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Derechos de Agua: ROYALTY Y CADUCIDAD, LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO
En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará al Congreso las indicaciones al Código de Aguas. Además, trabaja en cinco proyectos de ley adicionales, que limitarán a 30 años los otorgamientos futuros, fijarán el pago de un royalty por uso y las causales de caducidad.
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La austeridad de la oficina de calle Amunátegui que ocupa Reinaldo Ruiz, no revela la trascendencia de la labor que el delegado presidencial para los recursos hídricos viene realizando desde hace varios meses. En el tercer piso de un antiguo edificio céntrico -en cuya puerta un papel escrito a máquina da cuenta de la oficina de la autoridad- Ruiz lidera un equipo técnico que está diseñando la que será la mayor reforma al Código de Aguas que está vigente desde 1981.
Se trata de uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual del 21 de mayo y que toca de manera directa a los sectores agrícola, minero y energético.
Si bien en 2005 el Código de Aguas fue modificado, lo que está impulsando la administración Bachelet está lejos de ser una reformulación cosmética; se trata, más bien, de un cambio profundo, estructural y sustantivo a la gestión del agua. Entre otros aspectos, la propuesta que trabaja el gobierno considera el establecimiento de un royalty por el uso del agua, la limitación a 30 años para los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen y la determinación de causales para caducar los derechos otorgados que no se utilicen.
“No estamos planteando medidas de expropiación. Nunca hemos hablado de estatizar. Sí es una reforma profunda, que no sólo va a modificar el otorgamiento de los derechos futuros de agua, también va a tener un efecto retroactivo respecto de causales de extinción, limitaciones y de restricción de los derechos”, explica Ruiz.
Según el economista, lo que busca el Ejecutivo es promover el uso efectivo de los derechos de agua. “Hoy, el Código de Aguas favorece y fomenta la concentración y la especulación. Está inspirado en que el mercado es un buen asignador del recurso. Eso significa que quien pone las lucas se lo lleva y nos parece que respecto de este factor, eso no puede seguir”, puntualiza.
También -agrega- se dará prioridad al consumo humano por sobre el derecho de propiedad del recurso que tienen personas naturales y el sector privado. Para ello, se requiere asegurar la prevalencia del agua como un bien nacional de uso público, por lo que se deberá recurrir a un cambio constitucional.
Aunque no hay cifras oficiales, Ruiz menciona que se calcula que, actualmente, existen en Chile “50 mil derechos otorgados en aguas superficiales, otros 50 mil derechos concedidos en aguas subterráneas, entre 200 mil y 400 mil derechos que se han otorgado por resoluciones judiciales y distintas vías, y unas 800 mil transacciones”. Y lo que resta por entregar, dice, algunas estimaciones lo cifran en torno al 10%, aunque, aclara, “yo creo que debe ser un poco más que eso”.
Los próximos días serán claves para avanzar en las transformaciones que se planean poner en marcha. En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará las indicaciones a la moción parlamentaria que desde hace más de dos años está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.
Esta será una de las vías que usará la actual administración para perfeccionar el sistema de otorgamiento de los permisos hídricos. En paralelo a la discusión de las indicaciones, el gobierno trabaja en cinco proyectos de ley adicionales relacionados con fiscalización y sanciones, el régimen concesional, una ley especial de glaciares, el régimen económico tarifario y la gestión integrada de cuencas.
* Royalty al agua
El Ejecutivo quiere introducir tres principios fundamentales en el marco jurídico: que el propietario de un derecho de agua pague por su uso, que la autoridad tenga la facultad de caducar el derecho de aprovechamiento otorgado en caso de no se usado y que los nuevos derechos otorgados tengan un plazo determinado.
“La gente va a tener que pagar por usar este recurso del cual obtiene un beneficio productivo, recurso que el Estado se lo otorga gratuitamente, pero que le pertenece a toda la nación. Es como un royalty, lo mismo que se hizo con la minería”, precisa Ruiz. Hoy, al contrario, el titular de un derecho de agua paga una patente únicamente en caso de no uso, indica.
¿Cómo se calculará el pago? Es un tema aún por definir. “Hemos pensado que debería cobrarse por el volumen utilizado. Y naturalmente que no todos deberían pagarlo, entre ellos, los programas de agua potable rural y los pequeños productores o agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua superficiales de unos 10 litros por segundo”, detalla.
Los recursos recaudados irán a mejorar el sistema de información. “Hay que tener un sistema de información completo y lo más actualizado posible, donde sepamos quién usa el agua, dónde la está usando, cuánta agua se está transando, quién no la está usando, qué personas tienen derechos de aprovechamientos y cómo se están transando estos derechos. Hoy no tenemos claridad respecto de eso”, sostiene.
* Derechos por 30 años
La duración de los futuros derechos de agua que se otorguen también forma parte de la propuesta del gobierno. Hoy, los derechos se entregan a perpetuidad. “Se está estableciendo un plazo máximo de 30 años para los derechos consuntivos y no consuntivos, que serán renovables, pero sujetos a una evaluación y a una auditoría de la misma institución que los otorga, que podrá ser la Dirección General de Aguas (DGA) o la entidad que surja de este reordenamiento institucional”, adelanta Ruiz y menciona ejemplos de países vecinos. “En Brasil se otorgan por un plazo de entre tres y 35 años, y en México, entre cinco y 30 años”.
Los derechos otorgados previo a la entrada en vigencia de la norma no serán modificados y quedarán a perpetuidad, aunque sí estarán sujetos a causales de extinción. “El código actual protege mucho el derecho de propiedad del titular y si no lo usa, no podemos hacer nada, aparte de que pague una patente”, indica la autoridad. El diseño del Ejecutivo apunta a establecer un plazo para caducar el derecho en caso de no uso. “Para los derechos nuevos, el plazo será de cuatro años y para los antiguos, entre 12 y 14 años”, señala.
Con los cambios que se quieren implementar, para el gobierno no tendría sentido mantener el pago de patente por no uso. “Si se establece un pago por uso y sanciones a los que no lo usan, no tiene ningún sentido seguir con el pago de patentes”, subraya. Y agrega que también se trabaja en una propuesta para eliminar los remates que hace la DGA, subastas que se producen cuando hay más de un interesado en solicitar un derecho de agua.
El cronograma para introducir los cambios no está del todo definido, aunque en el gobierno aseguran que será un proceso gradual. “No creo que vayan a entrar todos los proyectos de ley juntos, primero nos vamos a concentrar en la reforma al código, con las indicaciones que se van a presentar referidas a los usos de los derechos, el orden de prelación del uso, las limitaciones al derecho de aprovechamiento, causales de extinción, en qué consisten los derechos provisionales, cuando se extinguen, cuando pasan a ser derechos permanentes”, etc. No obstante, la aspiración es que, a mediados de 2015, todas las iniciativas estén ingresadas al Parlamento y la reforma al código aprobada. “Me gustaría que esto avanzara mucho más rápido, pero hay que compatibilizarlo con la agenda del propio Parlamento. Es más realista pensar los cambios al código deberán estar aprobados el próximo año”, señala Ruiz.
De más largo aliento, cree, es darle forma a una nueva institucionalidad que esté sólo abocada al tema del agua, que podría ser una subsecretaria o un comité interministerial. “Es necesaria, pero también se podría avanzar en un período de transición. No estoy convencido de que se tenga que crear una institución inmediatamente”, afirma.
* Las dudas de los privados
En el sector privado no esconden su preocupación por la reforma que prepara el gobierno. “Esperamos que más allá de las modificaciones necesarias de hacer, no se genere incertidumbre en la titularidad de los derechos de agua y se afecte el desarrollo de proyectos futuros”, sostiene René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras.
Y explica. “Los proyectos hidroeléctricos requieren años de maduración y planificación hasta ejecutarse, es difícil asignarle un período estándar al derecho de agua”.
En el gobierno, por su parte, entregan un mensaje de tranquilidad. “No debería producir ningún tipo de incertidumbre ni incerteza jurídica. Va a ocurrir todo lo contrario, lo que queremos es promover la certeza de la disponibilidad del recurso. El que usa bien el agua no tiene nada que temer”, señala Ruiz.
En el sector privado existe una crítica transversal respecto del funcionamiento de la regulación vigente. En la industria agrícola indican que no es necesario realizar cambios tan profundos, sino que focalizar el esfuerzo del Ejecutivo en hacer que la legislación vigente opere mejor. “Hay que comenzar a administrar los recursos con la legislación vigente, que no ha sido utilizada. Hay mucho más acuerdo en que se haga operar la ley que hoy existe”, plantea el presidente de la SNA, Patricio Crespo.
Esta visión es compartida por el ex director de la Odepa y académico de la Universidad Católica, Gustavo Rojas. “El Estado no ha tomado su rol para proteger el recurso con la institucionalidad vigente, entonces hagamos eso primero”, dice.
Para Crespo, lo que más inquieta al rubro agrícola es la modificación al estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento, al quitarle la protección jurídica que le brinda el ser propietario titular. “Se abre la puerta para todas las demás restricciones al ejercicio del derecho”, critica. A su juicio, lo que quiere el gobierno es “extinguir derechos sin tener que pagar la correspondiente indemnización -que es el pago del valor comercial del bien si es expropiado- y para ello se requiere dar el rango constitucional al agua como un bien nacional de uso público, luego cambiar el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento de agua, quitándole la protección que le brinda la Constitución, al considerarlo un derecho de propiedad del titular”.
* Prioridades
En opinión de Gustavo Rojas, con los cambios que quiere impulsar la autoridad, el sector agrícola, que consume el 84% del agua, podría frenar su crecimiento. “No deberíamos tener modificaciones en los procesos de producción y exportación con los cambios que se están conociendo; en lo que sí podríamos tener un impacto es en las futuras inversiones. ¿Quién se atreverá a poner un parrón que le sale entre US$ 25 a US$ 35 mil por hectárea, si no tiene la seguridad de agua para los próximos 20 años?”, advierte y agrega que si se concreta la medida propuesta de especificar el uso que tiene el derecho de agua, todo el proceso será más engorroso. “Hoy, si se pide un derecho, éste se da por predio y dentro de él, el dueño del derecho hace lo que quiere con el agua, pero con los cambios, si tengo un derecho para regar un parrón y quiero ser eficiente y regar también cerezas, tendré que informarlo al gobierno y también pagarlo, y si no lo informo, eso puede ser una causal de caducidad, ya que no lo uso para el fin que lo solicité”, apunta.
Para la industria minera, que ocupa el 5% del agua fresca del país, el impacto de la reforma podría ser más acotado, ya que el sector está promoviendo el uso de agua de mar en las operaciones mineras, sostienen en la Sonami.
En el Consejo Minero comparten la intención del gobierno de priorizar el consumo humano, pero tienen dudas respecto de “si junto con ese “primer lugar” se está pensando en “segundas y terceras” prioridades de uso, en cuyo caso habría un serio riesgo de caer en discriminaciones entre sectores productivos”, sostiene el presidente ejecutivo Joaquín Villarino.
En el gremio también ven con inquietud si esa priorización no sólo se aplicara en situaciones o momentos calificados de escasez, “sino como un criterio permanente para la asignación o reasignación de derechos de aprovechamiento, porque se abriría un espacio de arbitrariedad que debemos evitar”.
Fuente: latercera.com
Medio Ambiente
Desde reciclaje de aceite a parrillas a gas: Alcalde Desbordes y Ministra Toledo dan a conocer el lado Sustentable de la fonda del Parque O’Higgins.
El Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, presentaron las medidas ambientales que tendrá la celebración en el Parque O’Higgins, que este año busca superar las 20 toneladas de residuos valorizados y alcanzar las 30 toneladas recicladas, con un bus-punto limpio, reciclaje de aceite, recuperación de alimentos, parrillas a gas y compostaje, entre otras iniciativas.
Una fonda que busca celebrar las Fiestas Patrias de manera más sustentable, es la apuesta de La Gran Fonda de Chile 2026, que este año incorporará nuevas medidas para reducir la generación de residuos, aumentar su valorización y promover prácticas de cuidado del medioambiente entre locatarios y asistentes. Es así como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; y el SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, dieron a conocer las medidas sustentables que se implementarán este año en el Parque O’Higgins.
Entre las novedades destaca un bus-punto limpio que comprimirá latas y botellas plásticas en el mismo lugar, además de un sistema de reciclaje de aceite de cocina que lo transformará en biodiésel, la recuperación de alimentos que no se vendan, parrillas a gas en el 100% de los puestos y compostaje de guano, vegetales y borra de café, entre otras iniciativas.
El alcalde Desbordes sostuvo que “la seguridad es tan importante como el cuidado del medioambiente y por eso queremos una fonda que se preocupe de cuidarlo entregando vasos que son reutilizables. El año pasado 85 mil vasos volvieron a sus casas y de esta forma se evita que se usen vasos plásticos que terminan en la basura. Estamos preocupados de educar medioambientalmente. Esta fonda va a tener el sello además en el uso de residuos orgánicos para compostaje, la reutilización del aceite de cocinar que será recuperado, de las botellas plásticas y latas”.
La máxima autoridad comunal insistió que “la Gran Fonda de Chile es una fonda segura y además amigable con el medioambiente, donde nos vamos a preocupar que no se contamine y que se eduque ya que vamos a estar enseñando prácticas ambientales por lo que está pensada en la familia”.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray afirmó que “durante las Fiestas Patrias podemos llegar a generar hasta 8 kilos de residuos al día, muy por sobre el 1,2 kilos habitual, por eso valoramos que este año la Fonda del Parque O’Higgins cuente con un sistema de reciclaje y menos desechables. Pero la invitación también es para los hogares, prefiriendo lo reutilizable y lo reciclable, y evitando el desperdicio de alimentos, para celebrar un 18 más sustentable”.
El año pasado, el Plan de Reciclaje aplicado en las fondas logró recolectar casi 20 toneladas de residuos durante los cinco días de celebración, alcanzando el 100% de valorización de ese volumen. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llegar a las 30 toneladas recicladas.

Otras medidas sustentables de esta edición
- Adiós al plástico de un solo uso: Se deja atrás la entrega de bolsas plásticas, bombillas, platos, cubiertos y envases de plumavit, dando paso a vasos reutilizables o desechables fabricados con materiales sustentables certificados, como PLA.
- Energía limpia y cuidado del aire: Los equipos de cocina, hornos y parrillas funcionarán exclusivamente a gas, sin alterar los parámetros de la Estación de Monitoreo de calidad del aire del parque, y se incorporará iluminación LED de alta eficiencia.
- Responsabilidad animal y oferta inclusiva: Cada espacio comercial deberá exhibir una conducta intachable de cuidado patrimonial y responsabilidad animal, además de incorporar alternativas veganas en sus menús.
Fiscalización
La Subdirección de Medio Ambiente liderará jornadas de fiscalización durante las etapas de montaje, desarrollo y desmontaje del evento, resguardando el cumplimiento del reglamento de «Prohibiciones y Multas» de las Bases de Licitación 2026.
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Innovación
Ministerio de Ciencia anuncia primera participación de Chile a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo
El pabellón chileno reunirá a diversas empresas y startups nacionales en CES 2027, que se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo se reúnen para dar forma al futuro de la tecnología.
La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció que Chile se incorporará por primera vez a CES, la plataforma más grande de innovación y tecnología del mundo, a través de su propio Pabellón Global en la edición 2027 del evento, que se consolidará como el área sudamericana más grande en la historia de la feria.
La Dra. Ximena Lincolao, junto a la Ministra de Energía, Ximena Rincón, y la presidenta y CEO de CTA, Kinsey Fabrizio, sellaron esta nueva etapa con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza un compromiso conjunto para fortalecer los lazos de innovación entre Chile y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para las startups y empresas tecnológicas chilenas en el escenario global.
«Chile está entrando en un nuevo capítulo, con la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares de nuestra estrategia nacional», afirmó la Dra. Lincolao. «CES es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas. Llevar el ecosistema tecnológico de Chile al evento más influyente del mundo es parte de una decisión de país: poner a nuestros innovadores frente a los tomadores de decisiones globales este enero», agregó.
La incorporación de Chile a CES marca un hito en la proyección internacional de su ecosistema de innovación y confirma al país como un actor clave en la escena tecnológica sudamericana. Con fortalezas consolidadas en robótica, energía y tecnología espacial, Chile llega a esta plataforma global con una propuesta de valor propia: un modelo de desarrollo que combina inversión pública, talento local y vocación exportadora.
““Estamos muy contentos con esta invitación de la ministra Lincolao. Ya nos estamos imaginando desde Energía qué podemos instalar en ese stand en el que por primera vez Chile va a participar. Por ejemplo, la primera planta de eFuels en operación en el mundo, que está en Magallanes, o Solar Nomad de BLP, generación y almacenamiento solar sobre contenedores estándar para faenas sin red. Hay mucho que desde energía podríamos mostrar y agradecemos esta invitación”, señaló la ministra Rincón.
Por su parte, Kinsey Fabrizio, quien viajó a Chile para la firma del MOU, afirmó que «Chile es hogar de un ecosistema tecnológico dinámico y en rápida evolución, con fortalezas que abarcan robótica, energía, tecnología espacial y más. A través de CES, esperamos trabajar junto a los líderes de Chile para ayudar a mostrar estas innovaciones, fomentar la colaboración internacional y acelerar las oportunidades de crecimiento para las empresas chilenas».
Chile conformará una delegación que refleja la diversidad y madurez de su ecosistema de innovación, con empresas de sectores como robótica, energía, tecnología espacial y otras industrias emergentes que están posicionando al país como referente tecnológico regional. La presencia coordinada de Chile en CES 2027 fortalecerá sus conexiones con líderes de la industria internacional y reforzará su posición como hub tecnológico de Sudamérica.
CES 2027 se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo se reúnen para dar forma al futuro de la tecnología.
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Desarrollo Sostenible
Comité de Ministros mantiene calificación favorable de proyectos por US$5.811 millones
La instancia revisó las reclamaciones de los proyectos Aguas Marítimas en la región de Antofagasta y la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera. Con esto, antes de cumplir de seis meses de Gobierno, el órgano ha sesionado en 10 oportunidades, en los que se han revisado 26 proyectos que involucran más de US$17.746 millones de dólares de inversión.
Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.
Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.
También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.
Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.
En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.
Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.
Sobre el Comité de Ministros
El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.
Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.
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Desarrollo Sostenible
La COP17 contra la desertificación moviliza 1.300 millones, pero vuelve a aplazar el gran pacto mundial contra la sequía
Las 197 Partes consiguen financiación y avances para restaurar tierras y pastizales, pero trasladan a la COP18 el acuerdo destinado a cambiar el paradigma mundial: anticiparse a las sequías en lugar de reaccionar cuando el daño ya está hecho.
La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), celebrada en Mongolia, cerró este viernes sin acuerdos contra la sequía, pero con 1.300 millones en financiación.
Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.
Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.
Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.
La COP17 contra la desertificación
La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.
Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.
En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».
Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».
Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.
«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.
Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.
Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.
Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».
Fuente/Ecoticias
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Desarrollo Sostenible
Día Mundial del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad
El agua no es únicamente un recurso natural, una materia prima o un servicio que llega a través de una tubería. Es la base de la vida, de la salud pública, de la alimentación, de la energía, de los ecosistemas y de prácticamente todas las actividades económicas.
El Día Mundial del Agua fue establecido por las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua y la primera conmemoración tuvo lugar en 1993. Desde entonces, ONU-Agua coordina anualmente una campaña internacional dedicada a un aspecto específico de la crisis hídrica.
La creación de esta fecha respondió a una preocupación creciente: aunque el agua dulce es indispensable, su gestión ha estado marcada por la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad territorial, la degradación de las cuencas y la ausencia de infraestructura suficiente. La conmemoración busca sensibilizar, promover políticas públicas y acelerar las acciones necesarias para garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas.
La agenda internacional del agua adquirió un compromiso concreto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, junto con el saneamiento para todos, antes de 2030. Este objetivo no puede analizarse de forma aislada: se relaciona directamente con la salud, la educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, la energía y la protección de los ecosistemas.
El Día Mundial del Agua, por tanto, cumple una doble función. Por una parte, comunica la importancia ecológica y social del agua. Por otra, permite evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta para convertir los compromisos internacionales en servicios concretos, especialmente en los hogares rurales, las comunidades indígenas, los asentamientos informales y las zonas expuestas a sequías, inundaciones o contaminación.
Importancia para el planeta
El agua conecta todos los sistemas naturales. Circula entre la atmósfera, los suelos, los ríos, los lagos, los humedales, los glaciares, los acuíferos y los océanos. Esta circulación, conocida como ciclo hidrológico, sostiene los ecosistemas y regula procesos esenciales del planeta.
Cuando una cuenca se deforesta, el suelo pierde capacidad para infiltrar y almacenar agua. Cuando un humedal se drena, disminuye la protección frente a inundaciones y se destruyen hábitats. Cuando un río recibe descargas contaminantes, se deteriora la calidad del agua y se altera la cadena alimentaria. Cuando un acuífero se bombea más rápido de lo que puede recargarse, el déficit puede tardar décadas en revertirse.

La protección del agua exige, por tanto, proteger los territorios que la producen, almacenan, filtran y distribuyen. Los bosques nativos, páramos, glaciares, humedales, turberas y suelos saludables funcionan como infraestructura natural. A menudo son más baratos y resilientes que las soluciones exclusivamente construidas por el ser humano.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante para Chile, un país con una marcada diversidad climática y unos variados cambios a nivel territorial en la disponibilidad hídrica. El norte enfrenta condiciones extremadamente áridas; la zona central experimenta una prolongada presión sobre sus fuentes de agua; y el sur, aunque posee mayores precipitaciones, también enfrenta riesgos de contaminación, pérdida de ecosistemas y alteraciones asociadas al cambio climático.
En la Región Metropolitana, el agua depende de la salud de cuencas como la del río Maipo y de la capacidad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La conservación de la cordillera, los glaciares, los ríos y los humedales no es un asunto distante: influye en la seguridad hídrica de millones de personas.
Salud y bienestar
El acceso a agua potable, saneamiento e higiene reduce enfermedades infecciosas y protege especialmente a niños, personas mayores y comunidades con menor capacidad económica. El agua segura también es indispensable en hospitales, centros educativos, hogares y espacios de trabajo.
La disponibilidad de instalaciones para lavarse las manos, limpiar superficies y gestionar residuos sanitarios constituye una barrera esencial frente a enfermedades. Pero la infraestructura debe estar acompañada por mantenimiento, calidad del servicio, educación sanitaria y sistemas de vigilancia.
Alimentación y agricultura
La agricultura es uno de los sectores que más agua utiliza. La gestión sostenible requiere mejorar el riego, reducir pérdidas, recuperar suelos y elegir cultivos compatibles con las condiciones climáticas de cada territorio.
La eficiencia no debe limitarse a producir más con menos agua. También debe evitar la contaminación por fertilizantes y pesticidas, proteger los cauces y garantizar que las comunidades y los ecosistemas mantengan su acceso al recurso.
La agricultura regenerativa, la tecnificación del riego, la reutilización de aguas tratadas y la recuperación de la materia orgánica del suelo pueden contribuir a retener humedad y reducir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, estas soluciones necesitan regulación, financiamiento y asistencia técnica para no quedar restringidas a grandes productores.
Empleo y economía
El agua sostiene empleos en la agricultura, la industria, la energía, el turismo, la pesca, la salud pública y los servicios urbanos. También genera nuevas oportunidades en tecnologías de tratamiento, monitoreo, eficiencia hídrica, restauración de cuencas y economía circular.
La creación de empleos verdes en el sector del agua puede ser una oportunidad importante para incorporar a más mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas, como la ingeniería hidráulica, la operación de plantas, la gestión de datos y la planificación territorial.
Agua y cambio climático
El cambio climático es, en buena medida, una crisis del agua. El calentamiento global modifica las precipitaciones, intensifica sequías y lluvias extremas, acelera el derretimiento de glaciares, eleva la evaporación y aumenta la incertidumbre para las actividades humanas y los ecosistemas.
Las comunidades más vulnerables suelen ser las primeras afectadas. Quienes carecen de redes confiables, almacenamiento, seguros, sistemas de alerta o capacidad económica enfrentan mayores dificultades para responder a una sequía o una inundación.

La relación es bidireccional. El cambio climático altera el ciclo del agua, pero la gestión del agua también puede generar emisiones. El bombeo, transporte, tratamiento y calentamiento del agua requieren energía. Si esta energía proviene de combustibles fósiles, la prestación del servicio contribuye al calentamiento global.
Una política hídrica climáticamente inteligente debe combinar adaptación y mitigación:
- Proteger cuencas, humedales y suelos para aumentar la capacidad natural de almacenamiento.
- Reducir fugas en redes urbanas y sistemas de riego.
- Reutilizar aguas residuales tratadas de manera segura.
- Diversificar las fuentes de abastecimiento sin destruir ecosistemas.
- Mejorar los sistemas de alerta temprana para sequías e inundaciones.
- Diseñar infraestructura resistente a temperaturas extremas y eventos climáticos intensos.
- Reducir las emisiones de las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo.
Agua, biodiversidad y ecosistemas
Los ríos, lagos, humedales, estuarios y acuíferos son hábitats de una enorme diversidad de especies. También conectan territorios: permiten el desplazamiento de organismos, transportan nutrientes y sostienen cadenas ecológicas que pueden llegar hasta el mar.
La pérdida de biodiversidad acuática se produce por múltiples causas:
- Contaminación industrial, minera, agrícola y urbana.
- Extracción excesiva de agua.
- Alteración de los caudales naturales por obras de infraestructura.
- Destrucción de humedales y riberas.
- Introducción de especies invasoras.
- Aumento de la temperatura del agua.
- Fragmentación de los hábitats.
Proteger la biodiversidad requiere mantener caudales ecológicos, restaurar riberas, controlar vertidos y reconocer que un río no es solamente un canal de transporte de agua. Es un sistema vivo.
Los humedales cumplen funciones particularmente valiosas. Filtran contaminantes, almacenan carbono, amortiguan inundaciones, recargan acuíferos y ofrecen refugio a aves, peces, anfibios, insectos y plantas. Su destrucción puede generar costos económicos y sociales mucho mayores que los beneficios inmediatos de urbanizarlos o drenarlos.
La restauración ecológica puede convertirse en una oportunidad de desarrollo local. La recuperación de ríos urbanos, quebradas y humedales crea espacios públicos, mejora la calidad del aire, reduce el riesgo de inundaciones y fortalece la educación ambiental.
Agua y eficiencia energética
La relación entre agua y energía suele pasar inadvertida. Para captar agua desde un río o acuífero, transportarla, potabilizarla, distribuirla, recogerla y tratarla se necesita electricidad. A su vez, muchas formas de generación energética requieren agua para refrigeración, procesamiento o producción de combustibles.
Esta interdependencia se conoce como nexo agua-energía. Una decisión en un sector puede afectar al otro. Por ejemplo, bombear agua desde una fuente cada vez más distante aumenta el consumo eléctrico; desalar agua puede ampliar la seguridad hídrica, pero requiere energía y una gestión responsable de la salmuera; mejorar la eficiencia de una planta puede disminuir simultáneamente los costos operativos y las emisiones.
Las principales oportunidades de eficiencia energética en el ciclo del agua incluyen:
- Detectar y reparar fugas, ya que el agua perdida también representa energía desperdiciada.
- Utilizar bombas eficientes y regular su operación según la demanda.
- Incorporar sistemas de monitoreo digital y control inteligente.
- Optimizar la aireación en plantas de tratamiento.
- Recuperar biogás de los lodos residuales.
- Instalar energías renovables en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
- Reducir la necesidad de transportar agua a grandes distancias.
- Promover la reutilización local de aguas grises y aguas tratadas donde sea seguro.
La eficiencia energética no debe utilizarse como argumento para debilitar los estándares sanitarios. El objetivo es brindar servicios seguros con menor consumo de energía, no reducir el tratamiento necesario ni trasladar riesgos ambientales a las comunidades.
Conclusión
Humanizar el Día Mundial del Agua significa comprender que la crisis no se expresa de la misma manera para todas las personas. Una interrupción del servicio puede ser incómoda para algunos hogares y una amenaza sanitaria para otros. Una sequía puede significar pérdidas económicas para una empresa, pero también la desaparición de una pequeña agricultura familiar o el desplazamiento de una comunidad.
El mensaje central de 2026 es claro: el agua puede reproducir desigualdades o ayudar a superarlas. Todo depende de cómo se distribuye, quién decide sobre ella, qué inversiones se realizan y qué lugar ocupan las comunidades en su gestión.
El agua es indispensable para la vida, pero su valor no se agota en la supervivencia. Bien gestionada, sostiene ecosistemas, fortalece la economía, reduce riesgos climáticos, impulsa la eficiencia energética y protege la biodiversidad.
El desafío del Día Mundial del Agua 2026 consiste en que esa visión no termine el 22 de marzo. La verdadera conmemoración comienza cuando las decisiones sobre cada río, cada acuífero, cada red de abastecimiento y cada sistema de saneamiento incorporan la dignidad, la participación y los derechos de todas las personas. Solo entonces el agua podrá cumplir plenamente su papel como base de un planeta saludable y de un desarrollo verdaderamente sostenible.
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