, es la idea de elevar la participación ciudadana, compromiso adquirido por el Ejecutivo en su programa de gobierno. En el documento, se señala que las comunidades no cuentan con información y recursos suficientes para hacer frente a las situaciones ambientales de sus territorios. “Para aquellas comunidades potencialmente afectadas por un proyecto sometido a evaluación ambiental, diseñaremos una instancia de apoyo técnico para analizar y entender las implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y para facilitar una participación informada en la evaluación ambiental”, señala.

Sobre las modificaciones al SEIA, el mismo escrito indica que “impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”.

La primera impresión

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental comenzó a operar el 3 de abril de 1997 y ha aprobado cerca de 14.000 iniciativas.

¿Su objetivo? Introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables. Los expertos coinciden en que ha funcionado bien, aunque la falta de normativa y regulaciones específicas provoca una sobreexigencia del instrumento.

“El SEIA ha sido, en los últimos 20 años el instrumento de gestión ambiental gravitante para incorporar la variable ambiental en el sector productivo con un enfoque preventivo, pues los estudios y declaraciones se tramitan antes de que los proyectos respectivos sean ejecutados. Es un buen instrumento, de aplicación internacional, pero no puede ser el único”, destaca el abogado y experto ambiental de Prieto y Cía Alejandro Ruiz.

Una opinión similar es la que tiene el socio de FerradaNehme, Patricio Leyton, quien recalca que la herramienta ha funcionado “muy bien en lo que dice relación con la internalización de los efectos ambientales que los proyectos generan en su entorno. El problema es que ha funcionado tan bien que le hemos cargado mochilas que no son propias de su naturaleza”. “Ha permitido elevar el estándar de los proyectos de inversión en el país. Evidentemente puede tener mejoras que deberán analizarse con cuidado, para no retroceder en una herramienta que ha sido eficaz”, destaca el socio de Baker & McKenzie a cargo del área ambiental, Rodrigo Benítez.

Las deficiencias

Las consultoras encargadas de realizar los estudios o declaraciones de impacto ambiental que ingresan al sistema de evaluación de proyectos son unos de los mejores testigos de los “lomos de toro” que evidencia el SEIA. Si bien la mayoría valora el mecanismo, argumentan que está sobreexigido, lo que provoca “ripios” en el proceso de calificación de los proyectos de inversión.

El gerente general de Poch Ambiental, Andrés Poch, dice que “una de las principales deficiencias del SEIA, o más bien de quienes lo operan -autoridades, titulares de proyecto y la comunidad-, es hacer un uso desmedido de éste para fines que le son ajenos; es así como en la práctica hemos visto proyectos que no obstante cumplir con la normativa y hacerse cargo de los impactos que generan, son rechazados por razones distintas, que tienen que ver principalmente con discusiones mayores que debiesen estar zanjadas”.

Explica que la definición de las políticas energéticas o de explotación de recursos naturales, entre otras, son temas que el Estado, en conjunto con la ciudadanía, debiesen resolver o definir como política pública, y de esta forma el SEIA ser efectivamente un instrumento de gestión ambiental con reglas claras y no una plataforma, sostiene, para debatir la conveniencia de ejecutar ciertos proyectos de relevancia ambiental.

Para el gerente general de Gescam, Hernán Durán, el sistema requiere una revisión mas holística. “La principal deficiencia en la gestión ambiental en general es que el enfoque de la gestión pública así como el de la privada tiende a restringirse al cumplimiento o no de los compromisos asumidos por el estudio o declaración, sin que esto se vincule directa y principalmente con la calidad del medioambiente en el cual está inserto un proyecto. Tampoco la evaluación y la fiscalización parecen relacionarse necesariamente con las prioridades ambientales a nivel nacional”, señala.

Por ejemplo, argumenta, se aprueban proyectos de impacto global sin que estén presentes las compensaciones “por cuanto en este modelo económico cada proyecto es independiente”.

Agrega que los ecosistemas no tienen un sistema de protección suficiente en la ley y que tenga cabida dentro de SEIA. “En resumen, el centro de las preocupaciones no está en la calidad ambiental sino en los procedimientos”, sentencia.

¿Comité de Ministros?

Pese a que el Ministerio del Medio ambiente no ha dado luces sobre cuáles serán las ideas fuerza que conduzcan el debate en la comisión asesora presidencial, un tópico que de seguro estará sobre la mesa es la pertinencia o no del Comité de Ministros que define, en última instancia, el futuro de un proyecto que fue ingresado al SEIA.

Esta instancia política es integrada por el ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los ministros de Salud, de Economía, Agricultura, Energía y de Minería. Entre sus decisiones, por ejemplo, se cuenta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de HidroAysén o, en caso contrario, la aprobación de la termoeléctrica Punta Alcalde, que había sido rechazada en la votación regional.

Por eso, voces entre expertos y políticos han solicitado su revisión. Uno de ellos es el senador Jaime Orpis, integrante de la comisión de Minería y Energía, pues a su juicio este organismo se aleja de la evaluación de los criterios técnicos que debieran primar.

“Para rescatar la certeza jurídica, la primera y más importante medida regulatoria debería consistir en reemplazar al Comité de Ministros como segunda instancia por una institución autónoma tipo Banco Central, con patrimonio propio, cuyos integrantes sean inamovibles y cuya duración sea a lo menos de ocho años en el cargo, elegidos a propuesta del presidente de la República por dos tercios del Senado”, sostuvo el parlamentario en un seminario organizado por Acera.

Mientras que Andrés Poch sostiene que “sería necesario evaluar la figura del Comité de Ministros (…) que corresponde a una instancia política que conoce las reclamaciones en contra de proyectos evaluados mediante un EIA, en el entendido que la evaluación es un procedimiento técnico- legal llevado a cabo por el SEIA, resulta cuestionable que la instancia revisora para estos proyectos que efectivamente generan un impacto – razón por lo cual se evaluaron mediante EIA- tenga una naturaleza política y no técnica”.

Las otras propuestas

Los abogados especialistas en temáticas ambientales coinciden en que también se puede avanzar en otros aspectos.

Rodrigo Benítez comenta que parece relevante poder delimitar las competencias de los servicios a la hora de evaluar. “Hay mucha disparidad de criterios que no es sana para el sistema. En este punto el rol de SEA es fundamental y creo que a muchos servicios sectoriales les cuesta comprenderlo”.

Agrega que “en una línea diferente y de más largo plazo, hay aspectos en los que se podría trabajar, como por ejemplo el diseño de etapas previas de participación, la definición anticipada de líneas de base, etcétera. Creo que todo lo que pueda definirse en forma previa coopera a que el proceso sea más exitoso y con un mejor estándar”.

A su vez, Patricio Leyton destaca que “sin duda que el SEIA debe ser mejorado, exigiendo mejores documentos, mejorando las capacidades técnicas de los servicios, potenciando la participación ciudadana y consulta indígena a través de asesorías técnicas certificadas por el Estado, entre otros aspectos. Sin embargo, antes de modificar el SEIA tenemos que estar de acuerdo en cuál es el problema. Si no nos ponemos de acuerdo en el problema, la solución será sólo un ensayo y error”.

Fuente:Qué Pasa Minería /quepasamineria.cl