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AGUAS REVUELTAS

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Hace ocho meses que en el Congreso se discute el proyecto que promete cambiar drásticamente la regulación con la cual se rige el agua en Chile. Visos de inconstitucionalidad, cambio en las reglas de los derechos otorgados, falta de información y la omisión de temas clave, son algunas de las críticas sobre las cuales alertan diversos sectores productivos, los que recién ahora se articulan para librar la que será una batalla protagónica entre el sector público y el privado en 2015.

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Fue uno de los anuncios centrales y más aplaudidos durante el último discurso del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet. Y a principios de enero, fue el líder del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien destacó la importancia del tema en la última cena anual de la entidad. El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, había hecho lo mismo unos meses atrás ante los empresarios en Enade. Sin embargo, la reforma al código de aguas, un cambio medular en la manera en que hasta ahora se entendía el recurso en Chile -y cuyas implicancias impactarán directamente en múltiples sectores productivos-, no ha tenido la misma visibilidad que otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Mientras desde mayo el proyecto avanza sin contratiempos en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, los privados recién comienzan a articular sus fuerzas y preparan su arremetida.

Dicen que fue el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien redactó el código vigente desde 1981 en adelante. Un informe del Banco Mundial asegura que este texto permitió la “tenencia de fuertes derechos de agua privados y libremente transferibles, a la vez que limitaba la regulación del Estado”. Derechos que, por lo demás, son hasta ahora de carácter perpetuo y otorgados de forma gratuita por la autoridad.

Hoy, el gobierno pretende modificar gran parte de estos puntos pero, por sobre todo, lo que busca es limitar el rol que hasta ahora han jugado el mercado y los privados en la gestión de este recurso. “Siempre hemos dicho que como el agua nos pertenece a todos, no existe propiedad privada sobre ella”, sostiene Reinaldo Ruiz (PS), quien en marzo de 2014 fue especialmente nombrado por Bachelet como delegado presidencial para este tema. De ahí que muchos consideren que los cambios obedecen ante todo a un asunto ideológico y que no aborda los verdaderos problemas de fondo. Incluso algunos piensan que esta reforma es tan relevante como lo fue la reforma agraria, dada la magnitud de los cambios que involucra.

Si hasta ahora existían derechos de aprovechamiento de agua que se otorgaban a perpetuidad, los nuevos tendrán una extensión temporal de hasta 30 años, aunque con la posibilidad de ser renovados. Adicionalmente, en el nuevo código se introducen otros conceptos como las causales de caducidad, con lo cual el Estado -sin necesidad de una declaración judicial- podrá revocar un derecho en el caso de que quienes sean sus titulares no estén haciendo uso efectivo del agua dentro de los plazos estipulados.

Además, se crean usos prioritarios para el agua, anteponiendo el consumo humano y el saneamiento y la preservación ecosistémica a las actividades productivas. Esto, según distintos abogados, favorecería a las empresas sanitarias, por sobre otras industrias. Los derechos que fueron otorgados antes de la entrada en vigencia de esta reforma, seguirán vigentes, pero con nuevas limitaciones que responderán al interés público. De ahí que algunos expertos consideren esto una especie de expropiación. “Esto tiene un pecado, aquí no hay un pago de por medio pese al evidente menoscabo económico que eso supone”, señala un abogado del mundo sanitario.

“Está por verse qué actitud asumirán los titulares de actuales derechos de aprovechamiento de aguas que sean afectados por la reforma. No es descartable que se presenten demandas en tribunales nacionales o internacionales en contra del Estado de Chile como consecuencia de la misma”, comenta otro jurista.

Consciente de la magnitud de estos cambios, el mundo privado ha comenzado su arremetida. En particular, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) encargó un informe en derecho a los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, para clarificar la eventual inconstitucionalidad de algunos de los puntos anteriores. El informe de ambos ex miembros del Tribunal Constitucional fue presentado este miércoles ante el Comité Hídrico de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidido por el timonel de la SNA, Patricio Crespo. Por su parte, Carlos Estévez, a cargo de la Dirección General de Aguas (DGA), asegura estar tranquilo en este punto y comenta que otros expertos constitucionalistas como Emilio Pfeffer y Arturo Fermandois plantearon ante la Comisión de Recursos Hídricos que no hay un reproche al respecto.

En paralelo, los canalistas y agricultores elaboran una propuesta alternativa para sociabilizarla con la multigremial y luego discutirla con las autoridades. La idea es salir de la pasividad que hasta ahora ha marcado el actuar de los privados respecto de la reforma. En marzo, aseguran, desplegarán sus fuerzas.

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¿Un Bien Escaso?
Si hay algo en lo que la mayoría de los actores involucrados coinciden es que el escenario actual del agua es muy distinto que años atrás. “El actual código está pensado desde la abundancia del recurso, desde la disponibilidad, con pocas normas que hacen frente a la realidad del cambio climático, de los problemas de escasez y de la necesidad de racionalizar el uso del recurso”, señala Estévez, director de la DGA.

La última década fue la más seca que ha enfrentado el país en los últimos 150 años, lo que muchos atribuyen al cambio climático que afecta al planeta. Por otra parte, el crecimiento económico en los diferentes sectores ha multiplicado la necesidad del recurso con fines productivos. Lo anterior, según el Banco Mundial en un informe publicado en 2011, sólo hace prever que la competencia por el agua se incrementará, al igual que los conflictos y las presiones ambientales.

Es ese el contexto que, a juicio del delegado presidencial Reinaldo Ruiz, justifica la urgente renovación del código actual. “Esto no es un capricho, necesitamos poner al día nuestro sistema legal para asegurar la disponibilidad de agua para todos”, sostiene. Sin embargo, muchos cuestionan los supuestos sobre los cuales se ha construido el proyecto. María Cristina Betancour, gerente de Investigación y Desarrollo de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), por ejemplo, argumenta que más que escasez, en Chile existe desigualdad en la disponibilidad de agua a lo largo del territorio. Citando el mismo estudio del Banco Mundial, Betancour plantea que los recursos hídricos disponibles en el país son de 53.000 m3 por persona, muy por sobre el promedio mundial que es de 6.000 m3 por persona. El punto es que entre las regiones XV y Metropolitana esta disponibilidad promedio es de sólo 800 m3 por persona, bajo el mínimo necesario para el desarrollo sustentable que es de 2.000 m3 por persona.

Otro punto controvertido es la supuesta sobrexplotación de las cuencas, lo que a juicio de expertos en temas hídricos, no obedece a la realidad. “Se dice que prácticamente todas las cuencas del centro norte del país se encuentran sobrexplotadas o con un sobreotorgamiento de derechos, cuando en realidad esa circunstancia se encuentra fehacientemente establecida sólo respecto de algunas cuencas que se pueden contar con los dedos de una mano”, sostiene Alberto Cardemil Palacios, abogado y uno de los miembros del equipo a cargo del Grupo de Recursos Naturales de Carey.

“Parte muy significativa de las limitaciones que hoy observamos son consecuencia directa de la falta de acción del Estado, el que se quedó en más de 30 años rezagado respecto del desarrollo que el sector privado ha legado al país”, argumenta Patricio Crespo, presidente de la SNA. La construcción de embalses es, a juicio de múltiples sectores, una de las medidas que podrían ayudar a paliar la supuesta falta de agua. Ruiz, por su parte, asegura que como complemento a la reforma del código, el gobierno cuenta con un presupuesto de US$ 1.500 millones para ejecutar obras durante el actual mandato. Esto incluye iniciar la construcción de siete grandes embalses y otros 15 de menor tamaño, además del mejoramiento de canales.

 

Fuente: Qué Pasa
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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.

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Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.


El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.

La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.

Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.

Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.

El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.

El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.

Imagen de Photorama en Pixabay

Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.

En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.

Calidad y permanencia de los hábitats

El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.

La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.

“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.

De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.

“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.

Referencia:

Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.

 



Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?

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El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.


La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?

Las ambigüedades del Acuerdo de París

El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:

  • ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
  • ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
Gráfica que muestra un aumento de la temperatura entre 1850 y 2024
 
Anomalías anuales de la temperatura media mundial en relación con los niveles preindustriales (1850-1900) desde 1850 hasta 2024. Datos de las fuentes que indica la leyenda/Estado Global del Clima 2024, CC BY-SA

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?

El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.

El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.

Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.

Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.

Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años

Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.

Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.

Imagen-de-Gerd-Altmann-en-Pixabay.

Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?

La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.

Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.

Hace falta consenso.

El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029  indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.

Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.

Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.

Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.

La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.

 




Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones

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El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.


En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.

Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.

¿Cómo afrontamos el cambio climático?

La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.

Imagen de GreenCardShow en Pixabay

Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.

¿Cómo lograr la neutralidad climática?

Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.

Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.

A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.

Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.

Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono

Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar  y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.

Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.

Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.

Imagen de nosita en Pixabay

También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.

Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.

Las novedades del reglamento europeo

La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.

Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad

El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.

Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.

 



Fuente/The Conversation
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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric  


En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar). 

Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.  

«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.   

La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.  

En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.  

La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

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La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.   

Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.  

Fotos (créditos: Francisco Morey)



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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo

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El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.


El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.

De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.

El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.

Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.

Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.

En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.

Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.

Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.

“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.

En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.

“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.

No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.

“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.

Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.


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