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Derechos de Agua: ROYALTY Y CADUCIDAD, LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO
En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará al Congreso las indicaciones al Código de Aguas. Además, trabaja en cinco proyectos de ley adicionales, que limitarán a 30 años los otorgamientos futuros, fijarán el pago de un royalty por uso y las causales de caducidad.
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La austeridad de la oficina de calle Amunátegui que ocupa Reinaldo Ruiz, no revela la trascendencia de la labor que el delegado presidencial para los recursos hídricos viene realizando desde hace varios meses. En el tercer piso de un antiguo edificio céntrico -en cuya puerta un papel escrito a máquina da cuenta de la oficina de la autoridad- Ruiz lidera un equipo técnico que está diseñando la que será la mayor reforma al Código de Aguas que está vigente desde 1981.
Se trata de uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual del 21 de mayo y que toca de manera directa a los sectores agrícola, minero y energético.
Si bien en 2005 el Código de Aguas fue modificado, lo que está impulsando la administración Bachelet está lejos de ser una reformulación cosmética; se trata, más bien, de un cambio profundo, estructural y sustantivo a la gestión del agua. Entre otros aspectos, la propuesta que trabaja el gobierno considera el establecimiento de un royalty por el uso del agua, la limitación a 30 años para los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen y la determinación de causales para caducar los derechos otorgados que no se utilicen.
“No estamos planteando medidas de expropiación. Nunca hemos hablado de estatizar. Sí es una reforma profunda, que no sólo va a modificar el otorgamiento de los derechos futuros de agua, también va a tener un efecto retroactivo respecto de causales de extinción, limitaciones y de restricción de los derechos”, explica Ruiz.
Según el economista, lo que busca el Ejecutivo es promover el uso efectivo de los derechos de agua. “Hoy, el Código de Aguas favorece y fomenta la concentración y la especulación. Está inspirado en que el mercado es un buen asignador del recurso. Eso significa que quien pone las lucas se lo lleva y nos parece que respecto de este factor, eso no puede seguir”, puntualiza.
También -agrega- se dará prioridad al consumo humano por sobre el derecho de propiedad del recurso que tienen personas naturales y el sector privado. Para ello, se requiere asegurar la prevalencia del agua como un bien nacional de uso público, por lo que se deberá recurrir a un cambio constitucional.
Aunque no hay cifras oficiales, Ruiz menciona que se calcula que, actualmente, existen en Chile “50 mil derechos otorgados en aguas superficiales, otros 50 mil derechos concedidos en aguas subterráneas, entre 200 mil y 400 mil derechos que se han otorgado por resoluciones judiciales y distintas vías, y unas 800 mil transacciones”. Y lo que resta por entregar, dice, algunas estimaciones lo cifran en torno al 10%, aunque, aclara, “yo creo que debe ser un poco más que eso”.
Los próximos días serán claves para avanzar en las transformaciones que se planean poner en marcha. En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará las indicaciones a la moción parlamentaria que desde hace más de dos años está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.
Esta será una de las vías que usará la actual administración para perfeccionar el sistema de otorgamiento de los permisos hídricos. En paralelo a la discusión de las indicaciones, el gobierno trabaja en cinco proyectos de ley adicionales relacionados con fiscalización y sanciones, el régimen concesional, una ley especial de glaciares, el régimen económico tarifario y la gestión integrada de cuencas.
* Royalty al agua
El Ejecutivo quiere introducir tres principios fundamentales en el marco jurídico: que el propietario de un derecho de agua pague por su uso, que la autoridad tenga la facultad de caducar el derecho de aprovechamiento otorgado en caso de no se usado y que los nuevos derechos otorgados tengan un plazo determinado.
“La gente va a tener que pagar por usar este recurso del cual obtiene un beneficio productivo, recurso que el Estado se lo otorga gratuitamente, pero que le pertenece a toda la nación. Es como un royalty, lo mismo que se hizo con la minería”, precisa Ruiz. Hoy, al contrario, el titular de un derecho de agua paga una patente únicamente en caso de no uso, indica.
¿Cómo se calculará el pago? Es un tema aún por definir. “Hemos pensado que debería cobrarse por el volumen utilizado. Y naturalmente que no todos deberían pagarlo, entre ellos, los programas de agua potable rural y los pequeños productores o agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua superficiales de unos 10 litros por segundo”, detalla.
Los recursos recaudados irán a mejorar el sistema de información. “Hay que tener un sistema de información completo y lo más actualizado posible, donde sepamos quién usa el agua, dónde la está usando, cuánta agua se está transando, quién no la está usando, qué personas tienen derechos de aprovechamientos y cómo se están transando estos derechos. Hoy no tenemos claridad respecto de eso”, sostiene.
* Derechos por 30 años
La duración de los futuros derechos de agua que se otorguen también forma parte de la propuesta del gobierno. Hoy, los derechos se entregan a perpetuidad. “Se está estableciendo un plazo máximo de 30 años para los derechos consuntivos y no consuntivos, que serán renovables, pero sujetos a una evaluación y a una auditoría de la misma institución que los otorga, que podrá ser la Dirección General de Aguas (DGA) o la entidad que surja de este reordenamiento institucional”, adelanta Ruiz y menciona ejemplos de países vecinos. “En Brasil se otorgan por un plazo de entre tres y 35 años, y en México, entre cinco y 30 años”.
Los derechos otorgados previo a la entrada en vigencia de la norma no serán modificados y quedarán a perpetuidad, aunque sí estarán sujetos a causales de extinción. “El código actual protege mucho el derecho de propiedad del titular y si no lo usa, no podemos hacer nada, aparte de que pague una patente”, indica la autoridad. El diseño del Ejecutivo apunta a establecer un plazo para caducar el derecho en caso de no uso. “Para los derechos nuevos, el plazo será de cuatro años y para los antiguos, entre 12 y 14 años”, señala.
Con los cambios que se quieren implementar, para el gobierno no tendría sentido mantener el pago de patente por no uso. “Si se establece un pago por uso y sanciones a los que no lo usan, no tiene ningún sentido seguir con el pago de patentes”, subraya. Y agrega que también se trabaja en una propuesta para eliminar los remates que hace la DGA, subastas que se producen cuando hay más de un interesado en solicitar un derecho de agua.
El cronograma para introducir los cambios no está del todo definido, aunque en el gobierno aseguran que será un proceso gradual. “No creo que vayan a entrar todos los proyectos de ley juntos, primero nos vamos a concentrar en la reforma al código, con las indicaciones que se van a presentar referidas a los usos de los derechos, el orden de prelación del uso, las limitaciones al derecho de aprovechamiento, causales de extinción, en qué consisten los derechos provisionales, cuando se extinguen, cuando pasan a ser derechos permanentes”, etc. No obstante, la aspiración es que, a mediados de 2015, todas las iniciativas estén ingresadas al Parlamento y la reforma al código aprobada. “Me gustaría que esto avanzara mucho más rápido, pero hay que compatibilizarlo con la agenda del propio Parlamento. Es más realista pensar los cambios al código deberán estar aprobados el próximo año”, señala Ruiz.
De más largo aliento, cree, es darle forma a una nueva institucionalidad que esté sólo abocada al tema del agua, que podría ser una subsecretaria o un comité interministerial. “Es necesaria, pero también se podría avanzar en un período de transición. No estoy convencido de que se tenga que crear una institución inmediatamente”, afirma.
* Las dudas de los privados
En el sector privado no esconden su preocupación por la reforma que prepara el gobierno. “Esperamos que más allá de las modificaciones necesarias de hacer, no se genere incertidumbre en la titularidad de los derechos de agua y se afecte el desarrollo de proyectos futuros”, sostiene René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras.
Y explica. “Los proyectos hidroeléctricos requieren años de maduración y planificación hasta ejecutarse, es difícil asignarle un período estándar al derecho de agua”.
En el gobierno, por su parte, entregan un mensaje de tranquilidad. “No debería producir ningún tipo de incertidumbre ni incerteza jurídica. Va a ocurrir todo lo contrario, lo que queremos es promover la certeza de la disponibilidad del recurso. El que usa bien el agua no tiene nada que temer”, señala Ruiz.
En el sector privado existe una crítica transversal respecto del funcionamiento de la regulación vigente. En la industria agrícola indican que no es necesario realizar cambios tan profundos, sino que focalizar el esfuerzo del Ejecutivo en hacer que la legislación vigente opere mejor. “Hay que comenzar a administrar los recursos con la legislación vigente, que no ha sido utilizada. Hay mucho más acuerdo en que se haga operar la ley que hoy existe”, plantea el presidente de la SNA, Patricio Crespo.
Esta visión es compartida por el ex director de la Odepa y académico de la Universidad Católica, Gustavo Rojas. “El Estado no ha tomado su rol para proteger el recurso con la institucionalidad vigente, entonces hagamos eso primero”, dice.
Para Crespo, lo que más inquieta al rubro agrícola es la modificación al estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento, al quitarle la protección jurídica que le brinda el ser propietario titular. “Se abre la puerta para todas las demás restricciones al ejercicio del derecho”, critica. A su juicio, lo que quiere el gobierno es “extinguir derechos sin tener que pagar la correspondiente indemnización -que es el pago del valor comercial del bien si es expropiado- y para ello se requiere dar el rango constitucional al agua como un bien nacional de uso público, luego cambiar el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento de agua, quitándole la protección que le brinda la Constitución, al considerarlo un derecho de propiedad del titular”.
* Prioridades
En opinión de Gustavo Rojas, con los cambios que quiere impulsar la autoridad, el sector agrícola, que consume el 84% del agua, podría frenar su crecimiento. “No deberíamos tener modificaciones en los procesos de producción y exportación con los cambios que se están conociendo; en lo que sí podríamos tener un impacto es en las futuras inversiones. ¿Quién se atreverá a poner un parrón que le sale entre US$ 25 a US$ 35 mil por hectárea, si no tiene la seguridad de agua para los próximos 20 años?”, advierte y agrega que si se concreta la medida propuesta de especificar el uso que tiene el derecho de agua, todo el proceso será más engorroso. “Hoy, si se pide un derecho, éste se da por predio y dentro de él, el dueño del derecho hace lo que quiere con el agua, pero con los cambios, si tengo un derecho para regar un parrón y quiero ser eficiente y regar también cerezas, tendré que informarlo al gobierno y también pagarlo, y si no lo informo, eso puede ser una causal de caducidad, ya que no lo uso para el fin que lo solicité”, apunta.
Para la industria minera, que ocupa el 5% del agua fresca del país, el impacto de la reforma podría ser más acotado, ya que el sector está promoviendo el uso de agua de mar en las operaciones mineras, sostienen en la Sonami.
En el Consejo Minero comparten la intención del gobierno de priorizar el consumo humano, pero tienen dudas respecto de “si junto con ese “primer lugar” se está pensando en “segundas y terceras” prioridades de uso, en cuyo caso habría un serio riesgo de caer en discriminaciones entre sectores productivos”, sostiene el presidente ejecutivo Joaquín Villarino.
En el gremio también ven con inquietud si esa priorización no sólo se aplicara en situaciones o momentos calificados de escasez, “sino como un criterio permanente para la asignación o reasignación de derechos de aprovechamiento, porque se abriría un espacio de arbitrariedad que debemos evitar”.
Fuente: latercera.com
Desarrollo Sostenible
Ministerio del Medio Ambiente inicia proceso de actualización de Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos
Entre el 18 de junio y el 10 de julio estará abierto el periodo de información pública en que personas naturales y jurídicas pueden participar de este proceso enviando sus antecedentes y observaciones.
El Diario Oficial publicó este jueves la resolución exenta N° 02720/2026 que da inicio al proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile.
Este instrumento, que entrega orientaciones técnicas para la delimitación y caracterización de humedales urbanos en base a los criterios de régimen hidrológico, vegetación hidrófita y suelos hídricos, fue elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Proyecto GEF Humedales Costeros en 2022, según lo mandatado en el Reglamento de la Ley de Humedales Urbanos de 2021.
Así, a cinco años de la entrada en vigencia de la Ley, este proceso busca actualizar los lineamientos metodológicos contenidos en esta guía con el objetivo de fortalecer el estándar técnico de los procesos de reconocimiento de dichos ecosistemas acuáticos. “El objetivo es que los humedales urbanos que se declaren cuenten con un respaldo técnico y jurídico que garantice su protección efectiva”, explicó Martín Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.
La actualización de este instrumento representa un fortalecimiento del rigor técnico y científico exigido para la delimitación de estos ecosistemas tras la experiencia adquirida estos últimos cinco años. “De esta manera, podremos avanzar en otorgar mayor claridad y certezas a los actores interesados y reducir los niveles de conflictividad en este tipo de procesos”, agregó Becker.
Detalles de la actualización
La actualización de la guía busca incorporar mayor claridad y precisión para la revisión de los parámetros de hidrología, vegetación hidrófita y suelos hídricos en la declaración de humedales urbanos.
Además, estandariza el uso de herramientas tecnológicas actuales, como sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección (imágenes satelitales), para que los procesos y sus respectivos expedientes, levantados tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por los Municipios a lo largo del país, sean más precisos y verificables.
Junto con lo anterior, se busca también estandarizar las metodologías y el uso de herramientas de medición en terreno para asegurar un levantamiento de datos más homogéneos y comparables a nivel nacional.
Apertura de periodo de Información Pública
El proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos inicia con un periodo de Información Pública que estará vigente desde el 18 de junio hasta el 10 de julio de 2026.
Durante este periodo, cualquier persona natural o jurídica, como los Municipios, pueden presentar los antecedentes que estimen pertinentes para la actualización de la guía. Dichas observaciones, junto a la respectiva respuesta por parte del Ministerio del Medio Ambiente, conformarán un expediente público que estará disponible para su exhibición electrónica.
La información puede ser presentada a través del siguiente correo electrónico: [email protected], o bien, por escrito, en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al domicilio del interesado.
Publicación en Diario Oficial
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/06/18/44478/01/2825079.pdf
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Desarrollo Sostenible
Presidente Kast y Ministra Toledo visitan el SEA y destacan histórica aprobación ambiental de proyectos durante los primeros tres meses de gobierno
Entre el 11 de marzo y el 8 de junio se han calificado favorablemente 72 proyectos por US$16.010 millones, cifra que podría traducirse en más de 44.700 empleos. Además, en el mismo período ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental 75 proyectos por US$22.819 millones.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó una histórica visita el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en compañía de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, para agradecerle a sus autoridades y funcionarios la agilidad y eficiencia para aprobar proyectos ambientales que generan inversión y empleo a miles de chilenos. Es la primera vez en los 29 años del servicio que es visitado por un Mandatario, quien se reunió con los funcionarios y visitó las oficinas.
Desde que asumió el Presidente Kast el 11 de marzo pasado, el SEA ha aprobado 72 proyectos por un total de US$16 mil millones, con una proyección de hasta 46.300 puestos de trabajo durante su ejecución.
A lo que se suma que durante mayo pasado las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones, convirtiéndose en el mes con mayor monto de inversión aprobado desde que existen registros del sistema. Entre las iniciativas aprobadas destacan Aguas Marítimas en la Región de Antofagasta, el Puerto Exterior de San Antonio, la Línea 8 del Metro de Santiago y diversos proyectos de energía renovable y almacenamiento energético.
Además, la ministra Toledo explicó que «durante los primeros tres meses de la administración del Presidente José Antonio Kast, ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental 75 proyectos por US$22.819 millones. Ese monto de inversión supera ampliamente los registrados en los inicios de las tres administraciones anteriores».
El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, afirmó que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mantiene en evaluación 379 proyectos a nivel nacional, equivalentes a una inversión de más de US$91 mil millones. Las regiones que concentran los mayores montos son Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones, y Antofagasta, con US$26.844 millones. Los sectores productivos con mayor participación corresponden a Energía y Minería, que en conjunto representan más de US$53 mil millones en iniciativas en evaluación.
Asimismo, Farías destacó el trabajo realizado para agilizar proyectos que permanecían pendientes de resolución administrativa. En menos de 90 días se han destrabado más de 50 proyectos que mantenían reclamaciones ante el Comité de Ministros o la Dirección Ejecutiva del SEA, involucrando inversiones cercanas a los US$15 mil millones. En ese contexto, el Comité de Ministros sesionó en seis oportunidades y revisó 16 proyectos de inversión, permitiendo destrabar iniciativas por más de US$6.900 millones.
La ministra de Medio Ambiente, informó, además, que «al cumplirse los 90 días de gestión se habrán revisado y concluido las reclamaciones administrativas pendientes heredadas al inicio de la actual administración, encontrándose pendiente tan solo una. Junto con ello, se logró reducir los tiempos de dictación de resoluciones desde un promedio de seis meses a solo 15 días, fortaleciendo la certeza regulatoria, la eficiencia institucional y las condiciones para impulsar nuevas inversiones y generación de empleo en el país».
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ENGIE Chile transformó un histórico sitio a carbón en un hub energético que integra almacenamiento en baterías, generación flexible a gas y el primer condensador síncrono del país, aportando seguridad y estabilidad al sistema eléctrico.
Considerado como un caso único de reconversión en Chile, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al CEO de ENGIE Chile, Juan Villavicencio; inauguraron esta tarde el Complejo Energético Tocopilla, en la Región de Antofagasta. Un hub estratégico clave para el Sistema Eléctrico Nacional, que integra almacenamiento a través de BESS Tocopilla, servicios complementarios a través de Condensador Síncrono e infraestructura flexible a gas como motor de transición gracias a la Unidad 16.
La ceremonia permitió conocer la transformación experimentada por el antiguo Complejo Térmico de Tocopilla, donde durante décadas operaron unidades de generación a carbón. Este proceso tuvo un hito clave en septiembre de 2022, con la desconexión de la última unidad, que puso fin a más de 100 años de operación, dando paso a infraestructura orientada a responder a los desafíos de la transición energética y la creciente incorporación de energías renovables al sistema.
En ese contexto, el Jefe de Estado destacó la iniciativa: “Ustedes le dieron una nueva impronta que es muy difícil porque uno podría decir, una empresa compra, desmantela y se va, o desmantela y viene otra cosa, pero ustedes mantuvieron la historia y por eso me gustó mucho escucharlo que aquí hay una historia. Una historia que le dio energía a todo el norte chileno, mucho sacrificio que integraba también el sacrificio que se realizaba en el sur con las minas de carbón, por mucho tiempo, esa historia hoy día se proyecta y puede ser un futuro esplendor como dice nuestro himno patrio, futuro esplendor que parte de la energía renovable”.
Por otro lado, la Ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró: “Este proyecto demuestra que descarbonizar no consiste simplemente en apagar una central, significa planificar la transición, reemplazar capacidades, asegurar que el sistema eléctrico mantenga los atributos necesarios para responder ante contingencias. Una matriz más limpia debe ser también una matriz más segura y también competitiva”.
Por su parte, el CEO de ENGIE Chile, Juan Villavicencio, relevó el alcance de esta transformación para el país, señalando que “lo que estamos inaugurando hoy en Tocopilla demuestra que es posible transformar un sitio histórico en una plataforma energética preparada para las próximas décadas. Aquí estamos integrando almacenamiento, respaldo y estabilidad en un mismo lugar, demostrando que Chile puede convertir su potencial en una oferta energética confiable, limpia y disponible las 24 horas del día, habilitando así nuevas oportunidades de desarrollo para el país”.
La instancia, que fue liderada por el CEO de ENGIE Chile, Juan Villavicencio; contó con la presencia de los ministros de Bienes Nacionales, Catalina Parot; de Energía, Ximena Rincón; de Ciencia, Ximena Lincolao; el embajador de Francia, Cyrille Rogeau; el embajador de Bélgica, Christian Delannoy; la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic; la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Katherine López; la delegada presidencial provincial de Tocopilla, Daniela Vecchiola; además de autoridades regionales y locales, representantes de los gremios y colaboradores de la compañía.
Esta reconversión implicó una inversión total de US$ 270 millones y permitió transformar un sitio con más de un siglo de historia energética, reflejando de manera concreta el compromiso de la compañía con la transición energética y la descarbonización del país. Durante su construcción, alcanzó un peak de 700 trabajadores y actualmente genera 100 empleos directos.
Del carbón a la innovación: mayor seguridad y estabilidad para el sistema eléctrico
La inauguración del Complejo Energético Tocopilla marca un nuevo capítulo para una ciudad ligada históricamente al desarrollo energético de Chile.
El sitio reúne distintas soluciones energéticas que cumplen funciones complementarias para fortalecer la seguridad del sistema. Entre ellas se encuentra BESS Tocopilla, sistema de almacenamiento de energía en baterías con una capacidad instalada de 116 MW y 660 MWh.
Esta iniciativa permite almacenar energía en períodos de alta generación renovable para reinyectarla cuando el sistema lo requiere, contribuyendo a reducir vertimientos de energías renovables, desplazar generación térmica en horas críticas y aumentar la eficiencia de la red. Su operación equivale al suministro anual de energía para cerca de 89.900 hogares y permitirá evitar aproximadamente 51.231 toneladas de CO₂ al año.
El sitio incorpora además el primer condensador síncrono de Chile y del Grupo ENGIE a nivel global, desarrollado a partir de la reconversión de la ex Unidad 15. Esta infraestructura entrega servicios complementarios clave como control de tensión, aporte de inercia y estabilidad del sistema, habilitando una operación segura en un contexto de alta penetración de energías renovables.
La transformación del complejo representa un cambio estructural en el uso de infraestructura energética en Chile, al reconvertir un sitio histórico de generación a carbón en una plataforma moderna que responde a los desafíos de una matriz más limpia, flexible y resiliente.
Este proceso forma parte del enfoque de Transición Justa impulsado por ENGIE Chile, que busca compatibilizar la descarbonización con una gestión responsable de sus impactos en las personas, el entorno y las comunidades, mediante procesos planificados y sostenibles en el tiempo.
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PRESIDENTE KAST Y MINISTRA TOLEDO PARTICIPAN EN LA REFORESTACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE CERROS DE RENCA
La actividad permitió relevar los avances de una de las principales iniciativas de infraestructura verde de la Región Metropolitana en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El proyecto contempla más de 200 hectáreas de parque público integradas a un sistema de cerros urbanos que supera las 700 hectáreas y cuyo impacto potencial alcanza a cerca de dos millones de personas.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente José Antonio Kast y la ministra Francisca Toledo, participaron este sábado en una jornada de reforestación comunitaria en Parque Metropolitano Cerros de Renca, iniciativa orientada a promover la recuperación de áreas verdes urbanas, fortalecer la participación ciudadana y relevar la colaboración público-privada en la protección del entorno natural.
La actividad contó –además- con la participación de la Primera Dama, María Pía Adriasola; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional, Germán Codina; el alcalde de Renca, Claudio Castro; además de parlamentarios, consejeros regionales, concejales y vecinos de la comuna.
Durante la jornada, las autoridades encabezaron una plantación simbólica de árboles junto a representantes de la comunidad, destacando la importancia de avanzar en iniciativas que permitan recuperar espacios naturales, mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el compromiso con el cuidado del medioambiente. «Esto nos une», dijo el Presidente Kast.
Por su parte, la ministra Francisca Toledo señaló:
“Es importante recordar que esta fecha nos enmarca en algo trascendental: proteger nuestro entorno natural no es un asunto secundario, sino que es una condición esencial para el bienestar de las personas y esencial también para el desarrollo de nuestras economías. Porque la acción ambiental, como muy bien se ha planteado y este ejemplo que estamos viendo lo confirma, no puede quedarse solo en declaraciones generales, en grandes ideas. La acción ambiental requiere gestión, requiere planificación, inversión y coordinación”.
Actualmente, la iniciativa en Renca registra más de 82 mil árboles reforestados, la participación de más de 40 mil vecinos en actividades comunitarias y una inversión superior a $2.000 millones en infraestructura verde. Asimismo, considera una cartera de proyectos público-privados por US$ 14,5 millones destinada a obras de agua, senderos, miradores, infraestructura y rehabilitación ambiental, consolidándose como uno de los proyectos de recuperación ambiental urbana más relevantes del país.
El desarrollo del Parque Metropolitano Cerros de Renca busca ampliar el acceso a áreas verdes para sectores históricamente deficitarios, promover la actividad física y el bienestar de las familias, fortalecer la biodiversidad urbana y generar nuevos espacios de encuentro para las comunidades de la Región Metropolitana.
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Día Mundial del Medio Ambiente: INICIA TEMPORADA DE REFORESTACIÓN EN PARQUEMET JUNTO A NIÑOS Y JÓVENES FORJADORES AMBIENTALES
La plantación de especies nativas se realizó en el sector El Ermitaño Bajo, área que resultó afectada por un incendio forestal en 2020. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, reafirmó el compromiso con los Forjadores Ambientales, apoyando 21 proyectos liderados por niños y jóvenes en diez regiones del país.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto a la directora (s) del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet), Andrea Alvarado, dieron inicio a la temporada de reforestación 2026 en el sector El Ermitaño Bajo del principal pulmón verde de la capital.
La actividad contempló la plantación simbólica de 10 árboles nativos junto a integrantes del club de Forjadores Ambientales “Los Forzelandia Ambientales”, grupo conformado por estudiantes de la Escuela Nueva Zelandia de Independencia, quienes además son beneficiarios de un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente.
El lugar escogido para esta intervención posee un importante valor ambiental, ya que corresponde a una zona afectada por un incendio forestal ocurrido en 2020 y que actualmente se encuentra en proceso de restauración ecológica mediante la incorporación de nuevas especies nativas.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que “en este Día Mundial del Medio Ambiente queremos demostrar que el cuidado de la naturaleza se construye con acciones concretas. Hoy iniciamos una nueva temporada de reforestación en un sector que fue afectado por un incendio forestal y lo hacemos junto a niños y jóvenes comprometidos con el medioambiente. Ellos representan el cambio cultural que necesitamos para construir un Chile más sustentable”.
La secretaria de Estado agregó que “estamos fortaleciendo el programa Forjadores Ambientales a través del Fondo de Protección Ambiental. Este año financiamos 21 proyectos en diez regiones del país, entregando herramientas para que niños, niñas y jóvenes desarrollen iniciativas que mejoren la gestión ambiental en sus comunidades y establecimientos educacionales”.
Parquemet impulsa actualmente un innovador modelo de restauración ecológica basado en núcleos de restauración nativa, pequeños bosques urbanos que concentran especies propias del bosque esclerófilo y que permiten acelerar la recuperación de ecosistemas degradados.
La directora (s) de Parquemet, Andrea Alvarado, señaló que “esta reforestación representa una acción simbólica que refleja nuestros esfuerzos por recuperar el sector de Ermitaño Bajo, afectado por un incendio en 2020. En este contexto, nos hemos propuesto la meta de plantar más de 700 árboles nativos, contribuyendo así a la restauración del ecosistema natural de este espacio”.
Añadió que “desde hace aproximadamente cinco años hemos implementado proyectos de reforestación bajo el método Miyawaki en distintos puntos del Parque Metropolitano. Ambas iniciativas aportan de manera concreta a la reconstrucción de los ecosistemas naturales y a la generación de mejores espacios para la educación ambiental, la recreación y el encuentro de los habitantes de Santiago. Actualmente, Parquemet cuenta con siete núcleos de restauración nativa que reúnen más de 60 especies del bosque esclerófilo, algunas de ellas en categoría de conservación. Esta estrategia ha permitido alcanzar tasas de prendimiento superiores al 80%, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas y al fortalecimiento de los servicios ambientales que presta el parque a la ciudad”.
Durante la jornada, las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del medioambiente mediante acciones cotidianas como preferir el transporte público, reducir la generación de residuos, reutilizar materiales y hacer un uso eficiente de la energía.
Con más de 7,5 millones de visitas al año, Parquemet se ha consolidado como uno de los parques urbanos más importantes de América Latina y un espacio clave para promover la conservación de la naturaleza, la educación ambiental y el bienestar de las personas.
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