Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas

Cuando el precio de la gasolina aumenta, la reacción inmediata suele ser culpar al petróleo. Sin embargo, la realidad energética actual es mucho más compleja. El mundo no enfrenta necesariamente un riesgo de disponibilidad de crudo, sino una creciente crisis de capacidad para transformarlo en combustible. Entonces, el verdadero cuello de botella ya no está en los pozos petroleros, sino en las refinerías.

El petróleo es solo la materia prima, ya que, convertirlo en gasolina exige sofisticados procesos industriales y grandes complejos de refinación cuya construcción demanda inversiones multimillonarias y años de desarrollo. Por ello, aumentar la producción de crudo no garantiza una mayor oferta de gasolina ni precios más bajos para los consumidores.

Las tensiones geopolíticas de los últimos años han puesto esta vulnerabilidad en evidencia. Los conflictos en Medio Oriente, las sanciones económicas, las interrupciones logísticas y la creciente exposición de infraestructuras energéticas estratégicas han demostrado que la seguridad de suministro depende tanto de la capacidad de refinación como del acceso al petróleo. Hoy, controlar una refinería puede ser tan estratégico como controlar un yacimiento.

Desde la perspectiva económica, ello explica por qué los precios de la gasolina pueden mantenerse elevados incluso cuando el valor internacional del barril disminuye. La capacidad limitada de refinación, sumada a una demanda aún robusta por combustibles líquidos, amplifica la volatilidad de los mercados y afecta directamente el costo del transporte, la producción y, finalmente, la inflación que enfrentan los hogares.

Esta realidad también plantea un desafío ambiental. Mientras la transición energética avanza con el desarrollo de vehículos eléctricos, hidrógeno de bajas emisiones y combustibles sintéticos, la economía mundial continúa dependiendo de una infraestructura de refinación diseñada para combustibles fósiles. La paradoja es evidente: el mundo necesita acelerar la descarbonización sin comprometer la seguridad del suministro energético.

Para países importadores de combustibles, como Chile, la lección es clara. La seguridad energética ya no puede medirse únicamente por la disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales, sino también por la resiliencia de las cadenas de refinación, la diversificación de proveedores y la incorporación de tecnologías energéticas de bajas emisiones.

La discusión, por tanto, no es si falta petróleo. La verdadera pregunta es si el mundo dispone de la capacidad industrial suficiente para transformarlo en la energía que mantiene en movimiento a la economía global. Ese será uno de los grandes desafíos geopolíticos, económicos y ambientales de la próxima década.

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Por Francisca Cortés Solari, Presidenta Ejecutiva de Filantropía Cortés Solari

Chile mira con orgullo su patrimonio natural y tiene razones para hacerlo. Pero ese orgullo implica una oportunidad que aún no hemos sabido aprovechar: comprender que la naturaleza no es el escenario externo donde ocurre la economía, sino su base más profunda.

Durante décadas, la conservación ha sido entendida como un costo sin retorno, incluso como una dimensión opuesta al desarrollo económico. Esa mirada resulta cada vez más insuficiente, porque la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos ni el simple escenario donde ocurre el desarrollo económico, sino el soporte que lo hace viable. El Foro Económico Mundial nos indica que más del 50% del PIB mundial, equivalente a cerca de US$44 billones, depende moderada o altamente de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que esta provee.

Nuestro país no está fuera de esa realidad. Según la Evaluación Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, el 17% del PIB chileno y el 55% de sus exportaciones dependen directamente de sus recursos naturales. Por ende, la naturaleza es parte esencial de nuestra economía. Falta reconocerla, valorizarla y conservarla con esa misma claridad. 

Valorizar los servicios ecosistémicos de la naturaleza permite cambiar el paradigma y salir de esa falsa disyuntiva. La conservación y el crecimiento económico no se oponen. Por el contrario, la primera garantiza la sostenibilidad económica en el tiempo. Proteger una cuenca, un humedal o un bosque nativo no resta terreno a la economía; asegura el agua, la estabilidad y la resiliencia de las que dependen las actividades productivas y las comunidades.

El desafío, entonces, es construir las condiciones para permitir que ese valor se reconozca y se sostenga en las decisiones públicas y privadas. El Estado cumple un rol insustituible al regular, planificar y orientar. Pero la conservación privada también tiene un rol estratégico: movilizar recursos, asumir riesgos tempranos, generar evidencia y desarrollar soluciones que luego puedan escalar mediante alianzas público-privadas.

Hemos avanzado en reconocer la importancia de proteger nuestros ecosistemas, pero todavía tenemos pendiente la construcción de modelos económicos, institucionales y de gobernanza que permitan sostener esa conservación en el tiempo. Proteger un territorio es solo el primer paso. El verdadero desafío es gestionarlo, financiarlo y conectarlo con las comunidades.

Darle valor a los ecosistemas no significa reducirlos a una cifra ni convertirlos en mercancía. Significa reconocer que el agua, los bosques, los suelos, los océanos y la biodiversidad son infraestructura crítica para la productividad, la resiliencia territorial y la calidad de vida.

Esto no significa reducir los ecosistemas a una cifra ni convertirlos en mercancía. Significa reconocer que el agua, los bosques, los suelos, los océanos y la biodiversidad son infraestructura crítica para la productividad, la resiliencia territorial y la calidad de vida.

La pregunta ya no es si debemos conservar, esa discusión parece cada vez más resuelta. La pregunta es si seremos capaces de construir una economía que reconozca el valor de la naturaleza que la sostiene y de cuidarla como lo que es: la base de nuestro futuro.

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Por Vanja Isamat, Subgerente SSOMAC de Ecológica

A ocho años de la promulgación de la Ley 21.100, conocida popularmente como “Chao Bolsas Plásticas”, Chile tiene razones para sentirse orgulloso. La normativa se convirtió en una de las políticas ambientales más exitosas del país, impulsando un cambio cultural profundo y evitando la circulación de más de 11.500 millones de bolsas plásticas de comercio que antes terminaban en rellenos sanitarios, vertederos, ríos y océanos. 

Lo que parecía impensado hace una década hoy es parte de nuestra rutina: salir de casa con una bolsa reutilizable o asumir que ya no recibiremos una bolsa plástica en la caja del supermercado. La ley demostró que cuando existen reglas claras, voluntad política y compromiso ciudadano, es posible modificar hábitos de consumo a gran escala. 

Sin embargo, el aniversario de esta normativa también invita a una conversación más incómoda. Porque si bien Chile ganó la batalla contra las bolsas plásticas tradicionales, corremos el riesgo de estar perdiendo otra más silenciosa: la batalla contra el greenwashing.

La prohibición eliminó un producto altamente contaminante, pero dejó una pregunta abierta sobre sus reemplazos. Durante los últimos años han proliferado en el mercado bolsas etiquetadas como “ecológicas”, “verdes”, “reutilizables”, “biodegradables” o “compostables”, conceptos que muchas veces resultan difíciles de verificar para los consumidores y que no siempre cuentan con estándares claros o información suficiente para respaldar sus beneficios ambientales reales.

El problema es que la sustentabilidad no depende de una palabra impresa en un envase. Depende del ciclo de vida completo del producto: cómo se fabrica, cuántas veces se utiliza, si puede reciclarse, si existe infraestructura para gestionarlo al final de su vida útil y cuál es su impacto ambiental total. Sin esa mirada integral, una solución aparentemente sustentable puede terminar generando un impacto similar o incluso mayor al que pretendía reemplazar.

La discusión de fondo ya no es solamente sobre plástico. Es sobre credibilidad. Hoy los consumidores enfrentan un mercado donde abundan los mensajes ambientales, pero escasea la información verificable. Muchas personas compran productos convencidas de estar tomando decisiones responsables para el planeta, cuando en realidad carecen de herramientas para distinguir entre una innovación genuina y una estrategia de marketing verde.

Diversos especialistas y organizaciones ambientales han coincidido en que uno de los desafíos pendientes tras la implementación de la Ley 21.100 es avanzar hacia una regulación más robusta de los sustitutos y fortalecer los mecanismos de fiscalización. La experiencia demuestra que prohibir un producto es un primer paso importante, pero no suficiente para impulsar una economía verdaderamente circular. 

La situación también revela una brecha que trasciende el caso de las bolsas. Chile ha avanzado significativamente en políticas ambientales, reciclaje y responsabilidad extendida del productor, pero aún necesita fortalecer la coordinación entre las distintas normativas para evitar que los vacíos regulatorios permitan la proliferación de soluciones que prometen sustentabilidad sin demostrarla.

Por eso, el desafío de la próxima etapa no debería centrarse únicamente en prohibir más productos. Debe enfocarse en elevar los estándares de transparencia, trazabilidad e información para consumidores y empresas. Necesitamos definiciones claras, criterios técnicos verificables, fiscalización efectiva y educación ambiental que permita tomar decisiones informadas.

La gran lección que deja “Chao Bolsas Plásticas” es que los cambios son posibles. Chile fue pionero en la región al enfrentar un problema visible y logró movilizar a millones de personas en torno a una causa común. Pero los desafíos ambientales actuales son más complejos que hace ocho años. Hoy no basta con identificar aquello que contamina; también debemos ser capaces de identificar aquello que aparenta ser sustentable sin serlo.

Chile demostró que puede cambiar hábitos cuando existe una regulación clara. El desafío ahora no es eliminar otra bolsa más. Es impedir que la sustentabilidad se transforme en una etiqueta vacía. Porque una economía circular basada en marketing es tan desechable como el producto que pretende reemplazar.

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Por/Catalina Droguett P. Periodista y conferencista

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, llega en un momento en que la conversación ya no puede quedarse solo en diagnósticos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha puesto este año el foco en el cambio climático y en las señales que elegimos devolverle al planeta.

La evidencia también es clara: el IPCC señala que los cambios en infraestructura, tecnologías de uso final y hábitos pueden reducir entre un 40% y 70% las emisiones globales en sectores clave hacia 2050. Es decir, las decisiones humanas importan.

La sostenibilidad dejó de ser un tema de especialistas. Hoy vive en las empresas, en las salas de clases, en los hogares, en los emprendimientos y en cada persona que decide hacer las cosas de una manera distinta.

El mayor desafío no es solo cuidar el medio ambiente. Es fortalecer el poder transformador de las personas. Porque cuando una persona cambia, puede inspirar a una familia; cuando cambia una familia, puede cambiar una comunidad; y cuando cambia una comunidad, también cambia un país.

En tiempos de inteligencia artificial y crisis climática, la mejor tecnología sigue siendo el ser humano.

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó el Ministerio del Medio Ambiente, donde sostuvo una reunión de trabajo con la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Vial, instancia en la que se abordaron las principales prioridades de la cartera para los próximos meses.

En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.

La ministra Toledo destacó que “tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores”. 

Añadió que “nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos”.

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