En su versión 2026, los once proyectos seleccionados recibirán $488 millones para abordar desafíos clave en cuatro ámbitos prioritarios, Educación, Empleo, Necesidades Sociales e Inclusión y Medio AmbienteEn estos seis años, el programa ha apoyado más de 40 iniciativas sociales, beneficiando a más de 1,3 millones en el país

Scotiabank llevo a cabo la ceremonia de premiación de las once organizaciones ganadoras de la sexta edición de ScotiaINSPIRA, su programa de fondos concursables que este año destinará $488 millones a proyectos sociales en Chile. 

Tras un proceso de postulación y evaluación realizado por un jurado de representantes del banco y de diferentes organizaciones vinculados con el emprendimiento y la innovación, ScotiaINSPIRA seleccionó iniciativas que destacan por su impacto, sostenibilidad y capacidad de generar cambios concretos en la comunidad. Entre los proyectos elegidos se encuentran tanto organizaciones que renuevan el apoyo recibido en 2025 para dar continuidad a su trabajo, como nuevas propuestas alineadas con los pilares estratégicos del programa.

En su versión 2026, los proyectos seleccionados abordan desafíos clave en cuatro ámbitos prioritarios como Educación, con iniciativas orientadas a mejorar el acceso, permanencia e innovación en el sistema educativo; Empleo, impulsando la empleabilidad inclusiva y la capacitación laboral; Necesidades Sociales e Inclusión, fortaleciendo el tejido comunitario y el acceso a recursos básicos; y Medio Ambiente, promoviendo soluciones vinculadas a la acción climática y el desarrollo sostenible con impacto medible en el tiempo.

Entre las iniciativas seleccionadas se incluyen programas de capacitación laboral para jóvenes y mujeres, proyectos de reinserción laboral para grupos en situación de vulnerabilidad, soluciones educativas que incorporan tecnología y habilidades digitales, así como iniciativas comunitarias orientadas a fortalecer redes locales y mejorar el acceso a servicios básicos.

Durante la ceremonia de premiación, Pablo Chiesa, VP & Chief Risk Officer de Scotiabank Chile y miembro del jurado de ScotiaINSPIRA 2026, entregó el reconocimiento a las organizaciones seleccionadas, destacando   su compromiso y trabajo en el desarollo de iniciativas que fortalecen a las comunidades, generando un impacto p y contribuyen al desarrollo sostenible del país.

En detalle, entre los ganadores se encuentra la Corporación Red de Alimentos, que fue seleccionada con su programa “Despensas Sociales”, orientado a fortalecer el acceso a alimentación digna mediante redes de distribución comunitaria; mientras que Fundación Alcanzable impulsará “Comunidad Alcanzable”, iniciativa enfocada en promover la inclusión de personas con discapacidad a través del fortalecimiento de entornos accesibles.

En la misma línea, Fundación Trato Hecho Vecino desarrollará un modelo de mejoramiento vecinal e integración social, y ONG Corporación Incluye 360 implementará su programa #ActívatePorLaInclusión, centrado en la participación de personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida social.

En el ámbito educativo, medioambiental y de empleabilidad, los proyectos seleccionados abordan desafíos clave desde distintas miradas. Fundación Mapocho Vivo promoverá la educación ambiental a través del conocimiento de la biodiversidad local, mientras que Fundación Conecta Mayor trabajará en reducir brechas de inclusión digital en personas mayores y Fundación Trabün impulsará “Primeros Educadores”, que fortalece habilidades socioemocionales desde la primera infancia. 

A ellos se suman iniciativas como el acompañamiento a personas mayores de la Fundación Juan Carlos Kantor, programas de formación y acceso a oportunidades impulsados por Fundación Pro-Bono y Fundación Entrepreneur, y proyectos comunitarios liderados por organizaciones como Corporación Jesús Niño, todos orientados a generar impacto sostenible y escalable en distintos territorios del país.

“Detrás de cada uno de estos proyectos hay comunidades, historias y desafíos reales. Apostamos por proyectos que no solo resuelven necesidades actuales, sino que también construyen capacidades y bienestar a largo plazo en las comunidades”, señaló Katia Berdichewsky, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank. Y añadió que “desde su inicio y en sus seis años, ScotiaINSPIRA, demuestra cómo el trabajo colaborativo entre organizaciones sociales y voluntariado corporativo puede generar cambios y aportar al desarrollo más resiliente del país. 

ScotiaINSPIRA forma parte de una iniciativa global de Scotiabank presente en más de 30 países. En Chile, el programa ha destinado más de $1.600 millones desde 2021 para fortalecer la resiliencia económica, promover la inclusión y contribuir al desarrollo sostenible. A lo largo de sus seis años de trayectoria, ha financiado más de 40 iniciativas sociales, impactando positivamente a más de 1,3 millones de personas en todo el país.

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El ajuste anual de los índices Dow Jones Best-in-Class evidenció la resiliencia del mercado local, con un aumento en el número de compañías en los resultados de Chile, y una destacada participación en MILA (Chile, Colombia, México y Perú), donde las firmas locales pesan un 41%. 

 El reciente rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class (DJBIC), proceso anual en el que se ajustan sus componentes y ponderaciones para asegurar que siga reflejando con precisión al mercado o sector que representa, confirmó la solidez de las empresas chilenas en materia de sostenibilidad, manteniendo una presencia relevante a nivel regional y global, aunque con dinámicas mixtas según cada clasificación. 

Estos indicadores seleccionan a las compañías líderes en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) bajo un enfoque “best-in-class”, es decir, comparando a las empresas con sus pares dentro de cada industria. Así, el índice DJBIC Chile agrupa a las compañías con mejor desempeño ESG del mercado local; el DJBIC MILA integra empresas de Chile, Colombia, Perú y México; mientras que DJBIC Emerging Markets y DJBIC World reúnen a líderes de mercados emergentes y desarrollados, respectivamente.

En este contexto, el índice local aumentó de 23 a 25 empresas. Entre los principales movimientos, están las incorporaciones de CAP, Parque Arauco, SAAM e Inversiones Aguas Metropolitanas (holding de Aguas Andinas), el reingreso de LATAM Airlines, y las salidas de SQM, Aguas Andinas, y Salmones Camanchaca.

Germán Sáenz,director de Advisory de SLR Consulting, firma global líder en consultoría en sostenibilidad y medio ambiente, señaló que “el rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class refleja un entorno cada vez más competitivo, donde la permanencia no está garantizada. Cada vez son más las empresas que están integrando la sostenibilidad en su estrategia de negocio, con métricas claras y una gestión consistente en el tiempo”.

Por su parte, el índice MILA consolidó una fuerte presencia chilena, con 24 empresas de un total de 58, lo que equivale a un 41% del índice, posicionando a Chile como el país con mayor representación, seguido por México (16 empresas), Perú (10) y Colombia (8). 

A nivel global, el índice Emerging Markets redujo la presencia chilena a dos compañías: Banco Santander y CMPC, tras la salida de SQM. En tanto, en el índice DJBIC World se incorporó Banco Santander Chile, que se suma a Falabella y SQM, consolidándose como la única empresa chilena presente en cuatro indicadores simultáneamente. Esta cifra contrasta con años anteriores, ya que en 2021 Chile contaba con siete empresas en este índice, evidenciando una caída sostenida en su participación. 

“Si bien Chile sigue mostrando una base sólida de compañías destacadas, los resultados también evidencian una mayor selectividad en los índices globales, lo que eleva el estándar y obliga a las organizaciones a fortalecer continuamente sus prácticas ESG”, comentó el ejecutivo.

SLR – Análisis índices DJBIC 2026

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Solo en 2025, el total de este tipo de bonos representó más del 14% del total emitido, reflejando una renovada confianza de inversionistas y emisores en el mercado local.

El mercado de capitales chileno está mostrando señales claras de recuperación en la confianza de sus actores. Durante 2025, la emisión de bonos etiquetados (instrumentos asociados a proyectos sostenibles) creció 132% respecto de 2024, alcanzando $ 1,38 billones y representando 14,34% del total emitido en el mercado local.

Este dinamismo responde, en parte, a una alta confianza en el mercado local. Según datos de la Bolsa de Santiago, filial de nuam, en los últimos ocho años fueron 17 emisores los que realizaron colocaciones de bonos sostenibles, sociales, SLB -por sus siglas en inglés-, verdes y azules.

Dentro de las empresas están Aguas Andinas, Arauco, BancoEstado, Bci, Caja Los Andes, Caja Los Héroes, CMPC, Coopeuch, Copec, Enaex, Engie, Esval, Hortifrut, ILC, SONDA, Tanner y la Tesorería General de la República.

En ese periodo de tiempo, los emisores antes mencionados superaron los US$ 5.130 millones en bonos. Debido a lo trascendental de este hito para el mercado nacional, la Bolsa de Santiago decidió reconocer a las compañías que han apostado por colocaciones en renta fija.

Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago y vicepresidente de nuam, comentó que el rol de los mercados de capitales es movilizar el ahorro hacia inversión productiva que impulse el crecimiento económico. “Cuando el financiamiento se orienta a proyectos sostenibles, el impacto es aún mayor, porque fortalece tanto a las empresas como a la infraestructura financiera que sostiene el desarrollo de nuestras economías”, señaló Camus.

Cada emisión de bonos etiquetados representa, en este contexto, una doble señal de confianza: por un lado, inversionistas que están dispuestos a canalizar capital hacia proyectos con impacto desde el mercado chileno; y por otro, emisores que optan por estructurar su financiamiento bajo estándares sostenibles dentro del propio mercado local.

“El crecimiento de este tipo de instrumentos demuestra que el mercado chileno no solo está recuperando dinamismo, sino también evolucionando en calidad, estándares y propósito, alineándose cada vez más con las tendencias globales de financiamiento sostenible”, dijo Camus.

Este proceso se conecta con la evolución que impulsa nuam, orientada a construir mercados más profundos, líquidos y conectados con las necesidades de desarrollo de la región.

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La organización advierte que la modernización tecnológica en el sistema financiero no puede traducirse en exclusión ni en pérdida de autonomía para personas mayores y otros grupos vulnerables.

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La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a anuncios de entidades financieras que adelantan el término de la tarjeta de coordenadas como mecanismo de autenticación bancaria.

Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero dispuso que la eliminación obligatoria de este mecanismo rija desde el 1 de agosto de 2026, con el objeto de permitir una transición ordenada hacia mecanismos más robustos, incluida la Autenticación Reforzada de Clientes, evitando interrupciones en el acceso a servicios financieros.

Sin embargo, ODECU advierte que la implementación anticipada y, en algunos casos, la sustitución exclusiva por mecanismos digitales como aplicaciones móviles o tokens virtuales puede profundizar la brecha tecnológica y afectar de manera desproporcionada a consumidores vulnerables.

Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran personas mayores; personas con discapacidad o limitaciones funcionales de carácter visual, motor o cognitivo; usuarios sin smartphone o con conectividad inestable; consumidores con baja alfabetización digital; y personas que dependen de terceros o cuidadores para operar sus cuentas.

“El fortalecimiento de la seguridad es necesario, pero no puede transformarse en digitalización forzada. Cuando un banco reemplaza un mecanismo físico por soluciones exclusivamente digitales, debe asegurar que nadie quede fuera del sistema por razones tecnológicas, económicas o de autonomía”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.

Marco de derechos y obligaciones legales

ODECU subraya que el proyecto de Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, despachado por el Congreso y pendiente de promulgación, consolida un enfoque de derechos que refuerza la dignidad, autonomía e inclusión de las personas mayores. Este estándar eleva las exigencias para proveedores de servicios esenciales, como el financiero.

Imagen de Sabine van Erp en Pixabay

Asimismo, la organización recuerda que cualquier proceso de migración tecnológica debe realizarse con estricto respeto a la Ley del Consumidor y a las relaciones contractuales vigentes. Los proveedores están obligados a entregar información clara y suficiente, garantizar un trato no arbitrario y evitar cambios que, en los hechos, equivalgan a modificaciones unilaterales de las condiciones de acceso a servicios contratados.

En ese contexto, ODECU advierte riesgos concretos asociados a estas migraciones:

• Exclusión o degradación del acceso a cuentas y transferencias durante el proceso de transición.
• Incremento de fraudes asociados al cambio de mecanismo, como phishing o suplantaciones, si las comunicaciones no son claras y verificables.
• Sobrecarga de canales de atención que impida recuperar acceso en plazos razonables.
• Traslación del costo y del riesgo al consumidor bajo la lógica “si no migra, no opera”, tratándose de servicios esenciales.

“No es aceptable que el costo de la modernización recaiga en el consumidor. Los bancos deben garantizar continuidad real del servicio y alternativas equivalentes para quienes no pueden utilizar aplicaciones móviles. Seguridad e inclusión no son conceptos excluyentes”, agregó Larenas.

Salvaguardas mínimas solicitadas

Por lo anterior, ODECU solicita a los bancos, al SERNAC y a la Comisión para el Mercado Financiero adoptar salvaguardas mínimas que aseguren una transición inclusiva y responsable. En primer lugar, debe garantizarse la continuidad real del servicio, de modo que ningún usuario quede sin poder operar por falta de activación, fallas del sistema o errores del nuevo mecanismo. Asimismo, es indispensable que existan alternativas no exclusivamente digitales, con soluciones seguras y utilizables para quienes no pueden emplear aplicaciones móviles.

Del mismo modo, ODECU exige asistencia efectiva y prioritaria, con soporte presencial y telefónico reforzado y procedimientos simples de recuperación de acceso, especialmente para personas mayores y usuarios con necesidades especiales. También resulta fundamental asegurar información material, clara y verificable, mediante comunicaciones antifraude y campañas específicas de prevención durante la transición, junto con programas de acompañamiento y capacitación con cobertura territorial y resultados comprobables. Finalmente, el proceso debe respetar el principio de no regresión y no arbitrariedad, evitando cualquier pérdida de acceso respecto del servicio previamente disponible o trato desigual injustificado entre consumidores.

Finalmente, ODECU informó que continuará monitoreando este proceso y promoverá que la transición hacia mecanismos más seguros se realice con inclusión, continuidad y pleno respeto a los derechos de las personas consumidoras, evitando que la innovación tecnológica se transforme en una nueva forma de exclusión.

 

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