Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.

El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

 

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.

Enero de 2026.- Los CEOs están pasando del compromiso a la integración, incorporando la sostenibilidad en la estrategia, las operaciones y las prioridades de liderazgo. Así lo concluye un nuevo estudio de Naciones Unidas y Accenture, según el cual, 86% de los directores ejecutivos a nivel mundial afirma que hoy la sostenibilidad está integrada en las operaciones centrales de sus empresas. 

Según explica Belén Arce, líder de sostenibilidad de Accenture Chile “las crecientes expectativas de los clientes, las nuevas métricas, normas de reporte más estrictas y una mayor trazabilidad de los productos refuerzan la necesidad de integrar la sostenibilidad en las decisiones cotidianas del negocio. Desde el diseño de productos hasta la gestión de la cadena de suministro, esta integración reduce riesgos, impulsa la innovación y crea valor de largo plazo tanto para las empresas como para la sociedad.”

De acuerdo con el informe, hay tres ámbitos que están cambiando la visión de los CEOs sobre sustentabilidad:

1-Tecnología: 

La tecnología y el rápido intercambio de ideas permiten avanzar en toda la agenda de sostenibilidad, incluyendo importantes beneficios sociales. Por ejemplo, las innovaciones en infraestructura, sistemas digitales y gobernanza basada en datos han ayudado a ampliar el acceso a los servicios básicos. Las tecnologías de sensores de bajo costo y las herramientas de monitoreo digital han mejorado la gestión del agua y han contribuido a una gestión segura del 73% del agua potable del mundo.

Así también, el interés por las herramientas digitales que permiten hacer seguimiento de métricas de sostenibilidad —por ejemplo, plataformas de contabilidad de carbono, sistemas de trazabilidad de proveedores y paneles de analítica de sostenibilidad— es alto, pero existen cuellos de botella estructurales que limitan su adopción generalizada y su impacto duradero. El 97% de los CEO encuestados espera avances en el seguimiento digital y en las cadenas de suministro sostenibles en los próximos 25 años, pero solo el 27% los considera hoy una prioridad principal.

2-Geopolítica: 

La intensificación de los conflictos en distintas partes del mundo está obligando a los CEOs a desviar su foco y recursos para los esfuerzos de sostenibilidad, a medida que aumentan los costos. La alta inflación, el alza de las tasas de interés y el ajuste fiscal han restringido la disponibilidad de capital y han retrasado inversiones en iniciativas de sostenibilidad de largo plazo.

Belén Arce resalta que “esta fragilidad ha sido especialmente evidente en el abastecimiento responsable de materias primas, un elemento fundamental de las cadenas de valor sostenibles. Construir relaciones resilientes con los proveedores puede tomar años, pero las disrupciones recientes han obligado a las empresas a cambiar de rumbo de un día para otro, a veces comprometiendo los estándares de sostenibilidad para responder a demandas urgentes. Sin embargo, los líderes reconocen que la sostenibilidad debe seguir siendo una prioridad, incluso en un entorno geopolítico cambiante, y 99% de los CEOs afirma que sus empresas mantendrán o ampliarán sus compromisos climáticos, ambientales y sociales.”

3-Un ecosistema cada vez más exigente:

Belén Arce, sostenibilidad de Accenture Chile

La sostenibilidad está siendo impulsada —y acelerada— por una red creciente de inversionistas, reguladores, consumidores y la sociedad civil, todos los cuales están elevando las expectativas y estableciendo estándares cada vez más exigentes para las empresas. Según los CEOs, los clientes, responsables de políticas públicas, colaboradores, inversionistas y proveedores de sus empresas serán cada vez más influyentes en los próximos cinco años.

Arce explica que “el estudio muestra que casi todos los CEOs esperan avances en la colaboración dentro de la industria (97%), así como en la integración de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor (98%). Esto sugiere que la influencia entre pares, la alineación de los ecosistemas colaborativos son elementos centrales en la forma en que los CEOs visualizan el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad”.

La líder de sostenibilidad de Accenture Chile concluye que “la presión por priorizar las necesidades de negocios de corto plazo es tentador, pero el costo de retrasar la transformación sostenible de largo plazo va en aumento. Para el año 2100, se proyecta que un escenario de ‘continuidad sin cambios’ genera pérdidas económicas cinco veces superiores a la inversión total de capital necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 °C”.