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Andrés Rebolledo: «La tarea principal es poder sostener los nuevos precios de la energía»
El ministro de Energía definió que el foco central de su gestión es crear las condiciones que garanticen las nuevas tarifas eléctricas a partir de 2020 y asegurar el sistema. Un desafío que se impuso a partir de las inquietudes que recogió de la industria, luego de la licitación de suministro de agosto pasado. En su agenda también se fijó pavimentar el camino para una futura interconexión con Argentina y Perú. Respecto de la unión de los sistemas chilenos, advierte: “Será un trabajo intenso para cumplir los plazos”.
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Dos meses lleva Andrés Rebolledo como ministro de Energía. El economista y ex director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería, hasta el pasado 19 de octubre, comenta que estos 60 días han sido “intensos, también interesantes”.
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La autoridad se ha reunido ya con todos los actores de la industria, un proceso en el que recogió las inquietudes del sector frente al próximo hito que se viene: el 23 de enero próximo, el gobierno lanzará las nuevas bases de licitación de energía para clientes regulados de 3.800 GWh, contratos que en una primera etapa se adjudicarán a fines de octubre del próximo año.
Pero Rebolledo también llegó a la cartera con su propia agenda, y en ésta, un tema central es la interconexión regional. Su objetivo es tener listo para mediados del próximo año los hitos para fijar el cronograma de trabajo con Perú y avanzar en las tratativas con Argentina para definir un marco regulatorio que permita a ambos países hacer operaciones swap (ventas de energía entre ambos).
Dice que en sus conversaciones con las eléctricas, tras la licitación de agosto, recogió la inquietud de los operadores. ¿Qué les preocupa y cómo cree que eso se puede abordar?
Las dudas tienen relación con los precios que se dieron en el proceso. La inquietud principal (de la industria) es si estos valores podrán o no ser sostenibles en el tiempo y, en mi opinión, una forma de abordar el tema en las bases que se lanzarán en enero tiene que ver con introducir elementos, de tal forma de darles más sostenibilidad a los nuevos precios bajo la vía de mayores garantías.
¿Qué medidas incorporaron hacia adelante?
Una tiene que ver con asegurar el suministro. Por eso, lo que estamos haciendo es subir el valor de las boletas de garantías al doble del valor actual (UF 200). También, en alguna parte del proceso, se solicitará disponer de un informe de las clasificadoras de riesgo con detalle de las características técnicas de las empresas que compiten. Estos informes deberán dar cuenta de la fortaleza financiera de las compañías para poder cumplir con sus obligaciones y de esa manera asegurar que las empresas que participen en la licitación sean las que finalmente ejecuten los proyectos adjudicados. Otro cambio dice relación con recoger las especificidades que tiene el sistema eléctrico y para eso se incluirá un pequeño bloque estacional que involucra las energías hídricas, es decir, que recoja las especificidades durante el período de lluvia y nival.
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¿Duplicar el valor de las boletas de garantía tiene que ver con que el gobierno prevé riesgos de que los proyectos no se materialicen?
No es por esa razón que estamos incorporando estos elementos al proceso. La licitación anterior estaba destinada a proveer energía a partir de los años 2020-2021, por lo que muchos de esos contratos hoy están en proceso de buscar financiamiento y no en la fase de inicio de construcción. Por lo tanto, no estamos incorporando aquello, porque vemos un escenario de incerteza respecto de los proyectos de inversión, sino que lo decidimos porque tras el proceso de diálogo con la industria nos pareció que estos eran elementos que pueden perfeccionar el proceso.
Si el proceso de agosto se centró en bajar los precios, ¿la nueva licitación podría incentivar la necesidad de incorporar energía base?
Nosotros somos neutros respecto de las tecnologías que se presentan en la licitación. Ahora, en el nuevo proceso -que se adjudicará a partir de octubre- nos pareció importante incluir el bloque estacional, porque eso nos permitiría tener más diversificadas las fuentes. Desde nuestra perspectiva, al final el objetivo fundamental en el que estamos enfocados es que el resultado de las licitaciones otorguen seguridad y estabilidad al sistema y que, particularmente, podamos seguir con la senda de lograr energía más barata. Ese es el fundamento y el objetivo central en la licitación.
Y en ese nuevo proceso, ¿qué espacio real hay para obtener energía a precios más bajos de los que se dieron en la licitación anterior?
Habrá que ver el resultado del proceso. Los precios que logró el proceso regulado no son distintos a los que se están viendo en la esfera privada. Un ejemplo es lo que pasó con Biobío, donde un grupo de privados se juntó y rebajó el valor de sus contratos (US$ 50 el MWh). Tampoco son casos distintos a lo que pasa en otros países. En la región, de hecho, hemos visto noticias en ese plano en Argentina y México, donde los precios son cercanos a los que licitamos en agosto. Esos son los precios en los que estamos trabajando. La tarea principal para el gobierno es poder sostener esos precios y ojalá seguir rebajándolos.
Endesa y Gener han advertido una sobreoferta en el sistema y un estancamiento de la demanda que ya no hace necesario enfocarse en construir nuevas centrales. ¿Comparte eso?
Lo que veo es que la industria se está adecuando a esta nueva realidad. Incluso, vemos empresas que si bien han tenido un rol histórico en generación convencional, hoy están crecientemente incursionando en energías renovables no convencionales. Esa señal también la hemos recibido de muchas otras empresas que están caminando hacia ese tipo de proyectos. Mi lectura es que estamos en una transición, entendiendo, obviamente, que los países requieren seguridad de suministro. Ese es un tema relevante, más ahora, a propósito de la intermitencia de las energías eólicas y solares, las que también son parte del debate. Por eso, es relevante tener considerada la energía base en una ecuación más grande para darle estabilidad y seguridad al suministro eléctrico.
¿El gobierno se hará cargo de la intermitencia que tienen las energías renovables? ¿Habrá una señal sobre servicios complementarios, por ejemplo?
No en esta licitación. Esa es una agenda que hay que abordar, porque es un tema importante. Hoy día estamos en un proceso interesante para la creación de una nueva ley de distribución y en torno a esa discusión vamos a recoger estos elementos. Hay algunos reglamentos que se están trabajando también que recogen algunos elementos de este tema.
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¿No es riesgoso que el gobierno no tome ahora esas medidas que afectarán en 2020?
Estamos trabajando en el tema. Ahora, con una matriz que tiene una potencia solar y eólica que llegará en torno a 12% y seguirá creciendo, es inevitable que se abra un debate al respecto, pero en eso estamos trabajando.
¿Usted puede garantizar que en el futuro habrá seguridad en el suministro eléctrico?
Estamos trabajando para que así suceda. Este sector tiene sus particularidades, porque las decisiones son de mediano y largo plazo. Por tanto, hoy estamos haciendo lo que corresponde para asegurar el abastecimiento futuro.
¿Su gestión estará marcada por el proceso de interconexión regional?
Lo que quisiera impulsar de manera muy decidida es la interconexión energética internacional. Un caso es Argentina, donde tenemos en el norte una línea que cruza la frontera (Salta, Gener), tenemos una que va a cruzar pronto en la IV Región (Pascua Lama, Barrick) y tendremos en el futuro una adicional que esperamos sea parte de un hito, como es conectarse a través del futuro túnel Agua Negra (que une la IV Región con la provincia argentina de San Juan ). También, está la exportación de gas, que al igual que en 2016, es probable que en 2017 también se realice, pues se están llevando a cabo las últimas conversaciones. A eso se suma la opción de trabajar con Argentina una cosa mucho más sistémica, como es la configuración de un marco regulatorio para poder hacer swap energético para el mediano plazo.
¿En qué se basará ese marco regulatorio?
Lo que conversamos con el ministro de Energía argentino (Juan José Aranguren) es ver cuál es el marco regulatorio más propicio. La primera decisión es si se requiere un proyecto de ley o no, porque puede que no sea necesario, dado que Chile y Argentina tienen acuerdos comerciales que los vinculan. Al final, cuando vendo gas o electricidad se trata de comercio exterior, y el intercambio entre ambos países está normado, por ejemplo, en un acuerdo de inicios de los 90 o a través de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y Mercosur. Tenemos que estudiar si cabe incorporarlo ahí, pues esos acuerdos están vigentes, por lo que no se requeriría entrar al Congreso con un proyecto de ley.
¿Y en el caso de la interconexión con Perú?
Tenemos el proyecto en curso de una interconexión, que en su primera etapa podría ser entre Tacna y Arica. Para eso, tenemos una instrucción de los presidentes Michelle Bachelet y Pedro Pablo Kuczynski para entregar un cronograma de trabajo los próximos meses.
¿Cuándo debieran entregarlo?
Estamos trabajando con el BID, de manera de actualizar un diagnóstico que ya existía y esperamos durante el primer semestre de 2017 tener precisión respecto de cuáles son los hitos de un cronograma para una interconexión y de los pasos a seguir para llegar a una etapa de inversión en ese plano.
¿Eso se podría materializar pasado el 2020?
Lo que quisiéramos dejar establecido en ese cronograma son los pasos y un deadline en el tiempo, de manera de dejar las señales para que los países e inversionistas puedan tomar decisiones en algún momento de 2017.
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Fuente:La Tercera www.chiledesarrollosustentable.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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