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Desarrollo Sostenible

A 30 años de institucionalidad ambiental: “TENEMOS UN FUTURO MUY DESAFIANTE POR DELANTE”

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Este mes se cumplieron tres décadas desde que se publicara la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, que sentó las bases regulatorias para garantizar el derecho de las personas de vivir en un medioambiente libre de contaminación.


El salón de honor de la Universidad de Chile fue el lugar en el que hoy el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente se reunieron para conmemorar los 30 años de la institucionalidad ambiental y abordar los principales avances y desafíos para el futuro. Esto, en el marco de los 30 años de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente, la que fue publicada en marzo de 1994.

Se trató de un espacio de evaluación y reflexión de los hitos que han marcado los últimos 30 años, con el objetivo de definir hacia dónde debe avanzar el país para hacer frente a la triple crisis ambiental: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y contaminación.

La actividad, que se inició con un video de saludo del Presidente de la República, Gabriel Boric, contó con una gran cantidad de asistentes, entre ellos, autoridades, parlamentarios, representantes de gremios empresariales, sociedad civil, académicos y funcionarias y funcionarios que han sido parte de la institucionalidad ambiental desde sus inicios, cuando fue creada la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en 1994, bajo el mandato del exPresidente Patricio Aylwin.

En este contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que “es emocionante ser testigo directo de cómo nuestra institucionalidad se ha robustecido y se ha adecuado a las exigencias ambientales de nuestro país y del planeta. Eso ha requerido el esfuerzo y dedicación de muchos funcionarios y funcionarias, a quienes agradecemos su enorme labor durante todos estos años”.

La secretaria de Estado agregó que “seguimos apuntando alto: la triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación se ha profundizado durante los últimos años y es tarea de la institucionalidad ambiental adaptarse y saber responder a esas nuevas amenazas y fortalecerse. Tenemos un futuro muy desafiante por delante”.

Durante la jornada se realizaron, además, dos paneles de conversación: el primero de ellos acerca de los avances alcanzados con la Ley 19.300, y, el segundo, respecto de los desafíos y temas pendientes. Ambos espacios contaron con la participación de la ministra Rojas; el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena; el ex subsecretario de Medio Ambiente, Energía y ex director del SEA, Ricardo Irarrázabal; la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín; el gerente general de Generadoras de Chile, Camilo Charme; y la abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Ximena Insunza.

En la instancia se abordaron los principales aspectos que fueron implementados con la publicación de la ley, tales como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la participación ciudadana, la fiscalización ambiental, la creación de planes de descontaminación y normas de emisión y calidad, entre otros.

En este sentido, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó que “la Ley 19.300 fue pionera en establecer la participación ciudadana como un elemento necesario a la hora de definir políticas públicas y hacer gestión ambiental”. Así, agregó que “se estableció que los proyectos deben someterse al SEIA previo a su construcción, evaluando sus impactos en todas sus fases, desde la construcción y operación, hasta el cierre, con la premisa de que los costos ambientales no deben transferirse a la sociedad, sino que deben ser asumidos por los titulares de los proyectos”.

“Esta perspectiva preventiva en aplicación del principio ‘contaminador pagador’ ha sido clave para mitigar impactos ambientales negativos. Sin duda, aún existen grandes desafíos a partir de esta primera ley ambiental que hoy cumple 30 años, pero sólo a través de un compromiso continuo y acciones concertadas de todos los actores involucrados, Chile podrá avanzar hacia un futuro más sostenible», sostuvo.

Por su parte, la superintendenta Marie Claude Plumer indicó que “no se puede discutir que hay un antes y un después en la historia ambiental de Chile, con la publicación de la Ley 19.300. Se trata de la ley más relevante en el país en esta materia, ya que sentó las bases para garantizar el derecho de las personas a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

En esa línea, añadió que “a 30 años de ese hito, el país enfrenta nuevos desafíos que hacen urgente la necesidad de contar con instituciones más robustecidas y con todas las herramientas para hacerse cargo. Lo que es claro es que tenemos que seguir contribuyendo a la protección ambiental, siendo el cumplimiento ambiental un eje fundamental para ello. Aún hay mucho por hacer”.

Principales hitos Ley 19.300

  • El año 1990 se crea la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales. Su primer director ejecutivo fue Rafael Asenjo. Esta instancia tuvo como tarea fundamental preparar las bases de la nueva institucionalidad ambiental.
  • En 1992, luego de la Cumbre de Medio Ambiente de Río, se elaboró un texto dando cuenta de la realidad ambiental de Chile y sus proyecciones para el futuro. En ese espacio, 165 países del mundo se comprometieron a realizar gestiones y disponer recursos para subsanar el daño ambiental, entre ellos Chile.
  • En 1993, el exPresidente Patricio Aylwin envió al Congreso el proyecto de ley de Bases Generales del Medio Ambiente que, además, creaba la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama).
  • En enero de 1994, el Congreso aprueba el proyecto y lo despacha a ley.
  • El 1 de marzo de 1994 fue promulgado el proyecto.
  • En marzo de 1994, la Conama –dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- inició su trabajo, teniendo como primer director ejecutivo al investigador José Goñi. Durante los primeros años comenzó a funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental, se promulgaron los primeros planes de descontaminación atmosféricos y se dictaron las primeras normas ambientales, además de impulsar los procesos de participación ciudadana.
  • En enero de 2010, la exPresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.417 -que reformaba la Ley 19.300- que creaba el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La primera ministra del Medio Ambiente fue la abogada Ana Lya Uriarte, quien asumió en el cargo en 2006 con el objetivo de presentar una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.
  • En 2012 se promulga la Ley 20.600 que creó los tres tribunales ambientales del país.
  • En 2023, luego de 13 años de tramitación, se promulgó la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que, con su instalación, completará la institucionalidad ambiental chilena.

Chile Desarrollo Sustentable / www.chiledesarrollossustentable.cl

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Eurofarma es el Mejor lugar para  trabajar para las Mujeres en Chile

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La farmacéutica Eurofarma, multinacional con presencia en 24 países, fue elegida por cuarta vez por Great Place To Work como el “Mejor Lugar para Trabajar para las Mujeres en Chile”, en la categoría 251 a mil colaboradores, lo que confirma la eficacia de sus programas e iniciativas destinadas a empoderar a la mujer.

Eurofarma promueve la diversidad y la inclusión como pilares de su estrategia y visión de desarrollo de largo plazo, a través de iniciativas que fortalecen especialmente el bienestar de sus colaboradoras. En Chile, la compañía cuenta con la Norma NCH 3262, que certifica la gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aplicando un efectivo sistema de gestión que identifica y elimina sesgos, prejuicios y estereotipos que aún impiden que la mujer ejerza en plenitud sus potencialidades.

Hoy, el 46% de las colaboradoras de Eurofarma en Chile desempeña posiciones gerenciales o de liderazgo y, además, conforman la mayor parte del estamento laboral, alcanzando el 58% del total. “Nuestra empresa tiene un compromiso real con la equidad de género y el empoderamiento femenino y continuamos trabajando día a día para fortalecer este pilar, con el fin de que las mujeres ocupen cada vez más posiciones de liderazgo y desempeño en las áreas operativas”, destacó Daniela Panagassi, vicepresidenta Global de Personas y Organización.

La ejecutiva expresó que este reconocimiento refleja el compromiso permanente de Eurofarma con la construcción de un entorno laboral inclusivo, equitativo y libre de sesgos, donde todos y todas puedan desarrollarse, asumir nuevos desafíos y acceder a oportunidades de liderazgo. Recibir esta distinción por cuarto año consecutivo impulsa la compañía a continuar fortaleciendo sus prácticas de corresponsabilidad, conciliación y desarrollo profesional.

A nivel global, la multinacional de origen brasileño cuenta con más de 13.000 colaboradores/as y es un referente mundial en diversidad e inclusión, incluso siendo, por cinco años consecutivos, también el “Mejor Lugar para Trabajar en América Latina” por Great Place To Work.


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One Block Challenge: Viña Concha y Toro impulsa la agricultura regenerativaen la industria vitivinícola

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Un bloque. Un desafío. Y una oportunidad para avanzar juntos hacia una agricultura más regenerativa.

Viña Concha y Toro es parte del lanzamiento en Chile del One Block Challenge (1BC) junto a Empresas B y diversas organizaciones participantes, entre las que destacan Fundación Chile, INIA, Transforma Cambio Climático de Corfo y Manomet Conservation Sciences. Esta iniciativa, creada globalmente por la Regenerative Viticulture Foundation, busca movilizar al sector vitivinícola para implementar, medir y compartir prácticas de agricultura regenerativa en los viñedos.

En el Fundo Idahue, Valle de Colchagua, de Viña Concha y Toro, representantes de distintas empresas de la industria se reunieron para compartir conocimientos, herramientas y experiencias en torno a la agricultura regenerativa y su aporte frente a los desafíos ambientales y climáticos.

En lugar de aplicar teorías de forma abstracta, One Block Challenge propone actuar y trabajar sobre un área específica de cada viñedo para observar, medir y comprender de manera rigurosa el funcionamiento real de sus ecosistemas. Indicadores clave como la compactación e infiltración del suelo, la presencia de lombrices y la biodiversidad local permitirán establecer una línea base y evaluar, con datos duros a lo largo del tiempo, el impacto directo de las prácticas regenerativas implementadas.

“One Block Challenge es una oportunidad para avanzar desde la medición y el aprendizaje compartido, generando conocimiento que nos permita seguir mejorando la salud de nuestros suelos y la biodiversidad de nuestros campos sin perder de vista la productividad agrícola. Lo más relevante es que este desafío reúne a distintos actores de la industria en torno a un objetivo común”, señaló Valentina Lira, Gerente de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro.

“Sumarnos al One Block Challenge es una oportunidad clave para trabajar junto a otras viñas con una mirada colaborativa sobre un desafío ambiental común. Como industria, entender la salud de los suelos y la biodiversidad requiere pasar a la acción concreta en el terreno; por eso este proyecto es tan valioso, ya que nos permite comparar aprendizajes, medir el impacto real de nuestras prácticas regenerativas y avanzar unidos hacia una vitivinicultura más sustentable”, destacó Josefina Astaburuaga, Head of Impact de Viña Montes.

Con esta iniciativa, Viña Concha y Toro y Empresas B buscan impulsar una conversación y una acción concreta en torno al futuro de la vitivinicultura, promoviendo la colaboración entre distintos actores para avanzar hacia sistemas agrícolas más saludables, resilientes y preparados para los desafíos del futuro.


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Corfo abre 254 becas para formar profesionales en bioeconomía y fortalecer el desarrollo productivo

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Corfo abrió las postulaciones al diplomado “Formación en Bioeconomía para la Competitividad y Sostenibilidad de Sectores Productivos”, que contempla 254 becas para profesionales y técnicos de todo el país. La iniciativa busca fortalecer capacidades para incorporar innovación y nuevas formas de aprovechamiento de los recursos biológicos en los procesos productivos.

El programa está dirigido a personas vinculadas a áreas como procesos productivos, gestión de recursos, manufactura, diseño de productos, sostenibilidad y eficiencia productiva, entre otras disciplinas. La formación será online, permitiendo la participación desde las distintas regiones del país.

La bioeconomía plantea el desarrollo de productos, procesos y soluciones a partir del uso sostenible de recursos de origen biológico, buscando generar mayor valor y eficiencia en las actividades productivas. Este enfoque puede tener aplicaciones en sectores como la agricultura, la acuicultura y la industria alimentaria, entre otros.

Para el director regional de Corfo Aysén, Francisco Saldivia, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante para regiones cuya actividad económica mantiene una estrecha relación con sus recursos naturales. “Para Aysén, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante. Nuestra región tiene actividades productivas estrechamente vinculadas a sus recursos naturales, por lo que avanzar hacia nuevas formas de aprovechamiento, incorporando innovación y mayor valor agregado, es parte de los desafíos que tenemos para seguir diversificando nuestro desarrollo productivo. Desde Corfo queremos acompañar ese proceso, generando condiciones para que el conocimiento y la innovación se traduzcan en nuevas oportunidades para nuestras actividades productivas”.

La formación permitirá a los participantes identificar oportunidades de aplicación de la bioeconomía y desarrollar herramientas que puedan ser incorporadas en sus respectivos ámbitos de trabajo, contribuyendo a procesos productivos más eficientes y sostenibles.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre, a las 15:00 horas, a través de www.becascapitalhumano.cl, donde se encuentran disponibles las bases, requisitos y antecedentes del programa.


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Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones

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Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.

Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. ​La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.

También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.

Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.

Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.


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La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía

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Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.

Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.

Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.

Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.

En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».

Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».

Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.

«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.

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Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.

Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.

Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».


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