El Foro Económico Mundial (WEF), junto a Accenture, publicaron su informe anual sobre transición energética global, y la noticia es clara: el mundo atraviesa una fase de desaceleración. Pese a esto, no significa que la sostenibilidad esté muriendo. Todo lo contrario: los fundamentos que la sostienen son más sólidos que nunca.

El estudio «Fostering Effective Energy Transition 2025» muestra que el progreso hacia sistemas energéticos sostenibles, seguros e inclusivos se ha estancado por tercer año consecutivo. Las emisiones globales siguen altas, y las brechas entre países desarrollados y emergentes se amplían. Pero también deja señales inequívocas de que la transformación no se detuvo: los marcos regulatorios se siguen endureciendo, el financiamiento climático crece, y las cadenas de valor globales demandan trazabilidad, eficiencia y resiliencia.

La sostenibilidad no retrocede, se redefine

En 2025, hablar de sostenibilidad ya no es una declaración aspiracional. Es una exigencia de mercado. “Según datos recientes, más del 80% de las empresas líderes a nivel global han aumentado sus inversiones en sostenibilidad o mantienen su compromiso, incluso en un contexto desafiante”, comenta Belén Arce, líder de Sostenibilidad de Accenture. Las regulaciones como la European Union Deforestation Regulation (EUDR) o la Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) siguen ampliando su alcance. “La innovación tecnológica en renovables, almacenamiento y trazabilidad no se detiene. Y los consumidores, especialmente los más jóvenes, continúan demandando coherencia y acción”, agrega.

América Latina: ¿dónde quiere estar en este nuevo mapa?

Arce asegura que para América Latina, el momento actual representa una encrucijada. Aunque países como Argentina, Uruguay o Costa Rica lideran el índice de transición energética regional, otras economías enfrentan desafíos estructurales: marcos regulatorios inestables, falta de infraestructura y acceso limitado a financiamiento.

Pero hay algo que no debemos perder de vista: la región cuenta con una matriz energética altamente renovable, recursos estratégicos como litio, cobre e hidrógeno verde, y un capital humano cada vez más comprometido con la transformación. Si se apuesta por políticas públicas inteligentes, alianzas público-privadas y planificación a largo plazo, América Latina y Argentina pueden tomar más protagonismo. 

Lo que está en juego: competitividad y resiliencia

Los criterios climáticos influencian el nuevo orden económico internacional. “Acceder a mercados europeos, recibir inversión extranjera o participar en cadenas de valor globales dependerá del cumplimiento ambiental y social”, explica la líder de Sostenibilidad de Accenture. La sostenibilidad se ha convertido en un componente estructural de las estrategias industriales y geopolíticas de las principales potencias.

Si América Latina no acelera su transición, corre el riesgo de quedar fuera de las cadenas de valor que definirán el futuro económico: desde el hidrógeno verde hasta los minerales críticos y la electromovilidad.

Además, los riesgos de no actuar se hacen más visibles. No hay resiliencia energética sin sostenibilidad. La región necesita sistemas capaces de adaptarse a un entorno volátil, climático y geopolíticamente inestable. Y eso no se logra con soluciones del pasado.

El momento de actuar es ahora

En lugar de ver los retrocesos globales como una señal para frenar, América Latina debe leerlos como un llamado a liderar. La transición no está muriendo: está evolucionando. Y quienes sepan adaptarse con agilidad e inteligencia estratégica, serán quienes capitalicen las oportunidades.

Por María Luisa Lozano, experta en eficiencia energética y CEO de EMMA Energy

En la discusión sobre transición energética solemos pensar en grandes parques solares y eólicos, en hidrógeno verde y en electromovilidad. Sin embargo, hay un recurso que muchas veces pasa inadvertido y que es, al mismo tiempo, la herramienta más rápida, costo-efectiva y transversal para reducir emisiones: la eficiencia energética.

En Chile, la Ley 21.305 de Eficiencia Energética marcó un hito al obligar a los grandes consumidores a gestionar su uso de energía y abrir un camino hacia un consumo más racional. Pero la experiencia internacional y, sobre todo, los escenarios de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) 2023–2027, recientemente aprobada por el Ministerio de Energía y publicada en el Diario Oficial, muestran con claridad que cumplir con lo mínimo ya no es suficiente. Si realmente queremos alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, la eficiencia energética debe dejar de ser vista como un complemento y pasar a ser un pilar estructural de la estrategia climática.

La razón es simple. La energía más limpia es aquella que no se consume. Un edificio con aislación térmica avanzada, un sistema de calefacción distrital, una flota minera que optimiza sus consumos o un proceso industrial que reduce pérdidas energéticas generan impactos inmediatos. Menor presión sobre la infraestructura eléctrica, menos emisiones locales y globales, y un ahorro económico que fortalece la competitividad. Además, incluso las energías renovables, que emiten mucho menos que los combustibles fósiles en su operación, tienen una huella asociada a lo largo de todo su ciclo de vida (desde la extracción de materias primas y los traslados hasta la construcción, el uso y la disposición final de equipos). Por eso, no basta con reemplazar combustibles fósiles por renovables: reducir la demanda es siempre la manera más efectiva de evitar emisiones.

Los escenarios de la PELP son ilustrativos. En el de recuperación lenta, la eficiencia queda reducida a un cumplimiento normativo básico, con avances marginales. En el escenario de carbono neutralidad, en cambio, se expande en todos los sectores productivos y residenciales y se combina con la electrificación y las energías renovables. Finalmente, en la transición acelerada, hablamos de “Net Zero Buildings”, gestión inteligente de la demanda y alta penetración de tecnologías que permiten usos térmicos y motrices electrificados. La diferencia entre esos caminos marca el contraste entre rezagarnos o liderar la transición energética global.

Desde la perspectiva de política pública, esto exige coherencia y ambición. Programas de aislación en viviendas sociales, incentivos al recambio tecnológico en pymes y grandes industrias, regulaciones más exigentes en construcción y campañas educativas que muestren a la ciudadanía que eficiencia no significa privación, sino mejor calidad de vida. Para la industria minera, además, representa un desafío de competitividad, ya que los mercados internacionales valoran cada vez más el cobre, el litio o el hidrógeno de baja huella de carbono, y la eficiencia energética es parte de esa credencial verde.

La carbono neutralidad no se logrará únicamente instalando más megawatts renovables. El futuro se definirá también en las pequeñas decisiones, como la forma en que aislamos nuestros hogares, la gestión digital de la demanda eléctrica o la capacidad de reducir consumos innecesarios. La eficiencia energética es, en definitiva, el “primer combustible” de la transición, invisible pero decisivo.

Por: Luz María García, Gerenta General de ACTI

Chile ha construido gran parte de su identidad en torno a la agricultura, un sector que no solo provee alimentos, sino que también impulsa empleo, exportaciones y desarrollo territorial. Sin embargo, hoy enfrenta un escenario desafiante: crisis climática, escasez hídrica, presión sobre los costos y una demanda global de alimentos en aumento.

El problema no es menor. Según la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en Chile, cerca de un 34% de los agricultores declara no invertir en equipamiento tecnológico, y quienes lo hacen renuevan sus equipos cada cinco años o más. A esto se suma que un 70% de las pymes mantiene bajos niveles de digitalización, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una brecha que limita la competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes en trazabilidad, eficiencia y prácticas sostenibles. ¿Cómo podemos esperar que nuestra agricultura siga siendo motor económico si no habilitamos condiciones para que incorpore inteligencia artificial, sensores, drones y sistemas de riego inteligente?

Las evidencias ya son claras. La incorporación de drones para monitoreo de cultivos permite reducir pérdidas por plagas y optimizar cosechas; actualmente operan más de 300 mil unidades a nivel global y su uso en Chile crece exponencialmente, conforme al reporte “Tecnologías y Empleo en la Agricultura: Contextos Globales y Regionales” elaborado por el Observatorio Laboral Araucanía. Los sensores de humedad y nutrientes entregan datos en tiempo real para ajustar decisiones críticas, mientras que la analítica predictiva, soportada por inteligencia artificial, anticipa escenarios climáticos adversos. Se estima que hacia 2030 el mundo enfrentará un déficit del 40% entre oferta y demanda de agua, lo que hace urgente masificar tecnologías de riego eficiente y reutilización hídrica.

Desde ACTI hemos planteado en nuestro documento posicional que la clave está en el uso estratégico de la tecnología en sectores productivos tradicionales, entre ellos la agroindustria. Proponemos una política pública intersectorial entre el Ministerio de Economía y el de Agricultura que impulse programas de adopción tecnológica, reduzca costos y aumente la productividad en territorios rurales. Asimismo, insistimos en que la inteligencia artificial sea habilitada como motor de productividad, financiando líneas de investigación aplicada en agricultura y garantizando marcos normativos que promuevan la innovación sin sobrerregulación.

El rol de la tecnología no se agota en la eficiencia. También es una herramienta para la inclusión regional. Los sistemas de monitoreo remoto, el acceso a plataformas colaborativas y el e-commerce agroalimentario permiten a productores de zonas aisladas conectarse con mercados globales. Esto abre la puerta a descentralizar oportunidades y a que la economía digital se convierta en un vector de desarrollo territorial.

La agricultura del futuro no puede construirse de espaldas a la transformación digital. Requiere inversión en talento, marcos regulatorios inteligentes y una alianza sólida entre Estado, empresas y academia. Los países que han logrado liderar esta transición lo hicieron equilibrando protección y fomento a la innovación. Chile tiene la oportunidad de replicar ese camino, pero debe decidirse a tiempo.

Si algo nos enseña la historia agrícola de Chile es que siempre hemos sabido adaptarnos. Hoy esa adaptación se llama digitalización y apostar por ella no es una opción, es una necesidad estratégica para el futuro de nuestro país.