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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric  


En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar). 

Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.  

«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.   

La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.  

En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.  

La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

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COP15 Convención Ramsar  

La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.   

Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.  

Fotos (créditos: Francisco Morey)



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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.

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Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.


El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.

La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.

Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.

Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.

El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.

El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.

Imagen de Photorama en Pixabay

Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.

En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.

Calidad y permanencia de los hábitats

El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.

La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.

“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.

De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.

“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.

Referencia:

Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.

 



Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?

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El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.


La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?

Las ambigüedades del Acuerdo de París

El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:

  • ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
  • ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
Gráfica que muestra un aumento de la temperatura entre 1850 y 2024
 
Anomalías anuales de la temperatura media mundial en relación con los niveles preindustriales (1850-1900) desde 1850 hasta 2024. Datos de las fuentes que indica la leyenda/Estado Global del Clima 2024, CC BY-SA

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?

El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.

El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.

Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.

Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.

Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años

Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.

Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.

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Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?

La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.

Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.

Hace falta consenso.

El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029  indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.

Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.

Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.

Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.

La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.

 




Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones

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El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.


En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.

Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.

¿Cómo afrontamos el cambio climático?

La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.

Imagen de GreenCardShow en Pixabay

Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.

¿Cómo lograr la neutralidad climática?

Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.

Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.

A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.

Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.

Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono

Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar  y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.

Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.

Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.

Imagen de nosita en Pixabay

También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.

Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.

Las novedades del reglamento europeo

La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.

Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad

El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.

Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.

 



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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo

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El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.


El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.

De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.

El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.

Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.

Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.

En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.

Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.

Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.

“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.

En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.

“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.

No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.

“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.

Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.


Fuente/Pulso
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130 países se reúnen en Chile para impulsar la financiación de la naturaleza y apoyar las metas globales de biodiversidad

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En la mayor conferencia sobre financiación de la biodiversidad convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países avanzaron en soluciones innovadoras y presentaron 91 planes nacionales para transformar la forma en que se valora y protege la naturaleza.


La mayor reunión sobre financiación de la naturaleza jamás celebrada se realizó en Chile, con más de 130 países respaldando las metas globales de biodiversidad y explorando innovaciones audaces —desde bonos de naturaleza hasta la reasignación de subsidios, desde la tecnología financiera hasta los créditos por naturaleza— para movilizar fondos sostenibles para la conservación en una era de disminución de la ayuda internacional.

Con 92 nuevos países avanzando en la elaboración de sus “Planes Nacionales de Financiación de la Biodiversidad”, la conferencia marcó una creciente ola de apoyo global al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, en seguimiento a la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP16) celebrada a principios de este año.

El mensaje fue claro: la innovación en las finanzas públicas, la reasignación de subsidios, la participación del sector privado y el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales son elementos esenciales para lograr una financiación sostenible de la naturaleza.

La sexta edición de la Conferencia Global sobre Financiación de la Biodiversidad (6 al 8 de mayo) es organizada por la Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La mayor reunión hasta la fecha de la comunidad dedicada a la financiación de la naturaleza convocó a altas autoridades gubernamentales, incluyendo representantes de ministerios de medio ambiente y finanzas, así como a miembros clave de gabinetes ministeriales.

En la sesión de apertura la Ministra de Ambiente del país anfitrión Maisa Rojas destacó que hoy “estamos muy orgullosos como país de recibir a los 133 países que son parte de BIOFIN.  Hoy, el principal desafío es visibilizar la biodiversidad y reconocer su papel crítico en el desarrollo económico, la organización social e identidad de nuestros países, llevando su comprensión a una dimensión clara, medible e integrada dentro de las cuentas nacionales y del desarrollo económico sostenible”.

Agregó que “como país entendemos que las soluciones no pueden estar aisladas, sino que deben tener siempre a la cooperación en sus múltiples dimensiones. Por eso, estamos trabajando en la integración entre políticas climáticas y de biodiversidad. Un ejemplo es nuestra Ley Marco de Cambio Climático, que establece la meta de carbono neutralidad y la resiliencia al 2050, promoviendo el uso de soluciones basadas en la naturaleza como herramientas de mitigación y adaptación. Allí hay una gran oportunidad para vincular las acciones y métricas de biodiversidad con los instrumentos de adaptación y financiamiento climático”.

Aproximadamente un millón de especies de animales y plantas están actualmente amenazadas de extinción, muchas de ellas dentro de las próximas décadas. Este deterioro es causado principalmente por actividades humanas, incluyendo los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies invasoras.

«Proteger la naturaleza no es solamente una prioridad entre muchas: es la base que sostiene nuestras economías, nuestras sociedades y la promesa de un futuro digno. El desarrollo humano no puede desvincularse de la salud de nuestro mundo natural. En América Latina y el Caribe, una superpotencia en biodiversidad, el PNUD trabaja con los países para transformar la forma en que se valora y financia la conservación de la naturaleza», dijo Michelle Muschett, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

«Al conmemorar 60 años impulsando el desarrollo sostenible, el PNUD reafirma su compromiso con soluciones que protejan, restauren y sostengan los ecosistemas que sustentan la resiliencia, la prosperidad y el bienestar del planeta y de las generaciones presentes y futuras», añadió.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), en asociación con BIOFIN del PNUD —una iniciativa global dedicada a diseñar e implementar soluciones de financiación para la biodiversidad a gran escala— está apoyando a más de 90 países en la elaboración de Planes de Financiación de la Biodiversidad.

Estos planes fueron reconocidos en la COP16 de Biodiversidad de la ONU, celebrada en Colombia, como una “acción habilitadora” clave para cerrar la brecha global de financiamiento para la biodiversidad, que supera los 700 mil millones de dólares anuales.

“El GEF se complace en trabajar junto a BIOFIN para acelerar las acciones que cerrarán la brecha de financiamiento para la biodiversidad y ayudarán al mundo a alcanzar los objetivos del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal”, afirmó Carlos Manuel Rodríguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

“Juntos estamos ayudando a los gobiernos a reorientar los flujos financieros y movilizar recursos internos para la biodiversidad, además de garantizar que la biodiversidad esté plenamente integrada en las prioridades económicas y de desarrollo, y no sea tratada como una cuestión secundaria”, añadió.

A medida que la ayuda oficial al desarrollo continúa disminuyendo, la necesidad de modelos de financiamiento más catalíticos nunca ha sido tan urgente. El concepto de «financiar el financiamiento» —el uso estratégico de recursos limitados de donantes para movilizar volúmenes mucho mayores de financiamiento público y privado— representa un camino clave hacia adelante.

BIOFIN del PNUD ha implementado este enfoque de «financiar el financiamiento» en 41 países, catalizando más de 1.600 millones de dólares para la naturaleza desde 2018.

Pequeñas inversiones catalíticas en políticas, estructuras financieras e incentivos han permitido desbloquear flujos de financiamiento sostenible mucho mayores, convirtiendo el modelo de «financiar el financiamiento» en un acelerador comprobado para los países que buscan alcanzar sus objetivos de biodiversidad y desarrollo.

Algunos ejemplos del impacto del enfoque de BIOFIN de “Financiar el Financiamiento” (cifras de 2024):

  • Argentina diseñó un plan de financiación para la biodiversidad de 420 millones de dólares en la provincia de Misiones, integrando un seguro para la conservación del Yaguarete (Jaguar) con el fin de proteger ecosistemas críticos.
  • Botsuana revisó las tarifas de sus áreas protegidas según las recomendaciones de su Plan de Financiación de la Biodiversidad, lo que permitió aumentar los ingresos de los parques nacionales en 7 millones de dólares en un solo año.
  • Ecuador distribuyó más de 800 millones de dólares en microcréditos utilizando salvaguardas ambientales para incentivar el crecimiento de pequeñas empresas con impacto positivo en la naturaleza.
  • Tailandia introdujo una tasa para visitantes de menos de 1 dólar en la isla sureña de Koh Tao, destinada a financiar la protección del coral y la biodiversidad marina, generando un total acumulado de 314.000 dólares al cierre de 2024.
  • Kazajistán, una reforma legislativa permitió triplicar el presupuesto destinado a áreas protegidas desde 2018, alcanzando un total de 70,3 millones de dólares

Los subsidios perjudiciales para el medio ambiente fueron otro de los temas centrales debatidos durante la conferencia.

Cada vez más países reconocen que la reasignación de estos subsidios nocivos representa una doble ganancia: no solo permite ahorrar dinero público al reducir gastos ineficientes, sino que también genera importantes beneficios para la biodiversidad al eliminar incentivos que impulsan la destrucción ambiental. El PNUD apoya a los países en el desarrollo de múltiples escenarios para rediseñar estos subsidios.

Un tema recurrente en la conferencia fue el papel cada vez más importante del sector privado en la toma de decisiones de inversión positivas para la naturaleza, mediante instrumentos de financiación combinada como los bonos verdes, y enfoques como el acceso y la participación en los beneficios, así como las contribuciones por el uso de recursos genéticos en los que se basan sus modelos de negocio.

Un cambio global hacia economías positivas para la naturaleza podría generar hasta 10 billones de dólares en nuevas oportunidades de negocio, según la Promesa por la Naturaleza del PNUD —un compromiso emblemático para apoyar a 140 países en el logro de las metas globales de biodiversidad.

“Esta conferencia ejemplifica el impulso que estamos construyendo a través de la Promesa por la Naturaleza del PNUD para transformar la forma en que valoramos la naturaleza en nuestros sistemas económicos y financieros a nivel mundial”, afirmó Midori Paxton, Directora Global del Nature Hub del PNUD.

“Al reunir a más de 130 países, no solo estamos reafirmando nuestro compromiso colectivo con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, sino también transformando ese compromiso en estrategias concretas mediante iniciativas sólidas como BIOFIN”, añadió.

Los avances logrados en la 6ª Conferencia Global llegan en un momento clave, con importantes hitos internacionales en el horizonte para 2025 —incluyendo la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en España y la COP30 sobre Cambio Climático de la ONU en Brasil. Se trata de una oportunidad crucial para avanzar en la integración de la financiación para la biodiversidad en los planes nacionales de desarrollo y en la agenda más amplia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las crisis de biodiversidad y climática están profundamente interconectadas, se refuerzan mutuamente y se aceleran entre sí. El cambio climático es ya uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad, al alterar hábitats, interrumpir ecosistemas y empujar a las especies hacia la extinción.

Al mismo tiempo, la destrucción de bosques, humedales, océanos y otros sistemas naturales debilita la capacidad del planeta para absorber carbono y regular el clima.

El PNUD es la principal organización de las Naciones Unidas que trabaja para poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Con una amplia red de expertos y socios en 170 países, ayudamos a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta.

Más información en undp.org/es/latin-america o a través de @PNUDLAC.

La Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad (BIOFIN) es una alianza global liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabaja con más de 133 países para desarrollar e implementar soluciones financieras para la naturaleza. BIOFIN ayuda a los gobiernos a identificar, movilizar y alinear flujos financieros públicos y privados para cerrar la brecha de financiamiento para la biodiversidad e integrar la biodiversidad en la planificación nacional, los presupuestos y la política económica.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) agrupa varios fondos multilaterales que trabajan juntos para abordar los desafíos más urgentes del planeta de manera integrada. Su financiamiento ayuda a los países en desarrollo a enfrentar retos complejos y avanzar hacia el cumplimiento de metas ambientales internacionales. En las últimas tres décadas, el GEF ha otorgado más de 26.000 millones de dólares en financiamiento, principalmente en forma de donaciones, y ha movilizado otros 148.000 millones de dólares para proyectos prioritarios impulsados por los países. Más información en www.thegef.org.


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