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Chile y la Crisis del Agua
En vísperas de que se celebre el Día Mundial del Agua este 22 de marzo, Chile se enfrenta a un escenario donde la escasez del recurso hídrico es parte del día a día. Hace algunos años se hablaba de que el agua era un recurso natural, renovable e ilimitado.
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Pero hoy esa idea ha cambiado debido, principalmente, al desarrollo económico de los países y el crecimiento de población. La visión actual es de un renovable pero limitado, del que sólo un porcentaje mínimo puede ser consumido por el ser humano.
El próximo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, fecha que fue propuesta en la Cumbre de Río en 1992 con el fin de promover la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hídricos, que cada día toma más fuerza debido a la crisis importante de abastecimiento de agua actual. Un informe del Foro Económico Mundial clasificó este tema como el segundo riesgo global de mayor impacto y entre los cinco riesgos más probables a nivel mundial.
En tanto, el Banco Mundial señala que la mala gestión de este elemento ha provocado la pérdida de miles de millones de dólares en crecimiento económico potencial todos los años, restringiendo gravemente la posibilidad de desarrollo de los países.
Sequía
Es el octavo año en que nuestro país hace frente a la sequía, una situación que no parece tener cambio en el corto plazo. De hecho, según la Cepal, se proyecta un aumento en la probabilidad de ocurrencia de sequía en el centro norte y el sur de Chile, estimando un incremento de este fenómeno principalmente entre 2040 y 2070.
La falta del bien hídrico tiene una incidencia directa en la economía nacional, que se aprecia de forma evidente en la canasta del IPC. Alrededor de 25 productos dependen de forma directa del factor climático, teniendo una incidencia de un 3,3% sobre el total de ella. Debido a esto, la sequía ha tenido consecuencias directas en la agricultura. Y como una forma para enfrentar el actual escenario de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego (CNR) invertirá más de $2.000 millones en el desarrollo de planes de riego que permitan definir las mejores alternativas para las distintas regiones y cuencas en Chile. “Vivimos un escenario en que geográficamente hay un desequilibrio entre stock y demanda. En el norte hay actividades humanas con una demanda superior. En el sur pasa todo lo contrario. Hay una mirada homogénea del territorio, cuando la realidad es muy diferente dependiendo del lugar”, manifiesta Alex Godoy, director magíster en gestión de la sustentabilidad de la UDD.
Visión pública
El ministerio de Medioambiente es uno de los organismos que trabaja de forma activa para que se mejore la gestión del agua. “La cantidad y calidad para el desarrollo de las actividades humanas y la biodiversidad son ámbitos de preocupación del Ministerio. La sequía está afectando el escenario ecológico del país, y con ello, todos los servicios ecosistémicos de los cuales depende la población humana. Así, se podrían esperar cambios en la relación de las poblaciones (no sólo la humana), lo que podría implicar la merma de alguna de ellas y la dominación de otras, además de cambios visibles en algunas zonas del territorio”, dice el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Frente a la falta de disponibilidad de agua que existe actualmente en más del 65% del territorio nacional, “los sectores comienzan a competir por el recurso, se genera un mercado de compra y venta de derechos de agua que sólo beneficia al que tiene mayor capacidad de pago. A la vez, el que algunos tengan la capacidad hacen pozos más profundos, implica que sectores productivos con menor capacidad económica deben retirarse de los territorios. Sin embargo, todas estas respuestas a la falta de disponibilidad no hacen más que agravar la situación, por lo que no constituyen una solución”, comenta Ulrike Broschek, subgerente de Gestión Hídrica de Fundación Chile.
Huella hídrica
Debido a su rol en el desarrollo económico y ecosistémico resulta clave tener una visión global del agua. “Es importante realizar una gestión adecuada del recurso, orientada a disminuir y mejorar la eficiencia en su uso. En ese aspecto, una herramienta útil para hacer frente a este problema en el mundo es la huella hídrica”, señala Guillermo Donoso. Él junto a Gabriela Franco, ambos del Departamento de Economía Agraria de la UC, desarrollaron una investigación en torno a la huella hídrica en Chile. Ahí establecen que “la huella hídrica es un indicador del uso del agua, que estima el volumen de agua dulce usada para producir un producto o servicio, considerando el agua utilizada directa o indirectamente, en un tiempo y espacio específico. Es una herramienta que permite enfrentar el cambio en la disponibilidad del recurso y mantener un adecuado crecimiento económico del país, al identificar qué etapas del proceso de producción utilizan mayor cantidad de agua, además de generar estrategias de gestión”.
Posible subsecretaría
El mundo público estaría cerca de crear un organismo con dedicación exclusiva al recurso hídrico. La Presidenta Michelle Bachelet anunciaría el próximo 21 de mayo la creación de la subsecretaría del Agua, para lo que habría pedido crédito al Banco Mundial por US$25 millones.
“Chile nunca ha tenido una política concreta respecto a recursos naturales, el agua se ve como algo en una función de producción para algo, pero es el sustento de los ecosistemas y ellos son los que nos permiten realizar actividades en ellos. Por tanto, si eliminas el agua o glaciar, puedes eliminar el ecosistema y estarías actuando en contra de la propia actividad industrial”, enfatiza Godoy.
Factor humano
A pesar de que las políticas de eficiencia hídrica a toda escala son favorables para la gestión del agua, el consumo final resulta marginal respecto al industrial. De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G (Andess), del total de los recursos hídricos utilizados anualmente en el país, la industria sanitaria usa sólo el 5% para el consumo de 4,7 millones de hogares a lo largo de todo el país, abasteciendo a más de 15 millones de personas todos los días del año. Y del total de agua potable que se produce en el país, menos del 10% se usa para el consumo humano directo a través de la comida o la bebida.
Pablo Badenier, Ministro de Medioambiente
– ¿Cuál es la visión institucional del agua?
El agua es considerada como un recurso natural, un componente esencial para la vida y las funciones ecosistémicas. La cantidad y calidad para el desarrollo de las actividades humanas y la biodiversidad son ámbitos de preocupación del Ministerio de Medioambiente y los organismos competentes. El manejo sustentable, la información oportuna, la gestión de recursos naturales con una mirada de largo plazo, mantener ecosistemas acuáticos saludables, depende del buen uso que demos al agua, la responsabilidad individual, colectiva y del Estado.
– Respecto a otros países, ¿qué evaluación se hace del manejo del agua en Chile?
A partir del Informe del Banco Mundial (2011), denominado Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, es posible desprender varios elementos en relación a la gestión del agua y su condición ambiental.
Como punto de partida es importante contextualizar el papel fortalecedor del mercado y el fomento de una economía orientada a la exportación basada en productos como el cobre, la madera y su pulpa, aumento de la producción agrícola, han llevado a un importante aumento del uso del agua, en particular en las cuencas relativamente deficientes en este recurso, que corresponden a las zonas norte y central del país, sumando al aumento de las demandas de la
población. De la Región Metropolitana hacia el norte hay una presión importante sobre los recursos hídricos, y en algunos casos la sobre-explotación de los acuíferos. Por otra parte, la condición ambiental de los sistemas acuáticos es, en general, poco conocida, ya que no se mantiene una sistema de monitoreo integrado. Esto está siendo subsanado por la DGA, y en lo que respecta al Ministerio del Medio Ambiente, se está desarrollando un programa de monitoreo para conocer el estado de los ecosistemas y la biodiversidad, así como la elaboración de indicadores que permitan conducir estrategias de manejo integrado de los recursos hídricos.
– ¿Qué se está haciendo con el fin de optimizar el uso de este recurso?
Se está trabajando multisectorialmente, mejorando instrumentos y políticas públicas, realizando indicaciones al Código de Aguas, se tramita un Proyecto de Ley de Protección de Glaciares y otro que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que permitirá apoyar las gestiones interinstitucionales para la conservación del recurso hídrico, el manejo sustentable del agua y de
los ecosistemas naturales. También se está mejorando la gestión de organizaciones de usuarios, la fiscalización y la sanción, así como el desarrollo de desaladoras para reducir el consumo de agua de las cuencas, en
particular del norte del país: Esto permite diversificar las fuentes e incentivar la reutilización del agua, mejorando las tecnologías y disminuyendo efectos secundarios no deseados. El Ministerio del Medio Ambiente está liderando algunas de estas gestiones, y en otras participa de manera coordinada con la DGA. Junto a lo anterior, se está trabajando en el marco jurídico que rige la administración de los recursos hídricos del país, lo que incluye, la labor del Delegado Presidencial. Todos estos esfuerzos van a apuntados a lograr un manejo sustentable del recurso hídrico.
¿Qué importancia tienen los glaciares con miras al futuro hídrico de nuestro país y qué tan importante es el cambio en la regulación de glaciares?
Los glaciares son reservas de agua dulce, forman parte del ciclo del agua y de los ecosistemas, actúan como reguladores del clima y de los caudales de los ríos, y albergan una biodiversidad única y actualmente poco conocida. Respecto de su regulación, es fundamental establecer una serie de medidas y restricciones permitan su protección y resguardo. Creemos que éstos deben ser reconocidos como bienes nacionales de uso público, y que al ser reconocidos como reservas de agua dulce y proveedores de servicios ecosistémicos, se avanza en un reconocimiento explícito de un componente que cumple funciones ecológicas y sociales.
Asimismo, el proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados establece la creación de un Registro Nacional de Glaciares, administrado por la DGA, así como un artículo transitorio que establece la posibilidad de revisar las RCA de proyectos que estén bajo alguna de las prohibiciones que establezca la futura ley.
– ¿Qué tan determinante puede ser la desertificación para nuestro país?
La sequía está afectando el escenario ecológico del país, y con ello todos los servicios ecosistémicos de los cuales depende la población humana. Así, se podrían esperar cambios en la relación de las poblaciones (no sólo la humana), lo que podría implicar la merma de alguna de ellas
y la dominancia de otras y cambios visibles en algunas zonas del territorio. Asimismo, esto redunda sin duda, en una pérdida de la biodiversidad. Podría haber reducción de especies hidrobiológicas para consumo humano, como los camarones de ríos del norte del país; cambios en el comportamiento de las especies del intermareal o aquellas que tienen hábitos mixtos (desembocadura de ríos y aguas oceánicas), pérdida de vegetación, vegas y bofedales, cambio y pérdida de hábitat, entre otros. Así, la desertificación puede implicar cambios ambientales, culturales, sociales y económicos.
Fuente/pulso www.facebook.com/ChiledesarrollosustentableCDS #sustentabilidad #medioambiente #agua
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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