El agua no es únicamente un recurso natural, una materia prima o un servicio que llega a través de una tubería. Es la base de la vida, de la salud pública, de la alimentación, de la energía, de los ecosistemas y de prácticamente todas las actividades económicas.

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El Día Mundial del Agua fue establecido por las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua y la primera conmemoración tuvo lugar en 1993. Desde entonces, ONU-Agua coordina anualmente una campaña internacional dedicada a un aspecto específico de la crisis hídrica.

La creación de esta fecha respondió a una preocupación creciente: aunque el agua dulce es indispensable, su gestión ha estado marcada por la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad territorial, la degradación de las cuencas y la ausencia de infraestructura suficiente. La conmemoración busca sensibilizar, promover políticas públicas y acelerar las acciones necesarias para garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas.

La agenda internacional del agua adquirió un compromiso concreto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, junto con el saneamiento para todos, antes de 2030. Este objetivo no puede analizarse de forma aislada: se relaciona directamente con la salud, la educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, la energía y la protección de los ecosistemas.

El Día Mundial del Agua, por tanto, cumple una doble función. Por una parte, comunica la importancia ecológica y social del agua. Por otra, permite evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta para convertir los compromisos internacionales en servicios concretos, especialmente en los hogares rurales, las comunidades indígenas, los asentamientos informales y las zonas expuestas a sequías, inundaciones o contaminación.

Importancia para el planeta

El agua conecta todos los sistemas naturales. Circula entre la atmósfera, los suelos, los ríos, los lagos, los humedales, los glaciares, los acuíferos y los océanos. Esta circulación, conocida como ciclo hidrológico, sostiene los ecosistemas y regula procesos esenciales del planeta.

Cuando una cuenca se deforesta, el suelo pierde capacidad para infiltrar y almacenar agua. Cuando un humedal se drena, disminuye la protección frente a inundaciones y se destruyen hábitats. Cuando un río recibe descargas contaminantes, se deteriora la calidad del agua y se altera la cadena alimentaria. Cuando un acuífero se bombea más rápido de lo que puede recargarse, el déficit puede tardar décadas en revertirse.

La protección del agua exige, por tanto, proteger los territorios que la producen, almacenan, filtran y distribuyen. Los bosques nativos, páramos, glaciares, humedales, turberas y suelos saludables funcionan como infraestructura natural. A menudo son más baratos y resilientes que las soluciones exclusivamente construidas por el ser humano.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante para Chile, un país con una marcada diversidad climática y unos variados cambios a nivel territorial en la disponibilidad hídrica. El norte enfrenta condiciones extremadamente áridas; la zona central experimenta una prolongada presión sobre sus fuentes de agua; y el sur, aunque posee mayores precipitaciones, también enfrenta riesgos de contaminación, pérdida de ecosistemas y alteraciones asociadas al cambio climático.

En la Región Metropolitana, el agua depende de la salud de cuencas como la del río Maipo y de la capacidad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La conservación de la cordillera, los glaciares, los ríos y los humedales no es un asunto distante: influye en la seguridad hídrica de millones de personas.

Salud y bienestar

El acceso a agua potable, saneamiento e higiene reduce enfermedades infecciosas y protege especialmente a niños, personas mayores y comunidades con menor capacidad económica. El agua segura también es indispensable en hospitales, centros educativos, hogares y espacios de trabajo.

La disponibilidad de instalaciones para lavarse las manos, limpiar superficies y gestionar residuos sanitarios constituye una barrera esencial frente a enfermedades. Pero la infraestructura debe estar acompañada por mantenimiento, calidad del servicio, educación sanitaria y sistemas de vigilancia.

Alimentación y agricultura

La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza. La gestión sostenible requiere mejorar el riego, reducir pérdidas, recuperar suelos y elegir cultivos compatibles con las condiciones climáticas de cada territorio.

La eficiencia no debe limitarse a producir más con menos agua. También debe evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas, proteger los cauces y garantizar que las comunidades y los ecosistemas mantengan su acceso al recurso.

La agricultura regenerativa, la tecnificación del riego, la reutilización de aguas tratadas y la recuperación de la materia orgánica del suelo pueden contribuir a retener humedad y reducir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, estas soluciones necesitan regulación, financiamiento y asistencia técnica para no quedar restringidas a grandes productores.

Empleo y economía

El agua sostiene empleos en la agricultura, la industria, la energía, el turismo, la pesca, la salud pública y los servicios urbanos. También genera nuevas oportunidades en tecnologías de tratamiento, monitoreo, eficiencia hídrica, restauración de cuencas y economía circular.

La creación de empleos verdes en el sector del agua puede ser una oportunidad importante para incorporar a más mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas, como la ingeniería hidráulica, la operación de plantas, la gestión de datos y la planificación territorial.

Agua y cambio climático

El cambio climático es, en buena medida, una crisis del agua. El calentamiento global modifica las precipitaciones, intensifica sequías y lluvias extremas, acelera el derretimiento de glaciares, eleva la evaporación y aumenta la incertidumbre para las actividades humanas y los ecosistemas.

Las comunidades más vulnerables suelen ser las primeras afectadas. Quienes carecen de redes confiables, almacenamiento, seguros, sistemas de alerta o capacidad económica enfrentan mayores dificultades para responder a una sequía o una inundación.

La relación es bidireccional. El cambio climático altera el ciclo del agua, pero la gestión del agua también puede generar emisiones. El bombeo, transporte, tratamiento y calentamiento del agua requieren energía. Si esta energía proviene de combustibles fósiles, la prestación del servicio contribuye al calentamiento global.

Una política hídrica climáticamente inteligente debe combinar adaptación y mitigación:

• Proteger cuencas, humedales y suelos para aumentar la capacidad natural de almacenamiento.
• Reducir fugas en redes urbanas y sistemas de riego.
• Reutilizar aguas residuales tratadas de manera segura.
• Diversificar las fuentes de abastecimiento sin destruir ecosistemas.
• Mejorar los sistemas de alerta temprana para sequías e inundaciones.
• Diseñar infraestructura resistente a temperaturas extremas y eventos climáticos intensos.
• Reducir las emisiones de las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo.

Agua, biodiversidad y ecosistemas

Los ríos, lagos, humedales, estuarios y acuíferos son hábitats de una enorme diversidad de especies. También conectan territorios: permiten el desplazamiento de organismos, transportan nutrientes y sostienen cadenas ecológicas que pueden llegar hasta el mar.

La pérdida de biodiversidad acuática se produce por múltiples causas:

• Contaminación industrial, minera, agrícola y urbana.
• Extracción excesiva de agua.
• Alteración de los caudales naturales por obras de infraestructura.
• Destrucción de humedales y riberas.
• Introducción de especies invasoras.
• Aumento de la temperatura del agua.
• Fragmentación de los hábitats.

Proteger la biodiversidad requiere mantener caudales ecológicos, restaurar riberas, controlar vertidos y reconocer que un río no es solamente un canal de transporte de agua. Es un sistema vivo.

Los humedales cumplen funciones particularmente valiosas. Filtran contaminantes, almacenan carbono, amortiguan inundaciones, recargan acuíferos y ofrecen refugio a aves, peces, anfibios, insectos y plantas. Su destrucción puede generar costos económicos y sociales mucho mayores que los beneficios inmediatos de urbanizarlos o drenarlos.

La restauración ecológica puede convertirse en una oportunidad de desarrollo local. La recuperación de ríos urbanos, quebradas y humedales crea espacios públicos, mejora la calidad del aire, reduce el riesgo de inundaciones y fortalece la educación ambiental.

Agua y eficiencia energética

La relación entre agua y energía suele pasar inadvertida. Para captar agua desde un río o acuífero, transportarla, potabilizarla, distribuirla, recogerla y tratarla se necesita electricidad. A su vez, muchas formas de generación energética requieren agua para refrigeración, procesamiento o producción de combustibles.

Esta interdependencia se conoce como nexo agua-energía. Una decisión en un sector puede afectar al otro. Por ejemplo, bombear agua desde una fuente cada vez más distante aumenta el consumo eléctrico; desalar agua puede ampliar la seguridad hídrica, pero requiere energía y una gestión responsable de la salmuera; mejorar la eficiencia de una planta puede disminuir simultáneamente los costos operativos y las emisiones.

Las principales oportunidades de eficiencia energética en el ciclo del agua incluyen:

• Detectar y reparar fugas, ya que el agua perdida también representa energía desperdiciada.
• Utilizar bombas eficientes y regular su operación según la demanda.
• Incorporar sistemas de monitoreo digital y control inteligente.
• Optimizar la aireación en plantas de tratamiento.
• Recuperar biogás de los lodos residuales.
• Instalar energías renovables en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
• Reducir la necesidad de transportar agua a grandes distancias.
• Promover la reutilización local de aguas grises y aguas tratadas donde sea seguro.

La eficiencia energética no debe utilizarse como argumento para debilitar los estándares sanitarios. El objetivo es brindar servicios seguros con menor consumo de energía, no reducir el tratamiento necesario ni trasladar riesgos ambientales a las comunidades.

Conclusión

Humanizar el Día Mundial del Agua significa comprender que la crisis no se expresa de la misma manera para todas las personas. Una interrupción del servicio puede ser incómoda para algunos hogares y una amenaza sanitaria para otros. Una sequía puede significar pérdidas económicas para una empresa, pero también la desaparición de una pequeña agricultura familiar o el desplazamiento de una comunidad.

El mensaje central de 2026 es claro: el agua puede reproducir desigualdades o ayudar a superarlas. Todo depende de cómo se distribuye, quién decide sobre ella, qué inversiones se realizan y qué lugar ocupan las comunidades en su gestión.

El agua es indispensable para la vida, pero su valor no se agota en la supervivencia. Bien gestionada, sostiene ecosistemas, fortalece la economía, reduce riesgos climáticos, impulsa la eficiencia energética y protege la biodiversidad.

El desafío del Día Mundial del Agua 2026 consiste en que esa visión no termine el 22 de marzo. La verdadera conmemoración comienza cuando las decisiones sobre cada río, cada acuífero, cada red de abastecimiento y cada sistema de saneamiento incorporan la dignidad, la participación y los derechos de todas las personas. Solo entonces el agua podrá cumplir plenamente su papel como base de un planeta saludable y de un desarrollo verdaderamente sostenible.

El organismo, presidido por la ministra Francisca Toledo, se pronunció a favor de actualizar los Apéndices de la Convención CITES, que incluyen ahora a la palma chilena, mantarrayas, el tiburón ballena y varias especies de tiburones y tollos presentes en el país.

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El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático reforzó la protección de la palma chilena y otras especies chilenas amenazadas, al pronunciarse a favor del decreto que actualiza los Apéndices de la Convención CITES, tratado internacional que regula el comercio de especies de flora y fauna silvestres para evitar su sobreexplotación.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que «esta actualización es una tremenda noticia para Chile. Nos permite proteger de mejor forma a especies como la palma chilena, que es endémica de nuestro país y está clasificada en peligro. Es un ejemplo concreto de cómo el trabajo internacional se traduce en un resguardo real para nuestro patrimonio natural».

Entre los cambios que más afectan a especies nacionales, destaca el ingreso de la palma chilena (Jubaea chilensis) al Apéndice I, el nivel de mayor protección de la Convención. Se trata de una especie endémica de Chile, clasificada como En Peligro, cuya inclusión en este listado fue solicitada por el propio país.

Bajo el Apéndice I, el comercio internacional queda prácticamente restringido a fines no comerciales. Se requieren permisos tanto del país exportador como del importador, además del visto bueno de las autoridades científicas, que deben evaluar que la operación no ponga en riesgo la supervivencia de la especie.

La actualización también incorpora otros cambios relevantes para el país. Las mantarrayas, de la familia Mobulidae, y el tiburón ballena (Rhincodon typus) pasan del Apéndice II al Apéndice I, lo que implica una protección más estricta ante su comercio internacional.

Además, se incluyen en el Apéndice II tres especies presentes en Chile y clasificadas en algún grado de amenaza en el país: el cazón o tollo cazón (Galeorhinus galeus), dos especies de tollo del género Mustelus y la araña pollito (Grammostola rosea). En estos casos, el comercio internacional podrá seguir realizándose, pero bajo la exigencia de un permiso CITES otorgado por la autoridad administrativa del país exportador.

CITES es un acuerdo multilateral vigente desde 1975, que hoy reúne a 185 países. Su objetivo es que el comercio internacional de fauna y flora silvestres sea legal, sostenible y no ponga en riesgo la supervivencia de las especies en su hábitat natural.

Actualmente regula el intercambio de más de 41.000 especies de flora y fauna en el mundo, unas 350 de ellas presentes en Chile. La Convención clasifica a las especies en tres apéndices, según el nivel de riesgo que enfrenta su comercio internacional. El Apéndice I es el de mayor restricción y el Apéndice III aplica solo a los países que solicitan la inclusión de una especie determinada.

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Aunque el 53% de los chilenos declara reciclar, las cifras efectivas siguen siendo menor al 10%. El desafío se vuelve especialmente relevante en la Región Metropolitana, donde el recién lanzado Índice de Municipios Inteligentes (IMI-RM), desarrollado por Sé Santiago -un programa Transforma de Corfo Metropolitano y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo, con el apoyo del Gobierno de Santiago, identificó a la sustentabilidad ambiental como la dimensión con mayor brecha para avanzar hacia ciudades más preparadas para el futuro.

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¿Sabemos realmente qué hacer con los residuos que generamos? Los datos muestran una brecha importante entre la intención de los chilenos por reciclar y lo que finalmente ocurre con sus desechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Reciclaje y Reutilización Reciclando-Ando 2025, un 53% de las personas declara reciclar. Sin embargo, menos del 10% de los residuos domiciliarios efectivamente se recicla en Chile, según datos del Ministerio del Medio Ambiente. El desafío es todavía mayor cuando se consideran los residuos orgánicos. Si bien, la encuesta señala que el 54% le gustaría compostar, sólo el 17% lo hace.

El problema no es menor. La OCDE, por su parte, advierte que Chile envía a rellenos sanitarios más del 90% de sus residuos municipales, uno de los porcentajes más altos entre los países de la organización. Escenario que también revela el recientemente presentado “Índice de Municipios Inteligentes de la Región Metropolitana (IMI-RM)”, desarrollado por Sé Santiago -un programa Transforma de Corfo Metropolitano y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo, con el apoyo del Gobierno de Santiago— que instala a la Sustentabilidad Ambiental Inteligente como la dimensión con la mayor brecha de las 52 comunas de la capital, alcanzando un promedio de solo 26,3 puntos sobre una base de 100.

En ese sentido, Claudio Orrego, Gobernador de Santiago, señala que “los efectos del cambio climático ya los estamos viviendo y nos obligan a cambiar la manera en que planificamos y gestionamos nuestra ciudad. Necesitamos avanzar en adaptación, pero también reducir nuestros impactos, gestionar mejor nuestros residuos y aprovechar de manera más eficiente nuestros recursos”.

El resultado del IMI-RM muestra que avanzar hacia municipios mejor preparados requiere de tecnología, pero también de fortalecer la capacidad de los territorios para enfrentar desafíos ambientales. El tener los dispositivos interconectados permite hacer un seguimiento real por ejemplo a la gestión de residuos, que afecta directamente el reciclaje, la economía circular y la adaptación al cambio climático, donde la información toma un rol protagónico.

“El Índice nos permite identificar dónde están nuestras principales brechas y dónde debemos concentrar los esfuerzos. La sustentabilidad es un desafío transversal que requiere coordinación entre municipios, sector público, empresas y ciudadanía para generar cambios concretos en los territorios”, agregó Nicole Sáez, gerenta general de la Corporación de Desarrollo Regional de Santiago.

La urgencia es especialmente relevante para Chile. Pese a su contribución relativamente acotada a las emisiones globales, el país cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático establecidos por las Naciones Unidas, debido, entre otros factores, a sus zonas costeras bajas, ecosistemas montañosos, zonas áridas y semiáridas, áreas expuestas a sequías y desertificación y territorios susceptibles a desastres naturales.

Esto obliga a avanzar simultáneamente en adaptación y mitigación. Y aunque la gestión de residuos constituye solo una parte de ese desafío, cada basura que evitamos generar, reutilizamos o valorizamos permite disminuir impactos ambientales y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles.

“»Existe una brecha crítica: más de la mitad del país quiere reciclar, pero no alcanzamos ni el 10% de efectividad. El desafío actual no es generar más conciencia, sino entregar herramientas. En Sé Santiago acercamos innovación y tecnologías probadas para que los municipios puedan convertir el compromiso ambiental de sus vecinos en impacto concreto», señala Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago.

En ese contexto, Sé Santiago cuenta con el “Catálogo de 100 Soluciones para la Ciudad», una herramienta que reúne iniciativas y tecnologías disponibles para enfrentar distintos desafíos urbanos y facilitar su vinculación con municipios y territorios. En materia de sustentabilidad y economía circular, el catálogo incorpora soluciones como TriCiclos, enfocada en modelos de economía circular y valorización de residuos; Waasti, plataforma digital que conecta a municipios, vecinos y recicladores y facilita la coordinación del reciclaje; y Reciclao, que incorpora trazabilidad a los procesos de gestión de residuos.

“Hoy debemos avanzar hacia más soluciones innovadoras y el desafío es que esas soluciones lleguen a los territorios, se implementen de manera efectiva y puedan escalar. Ese es parte del rol de Corfo: conectar innovación y desarrollo productivo con los desafíos concretos de nuestras ciudades y lograr que la innovación genere impacto real”, explica Camila Monckeberg, directora regional de Corfo Metropolitano”, explica Camila Monckeberg, directora regional de Corfo Metropolitano.

Porque si más de la mitad de los chilenos dice reciclar, pero menos del 10% de nuestros residuos domiciliarios logra efectivamente ese destino, el desafío ya no es solamente generar conciencia: es transformar esa intención en acción.

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La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, espera obtener más de US$10 millones para fortalecer las áreas protegidas mediante los recursos de cooperación internacional del Fondo GEF. Este instrumento financiero –que también podrá recibir otras fuentes de recursos- permitirá reforzar la capacidad del país de invertir en parques nacionales al largo plazo.

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En la conmemoración del centenario del Parque Vicente Pérez Rosales que se realizó en la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció que la totalidad de los recursos que se obtengan de la postulación al ciclo 9 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) estarán destinados íntegramente a financiar la conservación de los parques nacionales de Chile.

Esta información se dio a conocer en el marco del Foro “100 años de la conservación en Chile: legado, alianzas y desafíos para el futuro” organizado por Fundación Parque Tantauco, Rewilding Chile, The Pew Charitable Trust, The Nature Conservancy Chile, Ladera Sur y la Pontificia Universidad Católica.

Durante su participación, la ministra Toledo explicó que “como Ministerio del Medio Ambiente hemos tomado una decisión concreta para apoyar la conservación y biodiversidad: Nuestra postulación al ciclo 9 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Fondo GEF) estará íntegramente orientada a la conservación de nuestra biodiversidad, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)». 

Al concretarse esta postulación, permitirá a Chile destinar alrededor de 10,3 millones de dólares para crear un fondo patrimonial para los Parques Nacionales de Chile. “Se trata de construir una herramienta que permita financiar la conservación en el largo plazo”, dijo la autoridad y agregó que “la creación de este fondo será un primer paso, el cual
incluirá otras fuentes de financiamiento y ajustes en su diseño para optimizar su impacto”.

La ministra enfatizó que esta es una señal concreta del compromiso del Gobierno con la biodiversidad y con el cuidado de nuestro patrimonio natural. “Esto también permitirá apoyar una implementación exitosa tanto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) como también del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que son unos de los ejes de esta administración», cerró.

Sobre el GEF
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility, GEF, en inglés) es un mecanismo financiero internacional integrado por 186 países, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que proporciona fondos para proyectos relacionados con seis áreas principales: biodiversidad, cambio climático, degradación de la tierra, químicos y residuos, aguas internacionales y sector privado.

A través del GEF, se brinda apoyo tanto a organismos gubernamentales, como también a organizaciones de la sociedad civil, para implementar proyectos y programas relacionados con la conservación, protección, restauración del medio ambiente y economía circular, entre otros.

El GEF tiene ciclos de reposición de fondos cada cuatro años. Su novena reposición abarca el período de julio de 2026 a junio de 2030 y contempla US$ 3.900 millones para financiar proyectos a nivel mundial.

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El intercambio de ropa “Pasando y Pasando” fue organizado por el Ministerio del Medio Ambiente para dar una segunda vida a prendas en un contexto en que el consumo de vestuario en Chile aumentó un 233% en las últimas dos décadas, y donde menos del 1% de los residuos textiles se valoriza formalmente. Durante la actividad, la ministra Francisca Toledo llamó a organizaciones públicas y privadas a replicar esta iniciativa y convertir la reutilización en parte de su cultura organizacional.

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Con el objetivo de fomentar la reutilización, el consumo responsable y la reducción de residuos textiles, el Ministerio del Medio Ambiente realizó este miércoles una nueva versión de “Pasando y Pasando”, una jornada de intercambio de ropa de invierno entre funcionarias y funcionarios de la institución. La iniciativa forma parte del Ropero Compartido del MMA, espacio creado por la Oficina de Economía Circular en 2024 y gestionado por los propios equipos de trabajo.

La actividad permitió que los participantes intercambiaran prendas de vestir en buen estado, extendiendo su vida útil y promoviendo hábitos más sostenibles dentro del espacio laboral. Además, las prendas que no fueron intercambiadas permanecerán disponibles en el ropero para futuros usuarios o, en su defecto, al finalizar la temporada de invierno, serán donadas a COANIQUEM, lo que añade un sentido social a la iniciativa.

Crear roperos compartidos o espacios de intercambio en los lugares de trabajo cobra especial relevancia en un contexto en que el consumo de vestuario en Chile aumentó un 233% en los últimos 20 años, pasando de 15 prendas por persona en 2007 a 50 en 2021. Además, Chile es actualmente el cuarto importador mundial de ropa usada, mientras que menos del 1% de los textiles se recicla de fibra a fibra a nivel global, y la valorización formal de estos residuos en el país también es inferior al 1%.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que este tipo de acciones –que en el MMA ya han generado más de 200 intercambios- permiten acercar la economía circular a la vida cotidiana de las personas y transformar los lugares de trabajo en espacios de cambio cultural.  

“Queremos demostrar que la economía circular también puede comenzar en nuestros espacios de trabajo. Un ropero compartido es una iniciativa sencilla y con múltiples beneficios ambientales y sociales. Por eso invitamos a otras organizaciones públicas y privadas a replicar esta experiencia y convertir la reutilización en parte de su cultura organizacional. Cuando una prenda sigue en uso, evitamos residuos y avanzamos hacia modelos más sustentables”.

La secretaria de Estado agregó que Chile está impulsando una transformación profunda en materia de circularidad textil mediante instrumentos y políticas públicas como la incorporación de los textiles como producto prioritario de la Ley REP y la construcción participativa de la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040. Sin embargo, el cambio también requiere de la acción ciudadana.

Durante la actividad, el SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, anunció que impulsará la implementación de un ropero compartido en las dependencias de la SEREMI Metropolitana.

“Lo valioso de esta iniciativa es que cualquier organización puede replicarla. No se requiere una gran inversión, solo voluntad y compromiso. Por eso queremos implementar un ropero compartido en nuestra SEREMI y motivar a que otros servicios públicos de la Región Metropolitana se sumen a esta práctica”.

Por su parte, la jefa de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, María José Ureta, destacó el valor de la reutilización para enfrentar los impactos ambientales asociados al sector textil.  

“La economía circular para textiles no solo depende del reciclaje. También implica reducir el sobreconsumo, promover la reutilización y mantener los productos en uso durante más tiempo. Este ropero compartido es un ejemplo concreto de cómo esos principios pueden aplicarse en la vida diaria y en los lugares de trabajo”, dijo.

El desafío no es menor. La industria de la confección y el calzado genera cerca del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, más que el transporte marítimo y los vuelos internacionales combinados. Además, una sola camiseta de algodón requiere alrededor de 2.700 litros de agua para su fabricación, es decir, equivalente al agua que una persona necesita para vivir durante aproximadamente dos años y medio.

La actividad se realizó pocas semanas después de que Chile fuera anfitrión de la primera Cumbre Ministerial e Industrial Global sobre Circularidad Textil, consolidando el liderazgo que el país ha asumido en la promoción de sistemas textiles más sostenibles y circulares.

Para el Ministerio del Medio Ambiente, iniciativas como el Ropero Compartido permiten llevar esos principios desde las políticas públicas a la práctica cotidiana.

“La transición hacia una economía circular no solo depende de grandes transformaciones productivas, muchas veces comienza en nuestros propios clósets y lugares de trabajo, donde decisiones simples como reutilizar, compartir e intercambiar aquello que todavía puede seguir siendo útil, puede hacer la diferencia”, concluye la ministra Francisca Toledo.

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